Protección contra dicho organismo

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 20, 21 y 22: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, funcionaria a contrata de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien interpone recurso de protección en contra de dicho organismo, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta Nro.

NUM000, de 26 de diciembre de 2025, notificada el 8 de enero de 2026, que aprobó el sumario administrativo instruido en su contra y le aplicó la sanción de destitución.

Expone que el sumario fue instruido mediante Resolución Exenta Nro. NUM001, de 30 de mayo de 2025, con el objeto de determinar su eventual responsabilidad administrativa por haber salido del país mientras hacía uso de licencia médica tipo 1, con reposo domiciliario, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 20 de abril de 2024.

Señala que se le formuló cargo por haber viajado a Estados Unidos, ciudad de Miami, entre los días 5 y 20 de abril de 2024, mientras se encontraba con licencia médica, imputándosele con ello una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Sostiene que la sanción de destitución resulta ilegal, arbitraria y desproporcionada, pues la licencia médica era real, no existió dolo ni ánimo de obtener un beneficio indebido, el viaje tuvo explicación familiar y de salud mental, no se produjo perjuicio institucional y su trayectoria funcionaria habría sido intachable.

Agrega que en el procedimiento no se ponderaron adecuadamente sus descargos, antecedentes médicos, desempeño funcionario, calificaciones, anotaciones de mérito ni demás circunstancias atenuantes. Estima vulneradas las garantías previstas en los Nros. 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la sanción de destitución, se ordene su reincorporación y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir o, en subsidio, se disponga una sanción proporcional.

Segundo: Que, evacuando informe, la Junta Nacional de Jardines Infantiles solicita el rechazo del recurso. Expone que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República relativos a funcionarios que habrían salido del país mientras hacían uso de licencia médica.

Señala que la recurrente fue sometida a un sumario administrativo tramitado conforme a la normativa aplicable, en el cual se realizaron diligencias investigativas, se incorporaron antecedentes documentales, se formularon cargos y se le otorgó oportunidad para efectuar descargos y ejercer su defensa.

Indica que los antecedentes del procedimiento acreditaron que la recurrente salió del país entre el 5 y el 20 de abril de 2024, período coincidente con una licencia médica tipo 1 con reposo domiciliario, razón por la cual se dictó la Resolución Exenta Nro. NUM000, que aprobó el sumario y aplicó la sanción de destitución.

Añade que la funcionaria interpuso recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio en contra de dicha resolución, con fecha 15 de enero de 2026, por lo que el procedimiento administrativo no se encontraría afinado. Afirma, además, que existen vías especiales de impugnación, en particular la reclamación ante la Contraloría General de la República prevista en el artículo 160 del Estatuto Administrativo.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario, pues la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, dentro de un procedimiento legalmente tramitado y con fundamento en antecedentes objetivos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que dicha disposición contempla, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho cuando éste resulte afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, perturbe o amenace su ejercicio.

Para su procedencia resulta indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho, que afecte una o más garantías protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en la especie, la controversia planteada dice relación con la sanción disciplinaria aplicada a la recurrente en el marco de un sumario administrativo, particularmente con la valoración de los antecedentes, la calificación jurídica de la conducta investigada y la proporcionalidad de la medida de destitución.

Tales materias forman parte del ámbito propio del procedimiento disciplinario y de sus vías ordinarias de revisión administrativa, sin que corresponda a esta Corte, por la vía cautelar de protección, reemplazar el análisis que compete a la autoridad administrativa ni transformar esta acción en una instancia general de revisión del mérito sumarial.

Quinto: Que lo anterior resulta especialmente relevante si se considera que la propia recurrente interpuso recurso de reposición con jerárquico en subsidio en contra de la Resolución Exenta Nro.

NUM000.

De este modo, al momento de interponerse la presente acción, la sanción cuestionada se encontraba sometida a revisión por la Administración, lo que impide estimar configurado un acto terminal definitivo que habilite a esta Corte para pronunciarse, por esta vía urgente, sobre el fondo de la controversia disciplinaria.

Sexto: Que, por otra parte, no se advierte de los antecedentes que el procedimiento administrativo se haya desarrollado con infracción manifiesta de las garantías mínimas de defensa. Por el contrario, aparece que la recurrente fue sometida a un sumario, se le formularon cargos, presentó descargos y dedujo los recursos administrativos que estimó procedentes.

La circunstancia de que la autoridad no haya acogido sus planteamientos, o que la recurrente discrepe de la entidad de la sanción impuesta, no transforma por sí sola el acto en ilegal o arbitrario para los efectos de esta acción cautelar.

Séptimo: Que tampoco corresponde en esta sede reexaminar si los antecedentes médicos, familiares, laborales o de desempeño funcionario de la recurrente debieron conducir a una sanción distinta, pues aquello exige una ponderación propia del procedimiento disciplinario y de las instancias administrativas o jurisdiccionales competentes.

La protección no es la vía idónea para revisar el mérito de la prueba rendida en un sumario ni para sustituir la potestad disciplinaria de la Administración, salvo que se constate una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, lo que no ocurre en la especie.

Octavo: Que, en consecuencia, no se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario que deba ser corregido por esta vía cautelar, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda ejercer en las instancias administrativas o jurisdiccionales que correspondan.

Noveno: Que, atendido lo razonado, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 Nros. 1, 2, 16 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Acordada con el voto en contra de la ministra Brengi, quien estuvo por acoger la acción constitucional intentada, por estimar que si bien los hechos por los cuales ha sido sancionada la recurrente, constituyen una vulneración al principio de probidad, no ameritan la medida impuesta, esto es, aquella de mayor entidad, como la de destitución, considerando las circunstancias particulares del caso, como el período de tiempo de la vinculación y la ausencia de reproches o anotaciones durante el mismo, las que a juicio de esta disidente debieron -en virtud del principio de proporcionalidad- morigerar la determinación de la medida impuesta a una de menor rango, y al no hacerlo la decisión de la autoridad resulta arbitraria y conculcatoria de las garantías constitucionales invocas por la afectada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-5509-2026.