ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO SUR ORIENTE

Santiago, trece de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, compareció la abogada Jeannette Contreras Sepúlveda en representación de la empresa ISS Servicios Generales Ltda. y dedujo acción constitucional de protección a su favor contra la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente por la dictación del Ordinario Nº 785 de 26 de julio de 2017, en que se negó lugar a la reconsideración de multa ingresada a la Inspección del Trabajo el 23 de junio de este año, por estimar la recurrida que era extemporánea, manteniendo firme la multa cursada a su representada, acción que constituye una privación, perturbación y amenaza en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales contemplados en el artículo 19 Nº 3, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y Nº 24, acerca del derecho de propiedad.

Expone que en abril de 2017 la fiscalizadora María Angélica Gutiérrez dictó la resolución Nº 3599.17.13 por medio de la cual aplicó 3 multas a la empresa: 1) por distribuir la jornada semanal ordinaria de 45 horas en más de 6 días; 2) exceder la jornada ordinaria máxima de 10 horas y 3) no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

El 23 de junio de 2017 pidieron reconsideración de las multas, arguyendo en su defensa que las infracciones fueron subsanadas, pero la Inspección del Trabajo no la admitió a tramitación considerando que se había presentado una vez excedido el plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación.

Cita variada jurisprudencia dictada en casos análogos y argumenta que la recurrida no sometió su actuación a las normas legales aplicables a su labor, dictadas conforme a la Constitución Política de la República, porque determinó que el recurso fue presentado de manera extemporánea, en circunstancias que se encuentra dentro de los plazos fijados para tal actuación, de manera que ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones y vulnerando lo preceptuado en la Carta Fundamental en sus artículos 6º y 7º.

Advierte que además esta acción le causa un perjuicio patrimonial a su representada, porque la obliga a pagar una multa de 160 U.T.M., razones por las que solicita que el recurso sea acogido y se deje sin efecto la resolución que no admitió a tramitación la reconsideración de multa presentada por su parte.

SEGUNDO: Que, a su turno, compareció la abogada Edith Delgado Hinojosa en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente alegando en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que la recurrente reclama contra un ordinario que no da curso a una solicitud de reconsideración administrativa de multa, cuando la ley contempla una reclamación en el artículo 512 del Código del Trabajo, de manera que se utiliza como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados contemplados en la legislación para cautelar los derechos que se mencionan como conculcados, y cita jurisprudencia que se ha pronunciado en ese sentido.

En subsidio, alegó la improcedencia del recurso por la falta de requisitos constitucionales para su interposición y al efecto sostiene que el ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Estatuto Laboral y no puede ser considerado como arbitrario, pues fue razonado, argumentado y fundado conforme a derecho. Entonces, se ha recurrido contra un ordinario dictado en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley al servicio, en virtud de un mandato legal que debe ser cumplido so pena de incurrir en falta funcionaria, careciendo entonces de objeto y causa la acción que necesariamente debe ser desechada por improcedente.

Señala que la presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso 1º del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es ser presentada dentro del plazo de 30 días corridos de notificada, es decir, a más tardar el 14 de junio de 2017, por ello no se acogió a tramitación su solicitud.

Sostiene además la inexistencia de garantías constitucionales vulneradas y solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el recurso de protección interpuesto por la abogada Jeannette Contreras Sepúlveda en representación de la empresa ISS Servicios Generales Ltda. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago Norte, porque se negó lugar a la reconsideración de multa ingresada a esa entidad el 23 de junio de este año, por estimar la recurrida que dicho recurso era extemporáneo, manteniendo firme la multa cursada a su representada, acción que de acuerdo a la recurrente constituye una privación, perturbación y amenaza en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales contemplados en el artículo 19 Nº 3, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y Nº 24, acerca del derecho de propiedad.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, cabe precisar, entonces, que la cuestión aquí debatida no concierne a la procedencia, oportunidad o monto de la multa, sino a la manera de computar el plazo de reclamación que fija el artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que estatuye que el Director del Trabajo hará uso de la facultad de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, “la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”.

SÉPTIMO: Que, como puede verificarse de la lectura del artículo antes transcrito, no se indica en este ni en forma expresa ni en forma tácita, si estamos en presencia de un plazo de días hábiles, como sostiene la empresa, o se trata de un plazo de días corridos, como argumenta la Inspección del Trabajo.

OCTAVO: Que, debe indicarse que no existe alguna norma de carácter general, en el Código del Trabajo, que regule con dicho carácter la naturaleza, de días corridos o de días hábiles de los términos contemplados en dicha codificación. Al contrario, es posible encontrar además del artículo 435 que regula cómo se comportan los plazos en relación a los procedimientos jurisdiccionales en materia laboral, en que se prescribe que dichos plazos son fatales y se suspendan durante los días feriados, el artículo 312, que regula los plazos establecidos en ese libro -IV, acerca de la negociación colectiva-, indicando que son de días corridos, salvo aquellos que expresa.

Ello significa que, como en este caso no existe regulación ni expresa ni tácita acerca de los plazos, debemos aplicar en carácter de supletoria, las normas de la Ley Nº 19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, conforme a la cual los plazos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

NOVENO: Que, como puede observarse, equivoca su interpretación la autoridad informante cuando afirma que si el plazo para presentar una reconsideración fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible deducir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, por cuanto en la especie se trata de un procedimiento de esa especie, si bien es cierto sujeto a reglas especiales, pero claramente en lo no regulado deben regirse supletoriamente por las normas generales establecidas en la legislación antes indicada.

DÉCIMO: Que, así ha sido decidido de forma continua por nuestro máximo tribunal, como se indica en causa Nº 38213/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 566894 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 5 DE OCTUBRE DE 2016, en que se señala: “Tercero. Que, como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte –en los autos Roles Nos. 809-2014, 8384-2014, 18414-2015 y 16.288-2016, entre otros- el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos. Al existir una forma especial de computar el plazo “especial” como es la contenida en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, ésta prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.”

En los mismos términos ha sido resuelto en causas Nº 314/2017 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 120541 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 30 DE MARZO DE 2017; Nº 87757/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 654 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 4 DE ENERO DE 2017; y Nº 46541/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 664808 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

UNDÉCIMO: Que, como resulta nítido, nos encontramos en presencia de una actuación ilegal, contraria a lo dispuesto en el artículo 512 citado del Código del Trabajo, que establece un plazo que no puede interpretarse sino como de días fatales, interrumpido durante los días sábados, domingos y festivos, como por lo demás acontece con el horario de atención del ente público de que se trata.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la relación de causalidad, debe indicarse que las garantías que se sostiene conculcadas con la actuación ilegal, adolece de algunas dificultades, puesto que normalmente lo que se ha sostenido en estos casos es que infringiría la igualdad ante la ley protegida en el artículo 19 N° 2 de nuestro texto constitucional. Por cierto, el derecho fundamental garantizado en el artículo 19 N° 3, solamente se encuentra protegido en lo relativo a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales de su inciso quinto, según expresa mención que se efectúa en el artículo 20 constitucional y ningún antecedente puede llevar a pensar que se ha vulnerado dicha garantía protegida.

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo que se refiere, sin embargo, al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, la indicada actuación ilegal, al dejar al recurrente sin la posibilidad de recurrir en contra de la aplicación de una multa administrativa, impacta claramente en aquel derecho, de manera que se hace necesario acoger el recurso interpuesto, adoptar las medidas que sean efectivas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la empresa afectada, sin costas en atención a la existencia de un Dictamen de Contraloría General de la República en sentido contrario, que resulta vinculante para el órgano recurrido.

Por estas consideraciones, citas legales efectuadas y lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 2015, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Jeannette Contreras Sepúlveda en representación de la empresa ISS Servicios Generales Ltda. contra la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, y en consecuencia, se ordena al servicio recurrido que tramite, conforme al procedimiento administrativo correspondiente, el recurso de reconsideración interpuesto.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-56270-2017.- Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Croharé e integrada por la Ministra (S) señora Nora Rosati Jerez y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.