INDUSTRIA TEXTIL TALINAY S.A con FISCALIZADOR DE LA INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO NORTE , DON nombre reservado

77 Foja: 76 Setenta y seis Santiago, dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Vistos:

Que a fojas 1 comparece don Mario Cartes Eljatib, abogado, en calidad de mandatario judicial de Industria Textil Talinay S.A., representada por don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte don nombre reservado y de dicha Inspección, por estimar ilegal, la Resolución 1281-13-017-1 de la Inspección antes aludida, por la cual se aplicó a su representada una multa de 60 UTM, lo que vulnera las garantías consagradas en el N°3 inciso 4° y N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

A fojas 32 informan los recurridos, en Chile, solicitando el rechazo del recurso, por estimarlo improcedente en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y porque en todo caso, no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna ni ha vulnerado los derechos invocados por el recurrente.

A fojas 44 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Expresa la recurrente que con fecha 31 de mayo de 2013, en el curso de una fiscalización, se estimó que en relación con 11 trabajadores se había incurrido en infracción respecto de los artículos 42 letra a) y 506 del Código del Trabajo, aplicándose en una multa de 60 unidades tributarias mensuales, por considerar el fiscalizador que su representada no pagaba sueldo base en razón de que este era descontado, en su totalidad, del trato generado mensualmente por los trabajadores y pactado en el contrato de trabajo.

Sostiene que al proceder de esta forma el recurrido excedió sus atribuciones y actuando ilegalmente, se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, puesto que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo.

Alega que el actuar del recurrido es ilegal y arbitrario al interpretar los contratos individuales de trabajo, lo que es materia privativa de los tribunales de justicia competentes, lo que su juicio se encuentra respaldado por la actual jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que cita.

Indica que al arrogarse atribuciones interpretativas ha infringido los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, ya que careciendo de facultades, el fiscalizador procedió a interpretar contratos individuales de trabajo y, sobre dicha interpretación aplicó la multa recurrida, vulnerando la garantía constitucional del número tres inciso cuarto del artículo 19 de la constitución política de la República. Asimismo afectó su derecho de propiedad en relación con el monto de la multa impuesta.

Concluye solicitando que previo informe de los recurridos se deje sin efecto la resolución impugnada, con costas del recurso.

2°) A fojas 32 informan los recurridos, sosteniendo, en primer lugar, que la acción interpuesta es improcedente atendida la naturaleza cautelar del acto recurrido y cuyo objeto es obtener un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva del derecho indubitable. En la especie, se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa en relación con la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial, conforme lo dispuesto en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, por lo que el recurrente está utilizando esta acción constitucional como mero sustituto de procedimientos específicos sin que exista justificación en la utilización de esta vía extraordinaria para la resolución de este tipo de conflictos.

En relación con el fondo, alega que tanto la Dirección del Trabajo como el fiscalizador han actuado dentro de las facultades y atribuciones que les otorgan los artículos 503 y 505 inciso primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1° letra a), 5° letra c), 20 y 24 y siguientes del DFL N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, normas que facultan al fiscalizador frente a la denuncia efectuada, para constituirse en el domicilio de la actora y constatar en terreno los hechos denunciados, como ocurrió en la especie. Sostiene que la aplicación de la multa se ajusta íntegramente a la legislación laboral vigente, sin que el fiscalizador se haya arrogado, en ningún momento, facultad alguna ajena a sus funciones eminentemente administrativas, limitándose única y exclusivamente a constatar hechos que confrontados con las normas pertinentes, determinaban la aplicación de la sanción prevista por el legislador al efecto, tareas que constituyen por esencia la labor administrativa de un acto de fiscalización, por lo que no ha incurrido en acto ilegal y arbitrario alguno.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales invocada por el recurrente sostiene que no ha actuado en calidad de comisión especial, por cuanto la resolución impugnada resulta de la actuación de su representada dentro del margen de las facultades fiscalizadoras que le confiere la ley, no ha ejercido facultades jurisdiccionales propias de los tribunales ordinarios de justicia, ni acto jurisdiccional alguno como ya se ha expresado, limitándose a fiscalizar entendiendo tal concepto como "criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien" sentido entregado por el diccionario de la Real Academia Española y aceptado en diversos fallos de la Excelentísima Corte Suprema que cita.

Agrega que uno de los efectos que caracteriza la jurisdicción, es resolver conflictos entre las partes con carácter de cosa juzgada, en la especie, el acto administrativo, no ha resuelto conflicto alguno y, además, las resoluciones de multa son revisables e impugnables a través de los diversos procedimientos establecidos por la ley para ello.

En lo que dice relación con el derecho de propiedad hace presente que la reclamante se limita mencionar la garantía en cuestión sin desarrollar de manera alguna tal afirmación, no obstante lo anterior tampoco se observa cuál sería la conculcación acusada, puesto que si bien tal derecho asegura a los particulares la posibilidad jurídica de adquirir, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, dentro de éstos no se encuentra el derecho a infringir la legislación laboral.

3°) Que el recurso de protección es, en cuanto a su naturaleza, una acción eminentemente cautelar, cuyo objeto es amparar las garantías y/o derechos especificados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo mismo, permite adoptar todas aquellas medidas de resguardo que sean necesarias o urgentes para evitar o impedir que un acto u omisión de carácter arbitrario y/o ilegal, amague o atente contra el ejercicio de tales derechos o garantías, por lo que atendida la naturaleza de la materia de que se trata, resulta aplicable en la especie, lo dispuesto en el Nº 2 del Auto Acordado respectivo, por cuanto en él se mencionan hechos que pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y dada su naturaleza cautelar de rango constitucional procede, sin perjuicio de los demás derechos que el recurrente pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, de lo que se sigue que la alegación de la recurrida en cuanto a su improcedencia, no podrá prosperar.

4°) Que en relación con el fondo del asunto se alega por la recurrente que en la labor fiscalizadora, se ha procedido a interpretar cláusulas de los contratos individuales de trabajo, lo que es materia privativa de los tribunales de justicia, ello al afirmar que no paga el sueldo base fundado en que “el sueldo es descontado en su totalidad del trato generado mensualmente por los trabajadores y pactado en el contrato de trabajo, dado que le resta de dicho concepto, ‘trato informado’, el monto para enterar el sueldo base” infringiendo con ello la letra a) del artículo 42 del Código del Trabajo, así como el 506 del mismo texto legal.

5°) Que para llegar a tal conclusión el fiscalizador debió necesariamente interpretar la cláusula de los contratos involucrados relativa al monto y naturaleza de las remuneraciones, partiendo incluso por considerar la fecha de inicio de la relación laboral -que no menciona en la resolución impugnada-desde que tratándose según se desprende de los antecedentes de una remuneración a trato, las modificaciones introducidas por la ley 20.281 a la letra a) del artículo 42 del Código del Trabajo y disposiciones del artículo transitorio de la ley mencionada, deben considerarse no sólo la forma en que se entera el sueldo base para determinar si éste se encuentra correctamente pagado, de lo que se sigue que no es posible, con los antecedentes aportados, adquirir la convicción que el ejercicio por parte del fiscalizador de las facultades que la ley le confiere lo haya sido frente a hechos claros, precisos y determinados que le compete sancionar.

6°) Que en la especie lo que se hace es interpretar un término del contrato como lo es “trato informado”, lo que no importa exclusivamente una constatación de hechos que importen una infracción a leyes laborales, sino de interpretación de términos del contrato que deben ser conocidos en un juicio de lato conocimiento por los tribunales que corresponda.

7°) Que por otra parte, la resolución impugnada, no contiene todos los fundamentos necesarios para determinar si efectivamente los hechos constatados constituyen la infracción, desde que omite expresar en forma íntegra los términos de la cláusula en que se pacta la remuneración, expresando por una parte que el empleador no paga sueldo base y por la otra que éste lo descuenta del total del trato generado por los trabajadores y pactado en el contrato, por lo que resulta también arbitraria, desde que no existe fundamentación clara y precisa respecto de los hechos objetivos que motivan la multa impuesta.

8°) Que de lo que se viene diciendo sólo cabe concluir que la recurrida ha vulnerado el inciso 5° del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado al excederse en sus facultades de fiscalización e interpretación, constituyéndose de ésta manera en una comisión especial al interpretar cláusulas contractuales que en el caso de autos, deben ser necesariamente conocidas por los Tribunales competentes.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara:

Que se acoge el recurso deducido a fojas 1 don Mario Cartes Eljatib, en representación judicial de Industria Textil Talinay S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte y de su Fiscalizador don nombre reservado disponiéndose que queda sin efecto la Resolución de Multa 1281-13-017-1 emanada de dicha Inspección, sin costas del recurso Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 55709-2013 Redacción de la Ministro (S) Dora Mondaca Rosales.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora Ana Cienfuegos Barros e integrada, además, por la ministro (S) señora Dora Mondaca Rosales y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. No firma el abogado integrante señor Asenjo, quien concurrió a la vista de la causa y acuerdo, por encontrarse ausente.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciocho de marzo de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.