nombre reservado con SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO

SEQ CHAPTER \h \r 1 Santiago, dieciséis de octubre de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, Ingeniero comercial, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección de conformidad a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Subsecretaría de nombre reservado, representada por su Subsecretario don Antonio Frey Valdés, por la decisión arbitraria e ilegal consistente en el término anticipado de sus servicios laborales conculcando de esta forma sus derechos fundamentales pre existentes e indubitados que se encuentran garantizados por la Carta Fundamental, solicitando se acoja el presente recurso y se restablezca el imperio del derecho, adoptando las medidas urgentes necesarias que le otorguen la debida protección al legítimo derecho a la libertad de trabajo y derecho a la igualdad y de propiedad sobre toda clase de cosas y bienes corporales e incorporales previsto en el numeral 24 del artículo19 de la Constitución Política, concordado con el artículo 583 del Código Civil.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 1 de junio de 2012, ingresó a la Subsecretaría de nombre reservado de la Región de Arica y Parinacota en el cargo de Coordinador Regional de Seguridad Pública, en virtud de Resolución N° 154 de 28 de mayo del mismo año, prorrogado en virtud de resolución N° 116 de 18 de diciembre de 2013 por el cual se le contrata a contar del día 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014 en grado 6 de la E.U.R. . Luego de asumidas las nuevas autoridades fue objeto de conductas de maltrato, acoso y discriminación que se manifestaron en amenazas constantes de poner término anticipado a su contrato por no ser de confianza política. Agrega que con fecha 9 de junio de 2014, recibió una carta dando término a su vínculo laboral, suscrita por la Jefa de la División de Administración, Finanzas y Personas, señora nombre reservado, estando fuera del lugar por encontrarse en proceso de postulación a la directiva de la Asociación de Funcionarios de la referida Subsecretaría. A fin de justificar la intención de despojarlo de su fuente laboral, se argumentó bajo rendimiento y errores, señalando incluso que era el Coordinador Regional peor evaluado del país, lo que resulta totalmente contradictorio con sus calificaciones. Fue criticado duramente por las nuevas autoridades por no ser de su confianza, sin argumentos que lo justifiquen. Con fecha 2 de julio de 2014, recibió copia de un correo donde se le indicaba a la Jefa de Gabinete del Intendente señora Pamela Cousins que le asignara nuevas dependencias, ya que su lugar de trabajo sería asignado a don nombre reservado, lo que informó al Intendente, recibiendo como respuesta que desde el nivel central le informaron que ya no era Coordinador Regional, lo que consta en correo electrónico recibido el lunes 14 de julio de 2014. Posteriormente, el 9 de agosto, recibió carta certificada que le indicaba que en virtud de la Resolución N° 110 de 14 de mayo de 2014, con Toma de Razón de la Contraloría General de la República de fecha 4 de junio, a contar de la total tramitación de la referida Resolución, se pone término a su designación a contrata, profesional grado 6° en la E.U.R. con desempeño en la Subsecretaría de nombre reservado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Como antecedentes de Derecho, destaca la naturaleza de las funciones desempeñadas; la ausencia de evaluación de su desempeño profesional; la falta de fundamentación del acto administrativo que puso término a sus servicios y garantías afectadas, agregando que de conformidad a lo establecido en el inciso 2° de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos del Estado, que exige que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan, lo que en su caso no se cumplió, por lo que dicho acto deviene en arbitrario, por cuanto se traduce que en la especie, no hay motivación alguna, puesto que por una parte no se ha invocado la causal de no ser necesarios sus servicios profesionales, como tampoco una mala evaluación de desempeño, por el contrario, sólo se menciona en la Resolución reclamada que se pone término anticipado a sus servicios por necesidades del servicio. Agrega que en un Estado de Derecho no basta escudarse en el ejercicio de una potestad, sino que se debe cumplir con al menos el requisito mínimo de racionalizar los actos de los entes públicos, porque pensar en sentido contrario, conduce inevitablemente al abuso y la injusticia contra los ciudadanos, y en el caso de marras, contra los servidores públicos., citando al efecto una sentencia de la I. Corte de Concepción, Recurso de Protección Ingreso 1805-2014. Al actuar de la manera indicada la Subsecretaría de nombre reservado ha afectado la garantía de igualdad ante la ley al ser discriminado arbitrariamente en comparación a otros servidores públicos que, desempeñándose en cargos de igual naturaleza, permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones que han de expresarse en el correspondiente acto administrativo. De igual forma se ve afectado su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que se ha visto privado de su derecho a las remuneraciones que le correspondían, vulnerándose asimismo su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, garantía contemplada en el artículo 19 N° 21, además de su libertad de conciencia, al haberse prescindido de sus servicios únicamente por razones políticas, al haber ingresado al servicio durante la administración anterior.

Por otra parte, se ha perturbado su derecho consagrado en el artículo 19 N° 16, esto es, la libertad de trabajo y su protección ya que se pretende con su desvinculación privilegiar a otros, siendo que hasta la fecha de cese de su contrato, desempeñaba una labor de excelencia dentro del sistema público. Finalmente se ha vulnerado su derecho contemplado en el artículo 19 N° 17 de la Constitución Política, esto es, la admisión de todas las funciones y empleos públicos, pues el cese de su contrato ha sido motivado únicamente por haberse incorporado al servicio en la administración pasada, negándosele la posibilidad de seguir sirviendo a la actual administración.

Indica finalmente, que el presente recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, por lo que solicita admitirlo a tramitación, acogerlo y consecuentemente dejar sin efecto la decisión adoptada por el citado servicio, ordenando su reincorporación y el pago de las remuneraciones correspondientes desde la cesación ilegal y arbitraria de sus servicios profesionales, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, en su informe evacuado a fojas 77 don Antonio Frey Valdés, nombre reservado, señala en forma previa que la cita sustentadora efectuada por el recurrente y transcrita en el párrafo precedente es poco precisa y resulta jurídicamente improcedente, sin perjuicio de lo cual, pasa a exponer la situación producida con el recurrente. Primeramente, ratifica las circunstancias de la contratación del señor nombre reservado mediante Resolución N° 154 de fecha 28 de mayo de 2012, en calidad jurídica “a contrata” , grado 6° EUS para desempeñar el cargo de Coordinador Regional de Seguridad Pública en la Región de Arica y Parinacota, ingreso que se verificó con fecha 01 de junio de 2012. Vinculación laboral que fue prorrogada en iguales condiciones mediante RES EX. N° 508 ….” a contar del 1° de enero de 2014 y hasta que sus servicios sean necesarios, los que en todo caso no podrán exceder del 31 de diciembre del mismo año….”. Con fecha 14 de mayo de 2014, mediante Resolución 110 la que se encuentra totalmente tramitada y tomada razón por la Contraloría General de la República, notificada legalmente, se dispuso el término de la designación bajo las siguientes consideraciones: “ Que si bien la designación a contrata del funcionario se verificó con la incorporación de la clausula “mientras sean necesarios sus servicios” cuyo fundamento legal se encuentra, por una parte en la letra c) del artículo 3° de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que prescribe que los cargos a contrata son aquellos de carácter transitorio que consultan en la dotación de una institución, por otra, en el inciso primero del artículo 10 del mismo texto legal, que dispone que dichos empleos durarán como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de eventuales prórrogas. De lo expuesto, colige que las plazas a contrata, son esencialmente transitorias y, además, que la ley ha establecido de forma expresa para dichos cargos un período máximo, autorizando de este modo a la autoridad para establecer un plazo inferior, como ocurre a modo de ejemplo, mediante el empleo de la citada fórmula, tal como se ha reconocido invariablemente por la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República , entre otros, en los dictámenes N° 41.633 bis de 2011; 53.554 de 2002; 19.920 de 2007 y 5.822 de 2011. Se deja constancia al final del acto administrativo que “...La persona antes mencionada no registra cargos ni se encuentra sometida a procesos disciplinarios”.

Hace presente que de acuerdo a los Registros vinculados al Departamento de Personal de esa Subsecretaría referidos al proceso de calificación anterior ( año 2012-2013), es posible informar que el señor nombre reservado fue calificado en Lista 1. Al realizar un análisis comparativo de puntaje obtenido en relación con los demás funcionarios de esa cartera de Estado, su calificación se ubica en el lugar 60 entre 133 evaluados y específicamente respecto a su División (Coordinación Nacional), ocupa el lugar 15 de 19 evaluados.

Refiriéndose a los antecedentes de Derecho, y en lo que dice relación con la propiedad del cargo, señala que conforme lo dispone la letra c) del artículo 3° de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, los cargos a contrata son aquellos de carácter transitorio, consecuentemente a su respecto no existe derecho de propiedad alguno vulnerado.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad, señala que en materia de contratación de personal del Estado y específicamente respecto del acto administrativo que autoriza la designación a contrata la frase “mientras sean necesarios sus servicios” , es una práctica administrativa general y habitual. Agrega a este respecto que la Contraloría General de la República, en una doctrina recurrente y mantenida en el tiempo, se ha pronunciado en el sentido siguiente: En el Dictamen 66812 de 09 de noviembre de 2010 la Contraloría se ha pronunciado respecto de la cita “ mientras sean necesarios sus servicios” en el sentido que apunta a entender que la contratación se mantendrá mientras sean requeridas las labores del respectivo funcionario, teniendo presente además que, conforme a la normativa que los rige, dichos empleos son eminentemente transitorios y la ley sólo les establece una duración máxima, pero no limita a la Administración en cuanto a la determinación de una extensión menor toda vez que ello contravendría el principio de eficiencia consagrado en los artículos 3°, inciso 2° y 5° inciso 1° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como se ha concluido en el Dictamen N° 41.633 bis de 2001. Ratificando el criterio referido, la Contraloría en Dictamen N° 33111 de 18 de junio de 2010 sobre la situación en análisis ha sostenido “….. En este sentido, debe manifestarse que el término de la contrata de un servidor por no ser necesarios sus servicios, constituye el resultado del ejercicio de la facultad legal de la autoridad de poner fin en forma anticipada a este tipo de contratación, tal como lo ha sostenido en el dictamen N°58.122 de 2009, de este origen, de modo que aquella causal constituye, en sí misma, fundamento suficiente para cesar la designación de la interesada….”

Agrega, que en Dictamen de principios del presente año N° 6170 de 24 de enero de 2014, indicó que “.. la Jurisprudencia de esta Entidad de Control, contenida en los dictámenes N° 69.458 de 2012 y 31.460 de 2013, ha indicado que cuando una contrata ha sido ordenada con la cláusula “ mientras sean necesarios sus servicios” como acontece en el caso en análisis, la autoridad puede ponerle término cuando lo estime conveniente, esto es, en cualquier época previa a su vencimiento, lo que resulta de la propia naturaleza de este tipo de labores, por lo que corresponde señalar que no se advierte ninguna actuación arbitraria o ilegal de la jefatura en este sentido…”.

Consecuente con la jurisprudencia administrativa señalada, la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 13 de diciembre de 2010, dictada en recurso de protección rol 8.034-2010 declaró en síntesis que la clausula “mientras sean necesarios sus servicios”, guarda armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata, cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, agregando que es una expresión que ha sido establecida para posibilitar en estas designaciones un período de vigencia menor al que resta para finalizar el año en que éstas se efectúen.

Por todo lo antes expuesto, solicita tener por evacuado el informe solicitado y en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, rechazar en definitiva el Recurso de Protección interpuesto, dado que no existe en la actuación de la Autoridad vulneración de derechos ni se ha efectuado una acción arbitraria o ilegal en contra del recurrente, sino, justamente lo contrario, ya que lo acaecido con el señor nombre reservado, se enmarca en la legalidad administrativa ratificada por la Contraloría General de la República ratificada por la Jurisprudencia Judicial.

TERCERO: Que, para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, el que ha sido objeto de perturbación o privación del legítimo ejercicio de dicho derecho, siendo indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado, sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho;

CUARTO: Que, para acreditar los fundamentos de la decisión adoptada, la parte recurrida ha acompañado a su informe, los siguientes documentos: a) Memorándum N° 3471-2014 emanado de doña nombre reservado de la División Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Delito, dirigido a don nombre reservado, Jefe División Jurídica de la citada Subsecretaría, en que remite antecedentes relativos a las contrataciones del recurrente. Se adjunta Resolución 508 de fecha 02 de abril de 2014, Resolución N° 110 de fecha 14 de mayo de 2014 y Memorándum N° 346/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, ya analizadas.

QUINTO: Que, según se dijo, para que la acción cautelar de protección prospere, constituye requisito indispensable de la misma, la existencia de un acto ilegal- esto es- contrario a la ley, según la definición contenida en el artículo 1° del Código Civil-o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- que provoque algunas de las situaciones y afecten a una o más de las garantías constitucionales protegidas. Solo en caso de darse algunas de las dos exigencias mencionadas, que no son copulativas, según surge de la redacción del precepto constitucional que la consagra, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas, ya que de otro modo dicha tarea resulta estéril. En cuanto al concepto de arbitrariedad, las Cortes han ido desarrollando un concepto de arbitrariedad como requisito del recurso de protección, así recurriendo al Diccionario de la Real Academia Española, se establece que el concepto es definido como aquel acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho, entonces, para que exista arbitrariedad, debe haber carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea, una actuación carente de fundamentación.

SEXTO: Dicho lo anterior, resulta que de los antecedentes tenidos a la vista no resulta factible atribuir ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de la recurrida, ni es posible estimar vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, de propiedad, ni de igualdad ante la ley, pues, se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 18.834 en su letra c) sobre Estatuto Administrativo, y artículo 10 del mismo texto legal, en cuanto su designación “a contrata” en la Administración pública, se verificó precisamente bajo la clausula “mientras sean necesarios sus servicios, siendo dicho cargo de carácter eminentemente transitorio, con una duración máxima , hasta el 31 de diciembre de cada año, lo que evidentemente era conocido por el recurrente, como asimismo la posibilidad de su prórroga, como de hecho ocurrió, pero también encontrándose facultada para anticipar dicho término, propio de la precariedad de dicha calidad de empleo, supeditada a las necesidades de su empleadora circunstancia no desconocida por el recurrente. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad sobre el empleo, esta no es tal, sino que sólo existe un derecho a la función pública y la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, no contempla una supuesta propiedad del empleo o función asegurándose sólo la admisión a dicha ocupación y se encuentra contemplado en el N° 17 del citado artículo 24, que se limita, como se dijo, sólo a la admisión a tales ocupaciones, cuando se cumplen los requisitos para ello, pero no abarca a la permanencia en tales funciones o empleos, no encontrándose amparado por el recurso de protección en análisis, conforme la enumeración que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental .

SEPTIMO: Que por otra parte, no consta en autos que el actor haya recurrido de ilegalidad, lo que constituye una omisión propia, significando esto que ha aceptado la legalidad del acto impugnado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 32, en contra de la Subsecretaría de nombre reservado, representada por su Subsecretario don Antonio Frey Valdés.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro suplente señora Toro.

Protección Nº 55.379-2014.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por la Ministra suplente señora Viviana Toro Ojeda y el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a dieciséis de octubre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.