nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1, comparece don nombre reservado, Contador, domiciliado en domicilio reservado, quien formula recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, institución de su giro, representada por su gerente general don nombre reservado, ignoro profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario cometido por la recurrida, consistente en descontar de su remuneración la cantidad de $298.755.- (doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y cinco mil pesos), el día 31 de julio del año 2014, sin existir nexo alguno, ni acto jurídico por medio respecto de su persona y la recurrida.

Señala que ese acto constituye privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales, señalados en los números 24 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política, referido al derecho de propiedad y a una justa retribución por el trabajo desempeñado.

Explica que el descuento expropiatorio sobre su remuneración ejercido el día 31 de julio del presente año, fue por solicitud de la Caja de Compensación los Andes, por un préstamo que jamás ha solicitado a dicha entidad y menos autorizado a la misma para que proceda a practicar descuento alguno en su remuneración.

Expone que tiene contrato de trabajo vigente con la empresa Fluor Chile S.A., RUT RUT reservado, desde mayo del año 2010 en calidad de contador y que no ha solicitado préstamo alguno a la Caja de Compensación Los Andes, durante todo el periodo de labores de empeñadas para su empleador.

Indica que al solicitar información durante el mes de agosto a la Caja de Compensación Los Andes a fin de que corrigiera esta situación, le señalaron que ellos cobraban una supuesta deuda con "otra Caja de Compensación". De ser así, se trataría de una deuda extinta por prescripción, por lo que si el titular carece de acción, con mayor razón un tercero ajeno a la relación.

Manifiesta que el descuento de parte importante de su remuneración, por parte de un tercero ajeno a sus relaciones laborales y/o comerciales, viola su derecho de dominio respecto de la remuneración obtenida por el ejercicio legítimo de su profesión.

En relación a la garantía constitucional conculcada, señala que el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Politica establece el derecho de en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales o derechos.

La remuneración es la justa retribución por el trabajo que obtiene como contraprestación el trabajador y está amparada en el Código del Trabajo, pero esta propiedad sobre la remuneración, está protegida por la norma superior que es la Constitución Política.

Considera que estamos ante una falta absoluta de fundamentos y derechos para practicar el descuento ya ejecutado, menos aún acciones que habiliten para exigir su cobro en tribunales.

Lo anterior evidencia lo ilegal y arbitrario del actuar que ha tenido y tiene la recurrida, ya que en forma verbal se le indicó que seguirían los descuentos, pues se negaron a darle instrumento escrito alguno o comunicación que indique el monto total que desea descontar y hasta cuando pretende ejercer arbitrariamente esta facultad.

Termina solicitando, se acoja este recurso de protección ordenando cesen los descuentos y se le restituya lo arbitrario e ilegalmente percibido con costas.

A fojas 52, comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien informa al tenor del recurso deducido en su contra.

Sostiene que don nombre reservado ha recurrido de protección en contra de su representada, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien omite mencionar que efectivamente requirió el otorgamiento de un crédito social, el que le fue concedido con fecha 18 de diciembre del año 2008, por la suma de $7.410.000, pagadero en 49 cuotas (Crédito Folio 2 -1849599). La entidad otorgante de dicho crédito corresponde a Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana.

Explica que con fecha 15 de abril del año 2013, su mandante suscribió, por instrumento privado, un contrato y mandato recíproco con Cajas de Chile A.G., Caja 18 de Septiembre, Gabriela Mistral y La Araucana, el que tiene entre otros objetivos, la conservación del fondo social, la coordinación y estandarización de procesos y el suministro de información entre las distintas entidades otorgantes.

En su calidad de mandataria de la Caja de Compensación La Araucana, comunicó al empleador del recurrente la existencia de un crédito social impago, solicitando se le efectuaran los descuentos respectivos de sus remuneraciones y la remesa de los fondos a las arcas de la caja de Compensación Los Andes. En consecuencia, señala que el actuar de su representada no reviste el carácter arbitrario e ilegal que le imputa el recurrente, por cuanto se funda en el desempeño del mandato conferido por la entidad otorgante del crédito social impago solicitado por el deudor.

Refiere, que la Ley le impone un mandato a las Cajas de Compensación, en cuya virtud estas deben informar al respectivo agente pagador la cuota social impaga para que este último proceda a la retención de las remuneraciones o pensiones, para posteriormente remesarlo a la Caja de Compensación informante. Este mandato, es irrenunciable y fiscalizado por los órganos competentes, a saber, la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República, ambas en las materias que les competen.

Explica que nuestro ordenamiento jurídico contempla un mandato legal e irrenunciable para que las Cajas de Compensación procedan a requerir los descuentos de las cuotas de crédito social a las entidades empleadoras o pagadoras, las que deberán retener los fondos respectivos y remesarlos a la Caja respectiva- artículo 58 del Código del Trabajo, artículo 22 de la Ley N° 18.833 y artículo 22 de la Ley N° 17.322.

Al efecto, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone que "el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos".

El ordenamiento jurídico nacional, ha concebido el crédito social como una prestación de la seguridad social y ha ordenado que su cobro se rija por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales. En este sentido, el artículo 22 de la Ley 18.833 prescribe que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales." Indica que la ley no consulta la voluntad del afiliado para proceder a los descuentos respectivos, sin perjuicio de lo cual, al momento del otorgamiento del crédito, la recurrente suscribió con la Caja de Compensación La Araucana, una autorización para que su actual o futuro empleador o empleadores descontaran de sus remuneraciones mensuales o pensiones, los dividendos correspondientes a los créditos ya tantas veces mencionados.

Agrega que esta materia se encuentra tratada en la Ley Nº 17.322, que regula las normas para la cobranza judicial de las cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social, en especial en su artículo 22 inciso primero, que dispone: "Los empleadores, como asimismo, sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos, descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y propias cotizaciones previsionales y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones. Sin embargo, el plazo mencionado se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo, cuando dichas declaraciones y el pago de éstas se realicen a través de un medio electrónico" Asevera, que existe una obligación por parte de los empleadores que descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquier suma a título de dividendos de obligaciones a favor de la instituciones de previsión social, como es el caso de su representada, de declarar y enterar dichos descuentos a la entidad respectiva.

Manifiesta que en relación a la garantía constitucional del derecho de propiedad, no existe una afectación a la misma, por cuanto ha sido la recurrente quien fundada en su capacidad para disponer de su patrimonio, contrajo una obligación con la Caja de Compensación La Araucana que produjo una serie de efectos y consecuencias jurídicas a partir de dicha expresión de voluntad, la que es un hecho jurídico que tiene amparo en nuestro sistema normativo.

Cuando las consecuencias jurídicas de un acto jurídico convencional libremente consentido, se extienden en el patrimonio de los ciudadanos, ello precisamente importa el ejercicio de la garantía constitucional del derecho de propiedad, sin que los actuales intereses de las partes trasciendan en dicha mecánica, pues de lo contrario se afectaría la garantía constitucional del co-contrante. Ello es la base del principio pacto sunt servanda, regla de oro del derecho privado chileno.

Concluye que el actuar de su representada se enmarca dentro de las facultades que las normas legales vigentes y el mandato recíproco suscrito, entre otros, con la Caja de Compensación La Araucana, le confieren con el objeto de cobrar un crédito válidamente otorgado, cuyas cuotas no han sido pagadas en los plazos convenidos.

En seguida, postula la improcedencia del recurso de protección para el pronunciamiento de cuestiones de fondo, como lo pretende el recurrente. Las alegaciones de este último se dirigen a que ésta Corte se pronuncie sobre la eventual prescripción de la deuda, cuestión que tampoco es procedente sea debatido en un procedimiento de urgencia, sumario y desformalizado.

Continúan señalando que se encuentra acreditado que el recurrente solicitó un crédito social, el cual fue otorgado por la Caja de Compensación La Araucana, y que dicho acto lo efectuó en forma libre y espontánea, expresando una voluntad sin concurrencia de vicio alguno.

Por otra parte, no existe discusión alguna en cuanto a que el contrato de mutuo, contrato real, se encuentra perfecto, por lo que genera los derechos y obligaciones que la Ley establece, el primero de ellos, es la fuerza obligatoria del contrato, previsto y sancionado en el Código 1.545 del Código Civil.

A su vez, consta de autos, que la operación de mutuo materia del presente recurso tiene la naturaleza de una prestación de seguridad social, la cual se encuentra consagrada en el artículo 22 de la Ley 18.833 y artículo 22 de la Ley Nº 17.322.

Asevera que conforme a la normativa citada, y asimismo, de conformidad al mandato conferido por la entidad acreedora, resulta forzoso para su representada proceder a requerir los descuentos de las cuotas de crédito social en virtud del cual la recurrente responde en su calidad de deudor principal, por parte de la entidad empleadora actual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo.

Solicita que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes, con costas, debiendo el recurrente deducir su reclamación ante los Tribunales o los órganos administrativos competentes, con costas.

A fojas 59, se solicitó informe a la Caja de Compensación La Araucana, quien lo evacuó a fojas 86.

Señala que el recurrente omite indicar que él requirió el otorgamiento de un crédito social por parte de su representada, singularizado con el N° 2-1849599.

Indica que el señor nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, registra en esta entidad las siguientes operaciones de créditos sociales:

1.- Deudor directo del Crédito Social Folio N° 2-1849599, el cual fue solicitado en su calidad de trabajador dependiente de la empresa Farm Direct Food Latin America S.A., Rut. N° RUT reservado, otorgado con fecha 18 de Diciembre de 2008, por un monto nominal de $ 8.166.590, pagadero en 49 cuotas mensuales de $ 271.525.- cada una de ellas, a las que se debe agregar la cantidad de $9.338.- por el concepto de seguro de desgravamen, $4.526.- por el concepto de seguro de cesantía, y $ 633.- por el concepto de seguro de vida, todos estos los valores por cuota. Este crédito en la actualidad se encuentra moroso.

2.-Deudor indirecto Crédito Social Folio N° 1-27104582, el cual fue solicitado por el señor nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, y avalado por el señor nombre reservado, ambos en calidad de trabajadores dependientes de la empresa Farm Direct Food Latin America S.A., Rut. N° RUT reservado, otorgado con fecha 19 de Diciembre de 2008, por un monto nominal de $ 3.754.394.-, pagadero en 60 cuotas mensuales de $123.968.- cada una de ellas, a las que se debe agregar la cantidad de $4.409.- por el concepto de seguro de desgravamen, $1.661.- por el concepto de seguro de cesantía, y $ 633.- por el concepto de seguro de vida, todos estos los valores por cuota. Este crédito en la actualidad se encuentra moroso.

Conforme a lo establecido en la normativa que regula régimen de crédito social que administran y otorgan las Cajas de Compensación de Asignación Familiar emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, el señor nombre reservado, al momento de suscribir la solicitud de crédito y el pagaré asociado al crédito en comento, otorgó un mandato a su empleador, y a sus futuros empleadores, para deducir de sus remuneraciones, indemnización, desahucios, o cualquier otra suma que le correspondiere percibir a cualquier título en su eventual finiquito, según proceda, los valores correspondientes al servicio del préstamo, y la totalidad del saldo a que se encontrare reducido este último, en caso de finiquito.

En relación con la naturaleza jurídica del descuento del crédito social, refiere que el artículo N° 1 de la Ley 18.833, correspondiente al "El Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar", señala que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social.

A su vez, la Superintendencia de Seguridad Social, organismo fiscalizador de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, indica a través del Dictamen N° 029526 de fecha 9 de Mayo de 2012, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores.

Por tanto, el empleador (antiguo o actual) tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que su trabajador adeude por crédito social, conforme al citado artículo 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley N° 18.833.

Luego, el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, las cantidades que éstos hayan percibido por concepto de créditos sociales con el fin de remitirlas a la Caja respectiva, deducciones éstas que deberán regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

La citada ley N° 18.833, indica en su Título IV - "Del Objeto", específicamente en su artículo N° 19, que estas entidades (Cajas) les corresponde la administración de prestaciones de seguridad social, y para el cumplimento de este objeto desempeñarán las siguientes funciones: Número 7 "Prestar servicios, mediante convenios, a entidades que administren prestaciones de seguridad social".

De este modo, y de la misma forma como indica en su informe la recurrida Los Andes C.C.A.F. con fecha 15 de Abril del año 2013, señala que la Caja de Compensación suscribió con su Asociación Gremial, integrada por las Cajas 18 de Septiembre, Gabriela Mistral y Los Andes, un contrato y mandato recíproco denominado "Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar - Cajas de Chile A.G.", el que tiene por objetivo la conservación del fondo social, la coordinación y estandarización de procesos y el suministro de información entre las distintas entidades otorgantes de crédito social.

En cumplimiento de este mandato, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, actuando en calidad de mandataria de mi representada, comunicó al empleador del recurrente la existencia de su crédito social impago, solicitando se te efectuaren los descuentos respectivos de sus remuneraciones y la remesa de los fondos a esa Caja de Compensación, para que finalmente fueren enviados a esta entidad para pagar su respectivo crédito. Este acto no tiene el carácter de ilegal o arbitrario, en atención que se realiza en virtud del ejercicio de una facultad legal, la cual esta convenida con anticipación y expresamente con el recurrente.

Asimismo, nuestra legislación impone un mandato legal a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, que consiste en informar al empleador del deudor de un crédito social impago, para que proceda a la retención de la cuota de su crédito adeudado, con la finalidad de remitirlo a la Caja de Compensación acreedora.

Según la parte recurrente, en su pretensión alega que la deuda se encuentra prescrita, pero la prescripción ya sea adquisitiva o extintiva no puede ser declarada de oficio, es decir, que quien pretenda beneficiarse de la prescripción debe alegarla, ya sea por vía de acción o de excepción, en la demanda como pretensión o en la contestación de la demanda como excepción, según lo establecido en el artículo 2494 del Código Civil, En la práctica, el recurrente no ha alegado la prescripción por vía de acción o de excepción, de modo que mientras esto no ocurra, la deuda se mantiene vigente y puede ser cobrada.

Solicita tener por evacuado el informe requerido y con el mérito del mismo, rechazar el recurso de autos, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Primero: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal , que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que la recurrida ha conculcadas las garantías descritas en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, el derecho a una justa retribución y; el derecho de propiedad.

Tercero: Que en el presente arbitrio, la actuación arbitraria e ilegal, se hace consistir en el descuento de su remuneración, de la cantidad de $ 298.755 por parte de la recurrida Caja de Compensación Los Andes, a propósito de un préstamo que jamás le habría solicitado a dicha entidad.

Cuarto: Que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Por su parte, la arbitrariedad significa injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (Cea Egaña, Derecho constitucional chileno, tomo II, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2004, p. 633), y ausencia de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho constitucional, tomo I, Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2002, p. 339).

Quinto: Que con el mérito de los documentos aparejados por la recurrida y la Caja de Compensación La Araucana, consistentes en: a) Copia de "Contrato y mandato Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Cajas De Chile A. G. con Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de septiembre, Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana", de fecha 15 de abril de 2013; b) Copia de "Certificado deuda crédito social" del recurrente suscrito por don nombre reservado, de la División Soporte Cobranzas de "La Araucana C.C.A.F." de fecha 16 de septiembre de 2014, respecto de Crédito N° 2 -1849599; c) Copia de Solicitud de crédito N°2-RUT reservado realizada por el recurrente a Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, de fecha 18 de diciembre de 2008; d) Copia del pagaré del Crédito Social N° 2 -1849599, suscrito el 18 de diciembre de 2008, por el señor nombre reservado; e) Copia de Dictamen N° 029526 y N° 048473, emitidos por la Superintendencia de Seguridad social; apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecido en esta sede de protección, lo que sigue:

a) Don nombre reservado, solicitó un crédito social a la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, el 18 de febrero de 2008, por la suma de $ 7.410.000, el que se documentó en un pagaré que se otorgó por la cantidad de $8.166.590, pagadero en 49 cuotas venciendo la primera de ellas el 31 de enero de 2009. Dicho título de crédito aparece protestado el 22 de abril de 2010.

b) El recurrente al 16 de septiembre de 2014, aparece con una deuda directa por un monto nominal asciende a $10.546.027, más los honorarios por $ 1.581.904 y gastos de protestos por $ 40.862, lo que hace un total de $ 12.168.793. A título de deuda en calidad de aval, tiene una deuda con un saldo nominal de $ 3.696.496.

c) El recurrente otorgó un mandato a su empleador y futuros empleadores para deducir de sus remuneraciones, indemnización, desahucios, o cualquier otra suma que le correspondiere percibir a cualquier título en su eventual finiquito, según proceda, los valores correspondientes al servicio del préstamo y la totalidad del saldo a que se encontrare reducido éste último en caso de finiquito.

d) El 15 de abril de 2013, la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, suscribió con su Asociación Gremial, integradas entre otras por la Caja de Compensación Los Andes, un contrato y mandato recíproco denominado “Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación familiar- Cajas de Chile A.G.

e) Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en calidad de mandataria de Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, comunicó al empleador del recurrente, la existencia de un crédito social impago, solicitando los descuentos respectivos de sus remuneraciones.

Sexto: Que el artículo 19 N° 24 de Carta Fundamental, “asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Se instaura en este inciso la protección expresa al derecho de propiedad y señala además, que se protegerán los bienes corporales e incorporales con lo que establece el alcance de la propiedad en términos generales, sin perjuicio de lo fijado en los incisos siguientes.

Séptimo: Que de los antecedentes precedentemente relacionados aparece que la entidad recurrida, al solicitar al empleador que efectuara los descuentos respectivos de la remuneración del recurrente y la remesa de los fondos a sus arcas actuó en el ejercicio de una facultad legal y convenida expresamente con el señor nombre reservado, siempre bajo el mandato de la Ley 18.833, 17.322 y artículo 58 del Código del trabajo.

Octavo: Que sin embargo, de la normativa legal que regula la materia, especialmente del artículo 22 de la ley 18.833, se desprende que el descuento de lo adeudado por créditos sociales supone la existencia de antecedentes claros y determinados en torno a lo que se adeuda, lo que en la especie no se verifica pues se cobra al recurrente una deuda en la que se incluyen montos por conceptos de honorarios, a más de tratarse de una deuda cuya ejecución se inició ante el Cuarto Juzgado Civil de esta ciudad- a decir del apoderado del recurrente en estrados- cuya primera resolución quedó pendiente al no cumplir el ejecutante con una aclaración que se le requirió respecto de la fecha del pagaré.

Noveno: Que de acuerdo a los antecedentes referidos, cabe concluir que la decisión de la institución acreedora es arbitraria, puesto que el acto de requerir directamente a la empleadora de la actora el descuento en su remuneración de las cuotas adeudadas no se aviene a las circunstancias evidentes de que había transcurrido un excesivo lapso de tiempo desde la fecha en que se había dejado de pagar la deuda, y todo ello sin discusión previa sobre la exigibilidad de la obligación cuya solución se persigue.

Décimo: Que el actuar de la recurrida afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en términos que se produce una privación en el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que le corresponde percibir.

Undécimo: Que en virtud de lo razonado corresponde acoger la acción deducida, lo que no obsta a la recurrida a ejercer las acciones que procedan en un proceso de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se declara que la aludida entidad deberá abstenerse de descontar de la remuneración del recurrente nuevas cuotas de los créditos sociales que solicitó y avaló en el año 2008, mientras no se determine por la vía declarativa que corresponda.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Héctor Mery, quien fue de parecer de rechazar la presente acción cautelar, teniendo para ello presente:

1°.-Que la actuación de la Caja de Compensación recurrida, se encuentra amparada por el artículo 22 de la ley N° 18.833, que establece el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo.

El primero, dispone que lo adeudado por concepto de créditos sociales a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado a ella, debe ser deducido de la remuneración de aquél por la entidad afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

El segundo, autoriza para que el empleador deduzca de las remuneraciones de sus trabajadores, entre otras, los impuestos que la gravan y las cotizaciones de seguridad social, así como las obligaciones con instituciones de previsión.

2°.-Que la normativa antes señala respalda el descuento de los créditos impagos, por el nuevo empleador, sin que corresponda dilucidar en este procedimiento breve, cautelar y desformalizado, como lo es el de protección, si las obligaciones contraídas por la actora con La Caja están o no prescritas, ya que esta materia es propia de un juicio de lato conocimiento en que las partes tengan la oportunidad de aportar todas las probanzas que estimen necesarias en apoyo de sus asertos.

3°.- Que al no encontrarse acreditada la existencia de un acto ilegal ni arbitrario denunciado en el recurso, se impone el rechazo del presente recurso.

Redacción de la ministra (s) señora Lazen, y del voto, su autor.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Nº Protección 54.473-2014.

No obstante haber concurrido a la vista de la causa, no firma el abogado integrante señor Mery, por ausencia.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministra (S) señora Claudia Lazen Manzur y el abogado integrante señor Héctor Mery Romero.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 04 de noviembre de 2014, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.