nombre reservado con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE III S.A

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Andrés Eduardo Rojas Zúñiga, abogado, en representación convencional de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A.

Funda su acción señalando que su representado prestó servicios como Director Médico para el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), relación laboral que concluyó el 15 de noviembre de 2024 por la causal de desahucio (artículo 161 inciso 2º del Código del Trabajo). Refiere que, producto de un litigio laboral pendiente con su ex empleador (causa RIT O-3956-2025 del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago), no suscribió finiquito. Al solicitar el pago de su seguro de cesantía acompañando la carta de despido firmada y los antecedentes judiciales de la referida causa, la recurrida rechazó su solicitud en tres oportunidades. La última de ellas, con fecha 28 de enero de 2026, fundamentó la negativa indicando que "La carta de despido se puede utilizar solo hasta los 30 días corridos desde la fecha de término", exigiéndole acompañar un finiquito ratificado.

El actor califica este acto de ilegal y arbitrario, sosteniendo que la Ley N° 19.728 no establece un plazo de caducidad de 30 días para la validez de la carta de despido como medio probatorio, constituyendo una exigencia burocrática que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 18 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita se declare la ilegalidad del acto y se ordene el pago inmediato de las prestaciones del seguro de cesantía.

Segundo: Que, evacuó informe Saúl Eduardo Melinao Gutiérrez, abogado, en representación de la AFC, quien solicita el rechazo del presente recurso. Invoca el artículo 51 de dicho cuerpo legal, el cual obliga a la AFC a verificar el cumplimiento de los requisitos previos al pago.

Argumenta que el actor presentó una carta de despido fechada en noviembre de 2024 para una solicitud realizada en el año 2026. Dada la considerable distancia temporal entre el despido y la solicitud, los protocolos internos de seguridad exigieron un análisis más detallado para evitar fraudes con los fondos, sin perjuicio de lo anterior, la recurrida señala que, habiendo revisado sus bases de datos, ha comprobado que el ex empleador (IST) no ha enterado nuevas cotizaciones a favor del actor desde la fecha del despido, permitiendo concluir razonablemente que el señor nombre reservado se encuentra efectivamente cesante. En consecuencia, señala que ha intentado comunicarse con el afiliado y que los canales de atención se encuentran disponibles para que tramite su prestación, descartando cualquier actuar ilegal o arbitrario.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar, de carácter extraordinario, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes y que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones, de carácter ilegal o arbitrario, que importen una privación, perturbación o amenaza a los mismos. Por su naturaleza, esta acción requiere la existencia de un derecho indubitado y la constatación de un acto caprichoso o contrario a la ley que lo vulnere.

Cuarto: Que, el conflicto sometido al conocimiento de esta Magistratura se circunscribe a determinar si la actuación de la Administradora de Fondos de Cesantía, al rechazar inicialmente la solicitud de pago del actor por exceder la carta de despido una antigüedad de 30 días, reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad necesarios para acoger la presente acción constitucional.

Quinto: Que, al respecto, cabe tener presente que la Ley N° 19.728, que establece el Seguro de Desempleo, impone a la AFC en su artículo 51 el deber imperativo de "verificar el cumplimiento de los requisitos que establece esta ley para acceder a las prestaciones por cesantía que ella contempla", agregando que "Dicho control deberá ser previo al pago de la respectiva prestación y la Sociedad Administradora estará impedida para otorgar el beneficio impetrado, si no se acreditan las condiciones para su pago".

Sexto: Que, para que esta acción prospere, es requisito indispensable que el acto u omisión reprochado mantenga su vigencia o actualidad al momento de emitirse el pronunciamiento jurisdiccional, puesto que el objetivo principal de la magistratura en esta sede es adoptar las providencias urgentes que pongan fin a la vulneración que se denuncia, asumiendo así una función de restablecimiento.

Séptimo: Que, de los antecedentes que obran en el proceso, fluye que el acto reprochado consiste en la negativa de la AFC de tramitar y pagar el Seguro de Cesantía del recurrente con base en la expiración de un plazo interno para la validez de la carta de despido y la consecuente exigencia de un finiquito.

Octavo: Que, sin embargo, del informe evacuado por la propia entidad recurrida consta inequívocamente que esta última ha revisado sus bases de datos, acreditando que no existen cotizaciones posteriores a la fecha del despido, concluyendo que el actor efectivamente se encuentra cesante y reconociendo, en consecuencia, su derecho a impetrar el beneficio del Seguro de Cesantía contemplado en la Ley N° 19.728. Asimismo, la recurrida ha manifestado expresamente en sede judicial que se ha intentado contactar al afiliado y que los canales se encuentran plenamente habilitados para que el actor proceda al trámite y cobre su respectiva prestación, allanando con ello el camino para el pago reclamado.

Noveno: Que, a mayor abundamiento el propio recurrente en estrados reconoció que la parte recurrida ha dado cumplimento al pago de lo solicitado a propósito del presente recurso.

Décimo: Que, en las condiciones anotadas, es forzoso concluir que la presente acción constitucional debe ser desestimada por haber perdido oportunidad. En efecto, al haber rectificado la institución recurrida su postura inicial y reconocido el derecho del actor a acceder a los fondos de su cuenta individual, la amenaza o privación que motivó el arbitrio ha cesado. Carece de objeto, por tanto, que esta Corte emita órdenes de resguardo o adopte medidas de tutela, toda vez que el restablecimiento del imperio del derecho ya ha sido asumido voluntariamente por la recurrida, desapareciendo el sustrato fáctico y la urgencia que justificaban la intervención cautelar de esta Magistratura.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Andrés Eduardo Rojas Zúñiga, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-5571-2026.