nombre reservado con (TGR) TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Ricardo Hidalgo Gajardo, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en una compensación realizada respecto de un crédito obtenido conforme sentencia firme dictada en sede laboral, lo que vulneraría la garantía consagrada en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que su representada, el 30 de junio de 2023, obtuvo sentencia favorable en procedimiento monitorio seguido ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, condenando al Fisco de Chile, en calidad de empleador, a pagar $1.324.000, por indemnización sustitutiva del aviso previo; $1.324.000 por indemnización por años de servicio, $662.000 por concepto de aumento establecido en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo y $1.423.300 por concepto de compensación de feriado legal, con reajustes e intereses que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo.

Agrega que, remitida la sentencia al Ministerio de Justicia, éste dictó Resolución Exenta Nro. 2564, de 31 de octubre de 2023, la cual dispuso que la Tesorería Regional Metropolitana debía pagar $5.175.827 a la actora, advirtiendo ésta que el 27 de diciembre de 2023 la recurrida había procedido a compensar el crédito declarado en sentencia con una deuda que mantenía por crédito con aval del Estado.

Alega que esta compensación es ilegal, por cuanto el Consejo de Defensa del Estado, al contestar la demanda en el juicio laboral, no opuso excepción de compensación, ni tampoco cuando se notificó la liquidación judicial del crédito.

Arguye que, si bien la Ley Orgánica de la Tesorería General de la República permite efectuar una compensación, esta autorización se refiere solo a obligaciones por tributos, según disponen los artículos 6º y 7º de dicha norma.

En el mismo sentido, sostiene que, conforme la normativa que regula el crédito compensado, éste cuenta con una forma especial de cobro regulado por ley, el cual implica retener devolución de impuestos a la renta a fin de pagar los montos impagos, no detentando la deuda naturaleza tributaria, sino una prestación obtenida en juicio laboral mediante sentencia firme, las que conforme el artículo 178 del Código del Trabajo, no se consideran renta.

Por otro lado, afirma que el acto es arbitrario al desconocer la recurrida lo resuelto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, infringiendo el principio de coordinación del artículo 5° inciso 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de la República.

En razón de lo expuesto, alega vulneración de su garantía constitucional de propiedad, en cuanto la actora se encuentra privada de percibir las indemnizaciones laborales reconocidas en una sentencia firme, por lo que solicita se ordene que la Tesorería General de la República deberá restituir a la actora la suma de $5.356.256, por los montos compensados, con reajustes e intereses respectivos para créditos de naturaleza laboral hasta la fecha de pago efectivo;

Segundo: Que informando el abogado del Servicio de Tesorerías pide el rechazo del recurso, con costas.

Afirma que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de su representada, toda vez que conforme normativa que invoca el pago ordenado por resolución del Ministerio de Justicia no se verificó al operar una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y el Fisco.

Precisa que conforme los formularios 34, folios Nros. 259940 y 388662, se compensaron deudas por $3.725.170 y $1.631.086, fundado en que la facultad que asiste a Tesorería está prevista en el artículo 6° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en relación con lo dispuesto por el artículo 1656 del Código Civil, operando esta institución por el sólo ministerio de la ley y sin conocimiento de los deudores.

Arguye que se cumplen con todos los requisitos legales, toda vez que los giros estaban en Tesorería en condiciones de ser pagados, controvirtiendo lo expuesto por la recurrente respecto a que los artículos citados sólo aplican a tributos, por cuanto también resulta procedente para créditos fiscales.

En relación con el cobro conforme la Ley Nro. 20.027, arguye que, una vez verificado el incumplimiento de pago del crédito y constatado que la institución financiera agotó las acciones de cobro extrajudiciales y judiciales, la Comisión Ingresa hace efectiva la garantía del Estado, remitiendo a Tesorería el formulario de cobro del crédito, transformándose en un crédito fiscal, siendo procedente la facultad invocada.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración al derecho de propiedad, toda vez que la compensación operó de pleno derecho, siendo el crédito de la actora un derecho eventual que sólo se hace efectivo si se cumplen los presupuestos legales para hacerlo procedente, entre los cuales se encuentra que no tenga deudas fiscales pendientes de pago;

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de un juicio laboral adeudados por despido injustificado, que otorgó indemnización sustitutiva del aviso previo, por años de servicio, aumento del artículo 168 letra b) del Código del Trabajo y compensación de feriado legal; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994;

Quinto: Que, al efecto, el artículo 6° de dicho estatuto dispone que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo 7° siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”;

Sexto: Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales.

Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”;

Séptimo: Que, aun cuando lo hasta aquí argumentado resulta ser suficiente para acceder a la petición del recurrente, debe tenerse también en consideración —como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal— que en este tipo de asuntos debe examinarse la viabilidad de la compensación tributaria, desde que “[l]a Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad. Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

Es así que, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1 ° del artículo 17 de la citada ley, dispone:

‘La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda […]’”. (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 206.904-2023).

A lo anterior añade la Corte Suprema que “[…] de lo dicho, surge que a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías y el artículo 34 del D.L. N° 1.263 , de 1975 , Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general” (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 150.310-2020);

Octavo: Que en esa dirección y dado que la Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen laboral con preferencia para su pago, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ciertamente, como consecuencia la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el servicio de tesorería, el actor se vio privados de percibir los montos obtenidos con ocasión de la sentencia dictada en los autos RIT M-611-2023 del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente si estos han sido incorporados en el patrimonio de las recurrentes producto de su trabajo, lo que les confiere especial relevancia al estar vinculados a sus necesidades básicas y de subsistencia.

Todo lo anterior conduce a concluir que el recurso intentado debe ser acogido;

Noveno: Que las alegaciones sobre el Crédito con Aval del Estado, a pesar de que corresponden a asuntos de lato conocimiento, no tiene real incidencia desde que el motivo por el cual se establece la improcedencia de la compensación ha discurrido por otra vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido en favor de nombre reservado en contra la Tesorería General de la República, disponiéndose que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con los fondos destinados al cumplimiento de la sentencia en los RIT M-611-2023 del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en favor de la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nro. 57-2024 (Protección).