A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO NORTE

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil diecisiete.

Proveyendo escrito folio N° 398457; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de A Punto Servicios de Alimentación S.A ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la dictación del Ordinario N° 1073 de 21 de julio del año en curso que negó la reconsideración de multa solicitada por extemporánea.

Expone que la resolución impugnada es un acto arbitrario e ilegal que afecta las garantías constitucionales del artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 12 de junio de 2017, se dictó la resolución que le impuso dos multas, una por pagar remuneraciones por períodos que exceden de un mes y la otra por no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo. Agrega que interpuso un recurso de reconsideración administrativa el 12 de julio del mismo año vía correo Chile Express y ésta fue rechazada por estimarse que se interpuso fuera del plazo legal de 30 días corridos.

Dice con relación al artículo 19 N°3 que toda persona tiene derecho a igual protección en el ejercicio de sus derechos, y existe jurisprudencia respecto a que el plazo de 30 días no se explicita sí debe ser días corridos o de días hábiles, citando algunos roles a título ilustrativo y la Ley 19.880, y por tanto la recurrida, no sometió su actuación a las normas legales y excedió el ámbito de su competencia afectando además los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Sostiene que respecto al derecho de propiedad, se ve afectada al verse obligada a pagar una multa de 100 UTM y se le impidió hacer uso de la posibilidad de recurrir de ella para instar por su rebaja o eliminación sin motivo justificado.

Pide se deje sin efecto la Resolución N°1073 de 21 de julio de 2017, declarando en definitiva que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro de plazo, sin perjuicio de las demás consideraciones que US.I. estime pertinente con costas.

SEGUNDO: Que junto con su recurso acompañó copia de infracción cursada, copia de envío por Chile Express, copia de la resolución impugnada y personería.

TERCERO: Que informando la recurrida, sostiene que el recurso debe ser rechazado por improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido. Indica que esta acción no puede utilizarse como sustituto de los procedimientos específicos contemplados en la ley como medios de impugnación en contra la resolución recurrida.

Refiere que los artículos 503, 511 y siguientes del Código del Trabajo establecen el reclamo judicial de las multas o su reconsideración administrativa, siendo en todo caso procedimientos breves y concentrados por lo que el uso de esta vía urgente y cautelar no se justifica.

Añade sobre el fondo que la recurrente fue notificada de la multa impuesta el 12 de junio de 2017, y su reconsideración se recibió el 13 de julio del mismo año, siendo el plazo para impugnar de 30 de días corridos como lo ha señalado la Dirección del Trabajo en concordancia con Dictámenes de Contraloría que transcribe en su parte pertinente.

Agrega que actuó ajustado a derecho y de acuerdo con la legalidad vigente por lo que no existe acto arbitrario e ilegal, ni se han vulnerado las garantías constitucionales mencionadas, las que no se señala de qué modo se produjo aquello, más aún cuando la posición que el plazo es de 30 días corridos se ha mantenido inalterable en el tiempo y respecto de todos los usuarios.

Solicita el rechazo del recurso o en subsidio si se estimara que el plazo es de 30 días hábiles, ordenar a la recurrida resolver derechamente las solicitudes respectivas.

CUARTO: Que junto con su informe adjunta copia de la resolución cuestionada, de la solicitud de reconsideración, y de la resolución que impone la multa y su notificación.

QUINTO: Que el recurso de protección es una acción que la Constitución Política de la República concede al que, a consecuencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, sufriere privación, perturbación o amenaza de ciertos y determinados derechos, para que la Corte de Apelaciones respectiva adopte las medidas o providencias que permitan restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEXTO: Que, tal como establece en términos explícitos el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección es una vía a la que las personas pueden acudir sin perjuicio de otros derechos, de modo que la posibilidad con que cuenta el afectado de requerir la intervención de los tribunales de justicia a través de procedimientos legales no excluye de plano, por sí sola, la procedencia de este remedio constitucional, en la medida que concurran los presupuestos que se han descrito en el fundamento que precede.

SÉPTIMO: Que cabe tener presente la siguiente secuencia de hechos, respecto de los cuales no hay controversia entre las partes:

1) El 12 de junio de 2017, la Inspección del Trabajo Santiago Norte a través de sus fiscalizadores, cursó a la actora la multa a que se refiere la resolución 8047/17/34 por 100 UTM.

2) La notificación de la resolución que impuso la multa lo fue con esa misma fecha.

4) La solicitud de reconsideración de multa, fue ingresada a la empresa de Correos el 12 de julio del año en curso y recibida el 13 de julio por la recurrida.

5) Con fecha 21 de julio de 2017, la recurrida mediante el oficio Ord. N° 1073, rechazó aceptar a trámite la resolución que impuso la multa mencionada por incumplimiento a los requisitos legales, esto es, por considerar que la reconsideración interpuesta por la empresa no fue presentada dentro de los treinta días corridos contados desde su notificación.

OCTAVO: Que el asunto a dilucidar, en consecuencia, es la forma de computar el plazo de reclamación que fija el artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que estatuye que el Director del Trabajo hará uso de la facultad de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó tal multa.

NOVENO: Que los plazos de días establecidos en la Ley número 19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento administrativo, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

DÉCIMO: Que yerra la autoridad informante cuando afirma que si el plazo para presentar una reconsideración fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible deducir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento administrativo.

Es necesario tener presente que la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.880 nos permite detectar, como idea matriz o fundamental del proyecto contenido en el mensaje presidencial que le dio origen, que la Constitución dispone expresamente que son materias de ley "las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública". Esto significa, para el Presidente de la República, que "... el constituyente ha encargado la regulación básica de los procedimientos de los actos de la administración a la ley. Pero no a una ley cualquiera, sino a una de "bases". Por tanto, ella debe establecer sólo los elementos básicos, fundamentales y esenciales de la regulación, dejando a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la regulación de los procedimientos. Esta fórmula se justifica plenamente por la complejidad de los procedimientos, la posibilidad, más o menos frecuente, de mutación y el grado de desarrollo técnico que estas materias muchas veces asumen". Prosigue el legislador afirmando que "(lamentablemente), hasta ahora, dicha ley general de bases de los procedimientos administrativos no se ha dictado. Ello provoca que en nuestra actual legislación, existan múltiples procedimientos. Algunos tienen regulación de rango legal y otros tantos, fundamentalmente del funcionamiento cotidiano de la administración, no tienen dicha regulación, quedando sometidos a las prácticas y doctrinas del servicio respectivo, con la consiguiente inseguridad para el ciudadano. (Mensaje presidencial, Boletín 2594-06).

Consecuencia forzosa de lo que se viene diciendo es que la vocación esencial de la Ley 19.880 es establecer las bases generales para la actuación de todos los órganos de la administración del Estado. Dicha conclusión se refuerza por la interpretación armónica del artículo 25 con lo dispuesto, a su vez, por los artículos 1° , 2° , 3° , 4° , 8° , 9° , 13 , 14 , 17 y 18 del mencionado estatuto legal. Si no lo entendiéramos de este modo, no cabe duda que cada organismo o servicio público entendería a su modo los estatutos particulares que rigen su funcionamiento, lo que provocaría dudas, incertidumbres y confusiones incesantes, que fueron precisamente las que este cuerpo legal buscó terminar.

UNDÉCIMO: Que, en la solución de la disyuntiva de plazo de días corridos o hábiles, se han pronunciado diversas sentencias de los tribunales superiores de justicia. Así, en los autos 8250-2016, la Corte de Valparaíso entendió que " (en) relación a la forma de computar el plazo de treinta días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que establece que los plazos de días establecidos en esta Ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos ... Contabilizando el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo en la forma que indica el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, se concluye que la reconsideración fue deducida dentro del plazo legal, de lo que se sigue que la conducta de la Inspección del Trabajo consistente en rechazar por extemporánea su presentación, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución ". Y en el proceso rol 146-2017, ese mismo tribunal de alzada decidió que "(el) plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Por consiguiente, la actuación de la Inspección del Trabajo recurrida consistente en rechazar por extemporánea la reclamación presentada por el recurrente, al considerar que el plazo para su interposición era de días corridos, constituye un acto ilegal, desde que se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, vulnerando de esa manera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley".

DUODÉCIMO: Que, en las condiciones anotadas, el acto recurrido, esto es, la Resolución comunicada mediante oficio ord. N° 1073, que tuvo por extemporánea la reclamación que la recurrente dedujo, debe ser calificada como ilegal, pues no se ajusta a la preceptiva vigente y aplicable en la especie.

DÉCIMO TERCERO: Que no cabe duda que de la actuación señalada se derivó la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 número 2° de su texto, pues constituye diferencia arbitraria, en relación a los demás sujetos sometidos a la acción fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, haber denegado a la actora la posibilidad de dar trámite a la reconsideración que dedujo en tiempo y forma.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el deducido por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación A Punto Servicios de Alimentación S.A.y se deja sin efecto el oficio ord. N° 1073 del 21 de Julio de 2017, debiendo la autoridad recurrida pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración de multa, de la recurrente a nombre de A Punto Servicios de Alimentación S.A ingresada a la oficina de partes de la Dirección del Trabajo el 13 de julio de 2017.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-56269-2017.