Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado y don nombre reservado

nombre reservado, abogados, en beneficio de doña nombre reservado, DNI N° VNUM000, de nacionalidad venezolana, interponen recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, R.U.T. N° RUT reservado, representada legalmente por su jefe don nombre reservado, R.U.N. N° NUM001, por la negativa a la recepción de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, con sus respectivos antecedentes, y la falta de otorgamiento de la visación de residente temporario, conculcando, según alega, la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, relativa a la igualdad ante la ley, así como el artículo 20 de la Carta Fundamental, por acción u omisión arbitraria o ilegal.

Expone que la amparada se vio forzada a escapar de Venezuela, ingresando a Chile por paso no habilitado el 6 de marzo de 2022. Con fecha 19 de abril de 2024, acudió a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada. Manifiesta que en dicha oportunidad fue atendida y se le agendó una cita para el 16 de octubre de 2024, a la cual asistió, pero no fue atendida ni reagendada. Agrega que desde entonces no ha vuelto a ser contactada por la autoridad migratoria, ni le ha sido otorgada la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430. Alega que esta situación obstaculiza de forma arbitraria e injusta el trámite regulado en los artículos 26 y 27 de la Ley N° 20.430, impidiendo el examen de fondo de su solicitud, lo que, a su juicio, importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley. Solicita se declare admisible el recurso, se ordene dar curso a la tramitación de la solicitud de refugio, con su timbraje respectivo, para obtener la visa temporaria de refugio, y se condene en costas a la recurrida. Además, solicita una orden de no innovar para precaver la eventualidad de expulsión de la recurrente y la reserva de la causa.

Segundo: Que evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, e indica que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales que habiliten la procedencia del recurso de protección, por cuanto no existe acto ilegal o arbitrario por parte del órgano recurrido que prive, perturbe o amenace las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que, según sus registros, la recurrente doña nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra fecha de ingreso regular al país, por lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo los controles migratorios fronterizos, situación que consta en el Parte Policial N°NUM002, de 18 de abril de 2022. Señala que con fecha 17 de junio de 2023 la extranjera se inscribió en el proceso de empadronamiento biométrico, siendo efectivamente empadronada el 13 de octubre de 2023.

Indica que, con fecha 14 de junio de 2024, la recurrente concurrió a las dependencias de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones manifestando su voluntad de solicitar acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada. En la misma fecha, esta autoridad citó a la recurrente a la entrevista de admisibilidad, establecida en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, para el día 18 de octubre de 2024 a las 11:30 hrs. en el Departamento de Refugio y Protección Internacional. No obstante, los registros del Servicio Nacional de Migraciones evidencian que la extranjera no concurrió a la cita prevista, lo que se acredita con una foto captura de los registros administrativos adjunta a su informe. Añade que la recurrente puede concurrir nuevamente ante sus dependencias con el objetivo de solicitar una nueva entrevista de admisibilidad, y que esta autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en su contra. Argumenta que la actuación del Servicio se ajustó plenamente a derecho, de acuerdo con la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, que modificó la Ley N° 20.430, estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de solicitudes de refugio, incluyendo el plazo fatal de siete días para manifestar la voluntad de solicitar refugio desde el ingreso al país. Reconoce la gran cantidad de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (más de 11.948, con 6.199 concentradas en la Región Metropolitana), lo que genera una alta demanda y explica los tiempos de espera para las entrevistas, enfatizando que no resulta posible otorgar fechas anteriores sin vulnerar directamente el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Tercero: Que conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección tiene por objeto velar por las formalidades legales, adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuando éste sufriere una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales allí protegidas, pudiendo esta Corte disponer que se reparen los defectos legales, corrigiéndolos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

Cuarto: Que, en el caso de autos, la parte recurrente denuncia una acción u omisión arbitraria o ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, consistente en la negativa a la recepción y tramitación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, así como la falta de otorgamiento de una visa temporaria. Dicha negativa se habría concretado, a juicio de la recurrente, en que, habiendo asistido a una cita agendada para el 16 de octubre de 2024, no fue atendida ni reagendada, interrumpiendo su proceso de solicitud y vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y la protección frente a actos arbitrarios o ilegales.

Quinto: Que, sin embargo, del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones y de los antecedentes acompañados, se desprende que la situación no se corresponde con una negativa arbitraria o ilegal de la autoridad. En efecto, la institución aludida adjunta como prueba un Oficio Ordinario N° NUM003, de fecha 14 de junio de 2024, el cual cita expresamente a la recurrente, doña nombre reservado, para una entrevista de admisibilidad el día 18 de octubre de 2024 a las 11:30 hrs. en sus dependencias. Adicionalmente, afirma, y aporta una captura de pantalla de sus registros, que la recurrente "no concurrió a la cita prevista". La circunstancia de que la actora alegue haber asistido el día 16 de octubre, y no el 18 de octubre, y su alegación de no haber sido atendida o reagendada, no desvirtúa la constancia de la citación oficial por parte del organismo recurrido para una fecha específica, ni su registro de inasistencia, que de ser efectiva, es imputable a la propia recurrente. La autoridad migratoria, por tanto, cumplió con su deber de agendar y citar a la recurrente para el inicio del procedimiento.

Sexto: Que, en el contexto de la masiva afluencia de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, detallada por la recurrida, que implica una alta carga de trabajo y demoras en el agendamiento de citas, la acción del Servicio Nacional de Migraciones de citar a la recurrente a una entrevista de admisibilidad para una fecha determinada, y su constatación de la inasistencia, no puede calificarse como un acto arbitrario o ilegal que conculque las garantías constitucionales invocadas. La autoridad actuó conforme a su procedimiento interno y a la ley al agendar la entrevista. La posterior no comparecencia de la solicitante, según los registros de la recurrida, no genera una omisión o acción imputable a la administración, que sea constitutiva de ilegalidad o arbitrariedad. Más aún, la recurrida ha señalado expresamente que la extranjera puede solicitar una nueva entrevista de admisibilidad, lo que demuestra que su derecho a solicitar refugio no ha sido denegado de forma definitiva ni arbitraria.

Séptimo: Que, en consecuencia, no existiendo un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, el presente recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N° Protección-5556-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Iara Barrios Melo, conformada por el Ministro (S) señor Rodrigo Carrasco Meza y la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa.