Recurso de protección

Santiago, treinta de julio de dos mil veinticinco.

Proveyendo escrito folio 10: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, representando a don nombre reservado, venezolano, interponiendo recurso de protección contra la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000 de 12 de febrero de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada el 24 de enero de 2025, sin realizar la correspondiente derivación a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Considera esta actuación ilegal y arbitraria por constituir aplicación retroactiva de la Ley N°21.655 que modificó los plazos para solicitar refugio, vulnerando derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, específicamente la igualdad ante la ley, solicitando se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

Sostienen que nombre reservado es ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de Venezuela debido a amenazas contra su libertad y seguridad por parte de agrupaciones delictuales conocidas como "los Colectivos", avaladas por el régimen chavista. Su salida de Venezuela fue el 14 de noviembre de 2020 y su arribo a Chile el 24 de noviembre de 2020, ingresando por pasos inhabilitados debido a la violencia generalizada, conflictos internos y violación masiva de derechos humanos que perturbaron gravemente el orden público en su país de origen.

Se indica que el recurrente a la Oficina del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar reconocimiento de condición de refugiado, siendo atendido, facilitándosele el formulario correspondiente y recibiéndose su declaración. No obstante, el 12 de febrero de 2025 recibió la Resolución Exenta N°NUM000 que resolvió tener por desistida su solicitud presentada el 24 de enero de 2025, fundándose en que habría excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país según el artículo 26 de la Ley N°20.430, modificado por la Ley N°21.655.

Reclama que en la especie no ha existido desistimiento efectivo, toda vez que el recurrente no ha manifestado de manera expresa su intención de abandonar su pretensión, teniendo en consideración que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario según ha reconocido tanto la jurisprudencia nacional como la Real Academia Española.

Alega que la resolución impugnada vulnera el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 19 N°3, inciso séptimo de la Constitución. La autoridad migratoria erró al aplicar la reforma de la Ley N° 21.655, vigente desde 20 de febrero de 2024, a una situación ocurrida con anterioridad (ingreso del 24 de noviembre de 2020), vulnerando el principio de nulla poena sine lege y los principios de legalidad e irretroactividad de penas y sanciones.

Argumenta que la autoridad incumplió la obligación de otorgar visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430 y artículo 42 del Decreto N°837, normas que establecen de manera perentoria que, una vez presentada la solicitud de refugio, debe extenderse inmediatamente una visación de residente temporario, sin requisitos, exigencias, plazos o condiciones previas.

Invoca el derecho fundamental a buscar y recibir asilo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido constitucionalmente a través del artículo 5° de la Carta Fundamental, así como el principio de No Devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N°20.430 y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Considera vulnerados los derechos constitucionales del recurrente, específicamente la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, el principio de irretroactividad establecida en el artículo 19 N°3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, y el derecho a solicitar refugio derivado del artículo 5° constitucional en relación con tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

SEGUNDO: Que evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, ya que no existiría acto u omisión que vulnere los derechos de libertad personal y seguridad individual del recurrente.

Que el extranjero nombre reservado, extranjero venezolano, no consta registro de ingreso por paso habilitado, desprendiéndose su ingreso clandestino. Esta autoridad no cuenta con registros de que hubiese manifestado a la autoridad contralora de fronteras su intención de solicitar refugio, pese a que dicha posibilidad se contempla en el artículo 36 del Decreto N°837.

Reconoce que el 8 de octubre de 2024 el recurrente formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430 en relación al artículo 37 del Decreto N°837.

Mediante Oficio Ordinario Folio N°NUM001 del 8 de octubre de 2024, se citó al extranjero para que concurriera el 24 de enero de 2025 a las 08:30 horas con toda la documentación necesaria, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada y abandonado el procedimiento en caso de inasistencia.

Que se le entregó el formulario respectivo y se realizó la entrevista personal conforme al artículo 28 bis inciso 6° de la Ley 20.430. Una vez completados el formulario y la entrevista, se procedió a revisar los antecedentes para continuar con el análisis o, si era necesario, otorgarle 15 días hábiles para subsanar la falta o acompañar antecedentes faltantes, conforme a los incisos 3° y 4° del artículo 28 bis de la Ley 20.430.

Que, finalmente, mediante Resolución Exenta N°NUM002 del 24 de enero de 2025, se notificó al extranjero que no era posible dar curso a su solicitud por no haber cumplido con los requisitos formales mínimos, específicamente por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso según el artículo 26 de la Ley 20.430.

Que el procedimiento se encuentra regulado íntegramente en la Ley N°20.430 y Decreto N°837. Para ser considerado solicitante de refugio, previamente deberá formalizar su solicitud según el inciso 2° del artículo 1° del Reglamento, realizándose en forma personal y presencial en cualquier oficina de la Sección de Refugio y Reasentamiento del SERMIG.

Agrega que el 20 de marzo de 2023, la Corte Suprema en sentencia Rol 115005-2022 ordenó dictar un procedimiento de carácter general. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°21.726 del 11 de mayo de 2023, se aprobó el "Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento", que regula la atención de personas que manifiesten intención de iniciar solicitud de reconocimiento de condición de refugiado.

Señala que la solicitud del recurrente no cumplía los requisitos necesarios, particularmente por exceder el plazo de 7 días desde el ingreso según el artículo 26 inciso 5° de la Ley 20.430. Se otorgó al interesado plazo de 15 días hábiles para subsanar conforme al artículo 28 bis incisos 3° y 4° de la Ley 20.430 y artículo 31 inciso 1° de la Ley 19.880.

Que el recurrente acompañó descargos correspondientes a título de subsanación, sin embargo, no fueron suficientes para desvirtuar la causal por no cumplir con requisitos formales. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N° NUM000 del 12 de febrero de 2025, se tuvo por desistida la solicitud, señalando que los antecedentes presentados se analizaron y tuvieron en consideración, pero no fueron suficientes para subsanar los requisitos formales faltantes.

Argumenta que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales, considerando que se siguió el procedimiento indicado en las normas especiales correspondientes, aplicando supletoriamente las disposiciones de la Ley N°19.880. Ha actuado con estricto apego a la Constitución y normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas.

Solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace en todas sus partes el recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, por ende, no procede condena en costas.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en las modificaciones introducidas a la Ley N°20.430, mediante la dictación de la Ley N° 21.655, vigente desde 20 de febrero de 2024, incorporó la nueva redacción del artículo 26, disposición que en un inciso penúltimo establece expresamente que la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles contados desde el ingreso del territorio nacional del extranjero.

QUINTO: Que si bien el extranjero ingresó a Chile de manera clandestina por paso no habilitado, no se encuentra debatido en autos que su ingreso se produjo en el mes de noviembre del año 2020, mientras que la solicitud de refugio se materializó recién en el mes de octubre del año 2024, esto es cuatro años después de su ingreso y dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la actual normativa.

Que la actual normativa no dispuso normas transitorias específicas, sin embargo, la aplicación de esta normativa procedimental en el ámbito de los procedimientos administrativos rige in actum.

SEXTO: Que, en ese orden de ideas, la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado del extranjero recurrente fue efectuada de manera extemporánea, sin que pueda avizorarse ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la autoridad, motivo por el cual deberá ser rechazado el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor nombre reservado, contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Rol N° 5654-2025.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo