nombre reservado con nombre reservado

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de nombre reservado Chile Seguros de Vida S.A., solicitando que la recurrida efectúe los reembolsos de atención dental correspondiente a un tratamiento de frenillos dentales prestado conforme al seguro contratado.

Señala que nombre reservado se sometió a un tratamiento dental de frenillos por espacio de dos años y en el cual se recurre de manera mensual, pagando cada tratamiento, y que, enviando toda la documentación, consistente en comprobantes de pago vía transferencia bancaria, imágenes de avance del tratamiento, y que al término del tratamiento, la clínica dental que efectuó la prestación, envió una boleta por el monto total del tratamiento, por un monto de $1.203.000, y que presentados a la recurrida para el reembolso conforme al contrato de seguro que los liga, aquel no efectúa reembolso alguno, no obstante enviar toda la documentación disponible para ello.

A su recurso acompaña la siguiente documentación:

1.- Informe radiológico paciente nombre reservado de fecha 2 de noviembre de 2023.

2.- Ficha dental paciente de fecha de ingreso 17 de noviembre de 2021.

3.- Liquidación seguro dental.

4.- Set de 23 comprobantes de transferencia.

Solicita en consecuencia se acoja el recurso ordenándose el reembolso de los gastos indicados.

SEGUNDO: Que por la recurrida comparece Marcelo Naser Olea, abogado, quien evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Señala que su mandante mantiene un seguro colectivo de salud con la empresa “Multibien, Servicios de Bienestar Multiempresas.”, cuyos asegurados son todos los empleados que tengan contrato de trabajo vigente e indefinido con la empresa contratante ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA. 76.134.946-5 y que residan dentro del territorio nacional.

Indica que es efectivo que la actora es beneficiaria de dicha póliza, y que aquella contempla la cobertura respecto de gastos por procedimientos dentales.

Manifiesta que, sin embargo, omite la actora las condiciones que exige la póliza para efectuar el reembolso de gastos incurridos en procedimientos dentales. A mayor abundamiento, la actora señala con mérito confesional conforme lo dispone el artículo 1.713 del Código Civil que solo envió un conjunto de comprobantes de transferencia respecto del tratamiento que se sometió. Es así como luego de que la actora denunciara el siniestro su mandante procedió a liquidarlo en conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo número 1.055, recabando todos los antecedentes médicos necesarios para efectuar dicha tarea.

Añade que la recurrente omite en su libelo los requisitos para cualquier reembolso dental, los que consisten en:

a) Entrega a la compañía el presupuesto firmado de puño y letra por el odontólogo tratante.

b) El comprobante de que el tratamiento ha sido efectivamente ejecutado.

c) Los documentos que acrediten los gastos incurridos y su cancelación.

Afirma que lo anterior se encuentra expresamente señalado en la póliza e incluso se faculta a su mandante para solicitar antecedentes adicionales en caso de ser necesario, manifestando que lo anterior es de toda lógica ya que toda compañía aseguradora e incluso las instituciones previsionales deben comprobar la efectividad de que cierta prestación médica se haya realizado y además deben tomar las medidas necesarias para constatar que quien haya prestado dicho servicio efectivamente sea un proveedor del sector de salud, puesto que de lo contrario bastaría que cualquier persona efectuara una transferencia a una compañía determinada para luego intentar conseguir el reembolso a costa de la compañía de seguro o de una institución previsional y que, para evitar cualquier tipo de irregularidad es que su mandante solicita una boleta o factura ya que ese es el tipo de documento que los prestadores de servicios oficiales o formalizados otorgan como comprobante. Por lo demás, de no otorgarse boleta o factura estamos ante una irregularidad tributaria.

Expresa que, conforme lo anterior, su mandante rechazó la cobertura del siniestro por no enviar la actora los documentos necesarios para efectuar el reembolso, otorgando a la actora la oportunidad de enviar la boleta o factura respectiva, sin que la recurrente haya cumplido con hacerlo.

Finaliza asegurando que ha quedado suficientemente acreditado que el actuar de su mandante no es arbitrario, ni mucho menos ilegal, sino que se sustenta a partir de una simple aplicación de las condiciones particulares de la póliza, así como de la ley 20.667 que regula el contrato de seguro en el Código de Comercio, razón por la cual el recurso deberá ser rechazado con expresa condena en costas.

TERCERO: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo:

a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada;

b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión;

c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que en la especie según aparece de los antecedentes, la recurrente omitió acompañar todos los antecedentes requeridos por la aseguradora para proceder a liquidar el seguro, por lo cual no puede estimarse que esta haya incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, el que además corresponde a un seguro colectivo; esto es, una materia contractual cuyo conocimiento y resolución se encuentra entregado a un árbitro arbitrador y no a la justicia común.

QUINTO: Que, en consecuencia, la presente no resulta ser la vía idónea para conocer del presente conflicto y por ende se procederá a desestimar el recurso intentado.

Por estas consideraciones, y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de esta clase deducido en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

Protección N° 5.608-2024.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse y la abogada integrante señora Sara Moreno Fernández. No firma la ministra señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.