nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, explicando que con fecha 16 de junio de 2020 se le comunicó la Resolución Exenta N°R-01-UME-55522-2020, que rechaza el reclamo al estimar que las patologías que evidenció no tienen relación con el evento de junio de 2016, siendo entonces extemporáneo, no procediendo otorgar la cobertura que estatuye la Ley N°16.744.

Explica a continuación, que con fecha 26 de junio del referido año 2016 sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en estado grave con lesiones toráxicas de carácter grave, cuatro costillas rotas y con perforación al pulmón derecho, describiendo una serie de secuelas asociadas. Menciona también que estos antecedentes constan en la carpeta del 7° Juzgado de Garantía de esta ciudad seguida con el RIT N°20755-2016, que declaró culpable de dicho accidente al ciudadano peruano nombre reservado como autor de cuasidelito de lesiones graves, reabierta en el mes de marzo del año en curso, ante el incumplimiento de los pagos acordados.

En cuanto al derecho, precisa que la doctora nombre reservado conculca derechos de su persona al no aprobar el oficio R-49578-2020, de 18 de junio del mismo año, afectando su derecho de propiedad, la ley del contrato y la dignidad de las personas, para luego deslizar ciertas cuestiones relativas a la directriz de juridicidad y la fundamentación que debe tener todo acto administrativo.

En otro acápite, reprocha a la recurrida una contradicción, toda vez que pese a disponer de antecedentes médicos a sólo dos semanas del alta médica decretada por la ACHS y el peritaje forense que da cuenta del carácter traumático de las lesiones, no se da la cobertura en cuestión.

En cuanto a los derechos afectados, cita el derecho contemplado en el numeral 1° y el numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando que acogido que sea el recurso, se deje sin efecto el rechazo a la cobertura contenida en el oficio R-49578-2020.

Segundo: Que la recurrida solicita el rechazo del recurso, alegando en primer término la extemporaneidad del mismo. Al respecto, sostiene que el recurso fue ejercido fuera del plazo de 30 días que establece el respectivo Autoacordado, toda vez que el actor ya tenía conocimiento de los hechos el día 1 de junio de 2018, cuando el Servicio no dio lugar a su reclamación, al estimarla extemporánea conforme al plazo de 90 días hábiles que establece el artículo 77 inciso 3° de la Ley N°16.744, habiéndose presentado este recurso con fecha 26 de junio de 2020.

En un primer otrosí, solicita se declare la improcedencia del recurso en materias relacionadas a la seguridad social.

En subsidio de todo lo anterior y en cuanto al fondo del recurso, explica que la cobertura del seguro social obligatorio que establece la Ley N°16.744 dice relación con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en los términos que las define el legislador en los artículos 5° y 7° de la citada ley.

Entonces, habiéndose definido por la autoridad competente la improcedencia de la cobertura médica para el recurrente, enfatiza que aquello se hizo a partir de los antecedentes médicos respectivos y dentro de la esfera de su competencia, la que es exclusiva y sin ulterior recurso.

Así las cosas, no hay ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión adoptada, unido a que la controversia planteada excede además el ámbito del presente recurso, siendo más bien una cuestión de lato conocimiento, solicitando en definitiva que el recurso sea desestimado en todas sus partes.

Tercero: Que el recurrente acompañó al recurso copia de certificado médico expedido por nombre reservado, informe kinésico de 9 de marzo del año en curso suscrito por el Kinesiólogo Sebastián Espinoza, receta médica del mes de marzo del mencionado doctor nombre reservado y copia de la Resolución Exenta impugnada.

Por su parte, la recurrida aparejó a su informe copias autorizadas de la totalidad del expediente administrativo del caso relativo al señor nombre reservado.

Cuarto: Que atendido lo alegado por la recurrida, primeramente es necesario determinar si la acción impetrada se ha deducido dentro de los treinta días corridos contados desde la ocurrencia del acto calificado como arbitrario o ilegal o desde que se ha tenido conocimiento de él, conforme lo dispone el Nº 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Al tenor del recurso presentado, aparece de manera clara que el acto recurrido es la Resolución Exenta N°R-01-UME-55522-2020 de 18 de junio de 2020 pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social, razón por la cual, habiéndose presentado el recurso el 24 de junio de este año, el término no se encontraba vencido.

Por consiguiente, la alegación de extemporaneidad del recurso opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social debe ser rechazada.

Quinto: Que en seguida y en cuanto al fondo, es útil tener en cuenta que para que pueda brindarse protección a través de esta acción constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el constituyente señala en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Entonces, el recurso de protección se puede definir como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Por ello, son presupuestos de esta acción cautelar que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho y que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que la Superintendencia de Seguridad Social ha sostenido que el presente recurso de protección es improcedente, pues la materia sobre la que versa se refiere a un aspecto específico del derecho a la seguridad social, el que no obstante encontrarse reconocido y garantizado a todas las personas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, no se encuentra amparado por esta acción cautelar.

Al respecto, cabe tener en cuenta que el acto impugnado es la resolución que la Superintendencia de Seguridad Social pronunció a solicitud del recurrente y por la cual determinó que las patologías que evidenció, no tienen relación con el evento que se describe en el recurso ocurrido en junio de 2016, el que no fue calificado como un accidente del trabajo, razón por la cual no corresponde ser cubierta por los beneficios de la Ley N° 16.744 y que lo que pide en su recurso es, entre otras medidas, que tal resolución sea dejada sin efecto.

De lo anterior, es claro que la materia que se ha sometido al conocimiento de esta Corte a través de la acción constitucional que se analiza es precisamente una que pertenece al campo del derecho a la seguridad social que se encuentra establecido en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República, toda vez que se refiere a la calificación de una enfermedad como laboral y la consecuencia es la cobertura que, en tal caso, el sistema de seguridad social ha de brindar al paciente.

Séptimo: Que así las cosas, no encontrándose mencionada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la garantía en comento, no es posible pretender su resguardo a través del recurso de protección, pues como se dijo en el considerando quinto, es un presupuesto de esta acción constitucional que el derecho que se estima ha sido vulnerado esté señalado como objeto de tutela en la norma citada, razón por la cual el recurso debe ser desestimado.

Octavo: Que concuerda con lo resuelto, esto es, que la presente es una materia que pertenece a la seguridad social y que por tal razón se encuentra excluida del ámbito de materias respecto de las cuales se puede interponer la acción de protección, la circunstancia que existen para la resolución del presente conflicto, herramientas tales como el procedimiento de reclamos y los recursos de apelación regulados en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744.

Por la misma razón es que el artículo 420 del Código del Trabajo dispone en su literal e), que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: “e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social;”

Noveno: Que adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, en lo que dice relación con las facultades fiscalizadoras que corresponden a la Superintendencia de Seguridad Social, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 2 letra c) de la Ley Nº 16.395 que preceptúa que le corresponde resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social (como lo es la Asociación Chilena de Seguridad, entidad en que fue atendido el recurrente) y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

De este modo, la conclusión a la que arribó la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en cuanto al origen de las dolencias del trabajador, lo hizo en el ejercicio de una de sus facultades legales.

Décimo: Que por último, del examen de la Resolución recurrida, se constata que el acto que se impugna no surge del mero arbitrio de la autoridad, sino que expresa de manera suficiente las razones jurídicas y fácticas que sirvieron de sustento a tal decisión.

Undécimo: Que luego, por todas las razones dadas, corresponde desechar el recurso de protección deducido en estos autos, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad invocada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.

Nº 56.103-2020.-