nombre reservado con AFP CAPITAL S.A.

Santiago, dos de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTO, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña MARCELA DIAZ WICKS, abogado, en representación de doña nombre reservado, a favor de quien recurre de protección contra de A.F.P. CAPITAL S.A., representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la negativa a su petición de eliminación o exclusión del archivo de agentes irregulares y otros.

Fundó su recurso en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Señala que desempeñó labores en la AFP recurrida, siendo desvinculada por las causales de caso fortuito e incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, esta última de conformidad al numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, por lo que luego de iniciado un proceso laboral a instancias de la recurrente, las partes arriban a un avenimiento, respecto del cual además de las prestaciones propias, se mutó la causal a necesidades de la empresa, del inciso 1° del artículo 161 del mismo código; sin embargo, quedó igualmente ingresada en el registro de agentes irregulares.

De esta forma, habiendo conseguido otra oportunidad de trabajo en AFP Provida, no se concretó por encontrarse en dicho registro, por lo que solicita a la recurrida la eliminación, petición de la que recibe respuesta en su domicilio domicilio reservado mayo último, dónde se concreta la negativa de AFP Capital; lo anterior causa la imposibilidad de trabajar en el área donde se ha desempeñado la mayor parte de su vida laboral.

Esta negativa constituye el acto que conculca sus garantías constitucionales de los artículos 19 N° 3 y 16 de la Constitución Política de la República, toda vez que fue juzgada por comisiones especiales, aplicándose una sanción sin respetar las garantías del debido proceso.

En cuanto a la garantía del 19 N°16, la inclusión de su persona en el registro coarta su libertad de trabajo al no permitirle trabajar en las áreas en que prestaba funciones habitualmente.

Por lo expuesto pide que en definitiva se acoja el recurso y sea excluida del registro o archivo de agentes irregulares, con costas.

SEGUNDO: Que, por resolución de 01 de julio de 2016, se solicitó informe a la recurrida AFP Capital S.A., y además, a AFP Provida S.A.

A fojas 50, evacuo su informe AFP Capital S.A., bajo el siguiente tenor:

En primer lugar alegó la extemporaneidad del recurso;

para ello, refirió que según los propios dichos de la recurrente, en agosto del 2015 se puso término a su contrato de trabajo, por la causal prevista en el artículo 159 N° 6 y 160 N°7 del Código del Trabajo. Refiere además, que el 25 de noviembre de 2015 presentó demanda por despido injustificado, proceso que se puso fin tras avenimiento, en que además se acordó modificar la causal de despido, por la del artículo 161 del Código del Trabajo; sin embargo, la medida adoptada por la administradora de inclusión en el archivo maestro de irregulares no fue materia de la conciliación.

Añade, que según se lee del recurso el 21 de abril de 2016 se enteró que su código de vendedora de AFP estaba bloqueado en la Superintendencia de Pensiones, para posteriormente, con fecha 24 de mayo de 2016 enviar carta solicitando la exclusión del registro, lo cual tuvo respuesta negativa. Por tanto, habiendo tomado conocimiento con fecha 21 de abril que no podía ejercer como agente de ventas de AFP y constando la presentación del recurso con fecha 29 de junio de 2016, por lo que transcurrió con creces el plazo establecido en el Auto-acordado sobre tramitación de recursos de protección, por lo que el recurso es extemporáneo.

En cuanto al informe propiamente tal, la recurrida en su presentación, luego de sintetizar los argumentos del recurso, hace mención a que las alegaciones de la recurrente carecen de todo sustento fáctico y legal.

Analizó en su libelo los requisitos de procedencia de la acción, contrastando el actuar de la actora, quien habría incurrido en la infracción del artículo 23 del D.L. 3500, entre otras acciones ilícitas, por lo que al ser incluida en el registro de irregulares, no puede atribuirse un actuar arbitrario o irregular a su representada.

Agrega, que tampoco existe agravio, y menos que este conculque las garantías de la recurrente establecidas en el artículo 19 de la Constitución, por lo que pide el recurso sea rechazado con costas ante la inexistencia de acto ilegal y arbitrario.

TERCERO: Que, a fojas 61 informa AFP Provida S.A., quien refiere que entre la recurrente y su representada no existe ni ha existido relación laboral vigente.

Aclara, que en la especie existió un contrato de instrucción, mediante el cual su representada se obligó a capacitar la recurrente a efecto de rendir las pruebas ante la Superintendencia. Posteriormente y a propósito de esta capacitación, se tomó conocimiento que la recurrente estaba inhabilitada para desempeñar este tipo de cargo.

CUARTO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de las siguientes circunstancias: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

QUINTO: Que, a más de los requisitos enunciados, corresponde tener presente, que dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional en estudio, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

En cuanto a la extemporaneidad:

SEXTO: Que, siendo el acto impugnado de efectos permanentes, y sin perjuicio según dan cuenta los antecedentes, que una vez recepcionada la respuesta por parte de la recurrente, esto es, de la negativa de la AFP Capital a la exclusión del registro, puede desprenderse que a la fecha de presentación del recurso no transcurrió el plazo establecido en el auto acordado, por lo que la alegación de extemporaneidad será desestimada.

En cuanto al fondo:

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la existencia de un acto ilegal o arbitrario, cabe tener presente, como primera premisa, que el acto impugnado corresponde a una negativa emanada por la AFP recurrida, como respuesta a una petición de la actora, esto es, de exclusión del registro de archivo maestro de irregulares.

Que, dentro del compendio de normas administrativas de la Superintendencia sobre la materia, se establece que a contar del 01 de noviembre de 1998, el Registro de Promotores y Agentes de Venta que llevaba la Superintendencia en forma centralizada, deberá ser mantenido y administrado por cada A.F.P. en forma individual. A lo que añade, para estos efectos, cada administradora deberá contar con un Archivo de Promotores, Agentes de Venta y Personal de Atención de Público, el cual deberá contener la identificación y antecedentes de todas las personas que contraten para desarrollar actividades de promoción y venta. La estructura del Archivo se definirá en el Anexo N°1.

OCTAVO: Que, en este escenario, la recurrida AFP Capital, incorporó a la recurrente en el registro respectivo, por estimar que en la especie la actora incurrió en actos reñidos con las normas que regulan la materia, y paralelamente desvinculó a la trabajadora, sin perjuicio del avenimiento alcanzado en la causa laboral entre las mismas partes.

NOVENO: Que, del análisis de los antecedentes, se advierte que se trata del uso de facultades motivadas por parte de la recurrida, lo que obsta a entender que en la especie se configure un acto ilegal y arbitrario, lo que en definitiva trasunta en que el presupuesto básico de la acción en la especie no se verifique, no siendo la vía la presente acción para impugnar tal decisión.

DÉCIMO: Que, lo anterior se ve refrendado por la circunstancia que no podría entenderse que el actuar de la recurrida configure una comisión especial, desde que el estatuto de las Administradoras las autoriza para llevar este registro, por lo tanto, AFP Capital no se irrogó esta facultad, lo que en esta hipótesis la convertiría en una comisión especial, de aquellas vedadas en el texto en análisis, máxime cuando en la conciliación arribada entre las partes, no se transó sobre la inclusión en el registro.

Por otra parte, y como se señaló, el arbitrio en análisis necesita la existencia de derechos indubitados, y no constituye la forma de impugnación de una decisión de este tipo, es decir, como lo pretende la recurrente, y en la oportunidad que lo presenta.

UNDÉCIMO: Que, para que proceda una acción de protección es indispensable la existencia de un acto ilegal o arbitrario.

Ilegal es todo acto contrario a derecho y arbitrario es el acto fruto de un mero capricho, es decir, que carece de racionalidad, fundamento o lógica, presupuesto que en la especie no se configura, ya que respecto de los hechos que se le imputaron a la recurrente, devino las consecuencias administrativas que la actora no puede a estas alturas desconocer, y pretender a través de la presente acción constitucional sean revisadas argumentando una falta de mérito a su responsabilidad, y la falta de un debido proceso.

Lo anterior impide se configure en la especie el acto arbitrario o carente de fundamento que acusa la recurrente.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la garantía del numeral 16, esta malamente podría verse arbitrariamente conculcada desde que la libertad de trabajo está limitada con ocasión de una sanción accesoria y/o administrativa que obedece al uso de una facultad de las AFP, por lo que sin perjuicio de no haberse configurado el presupuesto básico de la acción, la libertad de trabajo de la recurrente no puede verse coartada arbitrariamente.

DÉCIMO TERCERO: Que, es dable precisar que atendida la naturaleza cautelar de la acción de marras, ello impide que el recurso en comento pueda emplearse para dilucidar situaciones propias de procesos de lato conocimiento, como sería, en el caso en estudio, alzar una inhabilidad especial, derivada del uso de una facultad establecida en un estatuto que establece el procedimiento para solucionar e impugnar, por lo que las pretensiones de la recurrente son cuestiones ajenas al presente amparo cautelar.

En efecto, el recurso cautelar de derechos constitucionales en estudio constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos preestablecidos e inconcusos, y así, la presente acción no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, pues para ello está la vía jurisdiccional o administrativa, pero de lato conocimiento, para un adecuado reconocimiento y determinación de la existencia o solución de la titularidad de un derecho, a propósito como reiteradamente lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, en situaciones análogas a las planteadas por el recurso en estudio, no es posible lograr a través de esta sede constitucional de excepción.

DÉCIMO CUARTO: Que, concordante, no es necesario analizar los demás requisitos de la acción y determinar si se han vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, por tratarse del ejercicio válido de una potestad, y por ende, no vislumbrarse los presupuestos copulativos de la acción, cuales son la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal; tampoco se advierte que nos encontremos en presencia del amparo de derechos indubitados, precisamente por la especialidad de la acción cautelar en estudio, al no ser en la especie la vía idónea al existir una acción especial para discutir lo que la recurrente alega, lo que acarrea como consecuencia que el recurso será desestimado, tal cual se dirá en lo resolutivo.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso interpuesto por doña Marcela Diaz Wicks, abogado, en representación de doña nombre reservado, sin costas por tener motivo plausible.

Redacción del Ministro Moya Cuadra.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

N° 55.159-2.016 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Pilar Aguayo Pino y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez . Autoriza el (la) Ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, dos de septiembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.