Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 26 y 27: a todo, téngase presente.

Vistos: 1°) Que comparece David Osvaldo Campos Valenzuela, abogado, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección contra la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada legalmente por su alcalde Mario Desbordes Jiménez, por haber dictado el Decreto Sección Tercera N°NUM000, de 20 de diciembre de 2025 -notificado el 8 de enero de 2026-, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto Sección Tercera N°NUM001, de 29 de octubre de 2025, manteniendo la medida disciplinaria de destitución impuesta a su representado.

Expone como antecedentes fácticos que el recurrente se desempeñaba en calidad jurídica de contrata, asimilado a grado 14 de la Planta de Administrativos, dependiente de la Subdirección de Tesorería Municipal desde diciembre del año 2019, manteniendo una carrera funcionaria destacada, sin anotaciones de demérito ni sanciones pretéritas, calificado invariablemente en Lista 1 con distinción máxima; periodo durante el cual obtuvo el título de Técnico en Administración Pública de Nivel Superior en el Instituto Profesional AIEP y continuó estudios universitarios de Administración Pública en la Universidad Mayor.

Refiere que, en el año 2023, le fue diagnosticada una enfermedad médica crónica consistente en colitis ulcerosa, condición invalidante que motivó diversos periodos de reposo médico que totalizaron 115 días. Es así como, con motivo de una nueva crisis médica, se le confirió licencia médica entre los días 2 y 6 de diciembre de 2024, ocasión en que el funcionario resolvió viajar al extranjero con destino a la República Oriental del Uruguay el 5 de diciembre de 2024 con fines estrictamente terapéuticos, orientados a auscultar alternativas de salud, reincorporándose inmediatamente a sus labores el 9 de diciembre siguiente, habiendo coincidido la referida salida del país únicamente en dos jornadas con el período de reposo prescrito.

Agrega que, a consecuencia del Oficio N°NUM002 de la Contraloría General de la República, el ente edilicio incoó sumario administrativo mediante Decreto Sección Tercera N°NUM003, en el cual se formularon cargos imputándole una salida hacia Brasil entre los días 5 y 8 de diciembre de 2024, calificándose el hecho como un uso indebido de instrumento de fe pública para fines privados. En virtud de ello, mediante Decreto Sección Tercera N°NUM001 de 29 de octubre de 2025, la autoridad edilicia resolvió aplicarle la sanción de destitución por vulneración grave al principio de probidad administrativa consagrado en los artículos 58 letra g) de la Ley N°18.883 y 52 de la Ley N°18.575; decisión que, tras deducirse reposición fundada en la atipicidad, incongruencia, desproporción y en el yerro sobre el país de destino (indicando que en el sumario se hizo referencia a que el país de destino fue Brasil y no Uruguay), fue ratificada en su integridad por el Decreto Sección Tercera N°NUM000 de 20 de diciembre de 2025.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la parte recurrente sostiene la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo terminal por infracción al principio de congruencia procesal y al debido proceso, toda vez que en el pliego de cargos ni en la vista fiscal se atribuyó a los hechos el carácter de grave, calificación que solo vino a verificarse de forma extemporánea en el decreto sancionatorio definitivo, coartando su derecho a formular descargos conociendo la entidad expulsiva del castigo amenazado.

Arguye además una ausencia de tipicidad fáctica y normativa, por cuanto no existe disposición legal expresa que prohíba a un funcionario con licencia médica trasladarse al extranjero, sumado a la falta de comprobación de un elemento subjetivo doloso de defraudar al erario público. Asimismo, reprocha la transgresión al principio de proporcionalidad, racionalidad y proscripción del exceso en el ejercicio del ius puniendi estatal, recordando que la destitución constituye una sanción de última ratio reservada a perjuicios ostensibles, naturaleza incompatible con una ausencia territorial de tan solo dos días hábiles que no alteró la continuidad del servicio público, omite sopesar la intachable conducta anterior del afectado y desatiende el deber de motivación material exigible en resoluciones que conculcan severamente el estatus funcionarial e imponen severas inhabilidades.

En lo relativo a la vulneración de las garantías constitucionales, sostiene que se transgrede la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al dispensar un trato discriminatorio y caprichoso que soslaya circunstancias atenuantes objetivas y prescinde del examen de ponderación aplicable frente a medidas expulsivas; el debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3, por desconocer los postulados basales de reserva legal, tipicidad y congruencia mediante un cargo equívoco en cuanto al destino del viaje y desprovisto de justificación racional; y el derecho de propiedad tutelado en el artículo 19 N°24 de la Carta Magna, por cuanto la privación indebida de su función pública a contrata y de las correspondientes contraprestaciones pecuniarias lesiona ilegítimamente bienes incorporales adquiridos e integrados a su patrimonio que constituían su fuente indispensable de subsistencia.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el Decreto Sección Tercera N°NUM000, de 20 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición, en relación al Decreto Sección Tercera N° NUM001, de 29 de octubre de 2025, dejándolos sin efecto y disponiendo la reincorporación inmediata de don nombre reservado a sus funciones con el pago de todas las remuneraciones, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la separación del cargo hasta la reincorporación efectiva; o, en subsidio, se ordene a la recurrida dictar un nuevo acto administrativo que imponga una sanción proporcional a la falta y determine no aplicar la inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado, o bien la medida que este tribunal estime conducente para restaurar el imperio del derecho. 2°) Que, informando la recurrida Ilustre Municipalidad de Santiago, solicita el total rechazo del recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

Manifiesta que la aplicación de la medida disciplinaria de destitución impuesta mediante el Decreto Sección Tercera N°NUM001 y confirmada por el Decreto Sección Tercera N°NUM000, de 20 de diciembre de 2025 —que desestimó el recurso de reposición interpuesto—, emana de un procedimiento sumarial legalmente instruido y sustanciado con estricto apego a las normas prescritas en los artículos 127 y siguientes de la Ley N°18.883.

Arguye que la acción de protección no constituye una vía jurisdiccional apta ni idónea para revisar el mérito, oportunidad o conveniencia de las determinaciones disciplinarias emanadas de la Administración, salvo ante hipótesis de manifiesta e inconcusa ilegalidad o arbitrariedad, extremos que en la especie no concurren.

Cita al efecto lo sostenido por la Corte Suprema en autos Rol N°52.153-2025, en cuanto dicho tribunal ha resuelto reiteradamente que este arbitrio cautelar de urgencia no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito ni a ponderar la proporcionalidad de las sanciones disciplinarias impuestas.

Enfatiza que, conforme a las conclusiones de la Vista Fiscal de 23 de septiembre de 2025, se comprobó fehacientemente que el recurrente don nombre reservado salió del territorio de la República el día 5 de diciembre de 2024 con destino a Brasil encontrándose haciendo uso de licencia médica, incurriendo en un quebrantamiento del deber funcionarial de mantener una conducta intachable y afectando el principio de probidad administrativa, lo que tipifica la infracción contemplada en el artículo 58 letra g) del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y en el artículo 52 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Arguye la recurrida que el propio recurrente admite haber viajado al extranjero durante el lapso de vigencia de una licencia médica que ordenaba reposo absoluto, conducta que configura una utilización irregular e ilegítima del beneficio estatutario de reposo, el cual es financiado y subsidiado con caudales públicos. Añade que dicha deslealtad con el servicio y descrédito a la función pública atenta gravemente contra el mandato de probidad contemplado en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 52 de la Ley N°18.575. Cita al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°51.823-2025), destacando que el deber de probidad opera como un estándar basal y general de conducta exigible a todo funcionario público, por lo que no se requiere de una prohibición normativa taxativa y expresa para entender que el alejamiento del territorio nacional vulnera la esencia del reposo médico prescrito y la lealtad debida al ente edilicio.

Respecto a la alegación de la actora fundada en que el viaje tuvo por destino la República Oriental del Uruguay y no Brasil, sostiene que dicha discrepancia fáctica resulta del todo inoficiosa e intrascendente para la configuración del ilícito administrativo reprochado, toda vez que el núcleo de la infracción reside en el abandono del territorio nacional durante el uso de una licencia médica de reposo total, prescindiendo del lugar geográfico específico al que se haya trasladado el dependiente, según ha asentado la jurisprudencia en casos análogos.

Esgrime que la sanción de destitución se encuentra expresamente consagrada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 como respuesta punitiva frente a contravenciones graves a la probidad administrativa. Refiere que, mediando una infracción calificada que lesiona la fe pública y la lealtad estatutaria, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo legal de imponer la destitución, no correspondiendo evaluar factores de atenuación, conforme lo ha sentado la Contraloría General de la República en el Dictamen N°26.041 de 2017, perdiendo vigor la irreprochable conducta anterior invocada por la actora en atención a la gravedad intrínseca del hecho investigado.

Concluye afirmando que los actos administrativos reprochados se encuentran suficientemente fundados y motivados; que no se ha conculcado el debido proceso habiendo el funcionario deducido oportunamente sus descargos y recursos. 3°) Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.” 4°) Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad. 5°) Que el recurso se basa en dos aspectos esenciales, el primero que no se ha respetado el principio de congruencia dado que en el sumario se afirma que ha viajado a Brasil, en circunstancias que el viaje se realizó a Uruguay. Y en segundo lugar, denuncia ausencia de tipicidad fáctica y normativa de la falta; sin perjuicio de efectuar consideraciones acerca de su estado delicado de salud.

Sobre el primer asunto, sin embargo, lo cierto es que se trata de un error no invalidante, desde que el reproche se realiza por la salida al extranjero estando con reposo médico contenido en licencias que le permitieron ausentarse de sus labores funcionarias, no siendo relevante si el país al cual fijó como destino pues las salidas del país han sido acreditadas y reconocidas expresamente.

En tanto sobre la tipicidad es conveniente recordar lo que se expresa a continuación. 6°) Que el artículo 52 de la Ley N°18.575 establece: “[l]as autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”. 7°) Que el acto impugnado contenido en la resolución alcaldicia da cuenta de los hechos que se le imputan, que se encuentran plenamente acreditados, no desvirtuados y no justificados y siendo su evaluación soberana de la autoridad en cuanto al motivo, gravedad y su atentado a la probidad administrativa, y en razón de ello aplicó la sanción de la cual no se advierte la desproporción, dado que correspondía al funcionario mantener una actitud intachable respecto del cumplimiento de sus funciones. 8°) Que, además, puede observarse que la autoridad denunciada ha actuado dentro el marco de sus atribuciones, ha respetado el proceso de investigación que correspondía, se le ha permitido al afectada hacer descargos y deducir recursos, por lo que ha actuado dentro del principio de legalidad, de lo que se sigue que no se ha producido la afectación a derechos indubitados que sea necesario remediar por esta vía.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado en favor de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-5448-2026. Vistos: