nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, dependiente, deduciendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, Rol Único Tributario N 97.006.000-6, representada legalmente por don nombre reservado, por haberle negado la apertura de una cuenta corriente, considerando que dicho acto es ilegal y arbitrario.

Señala, primeramente que, por causas ajenas a su voluntad, su situación económica, se vio enormemente complicada en el año 2015, por lo que no pudo dar cumplimiento al pago total de un pagaré suscrito en favor de SERVICIOS DE VENTA INMOBILIARIA LIMITADA y en virtud de ello, con fecha 31 de agosto de 2017, se inició un juicio ejecutivo en su contra, seguido en su contra en causa Rol C-23855-2017 ante el 25° Juzgado Civil de Santiago; pero con fecha 21 de enero de 2021, se declaró abandonado de procedimiento.

Desde entonces, ha mantenido un trabajo y situación financiera estable durante años, por lo que decidió gestionar la contratación del producto de cuenta corriente en el Banco de Créditos e Inversiones, realizando el correspondiente requerimiento; pero, con fecha 01 de marzo del presente año, recibió un correo de la institución recurrida, en la cual se le señalaba que tenía morosidad vigente y que, una vez regularizado ésta, debe esperar unos meses para poder presentar documentación de renta y poder evaluar comercialmente si era factible aperturar la cuenta corriente.

Agrega que los requisitos para la apertura de una cuenta y productos asociados, son tener una renta desde 16 UF; ser trabajador dependiente con contrato indefinido.; ser mayor de 18 años; tener 6 meses mínimo de antigüedad laboral; tener nacionalidad o residencia chilena o extranjero con residencia definitiva; y ser cliente en otra institución financiera. Señala que cumple cabalmente con todos dichos requisitos ya que actualmente tiene 39 años, antigüedad laboral de más de 6 años y 3 meses, y una renta líquida de $1.700.000.- Agrega que su indicador de riesgo asciende a un 999 acorde al Informe Platinium; y, por último, según el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, no registra protestos y/o morosidades.

Arguye que, por lo expuesto, no queda más que concluir que se encuentra dentro de un registro histórico “clandestino e ilegal” que los Bancos manejan con el fin de evaluar a sus clientes; y que el recurrido ha evaluado su riesgo comercial en base a dicha información almacenada con infracción a sus derechos. Es por ello que, al negarle el producto solicitado, el recurrido comete un acto ilegal y arbitrario ya que su decisión está fundada únicamente en el acceso que tiene a este registro clandestino e ilegal al cual acceden todos los Bancos para evaluar si un cliente tiene o no buen comportamiento bancario.

Cita el inciso tercero del artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del año 1997, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; la Ley 19.628 y lo establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República; y que la conducta del recurrido es ilegal y arbitraria que afecta las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley y protección de la vida privada y a la honra de la persona.

Hace mención a un fallo unánime dictado por la Excma. Corte Suprema, en autos Rol 1705 - 2012, que confirma fallo de esta Corte que acogió la acción contra dicha institución bancaria por la existencia de un registro “clandestino” de deudores de entidades financieras, contraria a la ley de protección de datos personales.

Finaliza solicitando que se ordene eliminar o cancelar sus datos históricos que se encuentran almacenados en cualquier registro o base de datos, debiendo comunicarse lo resuelto a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que este organismo, a su vez, lo comunique o los bancos e instituciones financieras de su dependencia y fiscalice el cumplimiento de lo ordenado; que se ordene al Banco de Créditos e Inversiones prescindir de cualquier dato o información que figure en los registros antes indicados y en definitiva otorgar los productos solicitados, esto es, cuenta corriente; y que se condene en costas al recurrido.

SEGUNDO: Que, habiéndose evacuado informe, el recurrido señala, en primer lugar, que la existencia de un estatuto legal especial para resolver las controversias entre un cliente o usuario bancario y una entidad financiera hacen que ésta no sea la vía idónea para conocer de la controversia planteada por el actor, ya que el legislador previó un estatuto especial para dilucidar controversias suscitadas sobre los hechos descritos en el libelo de protección, procedimiento especial que se encuentra regulado en la Ley Nº 19.496 sobre Protección del Consumidor, por lo que el recurrente debió ejercer los derechos o acciones que se contemplan en la mencionada ley, ante el Juez de Policía Local pertinente. En ese sentido, sostiene que la Excma Corte Suprema ha resuelto de manera reiterada que la presente acción no procede cuando existe un régimen especial de reclamos, más aún en circunstancias que existen hechos controvertidos y, por tanto, ausencia de derecho indubitado que haya sido perturbado o amenazado, citando fallo del causa Rol: 19604-2016 y causa Rol 37579-2015.

Agrega que, en el caso de las denuncias que el recurrente ha realizado por violaciones a la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, dicha ley consagra específicamente una acción de amparo denominada “Habeas Data”, por lo que esa sería la vía idónea prevista por el legislador para sustanciar un reclamo por presunta violación a dicho cuerpo normativo.

En segundo lugar, señala que el recurrente no tiene un derecho indubitado a ser beneficiario de una cuenta corriente, ni mucho menos a fijar las condiciones en que el Banco debiera aperturar ese producto financiero en su favor. A ese respecto, arguye que le favorece las garantías establecidas en el Nº 21 del artículo 19 de la Constitución, toda vez que se encuentra autorizado para aperturar cuentas y dar crédito, en las condiciones que estime pertinente, a cualquier persona que estime adecuada, conforme sus políticas de riesgo. Determinar lo contrario, o sea, que sea el Estado quien elija con quién debe contratar, con qué tasas y con qué condiciones, implica una violación a esas garantías, reconocidas incluso en tratados internacionales, como, por ejemplo, en los artículos 21 y 26 de la Convención, por lo que tiene todo el derecho para evaluar los antecedentes comerciales y financieros de cualquier persona que solicite un crédito o producto bancario y determinar si es o no sujeto de financiamiento.

Agrega que dicha postura se han reconocido en otras salas de esta Corte, citando al efecto como ejemplo la causa Rol N°s 49.906-2020 y la Rol 1.612 – 2.012 de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Finaliza solicitando se rechace el recurso impetrado en su contra atendido que el recurrente carece de un derecho indubitado en su favor.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la constitución política de la república, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que es entonces requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal que habría cometido el Banco Crédito e Inversiones, en adelante BCI, es que éste se habría negado a aperturarle una cuenta corriente al recurrente, no obstante que cumple con todos los requisitos legales, ya que se le está considerando una deuda que si bien constaba en un título ejecutivo que se cobraba judicialmente, el procedimiento se declaró abandonado, por resolución que se encuentra ejecutoriada.

SEXTO: Que el recurso de protección en análisis, no podrá prosperar por varios motivos; el primero, porque no es la vía idónea. En efecto, de lo que se expone en el motivo precedente, se advierte que el recurrente carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del mismo y pueda ser protegido por la presente vía; por el contrario, se detecta en forma clara y expresa, la existencia de un conflicto de naturaleza contractual, lo que excede del ámbito de esta acción cautelar.

SEPTIMO: Que en segundo lugar, de los antecedentes proporcionados por ambas partes, no es posible vislumbrar la existencia de registros especiales acerca de la morosidad o comportamiento financiero previo del recurrente. En este sentido, cabe tener en cuenta que la recurrida niega la consulta y existencia de registros internos o externos diversos de los autorizados por la legislación vigente, lo que no ha sido podido resultar establecido de otro modo por la actora. Así, la negativa del BCI, aparece basada en tales los antecedentes y que están reservadas para dichas instituciones financieras, que se sirven de él, precisamente para calificar la idoneidad de los sujetos de crédito, con quienes proyecta contratar.

OCTAVO: Que, por otra parte, debe considerarse que estamos dentro del ámbito netamente contractual y privado, de modo que, no existe obligación para el sistema financiero, en general y, para el Banco recurrido, en particular, a suscribir forzosamente un contrato que suponga el otorgamiento de crédito, puesto que la libertad de contratación, tanto en lo que concierne a la concreción de la convención respectiva como a su contenido, permanece como un atributo propio y discrecional de los sujetos derecho, en el cual rige en forma íntegra y, por el principio de especialidad, la Ley General de Bancos, en cuya normativa, se regula la posibilidad de abrir cuentas corrientes y otorgar créditos con o sin garantía (artículo 69), mas no existe una obligación de estas instituciones financieras de celebrar tales contratos, al solo requerimiento del cliente sino, como se ha dicho, la posibilidad de hacerlo una vez evaluados los antecedentes de cada caso, y que permiten la determinación del riesgo financiero asociado a la contratación. En consecuencia, tampoco existe un derecho preexistente e indubitado a celebrar contratos de crédito, y financieros en general.

NOVENO: Que de todo lo que se viene razonando, se concluye que, en nuestra legislación civil y comercial, impera el principio de autonomía de la voluntad, como lo consagra el artículo 1545 del Código Civil, no resulta posible obligar a persona alguna, natural o jurídica a contratar con otra; menos resulta posible que esta Corte pueda entender que la negativa a aperturar una cuenta corriente en favor del actor, pueda constituir un acto arbitrario e ilegal que vulnere algunas de las garantías denunciadas .

DÉCIMO: Que por todo lo antes razonado solo puede concluirse que la acción cautelar en análisis debe desecharse.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Banco de Crédito e Inversiones.

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REDACCIÓN DE LA MINISTRA SEÑORA MARISOL ANDREA ROJAS MOYA.

No firma la Ministra (S) señora Villegas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa por encontrarse con feriado legal.

Rol N° 5633-2022(protección).

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya e integrada porla Ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich y por el Abogado Integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.

En Santiago, seis de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.