nombre reservado con BANCO DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, abogada, interponiendo recurso de protección en contra de Servicios de Información Avanzado Comercial y Financiera S.A. (“Sinacofi”) y del Banco de Chile, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en incluirla en registros de morosidad, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N°s. 2 y 24.

Funda el recurso expresando que, el día 5 de enero del año en curso, “estaba cotizando Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento, gran sorpresa me llevé cuando me informan a través de correo electrónico de fecha 6 de enero que acompaño a esta presentación, que aparezco informada como morosa en el sistema financiero. Como desconocía a que se podía deber esto, solicito, informe Equifax Platinum 360° (acompaño informe) y NO TENGO DEUDA ALGUNA según certificado emitido por Equifax, solo figura en el informe de deuda emitido por la CMF informada como morosa por la suma de $6.889.836.- La situación descrita implica no poder acceder a póliza alguna, ya que las compañías de seguros exigen para otorgar garantías no tener morosidades por lo que quedo absolutamente fuera de dichas contrataciones lo que desde ya implica una grave lesión a mis derechos, tanto patrimonial como al derecho a mi integridad psíquica.”.

Asevera que no mantiene deuda alguna con “Banco de Chile y CAT” y desconoce las razones de por qué Banco de Chile informa deuda por el monto antes señalado, los títulos que lo habilitan para ello, y el por qué la Cámara de Comercio y Sinacofi informan dichas deudas, y los títulos tenidos a la vista para ello.

Cita la Circular Nº 3.394 de fecha 29 de junio de 2007, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que en su capítulo 18-5 denominada información sobre deudores de las instituciones financieras explica la vigencia de la información respecto de los deudores de los bancos, específicamente en el apartado Nº 2. Luego, cita artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y aduce que las recurridas incurren en un acto arbitrario e ilegal, pues “con su negativa a eliminar la morosidad están actuando contraria al orden jurídico, pues no existe título ejecutivo que las habilite, y además están actuando en contra de norma expresa, pues la circular Nº 3.231 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras establece que se debe excluir de publicar a los deudores contra de quienes carezcan de título ejecutivo, como es mi caso, en virtud del crédito hipotecario el cual pagué de forma íntegra, así como de cualquier otra acreencia del cual carezcan de título ejecutivo.”

A su vez, arguye que se infringen los artículos 17 y 18 de la Ley N° 19.628, y afirma que “la conducta descrita conculca el derecho constitucional de esta suscrito previsto (sic) en el artículo 19 numeral 4º de la Constitución Política de la República, al afectar mi honra y fama, toda vez que es evidente que la inclusión de una deuda en un registro de morosidades, en circunstancia que la deuda no es actualmente exigible, desacredita la fama de mi persona y consecuencialmente en mi patrimonio. La propia ley de Protección de datos personales señala en el artículo 17, los títulos que legitiman la publicación de morosidades, y en este caso, no tienen título alguno respecto a la deuda hipotecaria, así como otra acreencia, y en caso de contar con alguno de los títulos señalados en el art. 17, estos deberán ser informados, a esta Itma. Corte de Apelaciones, para efectos de determinar su existencia, ya que su validez debe ser discutida en otra sede judicial”.

Asimismo, considera que con el actuar de Sinacofi y Banco de Chile ha perdido la posibilidad de acceder a créditos en cualquier empresa del sector financiero y más grave aún, en virtud del trabajo que desempeña, le rechazan al momento de querer contratar pólizas de seguro.

Finalmente, solicita acoger el recurso ordenando que las recurridas procedan a la eliminación inmediata y definitiva de los datos personales que dan cuenta de una supuesta morosidad, en los términos antes expuestos, publicada a través de Sinacofi y Banco de Chile. En subsidio, pide se ordene a las recurridas no continuar publicando antecedentes erróneos y equívocos sin fundamento legal, respecto de la recurrente.

SEGUNDO: Que, informando, comparece don nombre reservado, abogado, por el recurrido Banco de Chile, quien solicita el rechazo del recurso, con costas Aduce que no son efectivos los antecedentes de hecho en que el recurso se funda y/o la interpretación que se atribuye a los mismos, causa por la cual corresponderá al recurrente acreditarlos en su integridad, conforme a lo previsto en el artículo 1698 del Código Civil. Niega que la recurrente no tenga deuda u obligación alguna para con su parte, como afirma en su recurso. Aduce que es efectivo que el Banco informó a la CMF una morosidad de la recurrente por la suma de $6.889.836, y que se encuentra pendiente de cobro en el juicio ejecutivo en actual tramitación ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, sin perjuicio que la cantidad que ahora la Sra. nombre reservado dice desconocer, con anterioridad fue abiertamente reconocida en un anterior recurso de protección interpuesto ante esta misma Corte de Apelaciones, en la que la que declaró: “Hago presente que este recurso, no tiene por petición ni solicitud que se elimine mi deuda por la suma de $6.513.093, ya que esta supuesta deuda está siendo conocida por el 12° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-839-2020 caratulado Banco de Chile/nombre reservado, y el presente recurso no puede avocarse a dicha causa”.

Respecto a la obligación del banco de publicar la deuda del recurrente y posteriores gestiones de eliminación de las morosidades y protestos del recurrente de la CMF, sostiene que el artículo 14 de la Ley General de Bancos, en su inciso 2° establece que la CMF, debe mantener una información permanente y refundida sobre los deudores de los bancos, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización: “[…] Con el objeto exclusivo de permitir una evaluación habitual de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley por firmas especializadas que demuestren un interés legítimo, la Comisión deberá darles a conocer la nómina de los deudores de las entidades antes señaladas, los saldos de sus obligaciones y las garantías que hayan constituido. Lo anterior sólo procederá cuando la Comisión haya aprobado su inscripción en un registro especial que abrirá para los efectos contemplados en este inciso y en el inciso cuarto del artículo 154. La Comisión mantendrá también una información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley. Las personas que obtengan esta información no podrán revelar su contenido a terceros y, si así lo hicieren, incurrirán en la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.”. Afirma que esta norma se complementa con lo dispuesto en el capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas Financieras de la CMF, que señala que la información de las deudas que se contiene en sus registros, se mantendrá si ellas presentan una morosidad igual o superior a 90 días y sólo si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

Asevera que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas regulaciones, el Banco de Chile informa a la CMF una deuda de la recurrente amparada por un título ejecutivo válido y vigente en su contra, al punto que ejerció una acción ejecutiva para su cobro, plenamente vigente en el juicio caratulado “Banco de Chile con nombre reservado”, Rol C-839-2020, sustanciado ante 12° Juzgado Civil de Santiago, dictándose en este último sentencia definitiva que rechazó en todas sus partes y con costas las excepciones opuestas por la recurrente. Por consiguiente, es completamente falso lo que señala en su acción en orden a que no sabe cuál es la deuda que mantiene para con el mencionado banco. Adiciona que, en este juicio, se encuentra pendiente de resolver por esta Corte, un recurso de casación en la forma y uno de apelación interpuestos precisamente por la Sra. nombre reservado, razón por la cual no se encuentra en el supuesto de exclusión contemplado en la norma y la publicación de su deuda es lícita y racional. Luego, expone antecedentes relativos al origen de la deuda que la recurrente mantiene con el banco, y controvierte la afectación de las garantías invocadas, y solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, informando, comparece don Juan Pablo Prieto Saldivia, abogado, en representación de la recurrida Servicios de Información Avanzada Comercial y Financiera S.A.

Refiere que el acto reprochado como ilegal es inexistente respecto de su parte, y que la base, registro o banco de datos a que se refiere el recurrente corresponde a información que no es de su propiedad ni de su responsabilidad, de manera que ninguna atribución ni facultad o competencia tiene respecto a la toma de decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos allí contenidos.

A mayor abundamiento, sostiene que, en sus bases de datos, no se mantienen los datos cuya comunicación alega el recurrente como vulneratoria de sus garantías constitucionales. Dicho de otra manera, no está comunicando ninguno de los datos cuya ilegalidad reprocha la señora nombre reservado. Expresa que lo único que la recurrente acompaña es un certificado de deudas emitido por la CMF, respecto del que su parte no tiene ninguna injerencia o participación en su elaboración o comunicación, motivos por los cuales el recurso debe ser rechazado íntegramente.

Considera que el recurso es improcedente, pues la Ley N° 19.628 contempla vías de amparo orientadas, precisamente, a resguardar rápida y eficazmente los derechos de los titulares de datos personales, los que no han sido ejercidos en la especie, resultando que la acción intentada no es idónea.

Controvierte la existencia del acto supuestamente ilegal o arbitrario, pues la supuesta comunicación de morosidades a favor del Banco de Chile y de CAT, en lo que respecta a su parte, es inexistente. En efecto, tal y como se acredita con el informe comercial emitido por su parte, referidos a incumplimiento de obligaciones económicas, bancarias, financieras o comerciales a que se refiere el artículo 17 de la Ley 19.628, a esta fecha Servicios de Información Avanzada Comercial y Financiera S.A. no está comunicando, en sus bases o registros, los datos a que se refiere la actora en el presente recurso. En consecuencia, el hecho en el cual se funda el presente recurso es, a su respecto, inexistente en cuanto a los datos específicos cuya comunicación reprocha el recurrente.

Agrega que tal como se desprende de los documentos que la propia recurrente acompaña al recurso, al parecer el origen de los datos por los cuales la Sra. nombre reservado recurre provendría del "Consolidado de Deudores del Sistema Financiero" que no es otra cosa sino la base de datos normalmente conocida como “Estado de Deudores” "Deudores del Sistema Financiero" o "Deuda Súper". Explica que dicha base de datos es generada por instituciones distintas a su parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley General de Bancos, por lo que Servicios de Información Avanzada Comercial y Financiera S.A. no tiene ninguna injerencia o participación en su elaboración ni comunicación, motivos por los cuales el recurso debe ser rechazado íntegramente CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el Decreto Supremo N° 950, del Ministerio de Hacienda del año 1928 dispone en su artículo 1° N° 6.- que: “Los bancos y sociedades financieras enviarán semanalmente: a) Una nómina de las letras de cambio y pagarés, aceptadas o suscritos con la firma autorizada por un Notario, a la orden del banco o de la sociedad financiera, no pagados a su vencimiento y que no hayan sido protestados por falta de pago por Notario u Oficial de Registro Civil, en su caso. b) Una nómina de las letras de cambio y pagarés que hubieren protestado estas instituciones a su vencimiento, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.092.”

Por su parte, el artículo 3° señala que: “La Cámara de Comercio de Chile publicará bajo su vigilancia y responsabilidad un boletín semanal que contenga estos datos. El costo de esta publicación será de su cargo”.

A su vez, el artículo 4° inciso 3° prescribe que: “Asimismo, se publicará en el Boletín Comercial o Boletín de Informaciones Comerciales una sección especial destinada a aclarar la publicación de la nómina de los deudores morosos, de los protestos de cheques, letras de cambio y pagarés, y de las letras de cambio y pagarés a las que se refiere la letra a) del numeral 6) del artículo 1, cuando la cuota o cuotas morosas o las obligaciones derivadas de tales documentos hubiesen sido indudablemente pagadas o se hubiesen extinguido de otro modo legal con posterioridad al protesto o a su publicación en el Boletín”.

En sentido similar, la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, también permite en su artículo 17 comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.

El artículo 18 de la misma ley señala “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal. Con todo, se comunicará a los tribunales de Justicia la información que requieran con motivo de juicios pendientes.”

SEXTO: De la normativa anterior se colige que, es factible la eliminación de los datos de deudas publicadas para lo cual debe acreditarse los requisitos antes indicados, sin embargo en el caso sub judice hay discrepancia sobre la existencia misma de la deuda publicada y su monto, pues el recurrente sostiene que no tiene deuda alguna para con el Banco de Chile y éste, por su parte, dice que incluso hay un juicio ejecutivo, que individualiza, donde ha ejercido la acción de cobro de tal deuda.

En tal escenario no es posible para esta Corte zanjar tal controversia, pues una declaración sobre la existencia o no de la deuda, excede con creces la finalidad de la presente acción cautelar, la que como reiteradamente se ha dicho no ha sido concebida como una acción constitutiva o declarativa de derechos sino solo tutelar de aquellos preexistentes e indubitados.

En cuanto a SINACOFI, el recurso debe ser desestimado, pues esta sociedad no ha hecho otra cosa más que publicar una información proporcionada por un tercero y que consta en registros públicos como lo es el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.

SÉPTIMO: Que así, se hace inoficioso analizar la eventual vulneración de las garantías constitucionales denunciadas como amagadas, y por lo tanto debe desestimarse la petición de cautela constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, con costas, el recurso de fecha 16 de enero de 2023, interpuesto por nombre reservado en contra de Servicios de Información Avanzado Comercial y Financiera S.A. y del Banco de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Joel González Castillo.

No firma el Ministro (s) señor Sergio Padilla Farías, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones.

N° Protección 565-2023.