SUGAL CHILE LIMITADA con EQUIFAX CHILE S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Proveyendo a los escritos folios 385224 y 388494: téngase presente.

Proveyendo al escrito folio 388576: a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, compareció el abogado Cristián Andrés Aguayo Mohor en representación de la empresa Sugal Chile S.A., giro de la industria alimenticia y dedujo acción constitucional de protección a su favor contra la empresa Servicios Equifax Chile Ltda. Que ha cometido el acto ilegal y arbitrario de incluir a su representada en el Sistema Consolidado de Morosidad que opera y maneja la empresa recurrida, perturbando el derecho de propiedad que tiene sobre sus antecedentes comerciales y financieros, el derecho a la honra y el derecho a desarrollar una actividad económica.

Explica que en julio de 2015 celebró un contrato con la empresa Sociedad de Servicios Complementarios Serco Ltda., para que le otorgara seguridad privada en la planta ubicada en Quinta de Tilcoco, pero atendido a que los servicios resultaron precarios y defectuosos, pusieron término al contrato a fines de noviembre de 2016, además se vieron obligados a ejercer el derecho de retención, porque no cumplió con informarles sobre el estado de pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, iniciándose numerosos juicios laborales en la localidad de Rengo.

En cuanto a la morosidad anotada, le explicaron a la recurrida mediante correo electrónico enviado el 27 de junio de este año que no pueden aparecer en el registro de empresas morosas porque la obligación en cuestión estaba siendo debatida en juicio; misma petición la reiteraron certificada por Notario Público, el 6 de julio y la respuesta que recibieron les indicaba que el documento se encontraba conforme a la normativa vigente, ante la respuesta insatisfactoria, se comunicaron nuevamente con Equifax, recibiendo la respuesta final el 19 de julio de 2017, época desde la cual tuvieron conocimiento cierto de la vulneración de sus derechos.

Insiste en que la factura emitida por la empresa de seguridad está discutida a raíz de los conflictos laborales mencionados, razones por las cuales estima que Equifax ha actuado de manera abusiva, arbitraria e ilegal, al registrar a la empresa como morosa, afectando con ello sus derechos constitucionales.

Añade que la factura no es de aquellas que el artículo 17 de la Ley Nº 19.628 permite ingresar al registro de DICOM y que con ello ha conculcado el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales que contempla el artículo 19 Nº 4, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, en base a los cuales pide que se ordene a la empresa eliminar a su representada de manera inmediata de la nómina de morosos, publicando la aclaración correspondiente, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la empresa recurrida Servicios Equifax Chile S.A. representada por nombre reservado, solicitó en primer lugar el rechazo del recurso porque fue entablado de manera extemporánea toda vez que queda de manifiesto que al menos el 30 de junio pasado, la recurrente tenía conocimiento sobre la publicación de la factura que pretende impugnar mediante este recurso, y al haberlo planteado el 18 de agosto, resulta extemporáneo.

En cuanto al fondo del asunto, sostiene que el derecho de retención que invoca la contraria, no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 183 –A y siguientes del Código del Trabajo, advirtiendo que no efectúa reproche alguno al tenor de las normas de la Ley Nº 19.983, por lo que entiende que el documento se encuentra irrevocablemente aceptado.

De manera tal que el actuar de Equifax no puede considerarse como ilegal y menos arbitrario, porque ha obrado en base a los antecedentes que le han sido proporcionados, publicando la factura de conformidad a las normas de la Ley Nº 19.983.

Arguye que las disposiciones de la Ley Nº 19.628 no resultan aplicable a la recurrente en su calidad de persona jurídica, de modo que la ilegalidad y arbitrariedad pretendida en una infracción a esas normas carece de todo fundamento, porque dice relación con las personas naturales, como lo explica latamente en sus descargos, refiriendo incluso la historia de la Ley.

Manifiesta que no existe Ley alguna que prohíba a Servicios Equifax publicar morosidades provenientes de facturas, de modo que pueden operar este sistema de intercambio de información sobre el comportamiento de los agentes económicos y los hechos en que se sustenta el arbitrio dicen relación con un vínculo contractual entre la recurrente y la empresa Serco en la que no interviene Equifax.

Por ultimo pide el rechazo del recurso en atención al objeto que posee esta acción constitucional, no puede instrumentalizarse de manera que se desnaturalice su finalidad última cual es la cautela de derechos y garantías constitucionales, y ninguna de ellas ha sido conculcada.

TERCERO: Que, el día 28 de septiembre en curso, la recurrente acompañó antecedentes que dan cuenta que ambas partes intercambiaron correos electrónicos fechados 31 de agosto de 2017 en el cual la recurrida Equifax, mediante la Consumer Services Analyst nombre reservado, quien manifiesta al apoderado de la recurrente que han suspendido en el Boletín Electrónico Dicom la documentación detallada más abajo, al R.U.T. RUT reservadopor cuanto los documentos de respaldo que les hizo llegar Serco Ltda, a la fecha sobre ese documento no fueron suficientes para mantener la publicación, cual es la factura “morosa” que se ha aludido, del mismo modo adjunta al correo el Informe Empresarial correspondiente a Sugal Chile Limitada que da cuenta que el R.U.T. consultado, no presenta documentos impagos.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, en primer lugar, en relación a la alegación de extemporaneidad de la acción intentada por la recurrente, del mérito del correo electrónico citado en el fundamento tercero, queda de manifiesto que el 18 de agosto de 2017 la morosidad atribuida a la recurrente, se encontraba incluida en el Informe Empresa, a disposición de los usuarios del registro y que solo fue depuesta con ocasión de la interposición del presente arbitrio, razón que conduce al rechazo de la alegación de extemporaneidad.

SEXTO: Que en este orden de cosas, habiéndose desechado la extemporaneidad esgrimida por la recurrida, es necesario destacar, además, que la acción de protección se ha intentado frente a la afectación que la empresa Sugal entiende haber sufrido respecto a sus garantías constitucionales, mediante la publicación de una deuda morosa, emanada de una factura impaga extendida por la empresa Serco Limitada, con quien mantuvo una relación contractual cuyo término está siendo debatido en tribunales.

SÉPTIMO: Que el recurso de Protección de garantías constitucionales, como reiteradamente lo han sostenido los tribunales superiores de justicia, constituye una medida cautelar que protege y ampara el legítimo ejercicio de derechos preestablecidos e indubitados que dicha norma contempla, mediante la adopción de medidas de resguardo o de protección inmediata en caso de advertirse la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace tales derechos.

OCTAVO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

NOVENO: Que luego de lo dicho, habiéndose demostrado conforme se advierte de la presentación de 28 der septiembre en curso, que se eliminó la publicación del antecedente que motivó la interposición del presente arbitrio del registro “Informe Empresarial” a cargo de la recurrida, el que actualmente reporta la situación comercial y financiera de la empresa Sugal Chile Limitada carente de toda morosidad, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual del derecho constitucional que se acusó transgredido, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor suyo;

DÉCIMO: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

UNDÉCIMO: Que atendido lo razonado en el motivo quinto de esta sentencia, y lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se impondrán las costas del recurso a Servicios Equifax Chile Ltda.

Por estas consideraciones y en atención, además, a lo que preceptúa el Auto Acordado por la Excma. Corte Suprema de 2015, se rechaza la acción constitucional incoada por Cristián Andrés Aguayo Mohor en representación de la empresa Sugal Chile S.A. y se condena en costas a la recurrida Servicios Equifax Chile Ltda.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-56609-2017.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González, e integrada por el Ministro Alejandro Rivera Muñoz y la Abogada Integrante señora Carolina Coppo Diez.