Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 14: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a dar tramitación a la solicitud de refugio de la recurrente, pidiendo que se dé curso a la referida solicitud, remitiendo los antecedentes a la Secretaria Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, concediendo además la correspondiente visa temporaria de refugio.

Señala que, en su país de origen, conoció a don nombre reservado, con quien inició una relación afectiva, en la que sufrió violencia física y psicológica, persona que además se involucró con una banda criminal, por lo que, luego de un episodio inusitado de violencia, tomó la determinación de huir de su país, arribando a Chile el 30 de enero de 2023.

Es del caso que con fecha 31 de enero de 2025, concurrió a la oficina de la Dirección Regional de Santiago, del Servicio Nacional de Migraciones, para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, conforme a los supuestos de los artículos 2 números 2 y 4 y 26 de la ley N° 20.430, momento en que se facilitó el formulario respectivo, pero no ha vuelto a ser contactada, ni tampoco se le ha otorgado la visación de residente temporaria, conforme al artículo 32 inciso primero de la mencionada ley, lo que considera una omisión ilegal y arbitraria.

Segundo: Que la recurrida informa el recurso, pidiendo que sea rechazado.

Señala que el 30 de enero de 2023, la recurrente ingresó por primera vez a territorio nacional, por el aeropuerto nombre reservado

Benítez, sin registro de que hubiese manifestado a la autoridad contralora de fronteras, su intención de solicitar refugio. Luego, el 02 de octubre de 2024, manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, por lo que, mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de 02 de octubre de 2024, se la citó para que concurriera al Departamento de Refugio y Protección Internacional para el día 31 de enero de 2025, a las 08.30 horas, entregándose el formulario respectivo.

Expone que se procedió a realizar aquella revisión de los antecedentes acompañados por la solicitante, sin que haya sido posible dar curso a su solicitud, ya que no cumplía con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley 20.430 y reglamento de refugio, por haber excedido el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 inciso 5° de la Ley 20.430.

Que por Resolución Exenta N° NUM001, de 31 de enero de 2025, se otorgó el plazo de 15 días hábiles para efectos de acompañar antecedentes que permitan subsanar tal situación, y habiéndose presentado los documentos, estos no permiten entender por subsanados los requisitos formales mencionados antes, ya que sólo se acompañó una consulta de antecedentes penales de su país de origen, un anexo de contrato de trabajo y un certificado de cotizaciones, lo que nada dice respecto al incumplimiento del requisito que se estaba representando.

Así las cosas, se dio por concluida la tramitación, resolviendo el desistimiento de la solicitud, a través de la Resolución Exenta N° NUM002, 18 de febrero de 2025, según lo dispuesto en el artículo 28 bis inciso 3° de la Ley 20.430 y en el artículo 31 inciso final de la Ley N°19.880, sin que se hayan impuesto sanciones a la recurrente, por lo que nada impide que vuelva a ingresar al país, o realice solicitud de residencia como en derecho corresponde.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en el caso el acto que se reclama como ilegal y arbitrario es la negativa del Servicio Nacional de Migraciones de dar curso a la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada de la recurrente, pese a que se encontraría en los supuestos que dan lugar a la misma.

Quinto: Que a este respecto, relevante resulta el contenido del artículo 26 de la Ley N° 20.430, que en su parte pertinente establece: “La solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso serán trasladados a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentre vigente, y se les informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado. En el caso que se manifieste por el solicitante la intención de que se le reconozca la condición de refugiado, la autoridad contralora de frontera procederá a dejar constancia por escrito de la solicitud y entregará una copia escrita de dicha constancia al solicitante y al Servicio Nacional de Migraciones. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad, en caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico. La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional.

De manera excepcional, se podrá dar curso a la solicitud cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones descritas en el artículo 2º, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En este caso, la solicitud de reconocimiento deberá presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.”

Sexto: Que conforme a lo que narra el mismo recurso, la recurrente ingresó al territorio nacional el 30 de enero de 2023, mientras que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada se hace solo el 31 de enero de 2025, largamente vencido el plazo establecido en la norma ante citada para realizar dicha gestión, sin que conste que haya informado de su intención al momento de hacer ingreso, a la autoridad contralora de fronteras, y sin que se haya acreditado, ni ante la autoridad administrativa, ni en este procedimiento, que durante la estadía en Chile haya existido un cambio en alguna de las situaciones descritas en el artículo 2 de la Ley en análisis.

Por tanto, cuando el Servicio recurrido determina tener por desistida a la recurrente de la solicitud de refugio, resuelve en base a la normativa legal respectiva. Sin perjuicio de que, además, como lo expone el Servicio en su informe, al no haber sido la recurrente objeto de sanciones migratorias, nada obsta a que se realicen las solicitudes respectivas para su permanencia regular el país, conforme a las normas generales.

Séptimo: Que, en consecuencia, no existen hechos ilegales o arbitrarios atribuibles a la recurrida, que hayan perturbado los derechos constitucionales de la recurrente, lo que fuerza a rechazar el recurso impetrado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

N°Protección-5563-2025.