nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en contra de nombre reservado, Administrador nombre reservado por los actos vulneratorios de las garantías de igualdad ante la ley, no ser juzgada por comisiones especiales y derecho de propiedad, especialmente, a raíz de lo manifestado en oficio 27AZSAN N° 1119, ID N° 86138.

En cuanto a los hechos, indica que el 1 de enero de 2013 ingresó como funcionaria judicial en calidad de contrata anual al cargo de administrativa en Departamento de Desarrollo Institucional donde ejerció diversas labores hasta agosto de 2016 época en que fue nombrada administrativo de atención de público en la Unidad de Tramitación de Causas Laborales del Sistema Antiguo, sin perder continuidad y manteniendo la misma calidad de contrata anual.

Explica que durante todo ese tiempo desempeñó funciones relacionadas con gestión, revisión de causa, elaboración de proyectos de resolución, obteniendo calificaciones en lista sobresaliente.

No obstante lo anterior, señala que en 2023 le informaron que la unidad en que trabajaba se terminaría de manera definitiva, no obstante, para su tranquilidad, se precisó que las personas que tenían antigüedad superior a 5 años permanecerían en la institución.

Sin embargo, al producirse el cierre definitivo de la unidad, se informó que habían seleccionado a 7 personas, dentro de cuales no se encontraba la recurrente, para permanecer e ingresar a la dotación del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Luego, 3 personas con antigüedad superior a 5 años, dentro de las que si se encontraba la recurrente, serían puestas a disposición del Consejo de Coordinación nombre reservado para ser destinadas a unidades judiciales que presentaran mayor necesidad.

Indica que, en ese contexto, fue destinada al Centro de Cumplimiento de Los Juzgados de Familia de Santiago, hasta el día 31 de diciembre de 2023 y posteriormente al 4° Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal sólo hasta el 30 de junio de 2024 Expresa que mediante circular 89-2016 se informó que su calidad de contrata anual sería modificada pasando a transitoria. No obstante, mediante acuerdo del Consejo Superior N°879 de agosto de 2023 se acordó rectificar aquello en el sentido de reconocer el principio de confianza legítima y estableciendo que los 3 funcionarios adicionales que cuentan con más de 5 años en la institución, serán reubicados por el Consejo de Coordinación Zonal.

No obstante, mediante oficio o 27AZSAN N° 1119, ID N° 86138 se le informó que sería destinada al 4° Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal hasta el 30 de junio de 2024, indicándose, además, que se aplicaría la circular N° 6RH 89 de fecha 13 de mayo de 2016 que supone que 2024 será su última renovación de contrata.

Indica que lo anterior supone una contravención al principio de confianza legítima, contradicción con lo acordado en acta 879 del Consejo Superior y una actuación ilegal, discriminatoria y arbitraria, que vulnera los derechos de igualdad, el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales y el derecho a la propiedad.

En virtud de lo anterior pide: (i) dejar sin efecto los Oficio 27AZSAN N°1119, ID N° 86138, de fecha 28 de diciembre de 2023 y oficio 27AZSAN N°652, ID N° 51474, de fecha 13 de julio de 2023; (ii) rectificar nombramiento de fecha 17 de enero de 2024, Resolución Exenta N° 315-2024, en el sentido de modificar y mantener la calidad la contrata a Anual y dejar sin efecto la calidad de transitoria (no renovable) que se otorgó por el año 2024, además de destinar a la compareciente a una unidad judicial de forma permanente; (iii) instruir de manera específica a la Corporación Administrativa del Poder Judicial que sólo puede poner término al vínculo estatutario a aquellas contrataciones que tengan una antigüedad superior a 5 años, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo y reconocer el principio de confianza legítima; (iv) dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del Acto Recurrido; (v) dictar las demás medidas que se estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; y, (vi) con costas.

SEGUNDO: Que, evacuan informe los recurridos la Corporación Administrativa del Poder Judicial y nombre reservado como Administrador nombre reservado de la primera.

Al respecto señalan que por resolución exenta N°315-2024 de 17 de enero de 2024 se tramitó la prórroga de contrata de la recurrente hasta el 31 de diciembre de 2024 reconociendo el derecho a renovación automática que le otorga el Acta N° 104-2021 de la Corte Suprema. Lo anterior, implica que no existe ningún cambio de circunstancia respecto de su calidad jurídica como funcionaria del Poder Judicial.

Indican que la comunicación señalada por la recurrente, esto es, Oficio 27AZSAN N° 1119, efectivamente indicaba que sería destinada al 4° Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago hasta 30 de junio de 2024, aquello obedece a un error que fue subsanado por Resolución Exenta N° 315-2024 de 17 de enero de 2024.

Explican que no es efectivo que se hubiera modificado la calidad contractual de la recurrente y que todas las contratas por su naturaleza son de carácter transitorio –no pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, cosa distinta es que el funcionario tenga derecho a su renovación automática, luego de permanecer 5 años, caso de la recurrente.

En razón de lo anterior, plantean que no existe acto vulneratorio respecto de las garantías que la recurrente aduce, solicitando el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, por resolución de fecha 10 de julio de 2024, se ordenó como trámite por esta Corte, que la recurrida informara si en el sistema de recursos humanos la recurrente aparece como “contrata transitoria” o “contrata anual”, respuesta que señala que figura en el sistema con la calidad jurídica de contrata anual.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que, ahora bien, el examen de las normas que regulan la institución del “empleo a contrata”, permite establecer que, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, a diferencia de lo que ocurre con el personal de planta, cuyos cargos son permanentes y a quienes se garantiza la estabilidad en el empleo. De la esencia del empleo a contrata, es que está sujeto a un plazo máximo de duración, es decir, a un término extintivo, lo que significa que mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones, a menos que se manifieste previamente la voluntad de prorrogarlo por un nuevo período.

SÉPTIMO: Que, por su parte, como ha señalado la Excma. Corte Suprema en fallo de 31 de marzo del año 2023, en autos rol N°26.301-2023, en el ejercicio de la facultad de no renovar y poner término anticipado a la vinculación a través de contratas anuales, resulta imperioso hacer una clara distinción entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, el cual busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos.

En este sentido, a la relación estatutaria de la persona que se desempeña en la Administración y que se encuentra protegida por la confianza legítima -la cual el propio fallo citado define como aquella que ha permanecido ininterrumpidamente vinculada a la institución por el plazo de cinco años-, sólo es posible poner término por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.

OCTAVO: Que, luego de lo dicho, lo cierto es que en estos autos no ha resultado acreditado el supuesto fáctico en que la recurrente sustenta su arbitrio, dado que como se colige de los antecedentes allegados al expediente computacional por los recurridos, no es efectivo que se haya modificado su calidad de contrata anual a transitoria y, si bien resulta efectivo lo informado a través de oficio que indica en su libelo “OFI 27AZSAN N°1119”, las recurridas reconocen que aquello obedece a un error y se advierte que mediante resolución exenta N°315-2024 de 17 de enero de 2024 se dispuso su contrata, a contar de 1 de enero de 2024 y mientras sean necesarios sus servicios, los que no podrán exceder del 31 de diciembre de 2024 para que sirva el cargo de Asistente del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Además, según consta de Oficio 8AJ N°3970 se ha informado que la recurrente figura en calidad de contrata anual.

NOVENO: Que en el escenario precedentemente apuntado, justificada la inexistencia del acto arbitrario o ilegal que se denuncia transgresor de las garantías fundamentales que se tutelan por esta vía, deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en la presentación de fecha 15 de julio de 2021, en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en contra de nombre reservado, Administrador nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Barrientos.

N°Protección-564-2024.

No firma la Ministra señora Barrientos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo por hacer uso de permiso del artículo 66 del Código del Trabajo.