Protección contra Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Franco Brunetti Arredondo, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, titular del pasaporte N° NUM000, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada legalmente por su Subsecretario, don Víctor Manuel Ramos Muñoz, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de respuesta a la solicitud de regularización migratoria excepcional enviada mediante carta certificada con fecha 8 de enero de 2025, y por la falta de remisión de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 20.430.

Expone que se vio forzada a abandonar Venezuela debido a la crisis social, la violencia generalizada y las graves vulneraciones a los derechos humanos en su país de origen, ingresando a Chile por un paso no habilitado. Refiere que el 27 de diciembre de 2023 se acercó por primera vez al Servicio Nacional de Migraciones para iniciar un proceso de regularización, el cual concluyó de forma negativa.

Posteriormente, con fecha 8 de enero de 2025, remitió mediante carta certificada a la Oficina de Partes de la Subsecretaría del Interior una solicitud formal para acogerse al proceso de regularización excepcional contemplado en el artículo 155 de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, acompañando todos los antecedentes requeridos.

Sostiene que, transcurrido un tiempo prolongado, no ha recibido respuesta por parte de la recurrida ni se le ha otorgado la visa de residente temporario contemplada en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430. Alega que esta omisión infringe la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al dispensársele un trato discriminatorio en relación con otros extranjeros en situaciones análogas. Asimismo, afirma que se conculca el principio de no devolución establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la propia legislación nacional. Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene concluir el procedimiento de regularización y se le conceda una visa de residencia temporal mientras se evalúa su situación.

Segundo: Que evacuando informe la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicita el rechazo de la acción constitucional, con expresa condena en costas.

En primer término, aclara que la recurrente confunde dos estatutos jurídicos distintos y excluyentes: por un lado, el reconocimiento de la condición de refugiado (Ley N° 20.430) y, por el otro, la regularización migratoria excepcional por razones humanitarias o casos calificados (artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325).

Respecto del estatuto de refugio, hace presente que en la causa Rol N° 919-2024, seguida ante esta Corte de Apelaciones, ya se conoció y rechazó un recurso de protección interpuesto en favor de la misma recurrente por haberse tenido por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada. En tal sentido, aduce que la recurrente pretende revivir en esta sede un asunto ya resuelto judicialmente de manera definitiva.

Respecto de la solicitud de residencia temporal por motivos humanitarios presentada bajo el amparo de la Ley N° 21.325, informa que la respectiva documentación fue recibida en la Subsecretaría con fecha 6 de agosto de 2025, encontrándose actualmente el respectivo acto administrativo en etapa de tramitación y análisis de mérito.

Argumenta que no existe una omisión ilegal ni arbitraria.

Justifica la demora en la tramitación sobre la base del aumento exponencial de solicitudes de regularización de este tipo ingresadas en los últimos años (pasando de 180 peticiones entre 2019 y 2021 a más de 10.000 durante el año 2023, y miles adicionales en el periodo posterior), lo que exige un estudio pormenorizado y exhaustivo para verificar si se cumplen los presupuestos excepcionales que justifiquen otorgar una residencia a quien ha ingresado clandestinamente al país.

Añade que, conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, los plazos previstos en la Ley N° 19.880 no son fatales para la Administración del Estado.

Finalmente, advierte que acceder a lo solicitado implicaría consagrar un trato privilegiado en favor de la recurrente por sobre otros extranjeros en idéntica condición que aguardan el debido turno de tramitación de sus requerimientos, conculcando el principio de igualdad ante la ley.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es una acción constitucional de naturaleza cautelar, de tramitación breve y sumaria, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en la citada norma.

Cuarto: Que la materia sometida al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la prolongada falta de pronunciamiento por parte de la Subsecretaría del Interior respecto de la solicitud de residencia temporal por razones humanitarias o caso calificado, ingresada formalmente por la recurrente y recibida por la autoridad el 6 de agosto de 2025, configura una omisión ilegal o arbitraria que lesione sus garantías constitucionales.

Quinto: Que, para el adecuado análisis de la controversia, es imperativo acudir a las normas que regulan la actividad de la Administración del Estado. Al respecto, la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, consagra en sus artículos 3, 5, 8 y 27 los principios de celeridad, conclusivo, inexcusabilidad y de economía procedimental.

En especial, el artículo 8 de la aludida ley dispone que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su iniciación. A su vez, el artículo 27 del mismo cuerpo legal prescribe que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la resolución final.

Sexto: Que, en la especie, se encuentra acreditado y no controvertido que la recurrente presentó su solicitud de residencia temporal por motivos humanitarios y que los antecedentes respectivos ingresaron formalmente a la Subsecretaría del Interior el 6 de agosto de 2025. Sin embargo, a la fecha de la vista de esta causa -junio de 2026- ha transcurrido un lapso de casi diez meses sin que el órgano recurrido haya emitido un pronunciamiento de término que defina la situación migratoria de la solicitante, manteniéndose el trámite en un estado de permanente incertidumbre.

Séptimo: Que si bien es comprensible el volumen de solicitudes que debe procesar la Subsecretaría del Interior, así como el carácter exhaustivo del examen que requiere la ponderación de las razones humanitarias del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, tales circunstancias -de orden netamente práctico y operativo- no pueden erigirse como un salvoconducto para justificar una demora excesiva e indefinida que supere holgadamente los plazos legales establecidos por el legislador.

Aceptar que la sobrecarga de trabajo exime a la autoridad de su deber de resolver importaría desnaturalizar las bases mismas del procedimiento administrativo, transformando los plazos legales en meras declaraciones programáticas carentes de toda fuerza obligatoria, en directo perjuicio de los administrados.

Octavo: Que, por consiguiente, la inactividad de la recurrida excede los límites de lo tolerable y de la prudencia exigida por los principios de eficiencia y eficacia que deben guiar la actuación de la Administración Pública, constituyendo una omisión que debe calificarse de ilegal -por contravenir el deber de resolver consagrado en los artículos 8° y 27 de la Ley N° 19.880- y asimismo de arbitraria, por carecer de una justificación jurídica racional y razonable que legitime tal postergación.

Noveno: Que la referida omisión lesiona directamente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto somete a la recurrente a una incertidumbre prolongada y a un estado de desprotección que la diferencia injustificadamente de aquellos peticionarios que obtienen una respuesta oportuna de la Administración, privándola del derecho a recibir una respuesta oportuna, fundada y congruente con lo pedido, elemento indispensable para asegurar la certeza jurídica en un Estado de Derecho.

Décimo: Que, atendido lo expuesto, procede acoger la acción de protección deducida, sólo en cuanto se ordenar a la autoridad recurrida que resuelva la solicitud pendiente de regularización migratoria excepcional por razones humanitarias o casos calificados (artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325) dentro de un plazo perentorio y determinado, permitiendo con ello restablecer el imperio del derecho y poner fin a la dilación administrativa que afecta a la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, solo en cuanto se ordena a la Subsecretaría del Interior que se pronuncie y resuelva expresamente, mediante el correspondiente acto administrativo, la solicitud de residencia temporal por motivos de caso calificado o humanitario presentada por la recurrente, debiendo dicho pronunciamiento ser dictado y debidamente notificado a la interesada dentro del plazo de sesenta días hábiles contado desde que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-57-2026.