Protección contra Fuerza Aérea de Chile

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, funcionario público, representado por el abogado Marcos Ibacache Cortés, interpuso un recurso de protección en contra de la Fuerza Aérea de Chile, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber denegado el conducto regular solicitado para reunirse con la máxima autoridad institucional y haber dispuesto su destinación a la ciudad de Santiago, sin considerar las particulares circunstancias familiares que lo afectan, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1°, 2° y 4° de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se deje sin efecto la destinación o, subsidiariamente, que se suspenda hasta que se le otorgue el conducto regular requerido.

Refiere que ingresó a la Fuerza Aérea de Chile en 2001 y actualmente se desempeña como mecánico de aeronaves en la Escuadrilla de Apoyo Operacional del Grupo de Aviación N° 6 de la IV Brigada Aérea, en la ciudad de Punta Arenas. Contrajo matrimonio en 2006 con nombre reservado, con quien tiene tres hijos: nombre reservado, de 24 años; nombre reservado, de 20 años, que cursa estudios universitarios en la Universidad de Magallanes; y nombre reservado, de 16 años, que cursa tercero medio en el Liceo nombre reservado.

Toda la familia ha residido siempre en Punta Arenas, salvo un período de siete meses en 2021 cuando exclusivamente él residió en la Antártica.

Actualmente, constituye la única fuente de ingresos familiares y debe además colaborar en la mantención de su madre de 74 años, quien padece de aneurisma de la aorta que requiere cirugía vascular.

Indica que su hija fue víctima de un delito de índole sexual, requiriendo asistencia psicológica proporcionada por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de Punta Arenas, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial, situación que se vio agravada por el hecho de que durante 2021 él fue destinado a Comisión Antártica, lo que implicó que la familia estuviera sin su presencia durante siete meses mientras ya se había iniciado el proceso penal.

Señala que con fecha 23 de septiembre de 2024 le fue notificado el Mensaje Aéreo C.J.F.A. “RES N° NUM000”, mediante el cual se le informó que forma parte del plan de destinaciones del personal del Cuadro Permanente de la Fuerza Aérea de Chile para el año 2025, trasladándolo a la Empresa Nacional de Aeronáutica en la ciudad de Santiago, debiendo presentarse el día 3 de febrero de 2025. Con el propósito de exponer su situación al comandante en jefe y solicitar la invalidación de su destinación, elevó solicitudes requiriendo audiencia para obtener conducto regular con dicha autoridad, las que fueron formuladas con fechas 5 y 12 de diciembre de 2024.

En este contexto, mediante oficio CC AUD "R" N° NUM001 de 16 de diciembre de 2024, se le informó que no era posible concederle el conducto regular solicitado, siendo denegado por el comandante del Comando de Combate. La denegación se fundamentó en que podía hacer uso de los medios de asistencia y apoyo que ofrece el Sistema de Salud de la Fuerza Aérea de Chile y la Unidad de Atención a la Familia de la División de Bienestar Social, reiterando que las destinaciones constituyen una obligación y deber del personal uniformado conforme al DFL (G) N° 1 de 1997 y la norma administrativa NA-RH-2018-83. Asimismo, se señaló que en las presentaciones del recurrente no se acompañaron documentos o antecedentes que acreditaran la efectividad de los argumentos expuestos.

Esta denegación fue precedida por una respuesta similar de 4 de diciembre de 2024, donde se establecieron fundamentalmente dos razones: que las destinaciones son inherentes a la vida militar y se efectúan conforme al Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, y que no se acompañaron documentos que acreditaran los argumentos expuestos.

Argumenta que la denegación del conducto regular constituye un acto arbitrario e ilegal, toda vez que no se funda en razones legales ni explicaciones razonablemente fundadas, sino que impone un estándar para la validez de una solicitud de audiencia que no encuentra asidero legal alguno, poniendo trabas infundadas a la potestad invalidatoria de la Administración. Sostiene que existiendo una solicitud de invalidación del acto administrativo que contiene la destinación, resulta procedente que se conceda audiencia conforme al artículo 53 inciso 1° de la Ley N° 19.880, que dispone que la autoridad administrativa podrá invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado. Además, alega que la destinación misma resulta contraria a la legislación vigente por cuanto sus efectos particulares atentan contra el principio de unidad familiar y las actuales concepciones sobre prohibición de revictimización aplicables a víctimas y sus familias, conforme al espíritu de la Ley N° 21.523.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Fuerza Aérea de Chile dejar sin efecto su destinación, por resultar atentatorio contra los derechos fundamentales expuestos, o subsidiariamente, se ordene suspender la orden de destinación mientras no se le otorgue conducto regular para reunirse con el comandante en jefe y exponer sus antecedentes con objeto de tramitar la invalidación del acto de destinación.

Segundo: Que evacuó informe el señor nombre reservado, general de brigada aérea, secretario general, en representación de la Fuerza Aérea de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, con costas. Afirma que no es efectivo que se le haya impedido hacer uso del conducto regular, toda vez que conforme al artículo 4° del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, el conducto regular constituye la serie de autoridades directas, jerárquicamente escalonadas, que forman el camino normal para las tramitaciones de asuntos relativos al servicio. Agrega que, si un superior no cursa o no autoriza el conducto regular en términos convenientes en un lapso no superior a tres días, el inferior podrá insistir hasta dos veces ante el mismo superior, y si se mantuviese la negativa, tendrá derecho a presentarse al superior ante el cual le fue denegado el conducto regular.

Indica que pidió el conducto regular el 28 de noviembre de 2024, siendo denegado el 4 de diciembre de 2024. Posteriormente, insistió el 5 de diciembre de 2024 y nuevamente el 12 de diciembre de 2024, recibiendo respuesta denegatoria el 16 de diciembre de 2024. Habiendo agotado estas etapas, el recurrente se dirigió directamente al comandante en jefe de la Fuerza Aérea mediante presentación vía correo electrónico, requiriendo audiencia para exponer su solicitud de dejar sin efecto su destinación. En consecuencia, argumenta que la reclamación formulada carece de fundamento, ya que la decisión del comandante del Comando de Combate no impidió su derecho de presentarse ante la máxima autoridad institucional, como efectivamente lo hizo.

Como segunda cuestión previa se refiere a la extemporaneidad del recurso de protección respecto de la destinación del recurrente. En efecto, indica que el actor reconoce expresamente haber sido notificado el 23 de septiembre de 2024 del acto que dispuso su destinación a Santiago, sin embargo, interpuso el recurso de protección el 3 de enero de 2025, excediendo con creces el plazo de 30 días corridos contemplado en el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema.

Argumenta que el recurrente pretende disimular el acto administrativo por el cual supuestamente se le ha provocado una afectación, atribuyendo como fundamento para comenzar a computar el plazo las decisiones denegatorias del conducto regular de fechas 4 y 16 de diciembre de 2024, lo que no resulta procedente toda vez que tuvo conocimiento del acto que dispuso su destinación el 23 de septiembre de 2024 sin interponer recurso administrativo alguno en su contra.

Prosigue señalando que el funcionario, de conformidad con los artículos 10 del DFL N° 1/19.653 y 59 de la Ley N° 19.880, tuvo la posibilidad de interponer recurso de reposición en contra del Mensaje Aéreo que dispuso su destinación dentro del plazo de cinco días contados desde su notificación, derecho que siempre le asistió sin necesidad de acudir al procedimiento de solicitud de conducto regular.

Respecto a los antecedentes fácticos, y en cuanto al fondo, expone que nombre reservado ingresó a la Fuerza Aérea en 2001, fue nombrado Personal del Cuadro Permanente en 2002 y ha progresado en su carrera hasta alcanzar el grado de Sargento 1° en 2023. Mediante el Mensaje Aéreo C.J.F.A. “R” N° NUM000 de 17 de septiembre de 2024, se informó sobre el Plan de Destinaciones para el año 2025, incluyendo al recurrente para prestar servicios en la Empresa Nacional de Aeronáutica.

Posteriormente, mediante Resolución N° NUM002 de 15 de octubre de 2024, el comandante del Comando de Personal formalizó esta decisión, considerando la atribución conferida por el artículo 147 del DFL (G) N° 1 de 1997.

En relación con la destinación propiamente tal, argumenta que las destinaciones del personal a las distintas unidades son parte inherente de la vida y carrera militar, resultado de los ajustes de dotaciones sobre la base de contextos operativos, sociales y financieros. Corresponden a un proceso de planificación que permite optimizar el uso del recurso humano en el cumplimiento de la misión institucional. Sostiene que, desde su ingreso a las escuelas matrices, el personal de las Fuerzas Armadas tiene conocimiento certero de que su vida profesional estará expuesta a destinaciones acorde a las necesidades institucionales, las que pueden cumplirse en cualquier parte del territorio nacional.

Agrega que la facultad del comandante del Comando de Personal para disponer las destinaciones se enmarca en la materialización de los fines constitucionales de defensa de la patria y seguridad nacional, plasmados en el artículo 101 de la Constitución Política, en armonía con la Ley N° 18.948, que reconoce las particulares exigencias que impone la función militar y la carrera profesional. Cita la Norma Administrativa N° NA- RH-2018-83 sobre "Elaboración y cumplimiento de las destinaciones en la Institución", que establece que cuando no sea posible conciliar los requerimientos institucionales con los intereses personales, los intereses institucionales siempre primarán por sobre los intereses personales.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la aplicación del artículo 53 de la Ley N° 19.880, sostiene que aquel no ha formulado una solicitud de invalidación en los términos señalados por dicha norma. Así, en ninguna de las solicitudes formuladas mediante correos electrónicos se solicitó la invalidación del acto administrativo que dispuso su destinación, sino únicamente se solicitó conducto regular con la finalidad de plantear una situación concreta al comandante en jefe. Señala que solo con ocasión del recurso de protección se invoca la norma del artículo 53 de la Ley N° 19.880.

Arguye que no se ha impedido al recurrente hacer uso de su conducto regular, puesto que formuló su solicitud de audiencia al comandante en jefe mediante correo electrónico para exponer su solicitud de dejar sin efecto su destinación. Sin embargo, dada la presentación del recurso de protección, el comandante en jefe se abstuvo de conocer la misma solicitud de fondo.

Sostiene que la decisión materializada por el comandante del Comando de Personal no puede ser señalada como ilegal, ya que estuvo sustentada en la facultad que el ordenamiento jurídico vigente otorga a esta autoridad, ni tampoco resulta arbitraria, toda vez que obedece a la necesidad operacional de la institución para el mejor aprovechamiento de especialistas calificados.

Descarta la infracción a las garantías constitucionales alegadas, y afirma que la destinación se ha decidido en debido y oportuno uso de las facultades legales del comandante del Comando de Personal, en mérito del artículo 147 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la Norma Administrativa respectiva, sin que se desprenda de la decisión la existencia de un acto ilegal o arbitrario.

Por estas razones, solicita el rechazo del recurso de protección deducido, con costas.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que debe desestimarse la alegación de extemporaneidad hecha por la recurrida, por cuanto el plazo de treinta días a que se refiere el auto acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección debe contarse, en este caso, desde la última respuesta dada al sargento 1° Vicencio por el comandante del Comando de Combate a su solicitud de audiencia con el comandante en jefe, la que se le dio el 16 de diciembre de 2024, de suerte que al deducirse la presente acción constitucional el 3 de enero de 2025, se hizo dentro del aludido término.

Quinto: Que en cuanto al primer reproche que hace el recurrente a la institución recurrida, el de no permitirle hacer uso del conducto regular, habrá que concluir que ello no es efectivo, pues el artículo 4° del DS 1445 de 1951 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, señala que “Se entenderá por ‘conducto regular’ la serie de autoridades directas, jerárquicamente escalonadas, que forman el camino normal que deben seguir las órdenes, desde el superior que las dicta hasta quienes deben ejecutarlas, las noticias, reclamaciones, etc., que marchan en sentido inverso y, en general, todas las tramitaciones de asuntos relativos al servicio o interés de las Fuerzas Armadas”. “El ‘conducto regular’ es un medio de las funciones militares y podrá, en circunstancias calificadas de urgencia que lo precisen, prescindirse de utilizarlo totalmente; en estos casos deberá darse cuenta a los superiores directos correspondientes, tan pronto sea posible, de las circunstancias que motivaron tal prescindencia”. “Si un superior no cursa o no autoriza el conducto regular solicitado en términos convenientes, en un lapso no superior a tres días, el inferior podrá insistir hasta dos veces ante el mismo superior. Esta facultad se ejercerá no antes de 24 horas, ni más allá de tres días de no cursado o rechazado el conducto regular.” “Si se mantuviese la negativa, el inferior tendrá derecho a presentarse al superior ante el cual le fue denegado el conducto regular”.

En la especie, el recurrente hizo uso de este mecanismo, tal como se encarga de precisar el informe que se ha resumido en el motivo segundo de esta sentencia. En efecto, en tres ocasiones el recurrente solicitó a su superior, el comandante de Comando de Combate, que se le concediera una audiencia con el comandante en jefe, respondiéndole esta última autoridad en forma negativa y, finalmente, el sargento 1° Vicencio le pidió directamente audiencia al señor comandante en jefe de la FACH, la que le fue negada. Es decir, hizo uso el recurrente del “conductor regular”. El hecho que su solicitud le fuera respondida negativamente no implica que se le haya impedido el uso del derecho contemplado en el citado artículo 4° del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas y es precisamente al revés: las respuestas negativas le fueron dadas al recurrente a propósito del conducto regular que prevé la citada disposición reglamentaria.

Sexto: Que para resolver acerca de la ilegalidad o arbitrariedad de la decisión de traslado del recurrente desde Punta Arenas a Santiago, menester es transcribir lo que, al efecto, contempla el inciso segundo del artículo 147 del DFL 1 de 1997 del Ministerio de Defensa, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas: “Las destinaciones del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, como asimismo las del personal de Tropa Profesional, serán ordenadas por las Direcciones del Personal o Comando de Personal de acuerdo con las dotaciones reglamentarias de cada unidad o repartición”. Así, el comandante del Comando del Personal del Cuadro Permanente de la FACH, al proceder de la forma que lo hizo, obró en virtud de la facultad legal referida y ejecutando el plan de destinaciones de dicho Cuadro Permanente.

Séptimo: Que parece evidente que, tratándose la recurrida de una institución militar, las destinaciones del personal a las distintas unidades que la FACH tiene a lo largo del territorio nacional es algo inherente a la vida militar. Al respecto, al inciso final del artículo 101 de la Constitución Política de la República refiere que “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”. Por su parte, el inciso tercero del artículo 1° de la Ley 18.948, Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, dispone que “Derivado de las particulares exigencias que impone la función militar y la carrera profesional, los organismos y el personal que la desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva”.

Luego, forma parte de la actividad militar el obedecer el plan de destinaciones respectivo y estar dispuesto a ser trasladado al lugar que la autoridad competente de cada rama de las FF.AA. disponga. El recurrente es miembro del Cuadro Permanente de una institución castrense, como lo es la FACH, que anualmente tiene derecho a realizar un proceso de destinar o a ubicar a su personal en distintos lugares del país y es deber del subordinado, como militar que es, siendo una orden legítima y adoptada en virtud de la normativa legal y reglamentaria correspondiente, obedecer.

Cabe consignar que la FACH se ha dado una normativa interna relativa a las destinaciones que se hacen en virtud de las facultades propias de una institución militar, a saber, la Norma Administrativa NA-RH-2018-83, que, en lo pertinente, dice: “La institución está consciente que la materialización del Plan de Destinaciones puede afectar las aspiraciones propias del personal institucional, principalmente cuando se ve involucrado su grupo familiar, pero es necesario hacer presente que la vida del aviador militar no está exenta de sacrificios derivados de su vocación de servicio. En este escenario, la FACH se encuentra en una constante búsqueda por conciliar los requerimientos institucionales con los intereses generales de cada uno de sus miembros, toda vez que se entiende que un alto grado de motivación y satisfacción dinamizan de mejor manera el cumplimiento de la misión institucional. No obstante, cuando no sea posible conciliar ambas posiciones, se deberá tener presente que los intereses institucionales siempre primarán por sobre los intereses personales”.

Octavo: Que, entonces, no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad en el obrar de la parte recurrida, la que ha obrado en uso de sus facultades y, el recurrente, por su parte, al formar parte de una institución militar, como la FACH, está obligado a prestar sus servicios en el cargo y en la unidad que el mando respectivo determine.

Noveno: Que, finalmente, con relación al hecho planteado por el recurrente respecto de la invalidación del acto administrativo que dispuso su traslado, en virtud del, dice el sargento 1° Vicencio, artículo 53 de la Ley 19.880 —cuyo inciso primero dice “Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”—, lo cierto es que nunca el recurrente ha hecho una petición en tal sentido y sólo ha pedido, mediante el conducto regular, ser oído por el señor comandante en jefe de la FACH.

Décimo: Que, luego, al no haber ni ilegalidad ni arbitrariedad en el obrar de la FACH, no procede analizar la supuesta vulneración a los derechos constitucionales que el recurrente dice amagados.

Undécimo: Que, en consecuencia, el recurso deducido será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

Protección N° 544-2025.

No firma el ministro señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.