nombre reservado con CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO
- Fecha
- 19 de julio de 2016
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 55557-2016, sentencia de 19 de julio de 2016
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección contra el Conservador de Bienes Raíces por no ser el arbitrio idóneo: existe un procedimiento específico ya utilizado y lo discutido requiere un proceso previo, sin derecho indubitado.
Texto íntegro
Fojas: 103- ciento tres C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de julio de dos mil dieciséis.
A fojas 100 y 102: Téngase presente.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que, por lo principal de fojas 17, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección contra el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, don Luis Maldonado Croquevielle, por los actos ilegales y/o arbitrarios consistentes en haber modificado la inscripción de dominio del inmueble de su propiedad sin su consentimiento y mediante una “constancia” y negar copia de dicha “constancia” y de los documentos que la fundan y con arreglo a los cuales efectuó tal “constancia” el citado Conservador, lo que, estima, lesiona su derecho de propiedad garantizado constitucionalmente.
Fundamentando el recurso, explica que por escritura pública de 16 de abril de 2003, adquirió un 12,85% de los derechos en la propiedad ubicada en domicilio reservado, efectuándose la competente inscripción en el Registro de Propiedad del oficio del recurrido.
Agrega que esta propiedad fue embargada el seis de junio de 2015 en virtud de decreto judicial librado en el procedimiento ejecutivo seguido en su contra por el Banco BBVA ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, proceso en el que la individualización del inmueble fue sido expresamente controvertida por su parte. Con ocasión de este proceso, añade, el 2 de junio del año en curso tomó conocimiento que la inscripción de dominio a su nombre fue modificada a través de una “constancia” del siguiente tenor: “Se deja constancia que el inmueble mencionado al centro, está ubicado en Domeyko 1771 al 1779, Santiago, 18 mayo 2016”. Solicitó a su abogado que recabara ante el Conservador de Bienes Raíces copia de los documentos con arreglo a los cuales había procedido a modificar su título de dominio, informando también en base a qué facultades se habría procedido a dicha modificación, negándose el recurrido a ambas peticiones.
Puntualiza que de acuerdo al N°4 del artículo 78 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, en relación con artículo 82 del mismo texto legal, la corrección de una designación legal debe realizarse por escrita pública o por minuta escrita, pero, en todo caso, suscrita por ambas partes. De igual modo, la rectificación de errores o cualquier modificación que el Conservador deba hacer debe ser objeto de una sub-inscripción. Y conforme a lo previsto en los artículos 49 y 50 del citado Reglamento, el Conservador no debió negarle la información pedida.
Al finalizar, solicita se deje sin efecto la constancia realizada el 18 de mayo del año en curso y se ordene al recurrido otorgar copia de los antecedentes conforme a los cuales procedió a realizar la modificación denunciada.
Segundo: Que, a fojas 55 y siguientes, don nombre reservado, Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago suplente, expone que de acuerdo al artículo 78 N°4 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, las inscripciones conservativas deben contener, entre otras, el “nombre y linderos del fundo”; en la práctica, agrega, el asiento registral debe contener la más adecuada y completa singularización del inmueble de modo que sea perfectamente identificado.
En la especie, explica, la inscripción de fojas 31817 N°29222 del Registro de Propiedad del año 2003 a nombre del recurrente indica que éste es dueño de derechos equivalentes a un 12,85% en la propiedad ubicada en domicilio reservado, derechos actualmente hipotecados y embargados. Efectivamente, añade, el 18 de mayo del año en curso se puso una nota al margen de la inscripción dominical, dejando constancia que la propiedad está ubicada en domicilio reservado. Para proceder de este modo, expone, se revisó toda la cadena de inscripciones, la que se remonta a la inscripción de fojas 7927 N°15411 del año 1943, en la que se singulariza el dominio pleno de la propiedad con los “N°1771 a 1779 de la calle Domeyko”. Señala que esta propiedad fue enajenada en distintos porcentajes a terceros, lo que es usual pues se trata de una cité que, al no encontrarse acogida a la Ley de Venta por Pisos, no puede enajenarse cada casa por separado; en cada una de estas transferencias se señalan los mismos deslindes y los mismos números municipales, y la diferencia son sólo los roles de avalúo fiscal porque el Servicio de Impuestos Internos le asignó un número de rol separado a cada casa aunque registralmente no se hayan generado inscripciones de dominio separadas. Sin embargo, la única inscripción en que se cita como número municipal el 1779 es la del recurrente y como se omitió indicar que el inmueble se encuentra en los N°1771 al 1779, el oficio a su cargo puso una nota al margen, aclarando esta situación, procediendo de acuerdo a las facultades que concede el artículo 88 del Reglamento, fundado en la historia registral de la propiedad y previa autorización del beneficiario del embargo decretado respecto de los derechos de propiedad del recurrente. Acompaña a su informe copia de los antecedentes presentados por el beneficiario del embargo, Banco BBVA, que, a su juicio, justifican aun más la anotación marginal practicada. Y también copia de la tramitación que se le dio a la petición presentada por el recurrente, en la que consta que el 23 de junio del año en curso se dio respuesta al requerimiento indicando que “no procede solicitud, no obstante, se informa que la anotación fue realizada con el consentimiento del acreedor del embargo inscrito en la propiedad”, lo que revela que no se ha negado la entrega de copias al interesado.
Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Cuarto: Que, a lo anterior es dable agregar que, en la especie, existe en nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento respectivo, instancia en que tanto reclamante como reclamado disponen de las oportunidades procesales necesarias para realizar no sólo las alegaciones correspondientes a las teorías que defienden, sino también rendir las pruebas pertinentes a sus argumentaciones, resguardándose así el derecho al debido proceso consagrado constitucionalmente. Dicho procedimiento ha sido ya utilizado por la recurrente y, según aparece de autos, es controvertido entre las partes y ha sido objeto de decisión e impugnación.
Quinto: Que, por consiguiente, el presente arbitrio no resulta idóneo para la discusión planteada por la recurrente, no sólo por existir el procedimiento correspondiente específico, sino también porque la determinación de la procedencia del beneficio cuestionado requiere, a simple lectura, de un proceso previo, lo que importa, en fin y además, que la afectada carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que objetiva la tutela inmediata y efectiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.
Y de acuerdo, además, con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el deducido a fojas 17.
Regístrese y archívese, si no se apelare.
N°Protección-55.557-2016.
Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por la Ministra señora Javiera González Sepúlveda y el Abogado integrante señor David Peralta Anabalón.
Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.
En Santiago, diecinueve de julio de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.