Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Fielbaum Villegas, quienes interpone recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por haber dictado la Resolución Exenta Nro.

NUM000 de 27 de febrero de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de refugio del recurrente, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Actuación que consideran ilegal y arbitraria, ya que vulnera la garantía constitucional establecida en artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Explican, en síntesis, que el protegido se vio forzado a escapar de su país de origen debido a que su libertad y seguridad se encontraban amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público, ingresando a Chile por paso no habilitado el 7 de enero de 2022.

Refieren que el recurrente, el 3 de febrero de 2025, presenta solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones y que el 27 de febrero de 2025, recibió la resolución impugnada, que resolvió tener por desistida su solicitud de refugio, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nro.20.430.

Afirman que el recurrente nunca ha manifestado su intención o voluntad de abandonar su pretensión, lo que infringe el artículo 52 del Decreto Nro.837, que expresamente refiere que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario. Asimismo, alegan que se vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos y especialmente en sede administrativa, al desconocer la situación humanitaria y migratoria del recurrente, especialmente del asedio y las amenazas sufridos en su país de origen por parte de agrupaciones delictuales llamados “Los Colectivos”.

En cuanto al argumento contenido en la Resolución Exenta Nro.

NUM000, sostienen que la exigencia del plazo para presentar la solicitud, fue incorporado a la Ley Nro.20.430 con posterioridad al ingreso al país del recurrente, por lo que dicho requerimiento vulnera el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado expresamente en la Constitución Política de la República, que en su art. 19 N° 3, inciso séptimo, respecto del ámbito penal, pero plenamente aplicable en lo relativo a sanciones administrativas.

Finamente, sostienen que no se le ha otorgado al recurrente visa de residente temporario para solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, la que conforme a lo previsto en los artículos 32 inciso 1° de la Ley Nro.20.430 y 42 del Decreto Nro.837, debe ser extendida concluido que sea el acto mismo de presentación de la solicitud y acto seguido de esta.

En virtud de lo expuesto solicitan se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada de la situación del recurrente.

SEGUNDO: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones, a través del abogado Pablo Lillo Rivas, solicita el rechazo de la acción interpuesta, ya que, a su juicio, no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de las garantías constitucionales del recurrente.

Señala que el protegido ingresó una solicitud de reconocimiento de la condición migratoria de refugiado el 7 de octubre de 2024 y que, ese mismo día, mediante oficio, se le informó que debía concurrir el 3 de febrero de 2025 al Departamento de Refugio y Protección Internacional, para dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, instancia en la que indicó que ingresó de manera clandestina al territorio nacional el 7 de enero de 2022.

Añade que mediante la Resolución Exenta Nro. NUM001 de 3 de febrero de 2025, se le comunicó que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la normativa aplicable, relativos a exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430, otorgándole al recurrente un plazo de 15 días para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar las situaciones indicadas, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, en atención a lo señalado en el artículo 28 bis de la ley 20.430 y el artículo 31 de la ley 19.880.

Informa que la captura de pantalla y la carta acompañada por el recurrente no hacían referencia a los hechos constitutivos de la causal de rechazo de su solicitud, por lo que mediante Resolución Exenta Nro.

NUM000 de 27 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se dispuso el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente.

Sostiene que, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley Nro.20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su reglamento, siendo requisito para la formalización de una solicitud de refugio, que esta haya sido presentada ante autoridad competente en el plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional, según prevé el artículo 26 de la Ley N°20.430.

Afirma que lo que se pretende a través de la acción constitucional es que se le reconozca al recurrente la calidad de refugiado por la vía judicial, materia que la propia Ley Nro.20.430 determina como órgano competente a la Secretaría Técnica, previa observancia de una serie de requisitos de forma y fondo, que no son cumplidos por este, por lo que solicita su rechazo.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como acto ilegal o arbitrario el hecho de negarse el Servicio Nacional de Migraciones a acceder a la solicitud de refugio del recurrente y omitir el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

QUINTO: Que, conforme consta en la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, éste declaró expresamente haber hecho ingreso al país el 7 de enero de 2022 y que solamente concurrió ante la autoridad migratoria a fin de formular la aludida petición el 7 de octubre de 2024, esto es, después de dos años de aquella entrada.

En otras palabras, y al margen de cualquier disquisición acerca de la modificación legal e introducción de los plazos, lo cierto es que pendía sobre el interesado un deber mínimo de recurrir ante la autoridad migratoria de inmediato atendida la gravedad de las supuestas vulneraciones de que habría sido objeto en su país de origen. Pero además sí le era aplicable la modificación a que alude ya que el proceso que él inicia voluntariamente ha sido reciente.

SEXTO: Que, en tales circunstancias, la conducta desplegada no se encuentra afectada de ilegalidad alguna ni menos arbitrariedad, desde que se trata de una regla aplicable a todos quienes se encuentran en idéntica circunstancias. De manera que tampoco se encuentra transgredida la norma constitucional que ha invocado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, frente a esta discrepancia fáctica, estos sentenciadores no pueden tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la entidad recurrida y, consecuentemente, remediado por esta vía, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°5688-2025