nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1°.- Que con fecha 2 de agosto de 2018, don Luis Cáceres Valdés en representación de don nombre reservado interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por el acto que reprocha de ilegal o arbitrario consistente en la notificación viciada de la resolución Ex 153 de 25 de abril de 2018, que se pronuncia sobre la RAF presentada respecto de las liquidaciones 154 a 186 de 2010, en contra de su representado.

Indica que con fecha 15 de enero del año 2018 presentó ante la Dirección Regional Metropolitana del SII, solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (en adelante RAF), dejándose expresa constancia en dicha presentación que el domicilio de su representado es domicilio reservado.

Luego, el 25 de abril del año 2018 se dicta la Resolución Exenta Nº 153 de la Dirección Regional Metropolitana del SII, la que fue notificada el 27 del mismo mes y año, en el cual el funcionario actuante señala que notifica por cédula en calle Compañía (que era el domicilio del abogado), pero no indica la persona adulta que recibe la notificación, ni donde deja dicha diligencia, y peor aún solo firma no indicando su nombre, número de credencial del SII o timbre de responsabilidad. Esto va contra la misma resolución que ordenaba notificar al contribuyente en el domicilio de domicilio reservado, lo que no se hizo por parte del SII, repitiendo su actuar negligente y arbitrario.

Sostiene que la notificación de la resolución exenta es nula, y que se declare inadmisible por improcedente la revisión de la actuación fiscalizadora.

Indica que el actuar del SII infringe lo dispuesto en los artículo 12 y 13 del CT y las normas de la Circular N°51 de 2005, Circular N° 26 de 2008 y N° 13 del 2010, todas dictadas por el SII, lo que lo torna ilegal, puesto que nunca se cumplió con alguna de las formas de notificación que establece la normativa citada.

Asimismo, sostiene que el actuar del SII es arbitrario, pues desconoce su propia normativa administrativa en la tramitación de este procedimiento administrativo de la RAF, y viola abiertamente los derechos de los contribuyentes establecidos en el artículo 8 bis Nº 8, 9 y 10 del Código Tributario, que exige que las actuaciones se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, el derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y el derecho a plantear sugerencias y quejas sobre las actuaciones de la administración en que tenga interés o que le afecten, lo que no se ha respetado en la especie.

Estima que el actuar del recurrido vulnera el derecho al libre acceso a la justicia previsto en el art 19 N°3 de la Constitución Política de la República, ya que deja a su representado en un estado de indefensión absoluta, pues no puede discutir la legitimidad del actuar del SII, siendo esta la última instancia para impugnar las liquidaciones 154 a 186 de 2010.

Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 153 de 25 de abril del 2018, ordenando al Servicio de Impuestos Internos la revisión de las liquidaciones 154 a 186 del año 2010 en contra de su representado don nombre reservado.

2°.- Que el 17 de agosto de 2018, informa doña nombre reservado, abogado del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso.

Como antecedentes de hecho de su informe, indica que el Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas, de la XIII Dirección Regional Santiago Centro, emitió las Liquidaciones N°s 154 a 186, de fecha 12 de mayo de 2010, que determinaron diferencias del Impuesto al Valor Agregado, por los períodos de enero a diciembre de 2004, enero a diciembre de 2005; Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por los años tributarios 2005 y 2006; Impuesto Global Complementario, por los años tributarios 2005 y 2006; y Reintegro, del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los años tributarios 2005, 2006 y 2007, ascendentes al monto neto de $649.870.475, que más reajustes e intereses conforme al artículo 53 del Código Tributario, y multa conforme al artículo 97 N° 11 del mismo cuerpo legal, totalizan al 31.05.2010, la suma de $1.687.041.112, esto debido a la utilización irregular de crédito fiscal.

De estas liquidaciones el recurrente interpuso reclamo tributario el 30 de agosto de 2010, el que fue conocido bajo el Rol N° 10.100-10 RL, dictándose sentencia el 10 de marzo de 2016, la que fue notificada el 25 de abril de 2016 y en su contra no se interpuso recurso alguno, produciéndose el efecto de cosa juzgada. Posterior a ello, se emitieron los giros respectivos y en contra de estos, tampoco se presentó recurso alguno.

Hace presente que el 10 de agosto del año 2016, el recurrente, personalmente efectuó una petición en los autos Rol N° 10.100-10 RL, solicitando que se deje sin efecto la notificación de la sentencia definitiva, la que fue rechazada con fecha 24 de octubre de 2016. En contra de estas resoluciones tampoco se interpuso recurso alguno.

En cuanto a la solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora, se presentó el 15 de enero de 2018, respecto de la citación N°05-3 de 10 de febrero de 2010 y de las liquidaciones N°154 a 186 de 12 de mayo de 2010, aduciendo una serie de vicios que vulneran sus derechos.

No obstante lo anterior, cabe señalar que en los considerandos 11 a 29 de la Resolución Exenta N°153, la jefatura se pronunció expresamente respecto de todas las alegaciones que el contribuyente realizó en su presentación, siendo notificada por cédula con fecha 27 de abril del año 2018 al apoderado del solicitante, designando en la solicitud de Revisión Administrativa, realizada mediante Formulario 3314, en el domicilio ubicado en domicilio reservado.

Hace presente que el mismo recurrente interpuso recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República por la emisión de los giros, siendo tramitado en los autos rol N° 22.831, siendo rechazado mediante fallo dictado con fecha 15 de junio del 2018, el que fue confirmado por la Excma. Corte Suprema, con fecha 09 de julio de 2018, en autos Rol N° 15126-2018.

Alegó, además, la extemporaneidad del mismo, pues el fundamento del mismo es la Resolución Exenta N° 153, de 25 de abril de 2018; la que fue válidamente notificada al apoderado del recurrente, con fecha 27 de abril del año en curso, por lo que el plazo para interponer la presente acción, venció ineludiblemente el día fecha 27 de mayo pasado.

Agregó que el derecho constitucional invocado por el denunciado no es de aquellos que protege la acción de protección, porque el artículo 20 de la Carta Fundamental, sólo protege la garantía constitucional establecida en el inciso 5° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que dice relación con la protección de las personas a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta, con anterioridad a la perpetración del hecho.

Alegó, además, la falta de ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar del SII, debido a que la resolución recurrida se notificó tanto al contribuyente como a su apoderado, a este último por cédula en el domicilio de domicilio reservado, que corresponde a la dirección que se indicaba en la respectiva la petición administrativa, perfeccionándose de esta manera la notificación efectuada, cumpliéndose de esta forma los requisitos del art 12 del Código Tributario, teniendo presente que además no se reclamó ante la autoridad administrativa la nulidad de dicha notificación.

3.- Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4°.- Que, consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, en síntesis, el presente recurso de protección se fundamenta en que el actuar del recurrido vulneraría el derecho al libre acceso a la justicia previsto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, ya que dejaría al recurrente en un estado de indefensión absoluta, pues no podría discutir la legitimidad del actuar del SII, siendo esta la última instancia para impugnar las liquidaciones que se han referido previamente.

Sin embargo, como ya se señaló, el presente recurso constitucional sólo protege determinadas garantías constitucionales señaladas explícitamente en el artículo 20 ya mencionado, dentro de las cuales no se encuentra aquella referida por el recurrente respecto al “libre acceso a la justicia”, encontrándose sólo amparada la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, misma que se encuentra contenida en el inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Carta Magna, la cual no fue invocada por el actor y que, en todo caso, del análisis de la argumentación expresada por aquél en el presente recurso, tal situación fáctica no concurre.

6°.- Que, a mayor abundamiento, como se ha sostenido reiteradamente, la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de lo que ya ha sido resuelto en sede administrativa, y para lo cual debió seguirse el procedimiento establecido en la ley para impugnar lo allí resuelto, y no pretender que en esta sede, y por la vía de una acción cautelar, se deje sin efecto la mencionada Resolución 153 expedida por el Servicio de Impuestos Internos, y con ello se proceda a la revisión de las liquidaciones que pretende el recurrente, procedimiento que como se señaló se realizó conforme a derecho, pues de los antecedentes aportados por éste, aparece que su abogado fue debidamente notificado por cédula en el domicilio que él proporcionó al órgano administrativo en la reclamación tributaria respectiva.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de la República y 12 del Código Tributario y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido por el abogado don Luis Cáceres Valdés en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por don nombre reservado, con costas.

Regístrese y comuníquese.

Rol 55.399-18.