ASOCIACION DE FUNCIONARIOS FENATS DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL , SUBDIRECCION ATENCION PRIMARIA

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por la recurrente, la abogado doña Nolgia Helena Adrian Flores, por 5 minutos; y por la recurrida el abogado don Daniel Wasserman Kobert, por 10 minutos.

Santiago, 21 de septiembre de 2017 nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, presidente, doña nombre reservado, tesorera, doña nombre reservado, secretaria, doña Margarita del Carmen Hormazábal Plaza, directora, y doña nombre reservado, Directora, todas domiciliadas en domicilio reservado; en representación del Directorio de la Asociación de Funcionarios Fenats Dirección de Atención Primaria, quienes interponen recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, Subdirección de Atención Primaria, representada por su directora doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar conculcada la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Piden no se afecte el derecho de propiedad, respecto del patrimonio que generan los kioscos y casinos que administran y se restablezca el imperio del derecho, ordenando no cobrar por los consumos básicos de luz y agua.

Fundan su pretensión cautelar señalando que pertenecen a la Directiva de la Asociación de Funcionarios de Fenats Dirección de Atención Primaria, la que representa a 11 establecimientos en diferentes comunas de Santiago, pertenecientes a la Confenats, realizando actividades económicas que incrementan el patrimonio de la organización, para el beneficio de sus asociados, profesionales técnicos, administrativos y auxiliares.

Señalan que desde un comienzo la organización se ha preocupado por el bienestar de sus trabajadores, mediante las permanecías de escolares, para el cuidado de nuestros hijos durante su jornada laboral, financiando ayudas en caso de nacimientos enfermedad, fallecimientos. Para financiar los gastos tienen casinos y kioscos a su cargo, en distintos consultorios, contando con contratos de arriendo, los que datan de 1997, los que se ubican en el Consultorio de Maipú, con contrato desde 31 de octubre de 1997, actualizado por contratos de 21 de abril de 2004 y 23 de marzo de 2007; kiosco ubicado en Consultorio Ana María Juricic; Kiosco ubicado en el Centro de Salud Norman Vollieme, con contrato vigente desde 10 de junio de 2009; Casino y Kiosco ubicado en el Consultorio N°5, con contrato vigente desde 4 de mayo de 2011; Kiosco ubicado en el Centro de Salud Eduardo Ahues; Kiosco ubicado en nombre reservado; y Kiosco ubicado en Centro de Salud Consultorio 1.

Indican que el derecho a usar estos establecimientos lo otorgó la autoridad competente desde 1998, a través de contratos que señalaban los beneficios que actualmente gozan, pero lamentablemente, atendido el tiempo, cambio de domicilio y directivas de esta Asociación no los tienen físicamente.

Expone que nombre reservado, Presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, solicitó a la Contraloría General de la República una investigación en relación a la administración de kioscos y casinos, que se encuentran dentro de Centros de Salud Familiar dependientes del Servicio de Salud, con el objeto que los dineros que se obtengan, beneficien a todos y cada uno de los funcionarios dependientes de la red DAP SSMC; señalando la Contraloría que el servicio debe verificar que sus actuaciones se ajusten a derechos.

Por lo anterior, la Subdirección de Atención Primaria solicitó una auditoria de funcionamiento de Kioscos y casinos, realizando visitas inspectivas y en algunos Cesfam, se encontraron hallazgos que no corresponden a la realidad, ya que se indicó que existen 4 casinos que no cuentan con la autorización sanitaria, desconociendo que la asociación recurrente tiene dos casinos en el Consultorio de Maipú y Consultorio N°5, no teniendo el casino a cargo del Cesfam N°1, señalando que existe un daño patrimonial, dado que el Estado no recibe compensación económica por la entrega de los espacios físicos disponibles.

Explica que la Directora de la Subdirección de Atención Primaria anterior doña nombre reservado, en reunión con la directiva compareciente el 20 de julio de 2017, les notificó verbalmente que a contar del 1° de enero de 2018, ya no tendrían la administración de los Kioscos y Casinos, dado que se realizaría una licitación para sus concesiones, pasando a la Dirección de Servicios, lo que estiman perjudica su derecho adquirido respecto del patrimonio que generan con estos casinos y kioscos, los que tienen desde hace años.

Agrega que ese mismo día les notificaron a través del Memorándum N°202, sobre los hallazgos informados por el Departamento de auditoría del SSMC, informando que la Subdap ha cedido espacios físicos sin que medie respaldo jurídico, al mismo tiempo que no se han implementado mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las normas legales, inexistencia económica o reintegros de agua y electricidad que constituye un detrimento patrimonial y la inexistencia de las autorizaciones sanitarias respectivas.

Precisan que como primera medida adoptada por el Departamento de Administración y Finanzas Subdap, fue la de estimar un valor asociado a los consumos básicos del Cesfam por luz y agua por metro cuadrado, la cual deben pagar desde 1 de julio de 2017. Además, el Memorándum N°198, de 20 de julio de 2017, de la Directora de la Subdirección de Atención Primaria, señala que en el marco de la auditoria, se informó respecto de hallazgos que deben ser investigados para determinar eventuales responsabilidades administrativas, al Departamento de Jurídica de SSMC, solicitando gestionar sumarios administrativos, a objeto de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan, dado que la Subdap no recibe remuneración económica o reintegro por los consumos de agua y electricidad de la totalidad de kioscos y casinos que funcionan al interior de los establecimientos dependientes, vulnerándose el artículo 69 del Decreto Ley N°1939 de 1977 del ex Ministerio de Tierras y Colonización.

Refieren que por estas presiones ejercidas en su contra, se vulnera y amenaza el derecho de propiedad que gozan respecto del derecho adquirido de administración de los kioscos y casinos y el patrimonio que ello genera, que tienen desde el inicio de su organización, respaldados por contratos desde 1997, recursos que son destinados en beneficios de sus estamentos de empleados. Adicionan que el 20% de lo que se obtiene en estos kioscos, los utilizan para sostener las permanencias o guarderías escolares, los cuales tienen un promedio de 36 a 40 niños, desde 5 a 12 años, utilizando estos recursos para el pago de las tías; compras de útiles, juegos didácticos, útiles de escritorios, etc.

Por otra parte, les señalan que deben cumplir con la obtención de autorizaciones de la Seremi para la preparación y expendios de alimentos, así como la regularización comercial de los kioscos y casinos, a través de patentes municipales y ventas autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que ya están realizando.

Previa cita del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, expresan que las únicas opciones de limitación constitucional al derecho de propiedad nacen de la función social del mismo, cuando se afecten los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental, sin que ninguna de estas situaciones puede ser usada en contra del derecho adquirido de esta institución.

Luego, cita el artículo 19° N° 26° de la Constitución, señalando que la Ley N°19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, señala que corresponde a la Dirección del Trabajo fiscalizar las materias vinculadas al funcionamiento y administración de dichas asociaciones, entre las cuales se encontraría la facultad de celebrar contratos con el servicio público al cual pertenecen, por lo cual no procede que intervenga en distribución de recursos obtenidos por servicios que prestan dichas asociaciones en las mencionadas instalaciones.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes elementos de confirmación: 1.- Certificado N°1309/2017 1293, que señala el directorio vigente de la Asociación de funcionarías FENATS; 2.- Noticia que da cuenta de asunción de cargo de directora de Subdirección de Atención primaria ssmc; 3.- Nueve contratos de arriendo entre la recurrente y diversas personas naturales, respecto de los casinos y kioscos que se indican; 3.-Memorándum N°202, de 20 de julio de 2017, emitido por el Servicio de Salud metropolitano primaria SSMC; y 4.- Memorándum N°198 emitido por doña nombre reservado, directora de Subdirección de Atención Primaria; 5.- Dictamen de la Contraloría General de la República.

Tercero: Que evacuan su informe don nombre reservado y nombre reservado, en representación del Servicio de Salud Metropolitano Central, quienes solicitan el rechazo del recurso intentado.

Exponen que el 11 de octubre de 2016, la Contraloría General de la República envió Oficio N°74.631 a la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, con el objeto que verifique que sus actuaciones, respecto de los kioscos y casinos de las Asociaciones de Funcionarios, se ajusten a la normativa vigente, oficio motivado por requerimiento de nombre reservado, presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, Afusap, quien solicitó una investigación en relación con la entrega y administración de kioscos y casinos que se encuentran en los centros de salud familiar (Cesfam).

Indica que el 20 de julio de 2017, el Departamento de Auditoría del Servicio de Salud Metropolitano Central emitió informe respecto del funcionamiento de los kioscos y casinos en los establecimientos de Atención Primaria, el determinó la existencia de espacios físicos entregados a terceros para ser utilizados como kioscos y casinos.

Precisa que el informe de auditoría estableció los siguientes hallazgos:

a) No existe constancia del mecanismo utilizado por la Dirección del Servicio de Salud o en su defecto, de la Subdirección de Atención Primaria, para la asignación o entrega de los espacios físicos, señalando que: “(…)la no existencia de documentación que clarifique el proceso administrativo llevado a cabo para la concesión de la totalidad de los Kioscos y casinos a las asociaciones de funcionarios, permite inferir que no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 8 bis de la ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (…)”. En efecto, dada la información proporcionada tanto por las asociaciones de funcionarios, como de los antecedentes que se dispusieron, estos espacios fueron entregados sin la existencia de un acto administrativo y sin el cumplimiento de los dispuesto en la norma indicada en el párrafo que antecede" b) No existen contratos entre el SSMC o DAP y las Asociaciones de Funcionarios, por los casinos y kioscos entregados en concesión, resaltando el informe que: “para efectos de evaluar la relación contractual entre el Servicio o Subdirección de Atención Primaria y las Asociaciones de Funcionarios Fenats-DAP y Ahues-Chuchunco, respecto a los kioscos y casinos, se solicitó a los coordinadores administrativos de los Cesfam de la Dap y a las respectivas asociaciones, que remitieran los contratos existentes al Departamento de Auditoria SSMC. La respuesta a dicho requerimiento no fue satisfactoria, dado que no se remitió ningún contrato o antecedente que permitiera probar la existencia de contratos”.

c) Los espacios físicos entregados a dos Asociaciones de Funcionarios de la DAP, para ser explotados como kioscos y casinos, para beneficio de sus asociados, no dan cuenta de razones de interés general y es ajena a las finalidades propias de la Atención Primaria. En el informe se señala que: “Durante la auditoría no se tuvo a la vista la documentación que evidenciara la entrega formal por parte del Servicio de Salud de los espacios físicos disponibles de los Cesfam, a las Asociaciones de Funcionarios, para ser utilizados como kioscos y casinos; no obstante, los representantes de la Fenats Dap, a través de una carta emitida con fecha 17 de abril 2017, informan que el Director del Servicio de Salud de la época, entregó la concesión de los kioscos y casinos al Presidente de la Fenats, para beneficios sociales a través de una carta que se encuentra extraviada, que data aproximadamente del año 1994. (…) Finalmente, dichas asociaciones, en conformidad a sus atribuciones, mantienen contratos de arriendo con terceros, siendo dichos cobros a beneficios de los funcionarios de las asociaciones”.

d) La DAP no recibe retribución económica o reintegro por consumos de agua y electricidad de la totalidad de los casinos y kioscos, ni respecto de los gastos de mantenimiento y desgaste de los bienes muebles de algunos casinos. Destaca que: “El análisis de la respuesta de los cuestionarios que fueron emitidos a los Coordinadores Administrativos de los Cesfam y a las Asociaciones de Funcionarios que administran los kioscos y casinos, y añadida la consulta efectuada al Jefe del Departamento de Finanzas de la Subdirección de Atención Primaria, se puede concluir que no se ha realizado, a la fecha, compensación económica o reintegro por los gastos de electricidad y agua de la totalidad de los casinos y kioscos, así como tampoco se han recibido compensaciones económicas por los gastos incurridos en el mantenimiento y mobiliario fiscal que usan algunos de los casinos de los Cesfam, con la excepción del espacio cedido por la Organización Ahues-Chuchunco.

(…) Así el total del cobro de las distintas empresas, esto es, empresas proveedoras de gas, agua, teléfono, es pagado por la Institución. Lo anterior constituye un detrimento patrimonial dado que los gastos incurridos son ajenos a las finalidades propias de la atención primaria; los que deberían ser asumidos por quienes administran dichos espacios”.

e) Cuatro casinos no cuentan con la debida autorización sanitaria exigida por el Reglamento Sanitario de los Alimentos (DTO. N° 977/96). Destaca el informe que: “La revisión de los antecedentes remitidos (…) evidenció la existencia de 4 casinos que no poseen autorización sanitaria, vulnerando lo dispuesto en el artículo 6 del DTO. N° 977 del año 1996, Reglamento Sanitario de los Alimentos (…) y quien se encuentra a cargo del casino en el Cesfam N°1, señaló que mantiene trabajando personas que no se encuentran legalmente habitando el país, por lo que tampoco cuentan con contrato de trabajo, lo que además vulnera las normas legales relacionadas con inmigración y las propias leyes laborales”.

f) El Casino del Cesfam N°1 opera sin la debida autorización de la administración e incumple exigencias básicas obligatorias, destacando el informe que: “Con fecha 10 de abril del presente año, se efectuó una inspección al CESFAM N°1, con el objeto de verificar lo informado por el coordinador administrativo, en especial en lo referido al funcionamiento del casino (…). En dicha visita se entrevistó a la Sra. nombre reservado, (…) persona encargada del casino y respecto a las consultas efectuadas informó que no poseía los siguientes documentos obligatorios: Contrato de arriendo u otro documento que le autorice explotar el casino para su beneficio; Iniciación de actividades, es decir, no paga impuestos; Permiso sanitario; Contrato de trabajo para sus trabajadores (tres inmigrantes).

Se hace presente que el casino atiende a clientes tanto internos como externos, y además no realiza compensación económica a beneficio Fiscal por la explotación del casino y por los consumos de electricidad y agua.”

g) Ausencia de control y supervisión del adecuado funcionamiento de los casinos y kioscos de la DAP, indicando el informe que: "La recopilación de los antecedentes contractuales, (…) evidenció de que éstos carecen de los antecedentes básicos relacionados con el funcionamiento de los casinos y kioscos. Además, no existe un funcionario encargado de supervisar el adecuado funcionamiento de estos, en especial respecto al cobro de los consumos básicos, vigencia de los contratos de arriendo, permisos sanitarios, emisión de boletas y contratos laborales. En efecto, llevada a cabo la evaluación, de los documentos de registro provistos por los Coordinadores Administrativos de los distintos CESFAM y las entrevistas respectivas, es posible concluir con que no existe ningún sistema de control, ni periódico, ni esporádico, ya sea a su funcionamiento, a los servicios que otorga y al cumplimiento de la normativa legal vigente”.

h) En baños de usos público del Cesfam N°1 y Cesfam Maipú, existen terceros que piden una colaboración voluntaria para acceder a estos y venden artículos menores sin contar con autorización, señalándose que: “Con fecha 10 de abril del presente año, se efectuó una inspección al Cesfam N°1 y Cesfam Maipú, con el objeto de verificar en terreno los espacios físicos cedidos, (…). La inspección evidenció que en cada baño público, existe una persona ajena a la institución, que pide una colaboración voluntaria para acceder al baño y a papel higiénico.

Respecto al motivo de la colaboración, estas personas informaron verbalmente que era para su beneficio, dado que ellas mantenían el aseo a los baños; situación que fue confirmada por los coordinadores administrativos de los respectivos Cesfam. Dicha situación no corresponde dado que el servicio de aseo a los baños públicos, incluyendo la instalación y reposición de papel higiénico, se encuentra incluido en las bases de la licitación 775-53-LP15, adjudicada a la empresa “Servicio de Limpieza Industrial nombre reservado Limitada”, por lo que la constatación de que estas personas, ajenas a la institución, implica necesariamente que, a menos que se hubiese descontado el aseo de esos sitios, se ha pagado por un servicio que no ha sido otorgado de acuerdo a lo adjudicado.

i) Inadecuada administración del contrato de aseo que incorpora todos los CESFAM dependientes de la Subdirección de Atención Primaria, indicando que: “La revisión de los antecedentes relacionados con el servicio de aseo de los baños públicos de los Cesfam (…), evidenció que el contrato de aseo, proveniente de la licitación 775-53-LP15, venció el 01 de enero del presente año. No obstante la empresa continua prestando sus servicios, sin que se haya realizado un nuevo contrato bajo la modalidad de Trato Directo, mientras se realiza la nueva licitación pública. Además, la ausencia de un nuevo contrato, ha impedido exigir una nueva boleta de garantía para caucionar el fiel cumplimiento del servicio (…)”.

Exponen que el informe de auditoría concluye que: “la cesión de espacios físicos relacionados con la DAP no cuenta con ningún respaldo jurídico y esta Institución no ha implementado mecanismos que permitan el control y mejoramiento de la gestión en ese ámbito, por lo que es fundamental y urgente actuar con apego a lo dispuesto en las normas legales respectivas.

Finalmente en el marco de esta auditoría, se tomó conocimiento de la existencia de las permanencias (guarderías) para ayudar a todas las funcionarías que fueron madres y necesitaran un lugar donde dejar a sus hijos, sin distinción de profesión, gremio, estamento o tipo de contrato, que eventualmente funcionan en “...Cesfam n°5, Cesfam Ahues y Cesfam Maipú)...”, lo que de ser efectivo, dado el mecanismo de concesión del espacio y de gestión de estos, hace que se realice de manera urgente una evaluación que permita acreditar el cumplimiento de la normativa legal vigente”.

Indican que el 20 de julio pasado, se enviaron Memorandos N°197 y 198 de la Dirección DAP, dirigido al Jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Metropolitano Central para efectos de que se gestione sumario administrativo respecto del funcionamiento del Cesfam N°1 dependiente de la Subdirección de Atención Primaria y en la misma fecha; y se gestione sumario administrativo por no existir retribución económica o reintegro de los consumos de agua y electricidad de la totalidad de los kioscos y casinos que funcionan al interior de los establecimientos dependientes de la Subdirección de atención Primaria. Asimismo, por los gastos incurridos en el mantenimiento y desgaste de los bienes muebles de algunos casinos.

Agregan que el mismo 20 de julio de 2017, se envió Memorando N°199 y 200, dirigidos a la Directora del Cesfam N°1 y a los directores de los Cesfam dependientes de la Subdirección de Atención Primaria, donde se les informa que queda estrictamente prohibido que personas ajenas a la institución realicen actividades para beneficios particulares, sin mediar condiciones mínimas requeridas y que implican un detrimento patrimonial, afectando además a la institucionalidad, toda vez que no cumplen con las normas legales desde el punto de vista laboral, tributario y sanitario.

Adicionan que se envió Memorando N°200 y 202, de la Dirección DAP, dirigido a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios Fenats y a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios Ahues- Chuchunco, para efectos de regularizar los reembolsos de los gastos de electricidad y agua.

Señalan que el 9 de agosto pasado, se envió Memorando N°218, por parte de la Dirección DAP, dirigido a la Presidenta de la asociación de Funcionarios Fenats y a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios Ahues-Chuchunco, informando que a partir del 1 de octubre de 2017 se hará exigible la autorización del Seremi que permita la preparación y expendio de alimentos, tanto para casinos y kioscos que vendan alimentos preparados y se exigirá que los casinos y kioscos tengan regularizada su situación comercial respecto de las patentes municipales requeridas y la emisión de boletas de venta autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos.

Precisan que no existe una actuación arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el derecho del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Por el contrario, las actuaciones realizadas por este servicio dan cuenta de que sus actuaciones son tendientes al cumplimiento de la ley y refieren que no existe un derecho adquirido por parte de la Asociación Fenants de la Dirección de Atención Primaria, para la administración de Kioscos y Casinos, sino que su utilización responde a una mera tolerancia por parte del Servicio de Salud Metropolitano Central. La mera tolerancia se manifiesta en que no existen antecedentes contractuales entre el SSMC y la Asociación Fenats de la Dirección de Atención Primaria. Esto se refleja por lo consignado en el informe de auditoría del 20 de julio de 2017 de este servicio.

Por lo anterior, estiman que para que exista derecho de uso y goce respecto de los inmuebles que señala la recurrente, debería tener un contrato o título que lo justifique, lo que hace patente que no hay claridad si los supuestos derechos vulnerados provienen de una concesión realizada por este servicio hacia la parte recurrente, o por un contrato de arrendamiento entre este servicio y la asociación gremial.

Destacan que las actuaciones del Servicio de Salud Metropolitano Central se encuentran ajustadas a sus atribuciones legales, dado que la intervención ha sido realizada por un oficio de la Contraloría General de la República, para efectos de investigar y regularizar la situación legal existente en los casinos y kioscos de los consultorios.

Cuarto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Oficio N°74.631 del 11 de octubre del año 2016, de la Contraloría General de la República; 2.- Informe de Auditoria del 20 de julio del año 2017, Departamento de Auditoria del Servicio de Salud Metropolitano Central; 3.- Memorandos N°197, 198, 199, 200, 201 y 202 de 20 de julio del año 2017, emanados por la Directora de la Subdirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central; 4.- Memorandos N°218, del 9 de agosto del año 2017, emanado por la Directora de la Subdirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central; 5.- Carta de 17 de abril de 2017 de representantes Fenats DAP a don nombre reservado, Jefe Departamento de auditoría SSMC.

Quinto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Sexto: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario-, producto del mero capricho de quién incurre en él-, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Séptimo: Que, del análisis de los antecedentes acompañados por las partes, se advierte que el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario, que amagaría el derecho constitucional de propiedad de la recurrente, sería la notificación verbal de la Directora doña nombre reservado, del hecho que a contar del 1° de enero de 2018, la recurrente ya no tendría la administración de los kioscos y casinos ubicados en los establecimientos dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Central, junto con el pago por concepto de luz y agua de dichos locales, que deberán materializarse a contar del 1° de julio de 2017.

Octavo: Que, por su parte, la recurrente ha sostenido ser titular de un derecho adquirido, que correspondería a detentar la calidad de arrendataria respecto de los kioscos y casinos ubicados dentro de los referidos establecimientos de salud. Sin embargo, como el propio recurso lo reconoce, no se cuenta con ningún instrumento que dé cuenta de la existencia de dichos contratos, cuestión por lo demás que ha sido expresamente controvertida por la recurrida, al señalar que en su auditoría, se estableció que la recurrente utiliza dichos espacios por mera tolerancia del Servicio de Salud y sin previo contrato.

Noveno: Que, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, para la procedencia de la acción constitucional de protección es indispensable que el actor detente un derecho de carácter cierto, determinado e indubitado, que amerite la cautela en un procedimiento breve y concentrado como el de autos.

En el caso en estudio, precisamente, el derecho que se estima conculcado se encuentra seriamente cuestionado por la recurrida, aunado al hecho que no existe documentación alguna que dé cuenta de la existencia material y jurídica de los arriendos invocados. Es más, del análisis de los propios documentos acompañados por la recurrente se observa que en el contrato de arrendamiento que celebró el 31 de julio de 1997 con don nombre reservado, se señala en su cláusula primera que: “La Asociación tiene entregado en comodato parte del inmueble ubicado en calle …”.

De la declaración espontánea manifestada por la propia recurrente se aprecia que el título que invoca como fundante de su tenencia del inmueble es un comodato y no un arrendamiento, cuestión que pone seriamente en duda la verosimilitud del derecho invocado.

Décimo: Que, tampoco se indicó en la acción constitucional deducida ningún antecedente relativo al precio de los arriendos respectivos, formas de pago y periodicidad, como tampoco se acompañó ningún recibo o comprobante de pago que constituyera un principio de prueba por escrito de la existencia de los arriendos invocados por la recurrente, cuestión que deja de manifiesto la falta absoluta de un derecho cierto y determinado que amerite su cautela por la vía proteccional.

Undécimo: Que, ante estos precarios antecedentes, esta Corte estima que no es procedente invocar, ni menos acoger la acción intentada, cuestión que conlleva a su rechazo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por la Asociación de Funcionarios Fenats Dirección de Atención Primaria en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, Subdirección de Atención Primaria.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-56.838-2017.