nombre reservado con TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Santiago, diez de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

Primero: Que el recurso lo dedujo don nombre reservado, por sí y en su calidad de presidente de la nombre reservado Municipales de Chile, ASEMUCH en contra del Tribunal Constitucional haciendo presente que también lo intenta en representación de doña nombre reservado, que es la directamente afectada, en contra de la sentencia dictada por dicho tribunal en la causa Rol 3853-17-INA, que vulnera el derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política. Esta sentencia que acogió el requerimiento de inaplicabilidad que se conoció en la referida causa, es de fecha 6 de Diciembre de 2018.

Sostiene que doña nombre reservado, presentó una demanda de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en contra de la municipalidad de esta comuna, dictándose sentencia que la acogió y fue así que se condenó a la demandada al pago de una suma de dinero por concepto de las indemnizaciones reclamadas. Habiéndose deducido recurso de nulidad en contra de tal fallo, este fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego de lo cual la municipalidad presentó un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Excma. Corte Suprema, que lo conoce bajo el Rol 37.905-2017.

El día 8 de Septiembre del mismo año, la Municipalidad de San Miguel presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo y es así que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en la fecha ya señalada, acogiéndolo y declarando que tales normas resultan inaplicables en el caso de unificación de jurisprudencia que conoce la Corte Suprema, con el rol antes indicado.

Estima el recurrente que de esta manera se desconoce el estatuto especial de protección de los derechos fundamentales en el ámbito laboral de la demandante, en su calidad de funcionaria pública, e inhibe a la Corte Suprema para seguir conociendo del recurso que le fuera presentado, todo lo cual se traduce en una afectación del derecho de igualdad consagrado en la norma antes citada.

Se refiere luego, al fallo del Tribunal Constitucional y su voto de minoría, a la posibilidad de impugnar mediante el presente recurso sentencias judiciales, mencionando jurisprudencia al respecto y, finalmente, a la forma cómo mediante la referida sentencia se afecta su derecho constitucional de igualdad ante la ley.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y que se deje sin efecto la sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dictada en la causa Rol 3853-17-INA, y se adopten todas las medidas que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho y la debida protección de la afectada.

Segundo: Que en su informe, el Tribunal Constitucional a través de su presidente, manifestó que el artículo 92 inciso 5° de la Constitución Política dispone que el tribunal en pleno resolverá entre otras materias aquellas a que se refiere el numeral 6° de su artículo 93, que dispone que compete al Tribunal Constitucional “resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.

Sostuvo que en el ejercicio de esta atribución se resolvió por sentencia de 6 de Diciembre de 2018, el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la Municipalidad de San Miguel, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo, con incidencia en los autos “ nombre reservado, nombre reservado con I. Municipalidad de San Miguel”. En lo decisivo de esta resolución, se acordó acoger este requerimiento, determinando que los artículos impugnados del Código del Trabajo, resultan contrarios a la Constitución Política y, por lo tanto, son inaplicables en los autos de que conoce la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia bajo el Rol N° 37905-2017.

Agrega que como lo señala el artículo 94 de la Constitución, contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio que puede el mismo tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere ocurrido. La recurrente de protección no solicitó modificación de la sentencia dentro del plazo que le concede el artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y este tampoco hizo uso de su potestad rectificatoria de oficio, que reconoce el mismo precepto legal.

La resolución contenida en la sentencia que se pretende invalidar emana del único órgano legitimado constitucionalmente para decidir los requerimientos formulados, por lo que el tribunal ha actuado en el marco de su competencia exclusiva, sometiendo su acción a la Constitución y a lo dispuesto en su ley orgánica constitucional, por lo que su pronunciamiento tiene la validez que le reconocen los artículos 6° y 7° de aquella.

Finaliza señalando que solo cabe concluir que esta Corte carece de jurisdicción para entrar a realizar los fundamentos o contenidos de la sentencia que se pronuncia sobre la inaplicabilidad de los preceptos legales impugnados y que la acción constitucional de protección no puede ejercerse para invalidar sentencia del Tribunal Constitucional en materia de su ámbito privativo, sin quebrantar las bases mismas de la institucionalidad consagradas en el capítulo I de la Carta Fundamental, que reconoce a todos los órganos del Estado competencias muy definidas y que excluye taxativamente de la superintendencia de la Corte Suprema sobre todos los tribunales de la nación a este Tribunal Constitucional en su artículo 82.

Tercero: Que al tenor de lo señalado surge como necesaria conclusión que el recurso no puede prosperar, pues variadas razones concurren para ello.

Desde luego, al solicitarse que se deje sin efecto la sentencia, se desconoce el mandato contenido en el artículo 94 de la Constitución, en cuanto que contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. Ante tan claro precepto que en términos absolutos niega toda posibilidad de impugnación, no se divisa de qué manera pudiera prosperar un recurso, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

Desde otro punto de vista, es menester tener en consideración lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuando señala que éste “… es un órgano del Estado, autónomo e independiente de otra autoridad o poder.” Así entonces, cómo podrían revisarse los fundamentos de su fallo y, más todavía, dejarlo sin efecto, sin afectar gravemente su autonomía e independencia.

Otro hecho que debe tenerse en cuenta, dice relación con la naturaleza del recurso intentado. Como es sabido se trata de una acción cautelar de urgencia, llamada a disponer medidas con igual carácter, que afecten o perturben derechos constitucionales indubitados, lo que por cierto no ocurre en la especie, pues lo pretendido es que se emita un pronunciamiento sobre la materia que fue objeto del requerimiento, opinión que para el caso de ser discrepante, debiera prevalecer por sobre lo resuelto en su sentencia por el Tribunal. Ciertamente, lejos está de poder considerarse que se trate de una cuestión de carácter cautelar. Debe agregarse a lo dicho, que resolver como lo pretende el recurrente daría lugar a que, eventualmente, debiera pronunciarse como tribunal de segunda instancia la Excma. Corte Suprema, que de esta manera revisaría lo actuado por un órgano que está expresamente excluido de su superintendencia, correccional y económica, según la manda el artículo 82 de la Constitución Política.

En suma, no resulta posible por esta vía extraordinaria revisar lo actuado por un órgano que actuó en el ámbito de su competencia exclusiva cumpliendo a cabalidad el mandato contenido en los artículos 6° y 7°, de la misma Constitución, razón por la el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, por sí y en la representación que invoca, en contra del Tribunal Constitucional, sin costas.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Carlos Gajardo Galdames.

Protección N°566-2019 No firma la Ministra suplente señora Robinovich por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

No firma el Abogado Integrante señor Guerrero, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, conformada por la Ministra suplente señora Paola Robinovich Moscovich y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.