nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS XV DIRECCION METROPOLITANA

Santiago, uno de septiembre de dos mil quince.

Vistos:

Primero: Que a fojas 1 comparece don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, representado por nombre reservado, a fin de que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 943 dictada el 12 de mayo de 2015, notificada a su parte el 25 de mayo de 2015, (en adelante Acto Administrativo) por ser el mismo discriminatorio, ilegal y conculcador de garantías fundamentales.

Indica el recurrido que vive hace décadas en un inmueble ubicado en Presidente Riesco N° 6623, comuna de Las Condes, inscrita a fojas 38202, Número 61164, año 2007, Rol de avalúo 1651-100 de la comuna de Las Condes. Dicha propiedad es el único inmueble que posee y lo adquirió el año 1972 con su difunta esposa en régimen de sociedad conyugal. Actualmente está inscrita a su nombre y de sus cuatro hijos. Él era dueño del 50% a lo que debe sumar, al fallecer su esposa, 2/6 de la propiedad por tanto ha quedado con un 65%. A la fecha tiene 84 años y sus ingresos consisten en una pensión de vejez por un monto de $178.000.

Expuso que se enteró de la existencia de la Ley 20.732 relativa a la rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, por eso concurrió al Servicio de Impuestos Internos pretendiendo acogerse al beneficio contemplado en la Ley 20.732. De acuerdo al último avalúo fiscal la propiedad se avalúo total de $118.296.773, avalúo Exento de $21.020.690 y el avalúo afecto de $97.276.083.

Asevera que en estricto rigor él es el dueño solo del 65% de la propiedad lo que equivale a un monto de $63.229.453,95 de acuerdo con el avalúo fiscal del año 2014, en consecuencia podría ser acogido por esa rebaja legal. El avalúo de esta propiedad, cuyo pago de una cuota neta anual de $878.248, que puede ser pagada en cuatro cuotas de $244.256, es un esfuerzo difícil de cumplir, ya que es adulto mayor, pensionado, constituyendo el impuesto sumamente gravoso debido a que sus ingresos son bajos y sus gastos altísimos.

Refiere que debido a que cumplía con los requisitos de la Ley 20.732, solicitó la rebaja del impuesto territorial y se le negó mediante resolución, el derecho a acceder a la rebaja de impuesto territorial y se le debió haber otorgado por ley. En contra de dicha resolución el 22 de abril de 2015 interpuso recurso de reposición administrativo, en que solicitó que se le acogiera a la rebaja del impuesto territorial correspondiente a los adultos mayores vulnerables económicamente, debido a que cumple con los requisitos, debido a que es dueño del 65%. Sin embargo, por Resolución Exenta 943 de 12 de mayo de 2015, notificada con fecha 25 de mayo de 2015 del Servicio de Impuestos Internos XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución de Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015, de ese Director Regional XV Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, en el cual nombre reservado, Director Regional XV, declaró “No ha lugar a dejar sin efecto el Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015” rechazando en su contra el recurso de reposición fundado en que no cumple con los requisitos de tener el avalúo fiscal menor a $75.000.000, al segundo semestre de 2013, por lo que no corresponde dicho beneficio.

Continúa señalando que considera que el acto de autoridad resulta arbitrario debido a una errónea aplicación de la Ley 20.732, que rebajó el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, en este caso es discriminatorio, contrario a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que él es el dueño del 65% de la propiedad raíz, el bien era parte del haber social de la sociedad conyugal.

Es así, que la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos al dictar la Resolución Exenta N° 943 incurre en una ilegalidad, toda vez que infringe la Ley N° 20.732, es un acto administrativo arbitrario por cuanto carece de razonabilidad.

Agrega que dicho acto administrativo de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos afecta las garantías fundamentales del artículo 19 N°s 20, 22, 24 de la Constitución Política de la República. A continuación explica cómo se han vulnerado las garantías constitucionales que ha señalado citando jurisprudencia y doctrina para fundar los derechos que estima conculcados.

Finalmente solicita se acoja el presente recurso, y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 943 dictada por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente con fecha 12 de mayo de 2015 y notificado a su parte el 25 de mayo de 2015 y en definitiva se acoja la solicitud de rebaja del Impuesto Territorial correspondiente a adultos mayores vulnerables económicamente interpuesta ante el Servicio de Impuestos y que en definitiva el Servicio acoja la solicitud de rebaja de contribuciones establecido en la Ley 20.732.

Segundo: A fojas 50, informa el recurrido don nombre reservado, Director Regional, Director Regional de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, informa que el recurrente el 11 de septiembre de 2014 mediante formulario N° 2118 presentó solicitud de revisión o disconformidad de rebaja del impuesto territorial adulto mayor (Ley 20.732), respecto del inmueble, ubicado en domicilio reservado, argumentando de manera similar a lo expuesto en el presente recurso. Mediante Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015, se resolvió denegar dicha solicitud de contribuciones del bien Rol N° 1651-100, citando el contenido de dicha resolución, la que se fundamenta en que no cumple el requisito de tener el avalúo fiscal menor de $75.000.000 al segundo semestre de 2013, por lo que no le corresponde dicho beneficio.

Precisó que el Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015, fue entregado para su notificación a Correos de Chile el 1 de abril de 2015 tal como consta en la nómina de correos que se adjunta. Correos le asignó el número 9724215843535. De la revisión de la página web de Correos de Chile, cuya impresión acompaña, se puede constatar que la notificación del citado ordinario fue hecha el 10 de abril de 2015. En contra del Ordinario DAV 15.00 N° 68 el contribuyente dedujo recurso de reposición el 11 de mayo de 2015, en que se reiteran los argumentos y se dictó la Resolución Exenta N° 943 la que fue finalmente cuestionada por vía del recurso de protección.

De acuerdo a lo expuesto solicitó el rechazo del recurso, en cuanto a la forma por su extemporaneidad, citando el plazo fatal de 30 días corridos desde la comisión del acto u omisión que es considerado ilegal o arbitrario que cause perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos del ciudadano o desde que haya tenido conocimiento cierto del mismo. En este caso, el recurrente cuestiona la negativa del Servicio de reconocerle beneficios contenidos en la Ley N° 20.732, lo que es coincidente con el petitorio del recurso, y en el caso sub lite la negativa a reconocerle los beneficios de la Ley 20.732 por falta de cumplimiento de las exigencias legales, está contenido en el Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015, la que se notificó por carta certificada el 10 de abril de 2015, la Resolución Exenta N° 943 de 12 de mayo de 2015, solo contiene la decisión en relación con el recurso de reposición presentado por el reclamante. El recurrente sostiene que se encuentra dentro del plazo valiéndose de la resolución recaída en un recurso de reposición, sin embargo lo que cuestiona es la Resolución contenida en el Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015.

A lo anterior alegó la improcedencia de recurrir de protección existiendo vías legales de impugnación del acto recurrido. Sostuvo que el recurso de protección es de naturaleza cautelar, extraordinaria, no contradictoria, requiere de la existencia de derechos indubitados con el fin de lograr que se adopten de inmediato las medidas de resguardo y establecer el imperio del derecho, por lo que no resulta procedente transformar al presente recurso en un procedimiento sumario de reclamo por no reconocimiento de beneficios tributarios, como se pretende por el contribuyente. Por su parte el artículo 1 de la Ley 20.732, en su inciso final estatuye expresamente que los contribuyentes podrán reclamar del giro de la cuota de contribuciones que no haya considerado la rebaja el beneficio establecido, de conformidad a lo establecido en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario. Por lo que existiendo expresamente un procedimiento establecido en la ley para estos efectos, es que la vía de protección se vuelve improcedente.

En cuanto al fondo, sostuvo la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad de la resolución impugnada. Es así que sostuvo que la Resolución Exenta N° 943 de 12 de mayo de 2015 ha sido dictada en mérito de sus facultades legales que se le concede al Director Regional y a petición del reclamante, quien no acompañó antecedentes que permitieran modificar la decisión contenida en el Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015. La resolución cuestionada se dictó respetando las normas de la Ley 20.732, el que exige en su numeral 5 que el avalúo fiscal vigente del inmueble no exceda de la cantidad de $75.000.000, y la ley no permite considerar en forma proporcional a su participación en el inmueble, por lo que no se accedió a la petición. De igual forma tampoco se ha procedido con un trato desigual o discriminatorio, ya que para acceder a tal beneficio se deben cumplir con los requisitos que exige la ley. Tampoco se ha afectado el derecho de propiedad, no explica el recurrente de qué forma el pago de un impuesto establecido de conformidad a la legislación vigente atenta contra su derecho de propiedad.

Se acompañaron por cada uno de los comparecientes los documentos en que fundan sus pretensiones.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Tercero: Que, para que pueda prosperar el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación”, o una “perturbación”, o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La doctrina señala que la “arbitrariedad” importa ausencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, carencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación sin fundamento alguno; en tanto lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se posee o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte.

Adicionalmente, es imperativo que el derecho cuya protección el recurrente pide sea de naturaleza indubitada, de manera que en este procedimiento breve y concentrado de naturaleza cautelar pueda constatarse su vulneración, por cuanto no es esta sede en la que debe establecerse la existencia de derechos de los que una parte se reputa titular, lo que es materia del respectivo proceso declarativo.

Cuarto: Que en estos autos el recurrente estima vulneradas las garantías constitucionales que menciona, la que hizo consistir en que por su condición de adulto mayor es procedente que se le reconozca la rebaja del impuesto territorial, de conformidad a la Ley 20.732, respecto de su propiedad ubicada en Presidente Riesco N° 6623 registrada con el Rol 1651-100 de la Comuna de Las Condes, beneficio que le fue negado por el Servicio de Impuestos Internos.

Quinto: Que efectivamente, tal como lo sostiene el recurrido y no obstante haberse interpuesto un recurso de reposición, el acto impugnado es el Ordinario DAV 15.00 N° 68 de 31 de marzo de 2015, notificado el 10 de abril de 2015, en la que se le informa la negativa del Servicio de reconocerle los beneficios de la Ley 20.732 denominada “Rebaja el Impuesto territorial correspondientes a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente”, interponiéndose el presente recurso el 24 de junio de 2015, cuando ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, por lo que su interposición lo fue en forma extemporánea.

Sexto: Que sin perjuicio de lo antes expuesto, no existe controversia en cuanto a los hechos que menciona el recurrente y además de los lo expuesto por el recurrido el fundamento de la negativa a otorgarle el beneficio radica en que no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 20.732 de “Rebaja el Impuesto territorial correspondientes a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente”. Por su parte, el inciso final del artículo 1 de la citada ley, previó la posibilidad de reclamar del giro de la cuota de contribuciones que no haya considerado la rebaja el beneficio establecido en dicho artículo, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, el que se contempla en el Título II, titulado “Del Procedimiento General de las Reclamaciones”, lo que el reclamante no hizo.

Séptimo: Que, lo expresado ilustra para concluir que el contenido y alcance de esta controversia, radicada en obtener beneficios en el pago de contribuciones, no se aviene ni puede ser dilucidada a través de un recurso de protección de garantías constitucionales, el que jurídicamente configura una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes ciertos e indiscutidos, para cuyo restablecimiento deben adoptarse medidas tendientes a poner término a un acto u omisión ilegal o arbitrario que haya podido amagarlos. Pero en ningún caso resulta idóneo para obtener un pronunciamiento declarativo para cuyo conocimiento la ley expresamente prevé un procedimiento especial.

Octavo: Que, por consiguiente, por no estar establecido el requisito básico que permite acoger un recurso como el de la especie, esto es, la ilegalidad o arbitrariedad respecto de derechos indubitados y, además, porque las pretensiones del recurrente sobrepasan las posibilidades que otorga esta acción cautelar de emergencia, es que el presente recurso no puede prosperar y deberá ser desestimado. Por la misma razón resulta innecesario pronunciarse sobre la vulneración de las garantías constitucionales que el recurrente ha denunciado.

En consecuencia, de los antecedentes de estos autos resulta que no existen derechos preexistentes que deban ser amparados en este procedimiento ni corresponde que esta Corte proceda a otorgar certeza, validez y vigencia a las materias sometidas a su conocimiento.

Noveno: Que así las cosas, de los antecedentes reunidos se desprende que no han existido acciones u omisiones contrarias a la ley ni a los reglamentos, y tampoco sus actuaciones pueden ser calificadas como antojadizas o caprichosas.

Por estas consideraciones de conformidad con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 1 por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Redacción de la ministra (S) Ana María Hernández Medina.

Rol Corte N° 55666-2015 Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la Ministra (S) señora Ana María Hernández Medina y el abogado integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, 01 de septiembre de 2015, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.