nombre reservado con FISCO DE CHILE-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinte.

A los folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Álvaro Rojas Muñoz, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigiendo su acción contra el acto, que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el Oficio N° E6454/2020, del órgano de control, mediante el cual decide, con fecha 25 de mayo de 2020, que “se abstiene de emitir el pronunciamiento solicitado, toda vez que, en virtud de lo previsto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, no le corresponde intervenir ni informar en asuntos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia lo que, como se señaló, ocurre en la especie.”; ello en el contexto de haber interpuesto la recurrente una reclamación ante Contraloría sobre su desvinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, recurre en contra de la Resolución Ministerial Exenta N°83, del 26 de noviembre de 2019, del Ministerio de Relaciones Exteriores que dispone la no renovación de su contrata para el presente año 2020, exponiendo que comenzó a prestar servicios para el Ministerio aludido el 1 de octubre de 2009, bajo la modalidad a contrata, manteniéndose en la misma condición hasta 2019, en virtud de renovaciones anuales.

Refiere que en 2014, asumió funciones como Encargada del Departamento de Adquisiciones, escala de Técnicos y Profesionales grado 6°, descubriendo irregularidades en compras por directores y otros funcionarios, denunciándolos pertinentemente. Como consecuencia de ello, indica que se efectuaron sumarios contra los implicados, generando un clima laboral adverso contra ella, que gatillaron su solicitud de traslado a la Dirección de domicilio reservado°; y en dos mil dieciocho a la Dirección de Asuntos Culturales.

Menciona que en este último lugar también sufrió un clima laboral negativo, que desencadenó una Enfermedad Profesional, que ocasionó un nuevo traslado dentro del Ministerio a la Dirección de Medio Ambiente, lugar donde se reiteraron las vulneraciones a sus derechos fundamentales como trabajadora.

Finalmente, sostiene que el 26 de abril de 2019 se formalizó su traslado a la Dirección de Seguridad Internacional y Humana, careciendo prácticamente de funciones, e incluso llegando a estar sin computador ni claves de acceso al sistema informático. Y en razón de todo lo expuesto, refiere haber interpuesto una demanda de procedimiento de tutela de derechos fundamentales Rol N°T-1185-2019, del 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por actos contra su integridad física, psíquica y sufrir acoso laboral, solicitando indemnización por daño moral por 11 remuneraciones y que se condene al Ministerio a entregarle el trabajo convenido según cargo, grado y dirección, además de disculpas públicas, con publicación en intranet de compromiso a respetar derechos fundamentales de trabajadores.

No obstante lo anterior, señala que fue notificada el 2 de diciembre de 2019 de su desvinculación del organismo, por no ser renovada su contrata, afectando el principio de confianza legítima.

Por dicha situación, interpone una reclamación ante Contraloría General de la República, solicitando sea reconocido el principio aludido, “según los criterios de los dictámenes 8500/16 y 6400/18, dejando sin efecto la resolución exenta RA N°166/917/2018 y ordenando la reincorporación al Ministerio de Relaciones Exteriores, pagando todas las remuneraciones hasta su reincorporación y renovando su calidad jurídica de contrata por toda la anualidad siguiente.”, frente a lo cual la Contraloría informa mediante Oficio N° E6454/2020, que “se abstiene de emitir el pronunciamiento solicitado, toda vez que, en virtud de lo previsto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, no le corresponde intervenir ni informar en asuntos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia lo que, como se señaló, ocurre en la especie.”

Asevera que lo resuelto en el acto impugnado es ilegal y arbitrario, principalmente por constituir un error, ya que la tutela de derechos fundamentales no tiene el mismo objeto que la reclamación ante contraloría, por lo que el pronunciamiento de Contraloría General sobre la desvinculación de la funcionaria no interferiría en los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia.

Manifiesta que el artículo 485 del Código del Trabajo, refiere que el procedimiento de Tutela Laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores”, y también para conocer “de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto. Y por su parte, el artículo 160 del Estatuto Administrativo establece que “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto.” Es por ello que es mediante esta vía que se busca atacar un acto administrativo que sufre de un vicio de ilegalidad, específicamente mediante la vulneración al Principio de la Legítima Confianza que protege a la Sra. nombre reservado.

Así las cosas, sostiene que ambos objetivos no interfieren entre y el resultado de la sentencia judicial en ningún caso se va a pronunciar de la continuidad o no de los servicios que ha prestado la actora, por otro lado, la omisión del pronunciamiento de Contraloría puede producir la incoherencia jurídica que pese a tener sentencia judicial favorable, no exista relación laboral sobre la cual reestablecer el imperio del derecho. Ante esto, refiere que no aplica lo señalado por Contraloría respecto al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336; siendo una fundamentación que se torna arbitraria, negando el acceso a la protección de sus derechos por un motivo injustificado.

A mayor abundamiento y en cuanto a su desvinculación, establece que para ella se generó la legítima confianza en la renovación de funciones, teniendo a la vista los criterios jurisprudenciales, establecidos principalmente en el Dictamen N°6.400 de 2 de marzo del 2018, y el deber de fundamentar el acto administrativo que dispuso su no renovación, el cual según su criterio no fue cumplido, ya que sólo se limita a dar una vaga conexión entre su ausencia y el funcionamiento del servicio, sin emitir ningún tipo de detalle o razonamiento de cómo se llega a dicha conclusión, ni tampoco acompaña algún tipo de antecedente, tal como se refiere el dictamen anteriormente citado.

De esta forma, y ante la falta de respuesta de Contraloría, indica que se han vulnerado sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario en el Oficio N° E6454/2020 y la Resolución Exenta N°83, del 26 de noviembre de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando se restablezca el imperio del derecho y: (i) se ordene la renovación de su contrata para toda la anualidad de dos mil veinte, (ii) se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores que pague al recurrente las remuneraciones y cualquier otro pago a que tenga derecho en función del cargo del cual fue ilegal y arbitrariamente no renovado, durante todo el periodo en que ha permanecido y eventualmente permanezca alejada del mismo. (iii) dejar sin efecto en todas y cada una de sus partes Oficio N° E6454/2020 de Contraloría General de la República (iv) Dejar sin efecto en todas y cada una de sus partes Resolución Ministerial Exenta N°83, del 26 de noviembre de 2019 (v) Disponer las demás medidas que esta Corte. estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de esta parte, todo lo anterior, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, nombre reservado (S), informando el recurso por su Ministerio.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, indicando que el acto que se impugna es el de Contraloría General de la República, en concreto el Oficio N° E6454/2020, de 25 de mayo del presente año, y luego en forma oblicua, se recurre contra la Resolución Exenta N° 83, de 26 de noviembre de 2019 del Ministerio, que dispuso la no renovación de la contratación de la actora para el año en curso, el cual fue debidamente notificado a la interesada el 29 de noviembre de 2019, encontrándose ampliamente excedido el plazo de la acción de protección.

Luego refiere sobre lo que considera el verdadero objeto del recurso que es el Oficio N° E6454/2020, correspondiente a la abstención del órgano contralor de pronunciarse sobre, precisamente, la resolución exenta que dispuso la no renovación de la contrata, sosteniendo que el artículo 6 de la Ley N° 10.336 establece que Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como es el caso, al tratarse de cambios de grado, traslados y licencias médicas que sirvieron como fundamento a la decisión del Ministerio y, especialmente, al existir una causa de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la actora contra el Ministerio recurrido.

Adiciona a lo anterior, el hecho en que en la propia causa laboral se incorporó precisamente la Resolución Exenta N° 86 como medio de prueba por la recurrente, la cual se dio lugar por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al considerar que dice directa relación con los hechos controvertidos en el juicio.

Concluye señalando que hay una incompatibilidad del recurso de protección interpuesto, producto de la identidad de los hechos que se alegan, con la causa laboral paralela, entendiendo que no hay acto arbitrario e ilegal que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, y solicitando el rechazo de la acción, con costas.

TERCERO: Que informó también la Contraloría General de la República, solicitando se desestime en todas sus partes el recurso.

Indica que el 16 de diciembre de 2019, la señora nombre reservado, en virtud de lo señalado en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, dedujo ante este Organismo Fiscalizador, un reclamo en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por haber decidido, mediante la Resolución Exenta N° 83, de 26 de noviembre de 2019, no renovar su designación a contrata para el año 2020.

Añade que de los antecedentes recabados se advirtió que la interesada, con fecha 6 de julio de 2019 -antes de que se adoptara la decisión de desvincularla-, interpuso una acción de tutela laboral ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT T-1185-2019, con motivo del acoso laboral del que sostiene, habría sido víctima, proceso que se encuentra en tramitación y en el cual el día 8 de abril del presente, su abogado solicitó incorporar, como prueba nueva, la citada Resolución Exenta N° 83, de 2019, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dispone la no renovación de la contrata de la señora nombre reservado, petición que fue acogida por dicho tribunal.

De esta manera, refiere que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, conforme al cual a la Contraloría General no le corresponde intervenir ni informar en asuntos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, el Organismo Fiscalizador se abstuvo de emitir el pronunciamiento requerido, toda vez que este podría tener incidencia en lo que se resolviera en el mencionado proceso judicial.

Asevera que existe ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su decisión de abstenerse a emitir un pronunciamiento, toda vez que se trata de una actuación llevada a cabo legítimamente, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que determina las atribuciones del Organismo Fiscalizador, contenidas en el artículos 98 de la Constitución Política y 6° de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, y que por el contrario, de haberse emitido el pronunciamiento requerido, no obstante encontrarse en tramitación la acción de tutela laboral interpuesta por la señora nombre reservado, la Contraloría General habría incumplido la prohibición contemplada en la citada norma legal.

Añade que tampoco la actuación en contra de la cual se recurre puede constituir una acción u omisión arbitraria, pues no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que se trató de una abstención debidamente motivada, resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y en cumplimiento de un mandato legal en tal sentido, en la especie, el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336.

De esta manera, en atención a que desde el 8 de abril de 2020, el asunto sobre el cual se pidió un pronunciamiento a la recurrida Contraloría General -no renovación de la contrata para el año dos mil veinte-, forma parte de los medios de prueba que el juzgado laboral que conoce de la tutela laboral presentada por la actora, deberá ponderar, se configuró en dicha data la causal que impide a aquella Entidad de Control emitir el pronunciamiento requerido, en virtud de lo dispuesto en el reseñado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336.

Finalmente, expone la falta de legitimación pasiva de la Contraloría, respecto a las peticiones concretas de la acción de protección, toda vez que estas buscan que la recurrente sea reincorporada a sus funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyendo que el verdadero hecho que ella tiene para fundamentar alguna ilegalidad y arbitrariedad es la no renovación de su contrata y no la abstención de Contraloría a emitir un pronunciamiento de su reclamación, por lo que no existe acto u omisión de su parte que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, solicitando por tanto se rechace su acción.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que como puntos preliminares de análisis, debe tenerse en consideración que la alegación de extemporaneidad invocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores será desestimada, desde el momento que el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado que regula esta acción constitucional se debe contar desde el pronunciamiento efectuado por el organismo de control, efectuado el día 25 de mayo último y despachado el 27 del mismo mes y año, por lo que al haber sido deducido el recurso el día 26 de junio del año en curso, éste fue interpuesto dentro del término antes referido.

SEXTO: Que zanjado en los términos expuestos el asunto de la extemporaneidad, resulta necesario hacerse cargo de la falta de legitimación pasiva que invoca la Contraloría General de la República, en razón a las peticiones concretas del recurso, alegación que será acogida, por cuanto lo solicitado en el recurso dice relación con dejar sin efecto la Resolución Exenta que dispuso la no renovación de la contrata de la actora, de lo que se sigue que en los hechos aquella recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario que sea necesario remediar por la presente vía.

SÉPTIMO: Que, sobre el fondo, no existe discusión que la recurrente ingresó a prestar sus servicios bajo la modalidad de contrata el 1 de octubre de 2009, la que fue prorrogada año tras año hasta la dictación de la Resolución Exenta N° 83, de 26 de noviembre de 2019, hechos todos no discutidos.

OCTAVO: Que cabe tener presente que por expresa disposición del Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia esencial con los contratados radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. El artículo 10 de la Ley N°18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

NOVENO: Que en el caso de marras, la autoridad competente, en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los procesos internos de calificación y desempeño, considerando el interés del Servicio, determinó, contratar a la recurrente en los términos señalados por existir justificación legal y presupuestaria para ello.

La autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella opera por el solo ministerio de la ley. Por otro lado, si se pretende no renovar la contrata, debe justificarse tal proceder, máxime si en el caso de marras asistía a la recurrente la confianza legítima, lograda después de 10 años de desempeñarse sin interrupción en el Ministerio recurrido y detentar funciones para las que estaba capacitada, en razón de las sucesivas renovaciones dispuestas por la recurrida.

DÉCIMO: Que la circunstancia de haber advertido que tras las licencias médicas presentadas por la recurrente, las funciones encomendadas a la señora nombre reservado fueron desarrolladas de forma adecuada por otros miembros de su equipo de trabajo, sin afectar su carga laboral, no es óbice para estimar que el acto impugnado carece de fundamento, toda vez que, no especifica cómo se produjo la circunstancia invocada. A su respecto no existen razones específicas, que permitan desvirtuar la presunción que emana del principio de la confianza legítima que en la especie debe primar por el tiempo en que le ha sido renovada su contratación, sin que haya existido sumario administrativo o mala calificación en cuanto a su desempeño. Por consiguiente, en este caso, el acto de que se trata no se encuentra debidamente motivado, a lo que se agrega que el uso de licencias médicas es un derecho y por tanto ajeno al desempeño funcionario.

UNDÉCIMO: Que, sobre el tópico en referencia, ha de tenerse en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicables en forma supletoria a todo acto administrativo, se encuentra el inciso cuarto del artículo 41, que dispone que toda decisión enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, deben ser fundadas con argumentos que se vinculen al funcionario desvinculado o que se desprendan de su mérito.

DUODÉCIMO: Que la conducta de la recurrida Ministerio de Relaciones Exteriores, vulnera el derecho de igualdad ante la ley respecto a su cargo a contrata, pues no se ha demostrado que la terminación de la contrata, en los términos en que se hizo, haya obedecido a una causa legal o al menos debidamente justificada. Con ello se ha producido una privación arbitraria del derecho a permanecer en el cargo después de 10 años al servicio de la entidad recurrida, toda vez que le asiste, como se señalara, la confianza legítima.

DÉCIMO TERCERO: Que así las cosas, y por concurrir en la especie todos los presupuestos que estructuran el arbitrio cautelar instituido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, procede que éste sea acogido, respecto de lo que se indicará más adelante.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se resuelve:

I- Se rechaza el recurso de protección interpuesto en contra de Contraloría General de la República.

II- Se acoge el deducido por don Álvaro Rojas Muñoz, en representación de doña nombre reservado, y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 83, de fecha 26 de noviembre de 2019, debiendo la recurrida mantener vigente la contrata de la señora nombre reservado por todo el año en curso hasta el 31 de diciembre de 2020 y pagar a ésta las remuneraciones por el tiempo que ha permanecido separada de sus labores.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

N°Protección-56924-2020.