ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIGO NORTE

Santiago, doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de la empresa ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., RUT RUT reservadoambos con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representada por don nombre reservado, o quien la reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución N° 1,092 de 26 de julio de 2017, que rechaza iniciar la tramitación de la reconsideración administrativa de multa presentada por su parte con fecha 19 de mayo del año en curso, con lo que se están vulnerando las garantías constitucionales de los números 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso expresando que el día 27 de marzo de 2017, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Santiago Norte, doña nombre reservado, dictó la Resolución N° 1.634.17.6, notificada el día 4 de abril del 2017, por medio de la cual se aplicaron dos multas administrativas a su representada por los siguientes hechos:

1. “Exceder máximo de 2 horas extras por día”

2. “No pactar por escrito las horas extraordinarias”

Con fecha 19 de mayo de 2017, se envía por Chile Express a la Inspección del Trabajo Santiago Norte, formulario F 10 junto con un anexo, con el objeto de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa.

En la solicitud de recurso administrativo, se exponen argumentos que dan cuenta de que la infracción fue subsanada.

Sin embargo, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, al momento de resolver la solicitud formulada, decide no dar curso a ella, considerando en el Ordinario N° 1.092 de fecha 26 de julio del 2017 que: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

En cuanto a cómo se produce la vulneración de garantías constitucionales denunciada, señala que la recurrida no sometió su actuación a las normas legales dictadas conforme a la constitución y excedió la órbita de su competencia, por cuanto no debió resolver como lo hizo, al desconocer a la recurrente un derecho que fue ejercido válidamente conforme la normativa que regula la materia.

En cuanto al derecho de propiedad, indica que con la resolución pronunciada se afecta gravemente el derecho de propiedad, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar a una multa de 100 UTM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, y se le ha impedido hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto la multa que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

Finalmente, pide se restablezca a la brevedad el pronto imperio del derecho y adopte todas las providencias que juzgue necesarias para tal efecto, dejando desde luego sin efecto la resolución N° 1092 de fecha 26 de julio de 2017, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme la multa N° 1634.17.6 cursada a su representada por la suma de 100 UTM, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, ello, sin perjuicio de las demás consideraciones que US. Ilustrísima estime pertinentes, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

Acompaña a su libelo copia de multa administrativa que le fuera cursada y su sobre; copia de certificado de envío por Chilexpress a la Inspección del Trabajo Santiago Norte del Reclamo Administrativo (Formulario 10 y anexo) con fecha 19 de mayo de 2017; y copia del ordinario N° 1092 de fecha 26 de julio de 2017 que por esta vía se impugna.

Segundo: Que, con fecha 20 de octubre pasado, la recurrida evacúa el informe alegando, en primer término, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que se ha interpuesto el presente recurso de protección contra una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial según dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 503 del mismo cuerpo legal.

En segundo término, y respecto del fondo del recurso, señala que la actuación de la Inspección Comunal del Trabajo se ajusta plenamente a sus facultades de reconsiderar las multas, de conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo, en cuanto a considerar el plazo que prescribe el artículo 512 como de días corridos, esta se ajusta a la regla general establecida en dicho código, toda vez que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, así lo ha consignado expresamente, siguiendo el modelo del artículo 50 del Código Civil. Agrega que la resolución impugnada sustenta su validez, además, en los Dictámenes N° 017344 y 064985 de Contraloría General de la República, que acompaña a su informe, en los que se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos. En cuanto a la alegación fundada en el artículo 25 de la ley 19.880, señala que la propia norma excluye su aplicación a plazos establecidos en otros cuerpos legales, como es el caso del Código del Trabajo.

En tercer término, expone que el recurso es improcedente por falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que no se verifica una actuación ilegal o arbitraria del servicio, ni se advierte la aplicación de parámetros subjetivos, particulares o caprichosos que vulneren la garantías invocadas por el recurrente, sino que se trata de la aplicación objetiva de la legislación laboral, por lo que solicita finalmente el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que por la presente acción cautelar la parte recurrente reclama de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida contenida en el ordinario N° 1092 de fecha 26 de julio de 2017 que por esta vía se impugna, que estima arbitraria e ilegal, por medio del cual se rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada ésta de forma extemporánea.

Cuarto: Que, previo a un análisis de lo sometido a decisión de esta Corte, resulta del todo necesario precisar y consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que por otro lado, también, se debe dejar en claro que siendo una acción cautelar y pueda ser utilizada, aún la existencia de otros recursos, no puede transformarse en una que sirva para reemplazar los procedimientos ordinarios establecidos en la ley, como ocurre en esta situación, donde lo alegado como fundamento de la acción es un acto que se encuentra controvertido por las partes, en cuanto a su plazo para interponerlo. De este modo, en la especie, se trata de la interpretación de las normas que resultarían aplicables para establecer el cómputo del plazo respecto del acto que hoy resulta ser considerado para la recurrente como arbitrario e ilegal, al considerárselo extemporáneo, al tener una interpretación distinta a la dada por la autoridad que resulta ser la recurrida.

Sexto: Que además, en esta caso existe un procedimiento establecido en la ley -léase Código del Trabajo- para reclamar lo mismo que se hace por esta vía, y que es aquel establecido en el artículo 504 del Código referido.

Séptimo: Que de la forma como se ha razonado, aparece que la decisión de la recurrida de no tramitar la petición de substitución de la multa impuesta pedida por la actora, lo es porque a su juicio resulta ser extemporánea y ello resulta ser una consecuencia de una interpretación de las normas que a juicio de la primera son las aplicables en la especie, razón por la que en este caso no puede existir un acto ilegal y arbitrario de parte de la misma, aun cuando ésta interpretación resulte ser errónea; más cuando en este caso el sentido que la Inspección Comunal del Trabajo le ha dado a la norma cuestionada, corresponde justamente al genuino que, en su oportunidad, le ha dado la Contraloría General de la República a la misma.

Octavo: Que, además, también como se dijo en el motivo cuarto de este fallo, en la especie existe un procedimiento establecido en la ley, que corresponde al del artículo 504 del Código del Trabajo, que entre otros es aquel que debe utilizarse para tramitar una substitución de una multa impuesta por dicha Inspección, por lo que aparece que el uso de la presente acción es una forma de substituir el procedimiento legal, y en ningún caso se le puede dar a esta acción tal carácter de substituto procedimental para resolver las acciones que ya tiene regulada en la ley su procedimiento, pues su genuino carácter es solo cautelar de los derechos garantidos en la Constitución Política de la República ante una actuación ilegal o arbitrario, lo que en este caso, no se ha establecido que así haya ocurrido.

Noveno: Que de acuerdo a lo razonado resulta innecesario analizar la posible infracción a la garantía constitucional alegada como vulnerada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido por ISS Servicios Generales Ltda., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Abogado Integrante señor Norambuena quien estuvo por acoger el presente recurso de protección en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, establecida por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a fin de dar tutela a la vigencia efectiva de derechos fundamentales indubitados afectados en forma arbitraria e ilegal por cualquier persona, en caso de no existir otra vía idónea para ello, facultando a esta judicatura tomar todas las medidas necesarias para restablecer el efectivo imperio del derecho. En este sentido, procede determinar, en lo que atañe a la discusión, si el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por la recurrente lo ha sido dentro de plazo;

2.- Que el artículo 512 del Código del Trabajo establece la facultad del Director del Trabajo para reconsiderar las multas impuestas a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la referida multa. A su vez, el artículo 435 del mismo cuerpo legal, en su inciso tercero, establece, dentro de las reglas comunes al procedimiento laboral, que los términos de días establecidos en dicho título se suspenden durante los feriados, es decir, corresponden a días hábiles. En el mismo sentido discurre la Ley N° 19.880 en su artículo 25, en cuanto los plazos establecidos en dicho cuerpo legal son de días hábiles, lo que debe relacionarse con el artículo 1° de la misma, que establece la supletoriedad de sus normas frente a todo procedimiento administrativo, como es el sustanciado conforme al 512 del Código del Trabajo ya mencionado;

3.- Que así las cosas, habiéndose notificado la resolución que impone la multa el día 4 de abril de 2017, y habiéndose interpuesto el recurso de reconsideración administrativa con fecha 19 de mayo de 2017, -el que fuera enviado según dice la recurrente por Chile Express a la Inspección del Trabajo Santiago Norte- sostiene que éste ha sido interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles establecido por el legislador, por lo estimó procedente que procede que se dé curso al requerimiento de la recurrente en dicho proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción Ministro señor Poblete.

Protección N° 56.268-2017 No firma la Ministra señora Melo, por encontrarse con licencia médica, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra, conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.