nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Diego Toledo González, abogado, en nombre de don nombre reservado, venezolano, interponiendo recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería Y Migración, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria los derechos del recurrente garantizados en el numeral 2 del artículo 9 de la Carta Fundamental, con el objeto que se restablezca el imperio del derecho y asegurar su protección.

Fundando la acción expone que el actor solicitó Permanencia Definitiva el 17 de mayo de 2020, a través de la plataforma virtual quedando bajo el código de trámite N°4389492, solicitando la recurrida el 5 de mayo de 2021 la subsanación del contrato de trabajo, por no encontrarse legalizado ante notario, el cual se acompañó dentro del plazo de 5 días establecido en el artículo 31 de la Ley N°19.880, con el objeto de proseguir en el avance de la solicitud, no obstante lo cual, el 12 de enero pasado advirtió que el procedimiento recién llevaba un avance de 5% en la etapa de Evaluación Intermedia, pese a haber casi dos años de tramitación desde que la solicitud fue presentada.

Indica que la Permanencia Definitiva, entendida como el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que las que impongan las disposiciones legales y reglamentarias, ha de ceñirse a un procedimiento y requisitos establecidos por el legislador para su otorgamiento, cuales pueden apreciarse en el Decreto Ley Nº1094, en sus artículos 41 y siguientes, así como en el Decreto Nº597, que establece el Reglamento de Extranjería, en sus artículos 80 y siguientes, debiendo acompañarse a la solicitud una serie de antecedentes exigidos por la autoridad, los cuales actualmente se ponen en conocimiento público en el portal web del Departamento de Extranjería.

Sostiene que, el procedimiento establecido para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva, como en reiteradas ocasiones lo han señalado los tribunales superiores, es de carácter administrativo, rigiéndose, por consiguiente, no sólo por la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino también por la Ley 19.880 y, ciertamente, por sus principios, citando los artículos 4, 5, 7, 8 y 9 de la Ley citada, en relación con lo dispuesto en el artículo 27, en cuanto al plazo de duración del procedimiento administrativo.

Afirma que, una de las razones por la que el recurrente ha debido acudir a esta Corte ha sido la falta de medidas que el Departamento de Extranjería y Migración ha adoptado para poner en conocimiento del actor el real estado de tramitación de su solicitud, o la explicación de por qué existe desigualdad en los tiempos de respuesta para su persona con relación al de otras, quienes han obtenido su Certificado de Permanencia Definitiva en menos tiempo o, a lo menos, ya cuentan con el pago de los derechos respectivos, a diferencia del recurrente.

En cuanto a la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República en tanto el actuar de la recurrida importa una discriminación para el actor, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes obteniendo la Permanencia Definitiva en tiempos óptimos o, a lo menos, razonables de espera.

Previas citas legales, solicita acoger el recurso ordenando a la recurrida restablecer así el imperio del derecho, debiendo dar rápido trámite a la petición de Permanencia Definitiva, emitiendo el pronunciamiento que en derecho corresponda con relación a ella, dentro del plazo prudente que se estime por esta Corte, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que comparece doña nombre reservado, abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando el informe requerido, solicitando su rechazo en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado como tal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por haber perdido oportunidad el recurso.

Indica que el 17 de mayo de 2020 el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva, y mediante Comunicación Electrónica N° 14467475 de 5 de mayo de 2021, se le informó al actor que se solicitud se encuentra incompleta, en atención a que el contrato de trabajo presentado no cuenta con la legalización ante notario, sin la debida legalización o apostilla, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para subsanar su solicitud.

Agrega que el 10 de mayo de 2021 el actor ingresó la subsanación de su solicitud, la que se encuentra en admisibilidad y que, mediante Resolución Exenta Nº 21252848 de 5 de diciembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones se aprueba avance de estado de trámite de la solicitud de permiso de permanencia definitiva, certificándose que se encuentra en la etapa de evaluación intermedia, según lo dispuesto en la Circular Nº12 de 24 de noviembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que su solicitud se encuentra en trámite, específicamente en etapa de evaluación intermedia, lo que implica el análisis documental y validación de forma, vigencia y legalización, petición a instituciones externas, y evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o apostillados, según corresponda.

En cuanto al trámite de solicitud de permanencia definitiva, cita los artículos 40 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975 y 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984, y que, consecuentemente, estando en tramitación la solicitud del extranjero se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, es que entiende esa autoridad que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, teniendo la regularidad en el país del recurrente su fundamento en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería, en relación con los artículos 81y 133 del mismo Reglamento.

Sostiene que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal para dar término a los procedimientos administrativos, lo cual refuerza que el actuar de la administración se encuentra ajustada a derecho, por lo que, no es posible argüir que la recurrida, ha actuado de forma vulneratoria de las garantías fundamentales contenidas y protegidas por la Constitución Política de la República.

Refiere que, estando en tramitación la solicitud del recurrente este mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República.

Concluye señalando que, al ofrecer la recurrida un constante pronunciamiento respecto del estado actual de todas las solicitudes de permanencia definitiva ingresadas al sistema, a través de la emisión de las correspondientes resoluciones exentas, hecho que certifica una actividad constante por parte de esa autoridad en la tramitación de todas las solicitudes recibidas de esta naturaleza, no es posible configurar bajo ningún respecto alguna hipótesis de silencio administrativo, en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, el asunto que trae el recurrente a conocimiento de esta Corte -y que se estima como atentatorio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental-, es el hecho de no haber emitido pronunciamiento respecto de la solicitud permanencia definitiva, omisión que se tilda de ilegal y arbitrario atendido el tiempo trascurrido desde su presentación.

Sexto: Que atendido el mérito de los antecedentes, se informó por la recurrida la emisión de la Resolución Exenta Nº 21252848 de 5 de noviembre de 2021, mediante la cual se comunicó al actor que se aprueba avance de estado de trámite de la solicitud de permiso de permanencia definitiva, certificándose que se encuentra en la etapa de evaluación intermedia.

Séptimo: Que según lo ya reseñado, la circunstancia puntual que generó el ejercicio de esta acción constitucional no se ha resuelto como sostiene la recurrida, puesto que desde la fecha en que se ingresó la solicitud de Permanencia Definitiva, esto es, el 17 de mayo de 2020 a la fecha han transcurridos 2 años, sin que la autoridad se pronuncie sobre el requerimiento efectuado por el amparado, produciendo con ello una afectación a los derechos del amparado garantizados por la Constitución Política de la República.

Octavo: Que por todo lo anterior, el recurso en examen es procedente y debe ser administrado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, SE ACOGE el recurso de protección deducido en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solo en cuanto la autoridad recurrida deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro del plazo de 30 días hábiles.

Regístrese comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-551-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señora Paola Danai Hasbun Mancilla y el Abogado Integrante señor Michael Christian Camus Davila.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.