nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Santiago, seis de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero : Que comparece nombre reservado, gerente general, en representación de Data Marketing Security Ltda., Rut RUT reservado, del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra del Centro de Conciliación y nombre reservado Metropolitana Oriente, Rut RUT reservado, cuyo jefe de Centro es nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que vulneran sus derechos consagrados en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Constitución Política.

Expone que se le cursó multa administrativa mediante resolución 7949/17/50 a beneficio fiscal por el monto de $ 170.296 a la fecha en que se constató la infracción. De acuerdo a los antecedentes del respectivo expediente administrativo, aparece que la resolución de multa fue notificada con fecha 25 de mayo de 2017. Con fecha 30 de junio del año 2017, solicitó reconsideración de dicha multa, dentro del plazo. La referida Institución fiscalizadora rechazó la solicitud de reconsideración de multa, y declaró su inadmisibilidad por estimar que fue presentado fuera de plazo. Que el plazo de 30 días para presentar el referido reclamo es de días corridos, en interpretación de la propia Institución referida.

Hace presente que, en opinión de su parte, apoyada en jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, el plazo de 30 días es de días hábiles, incluso sin contar los días sábados.

En efecto, por tratarse de un plazo administrativo, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880, lo que, aplicado en este caso, permite concluir que el plazo para presentar la solicitud de reconsideración de multa tenía como fecha límite el 07 de julio de 2017, por tanto, al presentar dicha solicitud con fecha 30 de junio de 2017, ésta se encontraba total y absolutamente dentro del plazo establecido. La característica del plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, que se cita por la institución fiscalizadora en la carta por la que se informa sobre la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, en cuanto a si el mismo es de días corridos o no, así como la norma aplicable para discernir dicho asunto, se debe tener presente que la solicitud de reconsideración que dicha norma establece, corresponde a un recurso que se plantea en fase administrativa, cuyo conocimiento corresponde a la misma autoridad administrativa, a cuyo respecto no se contiene norma alguna en el Código del Trabajo, y por tanto debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que dispone que tales plazos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, norma ésta de carácter especial, que prevalece sobre las normas de carácter general contempladas en el Código Civil.

Señala como garantías constitucionales vulneradas:

Igualdad ante la Ley del artículo 19 número 2 "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Al respecto, resulta evidente la vulneración de dicha garantía, al arbitrio del Centro de Conciliación y nombre reservado Metropolitana Oriente, sin fundamento.

Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del artículo 19 número 3, ante la negativa del Centro de Conciliación y nombre reservado Metropolitana Oriente, no existió posibilidad alguna de hacer sus descargos o intentar siquiera plantear algún tipo de defensa frente al rechazo de su solicitud, simplemente se le informa a través de carta certificada fechada el 18 de julio de 2017, y notificada a esta parte con fecha 26 de julio de 2017, que se ha declarado inadmisible mi solicitud de reconsideración de multa por extemporánea.

Finaliza solicitando se declare admisible su acción, someterlo a tramitación, y en definitiva, acogerlo en todas sus partes, adoptando las providencias que se n necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección que pretende el presente recurso, con costas, y en especial que se deje sin efecto el acto administrativo ORD Nº993 de fecha 18 de julio de 2017, y notificado a su parte con fecha 26 de julio de 2017, declarando admisible la solicitud de reconsideración de multa y que ésta ha sido deducida dentro del plazo, o lo que el tribunal determine, todo con expresa y ejemplar condenación en costas.

Segundo: Que la recurrida evacua informe y pide el rechazo del arbitrio deducido. Plantea en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido. Sostiene que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

En la especie se ha interpuesto recurso de protección, en contra de un Ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

En subsidio de lo anterior alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos para su interposición.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política, y de lo sustentado reiteradamente por nuestros tribunales superiores de justicia y por la doctrina constitucional y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del presente recurso, el recurso de protección, debe reunir ciertos y determinados presupuestos o requisitos en forma copulativa para su procedencia que son:

a) La ocurrencia de una acción u omisión reprochable;

b) Que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal;

c) Que, como consecuencia de ello, se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente;

d) Que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada.

Que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios puesto que el Ordinario que se pronunció sobre la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa de multa, se dictó razonada y fundadamente en virtud de los artículos 512 y 508 del Código del Trabajo.

Asimismo el ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, de este modo, no puede ser nominada como ilegal, puesto que, no se actuó de manera contraria a la ley, según la definición de ella establecida en el Artículo 1º del Código Civil, ya que en virtud de la norma citada, se cumplió con el mandato legal, que permite y obliga a este Servicio, a pronunciarse sobre las reconsideraciones administrativas de las multas impuestas por la Dirección del Trabajo.

A continuación refiere los hechos e indica que con fecha 12 de mayo del 2017, el Centro de Conciliación y nombre reservado Metropolitana Oriente, dicta la Resolución de Multa, N2 7949.2017 .SO.

La multa fue notificada, de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, el día 25 de mayo del 2017.

Respecto a ella la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 30 de junio del 2017.

Sin embargo, dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada "dentro del plazo de 30 días corridos de notificada", es decir a más tardar el día 24 de junio del 2017.

En atención a lo anteriormente expuesto, con fecha 18 de julio del 2017, y mediante Ordinario N2 993, la Jefa del Centro de Conciliación y nombre reservado Metropolitana Oriente, comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, en atención a que ésta había sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

En virtud de la Circular N2 73 de 08/06/2010 de la Dirección del Trabajo, y según lo resuelto por la Contraloría General de la República en Oficio Número 17344 de fecha 10 de marzo de 2014, el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, es decir el plazo para solicitar reconsideración de multas administrativas, es de 30 días corridos.

Que la discusión acerca del plazo de 30 días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, ha quedado zanjada por diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República que se trata de un plazo de días corridos. Cita al efecto la Circular N° 2 73, 08.06.2010, la cual entre otras materias establece una modificación del plazo para solicitar recursos administrativos de Reconsideración y de Sustitución de multas aplicadas por los funcionarios fiscalizadores de dicha institución, conforme las disposiciones de los artículos 511 y 506 del Código del Trabajo respectivamente, siendo este plazo de 30 días corridos, contados desde la notificación de la resolución de multa, entrando en vigencia este nuevo plazo a partir del día 14 de junio de 2010.

La Contraloría General de la República se ha pronunciado en Oficio N ° 2 17344 de fecha 10 de marzo de 2014, ha señalado expresamente que el plazo de 30 días establecido en el artículo 512, es de días corridos, no siendo aplicable de modo supletorio la ley 19.880 - lo que contraviene justamente las alegaciones de la contraria. Que por consiguiente, se ha ordenado a este Servicio que en materia de contabilizar el plazo para presentar una solicitud de reconsideración de multa administrativa es de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución que aplico la respectiva multa administrativa, lo que se confirma en el propio Formulario {F10} entregado a la empresa para la tramitación de este recurso, el cual señala expresamente: "plazo para Recurso de Reconsideración: dentro del plazo fatal de 30 días CORRIDOS de notificada la resolución de Multa. Por todo lo anteriormente expuesto, solicita el rechazo de la presente acción.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción que la Constitución Política de la República concede al que, a consecuencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, sufriere privación, perturbación o amenaza de ciertos y determinados derechos, para que la Corte de Apelaciones respectiva adopte las medidas o providencias que permitan restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto : Que, tal como establece en términos explícitos el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección es una vía a la que las personas pueden acudir sin perjuicio de otros derechos, de modo que la posibilidad con que cuenta el afectado de requerir la intervención de los tribunales de justicia a través de procedimientos legales no excluye de plano, por sí sola, la procedencia de este remedio constitucional, en la medida que concurran los presupuestos que se han descrito en el fundamento que precede.

Quinto: Que cabe tener presente la siguiente secuencia de hechos, respecto de los cuales no hay controversia entre las partes:

1) El 12 de mayo de 2017, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo doña nombre reservado, cursó a la actora la multa a que se refiere la resolución 7949/2017/50, por $ 170.296.

2) La notificación de la resolución que impuso la multa lo fue con fecha 25 de mayo de 2017.

3) La solicitud de reconsideración de multa, fue ingresada a la oficina de partes de la Dirección del Trabajo el 30 de Junio de 2017.

4) Con fecha 18 de Julio de 2017, el Centro de Conciliación y nombre reservado metropolitana Oriente, mediante el oficio Ord. N° 993, rechazó aceptar a trámite la resolución que impuso la multa mencionada por incumplimiento a los requisitos legales, esto es, por considerar que la reconsideración interpuesta por la empresa no fue presentada dentro de los treinta días corridos contados desde su notificación.

Sexto: Que el asunto a dilucidar, en consecuencia, es la forma de computar el plazo de reclamación que fija el artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que estatuye que el Director del Trabajo hará uso de la facultad de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó tal multa.

Séptimo: Que los plazos de días establecidos en la Ley número 19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento administrativo, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Octavo: Que yerra la autoridad informante cuando afirma que si el plazo para presentar una reconsideración fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible deducir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento administrativo.

Es necesario tener presente que la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.880 nos permite detectar, como idea matriz o fundamental del proyecto contenido en el mensaje presidencial que le dio origen, que la Constitución dispone expresamente que son materias de ley "las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública". Esto significa, para el Presidente de la República, que "... el constituyente ha encargado la regulación básica de los procedimientos de los actos de la administración a la ley. Pero no a una ley cualquiera, sino a una de "bases". Por tanto, ella debe establecer sólo los elementos básicos, fundamentales y esenciales de la regulación, dejando a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la regulación de los procedimientos. Esta fórmula se justifica plenamente por la complejidad de los procedimientos, la posibilidad, más o menos frecuente, de mutación y el grado de desarrollo técnico que estas materias muchas veces asumen". Prosigue el legislador afirmando que "(lamentablemente), hasta ahora, dicha ley general de bases de los procedimientos administrativos no se ha dictado. Ello provoca que en nuestra actual legislación, existan múltiples procedimientos. Algunos tienen regulación de rango legal y otros tantos, fundamentalmente del funcionamiento cotidiano de la administración, no tienen dicha regulación, quedando sometidos a las prácticas y doctrinas del servicio respectivo, con la consiguiente inseguridad para el ciudadano. (Mensaje presidencial, Boletín 2594-06).

Consecuencia forzosa de lo que se viene diciendo es que la vocación esencial de la Ley 19.880 es establecer las bases generales para la actuación de todos los órganos de la administración del Estado. Dicha conclusión se refuerza por la interpretación armónica del artículo 25 con lo dispuesto, a su vez, por los artículos 1° , 2° , 3° , 4° , 8° , 9° , 13 , 14 , 17 y 18 del mencionado estatuto legal. Si no lo entendiéramos de este modo, no cabe duda que cada organismo o servicio público entendería a su modo los estatutos particulares que rigen su funcionamiento, lo que provocaría dudas, incertidumbres y confusiones incesantes, que fueron precisamente las que este cuerpo legal buscó terminar.

Noveno: Que, en la solución de la disyuntiva de plazo de días corridos o hábiles, se han pronunciado diversas sentencias de los tribunales superiores de justicia. Así, en los autos 8250-2016, la Corte de Valparaíso entendió que " (en) relación a la forma de computar el plazo de treinta días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que establece que los plazos de días establecidos en esta Ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos ... Contabilizando el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo en la forma que indica el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, se concluye que la reconsideración fue deducida dentro del plazo legal, de lo que se sigue que la conducta de la Inspección del Trabajo consistente en rechazar por extemporánea su presentación, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución ". Y en el proceso rol 146-2017, ese mismo tribunal de alzada decidió que "(el) plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Por consiguiente, la actuación de la Inspección del Trabajo recurrida consistente en rechazar por extemporánea la reclamación presentada por el recurrente, al considerar que el plazo para su interposición era de días corridos, constituye un acto ilegal, desde que se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, vulnerando de esa manera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley".

Décimo: Que, en las condiciones anotadas, el acto recurrido, esto es, la Resolución comunicada mediante oficio ord. N° 993, que tuvo por extemporánea la reclamación que la recurrente dedujo, debe ser calificada como ilegal, pues no se ajusta a la preceptiva vigente y aplicable en la especie.

Undécimo: Que no cabe duda que de la actuación señalada se derivó la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 número 2° de su texto, pues constituye diferencia arbitraria, en relación a los demás sujetos sometidos a la acción fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, haber denegado a la actora la posibilidad de dar trámite a la reconsideración que dedujo en tiempo y forma.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el deducido por nombre reservado, en representación de Data Marketing Security Ltda., en contra del Centro de Conciliación y nombre reservado Metropolitana Oriente, y se deja sin efecto el oficio ord. N° 993 del 18 de Julio de 2017, debiendo la autoridad recurrida pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración de multa, de la recurrente a nombre de Data Marketing Security Ltda., ingresada a la oficina de partes de la Dirección del Trabajo el 30 de Junio de 2017.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro (S) señor Hernán López Barrientos.

Protección N° 56.525-2017.