TACTICA S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTA CRUZ

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 31 de julio de 2018, comparece don nombre reservado, factor de comercio, en representación de TACTICA SpA, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, representada por la Jefa Inspectora Provincial doña nombre reservado, o por quien legalmente la subrogue o reemplace y en contra de la Tesorería Regional Metropolitana, representada por el Sr. Jefe Tesorero don nombre reservado, o por quien legalmente lo subrogue o reemplace, toda vez que las recurridas han incurrido en un acto arbitrario e ilegal que priva y perturba a su representada del legítimo ejercicio del derecho garantizado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso señalando que con fecha 3 de mayo del año en curso su representada, dentro de sus procesos propios de fiscalización, se impuso desde de la página web de Tesorería General de la República que existía un proceso de retención y compensación de deuda fiscal respecto de las resoluciones de multas administrativas N° 774/2017/53/1-2, de fecha 29 de noviembre de 2017 y N°1734/18/1-2 de fecha 22 de enero de 2018, dictadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, que informó la existencia de un acreencia fiscal por dichas multas, que en un total ascienden a 220 UTM y que generó la retención y compensación por deuda fiscal de la suma de $10.458.300.-.

Indica que su asesora legal, les comunicó que respecto a la resolución de multas administrativas N° 774/2017/53/1-2, de fecha 29 de noviembre de 2017 y que obligaba a pagar a modo de infracción a la normativa laboral; el monto de 60 UTM por cada una de ellas ($2.854.280, respectivamente), no obstante que aquella se encontraba reclamada judicialmente, causa que se sustancia ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, bajo el RIT-I-300-2018, existiendo -a esa fecha- pendiente la realización de audiencia preparatoria y que respecto a la resolución de multas administrativas N°1734/18/1-2 de fecha 22 de enero de 2018 y que obliga a pagar por infracción a la normativa laboral el monto de 40 UTM y 60 UTM, por cada una de estas ($1.901.520 y $2.852.280, respectivamente), la empresa había presentado reconsideración de multa administrativa con fecha 12 de abril de 2018, mediante formulario 10, encontrándose pendiente la resolución de la misma por ese servicio.

Señala que debido a lo anterior, la asesora legal acudió ese mismo día 3 de julio de 2018 a dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, siendo informada de forma verbal que respecto de la primera de la resolución de multas, por un error se había informado a la Tesorería General sobre la existencia de una deuda fiscal y que respecto de la segunda resolución no había constancia sobre la existencia de la presentación del escrito de reconsideración de multa administrativa, por lo que esa era la razón de haber informado el cobro de esta deuda fiscal.

Indica que habiéndose comunicado a la recurrida la existencia de un acto arbitrario e ilegal de ese servicio al informar sobre la existencia de un crédito fiscal impago, cuando a la fecha aún dicho título ejecutivo no estaba firme, por recursos pendientes, y por tanto haber conminado a la Tesorería recurrida, a ejecutar también una conducta arbitraría, cual es iniciar y realizar un proceso de retención y compensación de deuda fiscal con cargo a la devolución de impuestos, finalmente la Inspección informó que nada se podía hacer, sin perjuicio de los recursos legales por la afectación de su derecho de propiedad y les sugirió que hicieran una presentación respecto a la reconsideración administrativa de fecha 12 de abril de 2018, cuyos instrumentos no se encontraban y por tanto no aparecía ingresada ante ese servicio, adjuntando las copias que disponían al efecto.

Expone que con fecha 4 de julio del presente se ingresó una carta a la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, con el objeto de adjuntar la documentación referente a la reconsideración administrativa de fecha 12 de abril de 2018 y que no habían sido ingresados al servicio, porque al parecer estaban extraviados.

Refiere que al presentar la declaración de impuestos, solicitó devolución de renta respecto del año 2018, conforme dispone el artículo 97 del D.L. 824, declaración que le fue aprobada pero de los cuales le fueron descontadas las sumas de dineros correspondientes a Compensación de Deudas y Retenciones, por la suma de $10.458.300, equivalente a 220 UTM, que claramente corresponde a la suma total de las multas registradas como impagas ante la Tesorería General de la República, respecto de las multas cursadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, por lo cual corresponde que se restablezca el imperio del derecho, ordenándose que dichas sumas sean devueltas y pagadas a su representada, por haber no existir justo título para ello.

Señala que en el caso de autos, el acto arbitrario e ilegal se tradujo en la información que remitió la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago indicando que las resoluciones de multas administrativas estaban firmes, requiriendo el pago de este crédito fiscal, asi como también la posterior retención y compensación de deuda fiscal efectuada por la Tesorería Regional Metropolitana con cargo a estas multas administrativas impagas, en circunstancias que como se ha dijo respecto de la primera existe Reclamación Judicial de Reconsideración de Multa Administrativa y respecto de la segunda existe pendiente la resolución al Recurso de Reconsideración de Multa Administrativa, agregando que las recurridas han generado un título ejecutivo en contra de su representada y se ha realizado el procedimiento de pago de esta, en circunstancias de que a la sazón no existe aún de una obligación fiscal, líquida actualmente exigible y no prescrita.

Refiere que el proceder de las recurridas vulnera el principio de legalidad de los actos de la Administración contenida en el artículo 2º de la Ley Nº 18.575 y artículo 7º de la Constitución Política de la República.

Señala que las acciones de las recurridas afecta el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, por cuanto ha debido a asumir la retención y compensación de una deuda fiscal de 220 UTM equivalente a $10.450.300, con cargo de la devolución de impuestos a la renta del año 2018 y correspondiente al ejercicio tributario del año 2017, sin existir a la fecha título alguno que transforme a la recurrente en deudora del Fisco, respecto de una obligación inexistente aún, por encontrarse recursos pendientes de los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en contra de las resoluciones administrativas que dieron origen a las multas citadas.

Previas citas legales, solicita que se acoja el recurso y en definitiva se dejen sin efecto los procedimientos administrativos dictados en la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y por la Tesorería Regional Metropolitana y que han dado origen a la retención y compensación del monto de 220 UTM, equivalente a $10.450.300.-, con cargo a la devolución de impuesto a la renta del año 2018, correspondiente al ejercicio tributario del año 2017, ordenándose la restitución de dicha suma de dinero a su representada, con costas.

SEGUNDO: Que con fecha 30 de agosto de 2018, comparece don Juan Roberto Méndez Navarro, abogado, en representación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Señala que analizados los antecedentes fue posible verificar que en relación a la multa Nº 7740/2017/53-1-2, de fecha 29 de noviembre de 2017, fue notificada a la recurrente conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, siendo recepcionada en la oficina de correos de Chile con fecha 14 de diciembre de 2017, por lo que el sexto día hábil contado desde esa fecha corresponde al día 21 de diciembre de 2017, fecha en que se tuvo por notificada la resolución de multa conforme a la norma citada.

Indica que el Servicio fue notificado con fecha 18 de junio de 2018, de la Reclamación judicial interpuesta por Tactica SpA, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa Rit I-300-2018, en contra de su representada, por haber dictado la Resolución Nº 148, de fecha 22 de mayo de 2018, mediante la cual se resolvió rechazar la solicitud de reconsideración administrativa presentada por la recurrente, respecto de la resolución de multa Nº 7740/2017/53-1-2.

Señala que tan pronto fueron notificados de la acción judicial señalada, se procedió a revisar el estado de la sanción en cuestión, a través de sus registros y sistemas computacionales, DTPLUS, cambiando el estado de la misma de “Notificada” a “Reclamada Judicialmente”, con lo cual, queda bloqueada automáticamente la multa administrativa, sin ser posible informarla para su cobro, hasta una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia judicial que en ella recaiga, cuestión que a la fecha del informe no ha ocurrido, agregando que queda en evidencia que no ha operado compensación alguna respecto de la multa Nº 7740/2017/53-1-2 de fecha 29 de noviembre de 2017, no siendo efectivos los asertos esgrimidos por la recurrente en su acción constitucional, razón por la cual, deberá ser rechazado el presente recurso de protección, en este extremo.

En relación con la Resolución de Multa administrativa Nº 1734/2018/1-1-2, de fecha 22 de enero de 2018, expone que luego de tres intentos de notificar dicha resolución, con fecha 6 de marzo de 2018, nuevamente se encomendó la Notificación a Correos de Chile, de conformidad a lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo, siendo recibida por la empresa Táctica S.A. con fecha 15 de marzo de 2018.

Señala que con fecha 12 de abril de 2018 la recurrente presentó en dependencias de la Dirección del Trabajo, solicitud de reconsideración de multa administrativa, resolviéndose mediante Ordinario Nº 35 de 23 de abril de 2018, no acoger a tramitación dicha solicitud, por estimarse que fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, haciendo presente que el domicilio fijado por TACTICA SpA, al momento de solicitar su reconsideración administrativa de multa, correspondió a Rosas Nº 1065 de la comuna de Santiago, mismo al que fueron despachadas las cartas certificadas para notificar la resolución de multa precedentemente indicada.

Refiere que a fin de practicar la notificación del Ordinario Nº 35 que declaró inadmisible la solicitud de reconsideración, se ingresa a Correos de Chile de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo con fecha 24 de abril de 2018, sobre que es devuelto en la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago con fecha 11 de junio de 2018, dado que nuevamente se practicaron tres intentos de entrega, dejando sus correspondientes avisos para retiro en oficina de correos, sin que la actora se acercara a retirar su correspondencia, pese a los reiterados avisos.

Indica que luego, con fecha 12 de junio de 2018 se vuelve a ingresar la carta contenedora del Ordinario Nº 35 en oficina de Correos de Chile, siendo nuevamente devuelta por Correos el día 27 de julio de 2018, por no ser posible su entrega en tres oportunidades distintas, sumado a que tampoco fue reclamada en la oficina de correos por su destinario, Tactica SpA, pese a los tres avisos que le fueran practicados.

Sostiene que de todo lo expuesto, dable es concluir que no es efectivo que no se haya resuelto la solicitud de reconsideración administrativa de la multa Nº 1734/2018/1-1-2, de fecha 22 de enero de 2018, como pretende la actora, muy por el contrario, su solicitud de reconsideración fue declarada inadmisible mediante Ordinario Nº 35 de 23 de abril de 2018, por no haberse presentado dentro de plazo legal, Ordinario que pese a todos los esfuerzos realizados tanto por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, como por parte de la Oficina de Correos de Chile, quien concurrió en seis oportunidades distintas a dependencias de la recurrente a fin de hacer entrega material del sobre contenedor del Ordinario N° 35, que no fue posible entregar, esto sumado al hecho de haber dejado seis avisos a Tactica SpA, dando cuenta que podía retirar la notificación en dependencias de correos, sin que nadie concurriese a su retiro.

Explica que el error que derivó en que se informara a Tesorería General de la República para que procediera a realizar el cobro de la multa Nº1734/2018/1-1-2, de fecha 22 de enero de 2018, se debió a que de manera absolutamente involuntaria, no fue modificado el estado del Ordinario Nº 35 de 23 de abril de 2018, teniéndolo por notificado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, vale decir, al sexto día hábil de su recepción en la oficina de Correos de Chile, por lo que se tuvo por notificado, y al no haber ejercido ningún derecho o acción en contra del Ordinario por parte de Tactica SpA, se tuvo por ejecutoriado, informándose para el cobro de la multa.

Precisa que teniendo en consideración que efectivamente el Ordinario Nº 35 nunca fue notificado a la empresa recurrente, a pesar de todos los esfuerzos realizados tanto por su representada como por la oficina de Correos de Chile, realizándose sus despachos al domicilio indicado por la empresa en su solicitud de reconsideración en seis oportunidades distintas y pese a los seis avisos que fueron dejados en lugares visibles del domicilio de la recurrente, sólo es posible concluir, que la falta de notificación del Ordinario Nº 35 escapa de la responsabilidad de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

Refiere que, en todo caso, para la solución de esta dificultad, bastaba con que la recurrente se presentara a retirar en la oficina de correos el sobre contenedor del Ordinario Nº 35, o en su defecto, que se acercara a la Inspección Provincial del Trabajo Santiago a fin de notificarse personalmente, siendo completamente innecesario, recurrir de Protección.

Concluye señalando que de todo lo dicho, se aprecia que su representada no ha provocado afectación alguna a la garantía establecida en el artículo 19 N°24° de la Constitución Política de la República, más bien lo único ocurrido, dice relación con la falta de notificación del Ordinario Nº 35, por lo que, a fin de que la empresa pueda hacer valer los derechos que estime pertinentes, solicita que se tenga a la empresa Tactica SpA por notificada del Ordinario Nº 35 de fecha 23 de abril de 2018, en la fecha de notificación de la sentencia que recaiga en la presente acción constitucional.

TERCERO: Que con fecha 31 de agosto de 2018, comparece don Juan Pablo Marras García, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, quien informa al tenor del recurso solicitando su rechazo.

Alega en primer término la falta de legitimación pasiva de la Tesorería General de la República, señalando que en cumplimiento de un deber legal procedió al cobro y compensación de las multas giradas por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, de lo cual se colige que el presunto acto que la recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable a su representada, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

Destaca que a propósito de las facultades y competencia del Servicio de Tesorerías y del procedimiento que se aplica para la recaudación y cobranza de los créditos fiscales, que de conformidad con el DFL N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo, que dispone la Restructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo, se indica en la letra a), de su artículo 1°, que le corresponderá a dicha entidad fiscalizar la aplicación de la legislación laboral.

Indica que una vez que la Dirección del Trabajo emite una Resolución cursando una multa administrativa con motivo de un proceso de fiscalización, y sólo cuando ésta se encuentra ejecutoriada, dicho organismo fiscalizador registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria el crédito a favor del Fisco, siendo por ende la Dirección del Trabajo, la facultada para cargar, eliminar o modificar el cargo previamente efectuado.

Señala que, de lo expuesto precedentemente, queda en evidencia que el Servicio de Tesorerías no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos que pudieron ocurrir en este caso particular, ya que como se ha indicado, es la Dirección del Trabajo el organismo girador responsable de la información que se registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria, limitándose la competencia de Tesorería al cobro ejecutivo de las multas giradas por la Dirección del Trabajo.

En cuanto al fondo, señala que el artículo 30 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado, dispone que: “La función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los servicios...” Por su parte, el artículo 35 de dicho Decreto Ley, asimismo, expresa que: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios. Para tal efecto, aplicará cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.”

Lo anterior, aparece corroborado por el artículo 2° N° 2 del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que fijó el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, que lo faculta para efectuar la cobranza judicial de los impuestos, multas y créditos fiscales, y por el artículo 170 del Código Tributario que le otorga facultades jurisdiccionales a los Tesoreros Regionales y Provinciales para el cobro de estos tributos.

En cuanto al cargo de los formularios 42, folios 7740170531, 7740170532, 1734180011 y 1734180012, derivados de multas impuestas por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, señala que revisada la Cuenta Única Tributaria de la empresa Inmobiliaria y Consultoría Táctica SpA, es posible verificar que los dos primeros fueron cargados por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago en la cuenta única tributaria de dicha sociedad con fecha 4 de junio de 2018, y los restantes, el 2 de abril de 2018.

Refiere que, sin embargo, los dos primeros formularios posteriormente fueron descargados por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago de la cuenta única tributaria de la empresa recurrente, con fecha 10 de julio de 2018, según consta en certificados de movimiento que acompaña en su informe del recurso.

Señala que como consecuencia de lo expuesto el Servicio de Tesorerías procedió a compensar, y después, a descompensar, estas deudas con créditos que la recurrente mantenía con el Fisco de Chile, por concepto de Devolución de Impuesto a la Renta.

Indica que si bien es cierto que el Servicio de Tesorerías, atendido sus facultades contenidas en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, compensó estas deudas, una vez efectuado el descargo de la deuda contenida en los Formularios 42 Folios 7740170531 y 7740170532, de la cuenta única tributaria del recurrente, por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, estas deudas fueron descompensadas, quedando un saldo acreedor en favor del recurrente.

Concluye señalando que no se cumplen los requisitos del recurso de protección respecto de la Tesorería General de la República, toda vez que ésta sólo se limitó, en un principio, a cumplir con su función legal de cobro de las multas giradas por la Dirección del Trabajo, y a la compensación de dichas deudas, y cuando éstas multas fueron descargadas por ese organismo girador, se procedió inmediatamente a su descompensación; quedando pendientes dos multas administrativas, las cuales, según lo informado por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, éstas se encuentran firme y ejecutoriadas, por lo que procedía su cobro y compensación por parte de Tesorería.

En este sentido, debe reiterarse que la facultad para compensar que tiene el Servicio de Tesorerías se encuentra contenida en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, por lo que, atendido que estas deudas (Folios 1734180011 y 1734180012) se encontraban en condiciones de ser cobradas, y que se cumplían con todos los requisitos del artículo 1.656 del Código Civil, fueron compensadas por este Servicio.

CUARTO: Que entrando al fondo de la cuestión debatida, en el caso de autos la recurrida Tesorería General de la República, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 30 y 35 del D.L. N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de la Administración Financiera del Estado, está facultada para recaudar todos los ingresos del sector público, y para estos efectos tiene a su cargo la competencia de efectuar la cobranza judicial o administrativa de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público.

QUINTO: Que en el caso en análisis la recurrida Tesorería General de la República, informa en relación al recurso que atendido a que una multa se encontraba reclamada judicialmente y que la otra se encontraba pendiente de recurso administrativo, y que con fecha 10 de julio de 2018, al conocer de dichas circunstancias, “descompenso” los folios números 774017053 y 7740170532 y por otra parte la recurrida Inspección del Trabajo señaló en estrados que referido a la primera multa reclamada judicialmente, fue objeto de desbloqueo y que no se ha cobrado y que respecto a la segunda multa, declaró que se incluyó en el sistema de retención por “error involuntario”.

SEXTO: Que en consecuencia, atendido a que las dos multas que han sido objeto de retención en relación a la devolución de impuestos operación renta año 2018, no se encontraban firmes o ejecutoriadas, tanto en sede jurisdiccional como administrativa, respectivamente, resulta establecido que las recurridas han incurrido en un procedimiento de cobro administrativo de multas, con infracción de ley, referido a las dos multas correspondientes a los folios números 7740170531 y 7740170532, por lo que se ha lesionado el derecho de propiedad que ampara a la recurrente, establecido en el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política, al retener dineros que debieron llegar legítimamente al contribuyente vía devolución de impuestos, motivo por lo cual se configuran los presupuestos que hacen admisible acoger el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por Tactica SpA en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y en de Tesorería Regional Metropolitana, y se deja sin efecto el acto ilegal y arbitrario el procedimiento administrativo que dio origen a la retención de los folios números 7740170531, 7740170532 , por un monto cada uno respectivamente de $2.801.520.-, con cargo a la devolución de impuesto a la renta del año 2018, ordenándose la restitución de dichas sumas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Torres.

Protección 54696-2018.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.