Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 11; téngase presente.

VISTOS:

Primero: Que comparecen don nombre reservado

nombre reservado, y don nombre reservado, abogados, en beneficio de doña nombre reservado, DNI N° V NUM000 (Venezuela), de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, representada legalmente por su jefe don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 04 de marzo de 2025 que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no existió manifestación expresa de voluntad de desistir por parte de la solicitante y se aplicó retroactivamente normativa posterior al ingreso de la recurrente al país, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

Exponen que la actora es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de Venezuela e ingresar por pasos inhabilitados a Chile, debido a que su libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen. Su salida de Venezuela tuvo lugar el 16 de septiembre de 2022 y su arribo a Chile se realizó el 26 de septiembre de 2022.

Refieren que, una vez en Chile y luego de recabar información respecto de su situación, la recurrente acudió el 10 de octubre de 2024 a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en la que fue atendida, se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y posterior entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de su solicitud.

Indican que, el 4 de marzo de 2025, la recurrente recibió la Resolución Exenta N°NUM001, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada con fecha 06 de febrero de 2025, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. En la referida resolución, la autoridad migratoria señaló como argumento que la solicitud no reúne los requisitos para dar curso a la solicitud por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430.

Sostienen que no ha habido efectivo desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que la recurrente no ha manifestado de manera expresa, en ningún momento del proceso, su intención o voluntad de abandonar efectivamente la pretensión. Invocan las definiciones del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que definen desistimiento como la terminación anormal de un proceso debida a que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la basaba. Argumentan que tampoco puede inferirse desistimiento tácito, por cuanto no existe norma legal alguna que consagre dicha alternativa.

Citan jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa libro Protección-20600-2023, que estableció que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, demostrando que la autoridad administrativa ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistido al peticionario. Invocan además el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, argumentando que las medidas adoptadas por las autoridades deben ser proporcionales al fin perseguido y no excesivas, principio que la autoridad migratoria estaría vulnerando al adoptar la medida de tener por desistida la solicitud.

Afirman que, la autoridad migratoria yerra al adoptar para el caso de la representada un criterio basado en una reforma legal surgida con la Ley N°21.655 de fecha 20 de febrero de 2024, mucho después de producido el ingreso al país de la solicitante, ocurrido el 26 de septiembre de 2022. Argumentan que dicha aplicación vulnera el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, que comprende el principio de nulla poena sine lege y la prohibición de establecer penas o sanciones por hechos acaecidos con anterioridad a la ley que contempla tales hechos como vulneratorios del ordenamiento jurídico.

Sostienen que tampoco le ha sido otorgada a la representada la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430. Citan los artículos 32 de la Ley 20.430 y 42 del Decreto N°837, que establecen de manera perentoria que una vez presentada o formalizada la solicitud, la autoridad competente extenderá al peticionario una visación de residente temporario. Invocan jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que estableció que ambas normas son perentorias e imperativas y ordenan la inmediata concesión de la visa temporaria una vez que se ha presentado la solicitud de refugio.

Invocan la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en su artículo 14 el derecho a buscar asilo en caso de persecución, el artículo 5° de la Constitución Política que impone al Estado la obligación de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y el principio de No Devolución establecido en el artículo 4° de la Ley N°20.430.

Citan también la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, particularmente sus artículos 32 y 33 sobre prohibición de expulsión y devolución.

Aducen que, se ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que el proceder de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones al tener por desistida la solicitud sin manifestación expresa de voluntad de la solicitante y aplicar retroactivamente normativa posterior al ingreso de la recurrente, importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, constituyendo una actuación arbitraria e ilegal que vulnera los derechos fundamentales de la recurrente.

Solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal vulnerando derechos fundamentales de la recurrente, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 04 de marzo de 2025 que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada correspondiente.

Segundo: Que evacuando el informe requerido en autos, compareció don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra las garantías constitucionales incoadas.

Señala que la extranjera doña nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra fecha de ingreso al país, por lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo los controles migratorios fronterizos.

Efectivamente, registra un Informe policial N°NUM002 de fecha 25 de octubre de 2023 que registra denuncia por ingreso clandestino, emitido por Policía de Investigaciones de Rancagua.

Refiere que la actora solicitó, mediante plataforma digital, cita para atención de refugio, iniciando el proceso de solicitud de refugio ID N° NUM003 el 10 de octubre de 2024, ingresando como correo electrónico para efectos de notificación DIRECCION000.

Mediante el Oficio Ordinario N°NUM004 de fecha 10 de octubre de 2024, la Jefa del entonces Departamento de Refugio y Reasentamiento citó a la recurrente para que acudiera a sus dependencias el día 06 de febrero de 2025 a las 10:00 horas. En dicho oficio se hacía presente que, en caso de no presentarse, su solicitud no se entendería presentada y debería agendar nuevamente una cita dentro de los 10 días posteriores, advirtiéndose que solo se podría reagendar dos veces y que en caso de no concurrir en una segunda oportunidad, sería archivada por manifiesto desinterés.

Precisa que, en la fecha señalada se realizó la entrevista de admisibilidad y el 6 de febrero de 2025, se emitió Resolución Exenta N°NUM005 que resolvió notificar que no había sido posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, por no haber cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la ley 20.430 y reglamento de refugio, específicamente por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430.

Refiere que, en dicha resolución se otorgó a la interesada un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tales situaciones, bajo apercibimiento legal de tenerla por desistida de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis de la ley 20.430 y artículo 31 de la ley N°19.880, indicándose el procedimiento para subsanar a través de la plataforma web con fecha límite el día 27-02-2025.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 04 de marzo de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de refugio por no cumplir con los requisitos formales, ya que presentó documentación que no permitía entender por subsanado los requisitos formales faltantes mencionados con anterioridad.

Finalmente, la autoridad migratoria no ha aplicado al recurrente alguna medida de expulsión, abandono o prohibición de ingreso.

Explica en primer lugar los cambios legislativos operados en la materia, indicando que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N°21.655, que modificó la Ley N°20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Esta normativa realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, especialmente con la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Señala que, en cuanto al procedimiento administrativo vigente, se encuentra regulado principalmente por la Ley N°20.430, la Ley N°21.665 que la modificó, el Decreto N°837 que fija su Reglamento, y algunas normas de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Detalla que la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en el artículo 26 de la Ley N°20.430, conforme al cual toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre que se encuentre en territorio nacional.

Afirma que, no obstante, lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Los requisitos para la formalización comprenden: que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal establecido en el artículo 26; que se hayan cumplido los requisitos establecidos para solicitantes que hayan ingresado por paso no habilitado o que ostentan condición migratoria irregular; que la solicitud contenga las menciones mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley N°20.430 y detalladas en el artículo 37 del Reglamento; y que del análisis de la solicitud, ésta sea declarada admisible por tener suficientes fundamentos.

Menciona que, todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención, siendo trasladado posteriormente a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones. Luego, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones en el plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país. Excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante.

Expone que, toda solicitud debe contener información y documentación mínima según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento, y de no cumplir con las menciones y documentos exigidos, se notificará al solicitante otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar su solicitud. Como requisito de admisibilidad, establece que la solicitud debe ser fundada conforme al artículo 28 bis de la Ley N°20.430, verificándose mediante una entrevista de admisibilidad que se realiza en no más de 20 días desde la presentación o subsanación de la solicitud.

Concluye que, no se vislumbran antecedentes objetivos que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja las disposiciones de la Ley N°20.430 y su Reglamento, ni tampoco se distingue un acto u omisión ilegal o arbitrario por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se pretende cautelar.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos y el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de la autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, en este caso, la recurrente indica en el recurso que ingresó a Chile por paso no habilitado y, por su parte, la recurrida en su informe señala que el actor se presentó ante la autoridad migratoria, por primera vez, el 10 de octubre de 2024, a solicitar el refugio.

Quinto: Que, según consta de los antecedentes la extranjera recurrente, de nacionalidad venezolana, estando en situación migratoria irregular presentó solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado. No obstante ello, se ordenó a la actora entregar antecedentes que sustentaran su pretensión, en específico por haber mantenido residencia en un país diferente sin entregar razones atendibles, y exceder el plazo de 7 días para realizar la solicitud, todo ello, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la solicitud, sin acompañar la documentación que permitiese subsanar la misma.

Sexto: Que, asimismo, consta que la autoridad recurrida emitió su pronunciamiento respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada por la extranjera recurrente y, fundándose en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N°20.430, así como en los demás antecedentes expuestos, dictó la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 4 de marzo de 2025, conforme a la cual se resolvió tener por desistido de dicha solicitud, encontrándose dicho proceder ajustado a derecho y careciendo de toda arbitrariedad que vulnere la garantía invocada por el recurrente.

Séptimo: Que, en conclusión, del mérito de los antecedentes agregados a la presente causa, y en especial lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, se advierte que la autoridad recurrida la falta de oportunidad en la presentación de la solicitud de refugio, por aplicación de lo previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430, conforme a lo cual es manifiestamente extemporánea la petición. La recurrente argumenta en contrario que debió haberse aplicado la ley vigente a la fecha de ingreso, esto es, en su texto anterior a la reforma, lo cierto es que, aun de regirse el asunto por el anterior texto del artículo 26 Ley N°20.430, se debe recordar que el artículo 8 del Reglamento, que fijaba un plazo de 10 días para ese fin, de igual forma la solicitud formulada estaría fuera de plazo.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5638-2025.