Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 15: a todo, téngse presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 26 de marzo de 2025, comparecen los abogados don Franco Aldo Brunetti Arredondo y don Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quienes interponen acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa la debida tramitación de la solicitud de refugio de su representado y por omitir el envío de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, que estima ilegal y arbitraria, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Exponen que el actor: (i) se vio forzado a abandonar Venezuela el 31 de marzo de 2023; (ii) el 10 de octubre de 2024 ingresó por paso no habilitado a Chile; (iii) solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el inicio del procedimiento de su condición de refugiado; (iv) el 21 de febrero de 2025 realizó una subsanación a su petición y; (v) el 26 de febrero de 2025 recibió la Resolución Exenta NUM000, que resolvió tenerlo por desistido del aludido requerimiento, con el argumento de que no reúne los requisitos para darle curso, atendido que excedió el plazo de 7 días hábiles desde su ingreso al país para presentarla.

Puntualizan que la determinación del Servicio Nacional de Migraciones se adoptó sin previamente derivar el caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Sostienen que: (i) en este caso no ha habido desistimiento, toda vez que el actor no ha manifestado de forma alguna su intención o voluntad de abandonar la pretensión en cuestión; (ii) el Servicio Nacional de Migraciones vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, en atención a la situación humanitaria y migratoria del actor, atendidas las amenazas sufridas en su país de origen y; (iii) la resolución impugnada se funda en la reforma establecida por la ley N° 21.655 a la ley N° 20.430, que entró en vigencia el 20 de febrero de 2024, esto es, posterior al ingreso al país de su representado, por lo que su aplicación vulnera el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones.

Agregan que el análisis de admisibilidad y calificación de las solicitudes corresponde exclusivamente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y no a los funcionarios regionales del Servicio.

Previa referencia a la normativa que estiman pertinente, solicitan que se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000 y ordenarle al recurrido otorgarle la correspondiente visa temporaria de refugio al actor mientras se espera la evaluación del caso por parte de una comisión calificada.

Segundo: Que, el 4 de julio de 2025, comparece la abogada doña Daniela Silva Mella, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del presente arbitrio, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal de su representado.

Expone que el acto es un ciudadano venezolano cuyo ingreso al país no consta en los registros oficiales, lo que permite concluir que ingresó de forma clandestina, eludiendo los controles migratorios.

Refiere que el 17 de junio de 2023, el recurrente se inscribió en el proceso de empadronamiento dirigido a personas extranjeras que hubiesen ingresado por pasos no habilitados, que no constituye una vía de regularización, sino que su objetivo es conocer de forma completa la identidad y cantidad de personas en situación migratoria irregular.

Indica que el 6 de febrero de 2025, esto es, al menos un año y medio después de su ingreso, el actor manifestó formalmente su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en la que indicó que su ingreso al país tuvo lugar el 10 de abril de 2023, por paso no habilitado, y que sus motivos para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado fueron “las oportunidades que da Chile. Acá puedo estar legal y tener trabajo fijo”.

Explica que, analizada la solicitud, el 6 de febrero de 2025 se dictó Resolución Exenta NUM001, en cuya virtud se le informó al recurrente que su petición no podía ser cursada por incumplir los requisitos formales establecidos en la Ley N° 20.430 y su reglamento, en particular, por haber excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Refiere que se le otorgó al actor un plazo de 15 días para subsanar la solicitud, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 de la ley N° 19.880 y 28 bis de la ley N° 20.430, y que el 21 de febrero de 2025 se acompañó una carta explicativa, entre otros documentos que, sin embargo, no resultaron bastantes para subsanar los requisitos formales de la ley N°20.430, de forma tal que, mediante la Resolución Exenta NUM000, de 26 de febrero de 2025, se le tuvo por desistido de su solicitud.

Hace presente que en la antes aludida resolución se reservaron los recursos contemplados en la ley, sin que conste que hayan sido ejercidos, y que no se ha dispuesto sanción migratoria alguna en contra del actor.

Finalmente, en lo relativo a la entrada en vigencia de la ley N° 21.655, que modifica la ley N° 20.430, la primera no estableció un periodo de vacancia legal o norma transitoria que facultara al Servicio Nacional de Migraciones para aplicar una normativa distinta a la vigente, de forma tal que, de conformidad al artículo 24 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, la nueva normativa relativa al procedimiento comienza a regir inmediatamente desde su publicación.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en la conducta, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de negarse el Servicio Nacional de Migraciones a acceder a la solicitud de refugio de la recurrente y omitir el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

Quinto: Que, conforme consta en la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, éste declaró expresamente haber hecho ingreso al país el 10 de abril de 2023, y sólo concurrió ante la autoridad migratoria a fin de formular la aludida petición el 6 de febrero de 2025, esto es, un año, nueve meses y veinticinco días después.

Sexto: Que, conforme al mérito de los antecedentes allegados, lo cierto es que el hecho en que se asienta la presente acción cautelar no es efectivo, puesto que, mediante Resolución Exenta NUM000, de fecha 26 de febrero de 2025, se declaró desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por no haber concurrido ante la autoridad migratoria competente dentro del plazo de los 7 días siguientes a su ingreso clandestino al país para informar acerca de este hecho, aduciendo causa legal, de conformidad a lo previsto en los artículos 6 y 26 de la Ley N° 20.430 y 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837 del Ministerio del Interior.

Séptimo: Que, así las cosas, frente a esta discrepancia fáctica, estos sentenciadores no pueden responsablemente tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la entidad recurrida y, consecuentemente, remediado por esta vía, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 5652-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro (S) señor Enrique Durán Branchi, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.