nombre reservado con RECAUDADORA S.A.

Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que comparece don Julio César Aguilera Molina, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, y en contra del Banco Scotiabank-Chile S.A., y en contra de la Empresa de Cobranza Recsa Chile S.A., por los actos arbitrarios e ilegales que indica.

Expone que su representado es deudor del banco mencionado, conforme a crédito que consta en tres pagarés, de los que el acreedor intenta su pago compulsivo por cobro judicial.

Indica que el banco encarga a la empresa Recsa el cobro extrajudicial de la deuda, la que se comunica principalmente vía telefónica, con el objeto de negociar y obtener el pago de las deudas y no obstante estar judicializado el cobro, desde el 4 de diciembre de 2019, empleados de las recurridas han trastornado la vida cotidiana de su representado, llamándolo a su teléfono personal, muchas veces de forma que constituye un hostigamiento.

Entrega un detalle de las comunicaciones que están registradas en el celular del recurrente, tanto por llamada, mensaje y correo electrónico, desde el 8 de mayo hasta el 17 de junio de 2020, que suman un total de 30.

Agrega que tanto el grupo familiar de su representado, como su entorno laboral, están al tanto de la deuda, siendo que en razón de la Ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial, las actuaciones deben proteger los datos de carácter personal, estando vedado entregar información referente a los créditos que se adeudan a terceros.

No desconoce el derecho de la empresa de cobranza para intentar el pago del crédito, pero este debe ser ejercido en términos restrictivos y sin afectar derechos fundamentales, arguyendo que la empresa se ha valido de tácticas ilegales, como llamar a todas horas del día y todos los días al teléfono particular de su representado, enviando mensajes de texto y correos electrónicos.

Estima que ese actuar es ilegal, en virtud del artículo 37 incisos tercero y quinto de la Ley N° 19.496, que reproduce, importando una violación de la prohibición de comunicar a terceros de la existencia de la deuda, solicitándole que le recuerden al deudor que solucione lo debido. Indica, adicionalmente, que estando judicializado el cobro, resulta de todo improcedente su cobro extrajudicial.

El actuar de los recurridos lo estima arbitrario, afirmando que los hostigamientos a toda hora son ofensivos e imputables a la recurrida, que “magullan” (sic) su sana convivencia familiar, con llamadas que en ocasiones amenazan con traba de embargo de sus bienes. Es también arbitrario, en su opinión, el acto de la recurrida Recsa S.A., por cuanto importa falta de motivación y capricho de su parte al utilizar estas técnicas de presión para obtener a toda costa el pago de un crédito cuya solución forzada ya ha ordenado un tribunal.

En cuanto a las garantías fundamentales lesionadas en su contra, invoca el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto los actos repercuten en la salud psíquica del recurrente, en razón que los constantes llamados lo han sumido en un estado de angustia y desasosiego permanente, sin que pueda encontrarse tranquilo en su hogar, ni en su lugar de trabajo. Se le amenaza con embargar los enseres de su madre, donde vive de allegado y, también, ha sido objeto de burla de parte de sus compañeros de trabajo.

Estima también vulnerado el numeral 4° del artículo 19 de la carta fundamental, por los mismos argumentos.

Por lo expuesto solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, derivado de las constantes llamadas telefónicas efectuadas por sus empleados a su representado, situación que data desde fines de enero del año 2020 a la fecha, y que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del Derecho en la situación alegada, que incluyen que se disponga a la recurrida abstenerse de efectuar llamadas telefónicas a su representado y a su grupo familiar, tanto al hogar que comparten, a sus teléfonos personales o a su lugar de trabajo, toda vez que el pago de la deuda ya se encuentra ordenado por un tribunal y, que se condene a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Que informando comparece don Vicente Sabatini Mujica, abogado, en representación de Scotiabank Chile, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Hace presente que en atención a la falta de pago del recurrente de sus obligaciones, su representado inició las gestiones de cobranza extrajudicial, y luego, entabló la demanda que se sigue ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C-35.579-2019.

Las gestiones de cobranza extrajudicial se realizaron por intermedio de la empresa RECSA, que se encuentra mandatada a realizarlas con estricto apego al artículo 37 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Esa parte no tiene ningún antecedente de que se haya entregado información de la deuda a terceros ajenos o que se le haya contactado fuera de un día y hora hábil en los términos del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, agrega, ha dispuesto la suspensión indefinida y permanente de cualquier gestión de cobranza extrajudicial en contra del señor nombre reservado, que es precisamente lo solicitado por la acción cautelar, razón que por sí sola, estima, basta para rechazar el recurso.

En cuanto al Derecho, alega la inexistencia de un derecho indubitado y niega haber incurrido en cualquier gestión ilegal o arbitraria.

Alega que cualquier infracción al artículo 37 de la Ley N° 19.496 debe ser reclamada ante los Juzgados de Policía Local, mediante un procedimiento contradictorio con etapa probatoria, que eventualmente pueda concluir con una sentencia que reconozca un derecho como el pretendido por el actor. De acogerse la acción, tendría que declararse que se ha incumplido la referida ley, lo que importaría infringir las normas que disponen que esa materia debe ser objeto de un procedimiento conforme a las reglas de ese cuerpo legal y, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso de su representada.

Argumenta que no existen medidas que se pueden adoptar, por haber perdido oportunidad la acción cautelar, reiterando que no ha existido actuar arbitrario ni ilegal y, que como ya expuso, se dispuso el cese indefinido de la cobranza extrajudicial.

Que, por su parte, comparece Cristián Ortiz Oliva, abogado, en representación de Recaudadora S.A., evacuando el informe solicitado, por el que indica que todas las gestiones de cobranza que desarrolla se han enmarcado dentro de la Ley N° 19.496 y de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Expone que en su calidad de mandatario de cobranza, se ciñe a realizar las gestiones de cobro según las políticas señaladas por sus mandantes, en conformidad a la legislación.

Sobre las llamadas telefónicas referidas por el recurrente, asegura que su empresa sólo tuvo 14 contactos telefónicos desde que inició la gestión de cobro, según el detalle que acompaña.

Alega la improcedencia del recurso, dado que no ha existido hostigamiento, acoso ni comunicación con terceros.

A su juicio, la acción no cumple con los requisitos constitucionales por no vulnerarse garantía constitucional alguna.

En lo que respecta al derecho a la integridad psíquica, asevera, no se dan los requisitos establecidos en la doctrina ni en la jurisprudencia.

Concluye indicando que la acción no señala hechos que puedan constituir vulneración de derechos fundamentales que justifiquen su ejercicio, y menos que su representada sea condenada en costas.

Con lo Relacionado y Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Segundo: Que el Banco recurrido señala que la contraria mantiene una deuda con esa institución, razón por la cual ha deducido la pertinente demanda ejecutiva en su contra, la que está radicada en el 28° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C-35.579-2019, sin que aún se haya dictado sentencia definitiva.

Por otra parte señala que la empresa Recsa S.A es la que está encargada de las cobranzas extrajudiciales de su institución, pero afirma que todas las actuaciones en persecución a obtener el pago de lo adeudado, se hacen respetando la normativa legal vigente.

Sin perjuicio de los anterior, deja constancia que “ha dispuesto la suspensión indefinida y permanente de cualquier gestión de cobranza extrajudicial en contra del señor nombre reservado “.

Sin embargo, no existe ninguna constancia escrita, que acredite lo aseverado.

Tercero: Que la recurrida Recsa S. se limita a afirmar que no ha incurrido en las irregularidades que se le imputan.

Cuarto: Que el recurrente entrega un detalle de las comunicaciones que están registradas en el celular del recurrente, tanto por llamada, mensaje y correo electrónico, desde el 8 de mayo hasta el 17 de junio de 2020, que suman un total de 30, incorporadas a los autos conjuntamente con el recurso.

Quinto: Que así las cosas, ha quedado acreditado que la actor se ha visto vulnerado en las garantías constitucionales que refiere como afectadas, tanto en relación a su integridad psíquica, como en relación a su honra, al ser objeto de reiterados llamados telefónicos a diferentes horas, tanto en su casa como oficina, a más de correos electrónicos que alteran la convivencia familiar y lo denostan en el ambiente laboral, todo lo cual transforma el actuar de ambas recurridas como ilegal y arbitrario al apartarse de las vías establecidos para cobrar un crédito, teniendo las herramientas legales para obtener su solución, que por lo demás se han ejercido a través del juicio ejecutivo pertinente ya citado, por manera que sus derechos quedan a salvo.

Sexto: Que la alegación en el sentido que la presente controversia debió someterse a la Ley 19.496, en sede de Policía Local, no altera lo razonado precedentemente, puesto que la interposición de un recurso de protección puede subsistir coetáneamente con el derecho a ejercer otras acciones y por otra vía, cuando existen garantías fundamentales afectadas que deben ser protegidas por medio de una acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección SE ACOGE el recurso deducido a favor de don nombre reservado, en contra del Banco Scotiabank Chile y Recaudadora S.A. debiendo cesar de inmediato en el cobro de la acreencia que mantiene el actor con el Banco, a través de cualquier medio sea telefónico, red fija o celular, mensajería o correo electrónico, sea a su domicilio particular y/o a su lugar de trabajo.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile.

Protección N° 55029-2020.-