MARÍA AYUDA CORPORACIÓN DE BENEFICENCIA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.

Proveyendo al escrito folio 307017: téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que, comparece la Corporación de Beneficencia María Ayuda, RUT RUT reservado, quien recurre de protección contra la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, fundado en el acto arbitrario e ilegal consistente en no dar curso, por extemporáneo, a la reclamación administrativa de multa deducida contra la Resolución 1325/18/11 N°1, 2 y 3, que impuso tres multas ascendientes en total a 140 UTM contra la recurrida.

Funda el recurso en que la recurrente fue fiscalizada por la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, la que estimó infringidas diversas disposiciones del Decreto Supremo N°40 y del Código del Trabajo, dictando resolución de multa de fecha 24 de abril de 2018, que impuso tres multas ascendientes en total a 140 UTM contra la recurrida, la que le fue notificada el 2 de mayo de 2018.

Indica que con fecha 5 de junio de 2018, la recurrente interpuso reconsideración administrativa de la multa, conforme al artículo 511, y dentro del plazo de 30 días que establece el artículo 512, inciso 1°, ambos del Código del Trabajo.

Expone que no obstante ello, mediante Ordinario N°657/2018, de fecha 3 de julio de 2018, la recurrida no dio curso a la reconsideración administrativa, por estimarla extemporánea, al haberse deducido fuera del plazo de 30 días corridos.

Al punto argumenta que el artículo 512, inciso 1° del Código del Trabajo no establece si el plazo es de días hábiles o corridos, y que tratándose de una reclamación ante un órgano de la administración del estado rige supletoriamente la ley N°19.880, conforme lo dispone su artículo 1°; y a la vez el artículo 25° regula que los plazos en el procedimiento administrativo corresponden a días hábiles, entendiéndose por inhábiles sábados, domingos y festivos; razonamiento que por lo demás ha sido recogido por la Excelentísima Corte Suprema en diversas resoluciones.

Indica que de tal forma se dedujo la reclamación administrativa dentro de plazo, por lo que el rechazo por parte de la recurrida afecta su garantía del art. 19 N°2 de la Constitución, ya que al desconocerse el plazo legal se le da un trato desigual; asimismo se afecta su garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, ya que se le obliga en forma abusiva al pago de las multas impuestas.

Pide acoger el recurso, dejando sin efecto el Ordinario 657/2018, ordenando a la recurrida dar curso y resolver la reconsideración administrativa sometida a su conocimiento.

SEGUNDO: Que, la recurrida informa alegando la falta de idoneidad del recurso, ya que lo pretendido por la recurrente tiene un procedimiento específico y establecido en la ley, la reclamación judicial establecida en el artículo 503 del Código del Trabajo, por lo que ventilar este asunto por vía cautelar significa en la especie prescindir del sistema procesal vigente, haciéndolo inútil.

En cuanto al fondo, indica que el plazo de 30 días que establece el artículo 512, inciso 1° del Código del Trabajo es de días corridos, por cuanto así lo ha establecido la Contraloría General de la República mediante diversos dictámenes, entre ellos el 17344 del 2014, jurisprudencia que le es vinculante al servicio recurrido.

Agrega que normativamente, cada vez que el legislador laboral ha querido establecer un plazo de días hábiles lo ha hecho en forma expresa, como se aprecia de los artículos 162 inciso 2°, y 7°, 168 inciso 1°, 503 y 508 del cuerpo legal citado. Esto se refrenda de la regla general en materia de computo de plazos del Código Civil, establecida en el artículo 50, es de días corridos.

Expone que no resulta posible la aplicación supletoria de la ley N° 19.880, por cuanto el propio Código del Trabajo zanja el plazo aplicable.

Alega que no ha incurrido en acto arbitrario ni ilegal alguno, ya que la resolución reclamada se dictó en mérito de las facultades que el artículo 506 ter del Código del Trabajo confiere al servicio, y lo resuelto se ajusta a la interpretación de la normativa legal vigente sobre la materia.

No se afecta la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto es una doctrina universal del servicio que el plazo para reclamar administrativamente de las multas es de 30 días corridos, para todos los que lo ejerzan. No hay tampoco afectación indebida a su derecho de propiedad, por cuanto la resolución adoptada se ajusta a derecho.

Pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que, en cuanto a la primera alegación opuesta por la recurrida, esto es que el legislador ha contemplado vías jurisdiccionales específicas para reclamar de estas irregularidades, como es el reclamo que contempla el artículo 503 y 504 del Código del Trabajo, cabe desestimar ese fundamento, en atención a que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental, constatada la vulneración a una garantía fundamental referida en esa norma, la protección resulta siempre procedente, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, en la especie, lo que reclama la recurrente es que se le haya denegado el derecho a reclamar de una multa, mediante un acto ilegal y arbitrario, que le infringe una lesión a sus derechos fundamentales.

En efecto, mediante ordinario N° 657, de fecha 3 de julio de 2018, la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida deniega la reconsideración de multa que ha interpuesto la recurrente porque estima que se presentó fuera del plazo legal, que esa repartición entiende que es de días corridos, asilándose en que el legislador laboral al establecer plazos de días hábiles lo ha hecho en forma expresa, y en la regla general para cómputo de plazos establecida en el artículo 50 del Código Civil.

Sin embargo, tratándose en la especie de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa en el referido artículo 512 del Código del Trabajo sobre la forma de computar dicho plazo, el término de treinta días debe ajustarse a la normativa general en esta materia, que está contenida en la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos.

QUINTO: Que, en tal virtud, el artículo 25 de este texto legal establece que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo es de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles para este efecto los sábados, domingos y festivos.

Por lo tanto, al haberse notificado la resolución que le impuso la multa a la empresa recurrente el día dos de mayo de dos mil dieciocho, y habiéndose interpuesto la reclamación administrativa contra la multa el día cinco de junio de dos mil dieciocho, en la especie solo transcurrieron veinticuatro días hábiles, por lo que el reclamo se dedujo dentro del plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

SEXTO: De consiguiente, la actuación de la recurrida, al declarar inadmisible la reconsideración, mediante el Ordinario 657 aludido, resulta ilegal, toda vez que la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida se ha negado a tramitar un recurso contemplado en la ley y presentado dentro de plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ante una clara interpretación en el sentido que ya se ha razonado, da al recurrente un trato discriminatorio y arbitrario.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política, artículo 25 de la Ley N° 19.880 y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, se acoge el recurso de protección deducido por la Corporación de Beneficencia María Ayuda, y se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° 657, de fecha 3 de julio de 2018, de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, debiendo el organismo recurrido admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa, presentado por la recurrente el día cinco de junio de 2018, contra la Resolución de Multa 1325/18/11 N°1, 2 y 3, de esa repartición.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-55439-2018.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada por el Ministro señor Javier Moya Cuadra y el Ministro (s) señor Pedro Advis Moncada.