nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que recurre de protección don Francisco José Santana Garrido, abogado, en representación de don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante SUSESO) y del Instituto de Seguridad Laboral (en adelante ISL), ambos representados por nombre reservado, domiciliado domicilio reservado, “por haber despojado al recurrente de su calidad de beneficiario del Seguro por Accidentes del Trabajo establecido en la ley 16.744, suprimiendo todas las coberturas que le entrega este seguro”. Funda su acción constitucional en los siguientes antecedentes:

1.- El “15 de marzo de 2015” -en realidad es el 12 de marzo de 2015- su parte sufrió un accidente de trayecto laboral calificado como tal por el ISL, el cual fue recalificado casi cuatro años después por medio de Resolución N° 58.733 de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala, en parte que “el infortunio que sufrió don nombre reservado constituye un accidente de origen común, por tanto, no procede otorgarle la cobertura de la ley 16.744”.

2.- Refiere que el día 12 de marzo de 2015 su parte, en el trayecto laboral propio de su profesión de abogado, en la ciudad de Valparaíso, sufrió un accidente mientras conducía su motocicleta, lo que le provocó un traumatismo raquimedular cervical, esto es, una lesión medular a la altura de la cervical alta C5-C6, lo que derivó en una tetraparesia espástica.

3.- La Subcomisión COMPIN de Valparaíso por medio de resolución fundada N° 16 de incapacidad permanente declaró a su parte como “Gran Inválido”, debido al grado de incapacidad de un 90% de su cuerpo, conforme a lo que dispone el artículo 40 de la ley 16.744. El 27 de abril de 2015 se presentó ante el ISL Dirección Regional de Valparaíso una “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo”, DIAT, como trabajador independiente, organismo que calificó el accidente como de origen laboral conforme a la Resolución de Calificación N° REG161774 de 5 de mayo de 2015, fecha esta última desde la cual su parte ha recibido la cobertura de la ley 16.744. Se procedió, asimismo, al cálculo del subsidio por incapacidad laboral, el que arroja un promedio aproximado de $300.000 mensuales, que se le pagó hasta marzo de 2017.

4.- Hasta el momento del accidente su parte trabajaba como independiente y en tal condición se calificó el accidente como de origen laboral, pero también laboraba como dependiente debido a que mantenía un contrato de trabajo vigente firmado el 2 de febrero de 2015 con la empresa Abogadosexpress SpA, empresa que recién le enteró sus cotizaciones previsionales en junio de 2016. De este modo, su parte suscribió una Denuncia de Accidente del Trabajo el 25 de agosto de 2017, esta vez como trabajador dependiente, solicitando al ISL el 12 de noviembre de 2017 el recálculo y pago retroactivo del subsidio por incapacidad laboral por las remuneraciones que percibió como trabajador dependiente.

5.- El ISL respondió el 23 de agosto de 2018 por medio de Oficio Reservado DR N° 843 que no procedía la reliquidación del subsidio por incapacidad laboral y, ante esta negativa, su parte recurrió a la SUSESO, haciendo presente que la controversia estribaba únicamente en si se le debía o no reconocer su calidad de trabajador dependiente. Sin embargo, la SUSESO fue más allá y recalificó su accidente como de origen común.

6.- La conducta ilegal y arbitraria de las recurridas ha conculcado a su respecto los derechos contemplados en los números 24° y 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En cuanto al primero, refiere que se le ha despojado de un beneficio-derecho, pronunciándose la SUSESO sobre un punto que no fue sometido a su decisión, vulnerando así los derechos adquiridos por su parte. Respecto del segundo, afirma que hace ver su condición de salud muy mermada por el accidente.

Pide que se acoja su recurso y se dejen sin efecto el ORD. 58.733 de 5 de diciembre de 2018 emitido por la SUSESO, que calificó su accidente como uno común; el Oficio reservado DRM N° 32 de 14 de enero de 2019, emitido por el ISL, que suspendió la cobertura de la ley 16.744 a su parte, todo ello con costas.

2°) Que la SUSESO informa de la siguiente manera:

1.- El recurso es extemporáneo por cuanto los días 1 y 15 de septiembre de 2018 el señor nombre reservado recurrió ante la SUSESO reclamando en contra del ISL, por cuanto rechazó el recálculo de los subsidios de incapacidad laboral que se produjo a raíz de las lesiones que sufrió con motivo del accidente de trabajo en el trayecto, ocurrido el día 12 de marzo de 2015. Hechos los trámites que indica, mediante Ordinario N° 58.733 de 5 de diciembre de 2018, su parte resolvió que el infortunio del señor nombre reservado constituye un accidente de origen común, de modo que no procede otorgarle cobertura sobre la base de la ley 16.744. El recurrente ejerció su acción el 23 de enero de 2019, esto es, vencido el plazo de 30 días de que trata el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, pues ya el 1 de septiembre de 2018 tenía conocimiento de la materia objeto de su recurso.

2.- En subsidio de la solicitud anterior, pide la SUSESO el rechazo del recurso de protección por cuanto el calificar un determinado accidente como de etiología común o laboral corresponde exclusivamente a su parte conforme a lo que disponen los artículos 77 y 77 bis del la ley 16.744, a lo que agrega que la materia es claramente una de seguridad social que garantiza el N° 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no protegido por el artículo 20 del mismo texto.

3.- En subsidio, refiere que la ley 16.395 otorga a su parte la labor de supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley”. La ley 16.744 creó el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguro cuya administración corresponde al Instituto de Seguridad del Trabajo, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social y las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadores adheridas a éstas. Y a la SUSESO le corresponde la fiscalización de dicho seguro, conforme al artículo 30 de la ley 16.395, lo que reitera el artículo 12 de la ley 16.744. Refiere enseguida que el artículo 5° de la ley 16.744 define el accidente del trabajo como “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”, agregando en su inciso segundo que son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo de la víctima.

4.- Explica la razón por la cual no puede considerarse al recurrente como trabajador dependiente -básicamente porque el señor nombre reservado es socio de Abogadosexpress SpA, sociedad de la que dice ser dependiente- y, en cuanto a los trabajadores dependientes, para que tengan derecho a prestaciones del aludido seguro el inciso final del artículo 88 de la ley 20.255, que se aplica a los trabajadores independientes voluntarios de acuerdo al inciso primero del artículo 89 de la misma ley, establece que requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere su inciso segundo y para tal efecto se entiende al día quien no registre un atraso superior a dos meses. El artículo 8° del Decreto Supremo N° 67 dispone que el trabajador independiente sólo recibirá las prestaciones médicas o económicas del aludido seguro si se encuentra al día en el pago de sus cotizaciones a la fecha del accidente del trabajo o de la denuncia de la enfermedad. En la especie, las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones que el trabajador habría percibido en febrero y marzo de 2015 no fueron enteradas sino hasta el 24 de junio de 2016, por lo que, a la fecha de su infortunio, el recurrente no estaba al día en el pago de sus cotizaciones y no es procedente otorgarle la cobertura del seguro social.

5.- No hay ilegalidad porque la SUSESO es la institución fiscalizadora del seguro mencionado y en tal calidad ha dado su dictamen sobre esta cuestión, desbordando el presente recurso los límites del artículo 20 de la Constitución Política de la República pues no se está reclamando un derecho indubitado.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que el ISL, informando, refiere lo que sigue:

1.- El ISL es un organismo administrador del seguro social de la ley 16.744 y un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y debe obedecer los dictámenes de la SUSESO bajo cuya fiscalización se encuentra.

2.- Expresa que el recurso es improcedente pues su parte le ha otorgado al recurrente las prestaciones médicas y económicas del seguro, sin perjuicio de la fiscalización que pueda hacer en cada caso la SUSESO, de manera que los beneficios de la ley 16.744 no tienen el carácter de indubitados.

3.- Ha sido la SUSESO la que ha calificado el accidente del recurrente como de origen común y no laboral y el ISL está obligado a su cumplimiento.

Pide el rechazo de la acción constitucional.

4°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

5°) Que conviene resumir los antecedentes que emanan de los señalado por las partes:

1.- El señor nombre reservado, de profesión abogado, sufrió en Valparaíso un accidente de tráfico el día 12 de marzo de 2015, cuando volvía en motocicleta de un tribunal e iba a visitar a un cliente, practicando una denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT) el 27 de abril de 2015, como trabajador independiente. El señor nombre reservado recibió atención médica en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y fue registrado como trabajador independiente en el ISL el 25 de junio de 2015.

2.- Mediante Resolución de Calificación RECA REG161774 de 5 de mayo de 2015 el Director Regional del ISL de Valparaíso calificó de laboral el accidente que afectó al señor nombre reservado.

3.- El ISL, mediante Ord. DJ N° 168 de 20 de enero de 2015 del Director Nacional comunicó a la SUSESO las acciones que realizaría a partir del 1 de enero de 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88 de la ley 20.255 con relación a la incorporación de los trabajadores independientes al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en particular con el sentido que se daría a la obligación de “estar al día en el pago de las cotizaciones”, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de automaticidad de las prestaciones que inspira el seguro. El artículo 88 de la citada ley señala que para acceder al seguro social es menester que “el afiliado se encuentra al día en el pago anual de sus cotizaciones para el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la ley Nº 16.744”. Y se entiende estar al día el no registrar un atraso superior a dos meses.

4.- La SUSESO, mediante el Ord, N° 7896 de 30 de enero de 2015, esto es, después de despachado el Ord. DJ N° 168 de 20 de enero de 2015 del Director nacional del ISL, señaló que “quienes no cumplieron con su obligación de enterar mensualmente sus cotizaciones, no contaron con la protección del Seguro y aun cuando en el respectivo proceso de declaración anual de Impuesto a la Renta el Servicio de Impuestos Internos procederá a retener y enviar al organismo administrador que corresponda el monto de las cotizaciones que debió enterar el trabajador o la parte de ellas que alcance a ser cubierta, dicho pago no le dará derecho a las prestaciones que no obtuvo oportunamente por no encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones”.

5.- Por lo anterior, se emitió Informe DJ N° 23 de 7 de agosto de 2015 del Jefe de Departamento Jurídico del ISL que indicó que no corresponde otorgar prestaciones de la ley 16.744 a trabajadores independientes del artículo 88 de la citada ley 20.255 que no se encuentren al día en el pago de las cotizaciones que financia el Seguro Social cuyo entero es un requisito ineludible.

6.- Sin embargo, el Ord. DJ recaído en el ingreso DJ 1011948 de 21 de agosto de 2015 del jefe del Departamento Jurídico del ISL y respecto del caso del señor nombre reservado, concluyó que “corresponde otorgar, por ahora al menos, todas las prestaciones de la Ley N° 16.744 al trabajador, señor nombre reservado”.

7.- El 12 de noviembre de 2017 el recurrente presentó un escrito solicitando el recálculo del subsidio por incapacidad laboral y el pago retroactivo de la diferencia, aduciendo que no se consideraron las rentas percibidas como trabajador dependiente de la empresa para la cual laboraba a la época del accidente, Abogadosexpress SpA, lo que fue desestimado por el ISL, lo que motivó una presentación del recurrente a la SUSESO.

8.- Mediante Ord. N° 58.733 de 5 de diciembre de 2018, la SUSESO señaló que por ser el recurrente socio de Abogadosexpress SpA no procede que se le tenga como cotizante dependiente, agregando que como consta en el certificado de cotizaciones de 11 de enero de 2017, sus cotizaciones correspondientes a las remuneraciones que el trabajador dice haber percibido en febrero y marzo de 2015, no fueron enteradas oportunamente sino recién el 24 de junio de 2016, de modo que a la fecha de su accidente no se encontraba al día en el pago de las cotizaciones por lo que no procede otorgarle cobertura del seguro social.

6°) Que la extemporaneidad debe desestimarse por cuanto no se ha recurrido de la decisión del ISL de no aceptarle la cobertura de seguridad social como trabajador dependiente sino, derechamente, en contra del ORD. N° 58.733 de 5 de diciembre de 2018, que le fuera notificada en enero de 2019 al señor nombre reservado, como lo dice el ISL en su informe, presentándose el recurso el 23 de dicho mes y año.

7°) Que precisamente por lo anterior, esto es, por resultar palmario con la sola lectura del recurso que éste se ha dirigido en contra del ORD. 58.733 de 5 de diciembre de 2018 de la SUSESO, en cuanto dispuso que su accidente fue de origen común, es que la acción no puede prosperar en cuanto se dirige en contra del ISL, que no ha dictado el acto impugnado y que se ha limitado a cumplirlo, como subordinado que está a la fiscalización de la SUSESO.

8°) Que tampoco forma parte de la controversia el hecho que al recurrente se le haya negado la ampliación de la cobertura del seguro social como trabajador dependiente, sino, como se ha dicho, que la SUSESO dispuso, casi cuatro años después de la aludida RECA de 5 de mayo de 2015, que el accidente sufrido por el señor nombre reservado el 12 de marzo de 2015 fue de origen común, por cuanto a esa fecha no estaba al día en el entero de cotizaciones como trabajador independiente de los meses de febrero y marzo de 2015.

9°) Que la Administración, a través del Director Regional de Valparaíso del ISL, el 5 de mayo de 2015 manifestó su voluntad a través de un acto administrativo, a saber, la RECA N° REG161744 que calificó de laboral el accidente que afectó al recurrente, a quien se le consideró como “trabajador independiente” para todos los efectos legales y reglamentarios, recibiendo el señor nombre reservado desde entonces todas las coberturas y pagos correspondientes al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley 16.744. Si tal acto administrativo se dictó acertada o erróneamente no es un asunto que deba decidir esta judicatura, sólo debe tenerse presente que fue pronunciada por la autoridad competente, en uso de sus facultades legales y con conocimiento de los antecedentes del caso concreto.

10°) Que sobre el particular el inciso primero del artículo 53 de la ley 19.880 refiere que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”. Dos son los requisitos entonces que impone esta norma para ejercer esta facultad invalidatoria de la Administración, a saber, que se haga previa audiencia del interesado y dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación. Es cierto que la SUSESO no invalidó materialmente la RECA REG161744 de 5 de mayo de 2015 del Director Regional de Valparaíso del ISL, pero en la práctica, en los hechos, la dejó sin efecto, pues mediante su ORD. N° 58.733 de 5 de diciembre de 2018, señaló que como a la fecha de su accidente el señor nombre reservado no estaba al día en el pago de sus cotizaciones, “no procede otorgarle la cobertura del Seguro Social”, es decir, que no podía seguir aplicándose la RECA REG161744 de 5 de mayo de 2015 del Director Regional de Valparaíso del ISL. Y para invalidar o dejar sin efecto la mencionada RECA ha debido disponerse que el ISL le diera audiencia al interesado y, en todo caso, ello debió hacerse en el plazo de dos años contado desde el 5 de mayo de 2015, el que sobradamente está vencido.

11°) Que si se entiende que en realidad la SUSESO no ha invalidado la RECA REG161744 de 5 de mayo de 2015 de la Dirección Regional Valparaíso del ISL, también la actuación de la SUSESO es ilegal, pues vulnera abiertamente el inciso tercero del artículo 41 de la ley 19.880, que señala que “En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente”. Se trata, entonces, de una prohibición de la reformatio in peius en materia administrativa. En la especie, el recurrente cuenta con la mencionada RECA de 5 de mayo de 2015 que le otorga la cobertura del Seguro Social mencionado como trabajador independiente y, ante una petición suya de aumento de cobertura como trabajador dependiente y el rechazo de la ISL, recurrió a la SUSESO, la que sólo pudo pronunciarse sobre la petición del señor nombre reservado y, como dice la norma, en ningún caso agravar su situación inicial, para lo cual es menester iniciar de oficio un nuevo procedimiento, en la forma que la misma ley 19.880 señala.

12°) Que, además de los argumentos anteriores, la ilegalidad del acto impugnado queda patente a la luz de lo que dispone el artículo 61 de la ley 19.880, que refiere en su letra a) que “Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado”.

“La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente”. No parece haber duda que la RECA REG161744 de 5 de mayo de 2015 del Director Regional de Valparaíso del ISL es un acto declarativo de derechos, desde que calificó de laboral el accidente de trayecto sufrido por el recurrente, de manera que no ha podido la SUSESO, casi cuatro años después, determinar lo contrario sin estrellarse contra lo que regula la señalada norma.

13°) Que ciertamente el acto ilegal de la SUSESO vulnera el derecho garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues excluye al recurrente de las prestaciones del seguro social a que se refiere la ley 16.744, y le significa un grave detrimento patrimonial. Luego, no es necesario referirse al otro derecho que el recurrente dice conculcado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección en aquella parte que se dirige en contra del Instituto de Seguridad Laboral y se lo acoge en cuanto impugna el ORD. N° 58.733 de 5 de diciembre de 2018 dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, el que se deja sin efecto sólo en aquella parte que declaró que “el infortunio que sufrió don nombre reservado constituye un accidente de origen común, por tanto no procede otorgarle la cobertura de la Ley N° 16.744”, recobrando toda su vigencia, en consecuencia, la Resolución de Calificación RECA N° REG161744 de 5 de mayo de 2015 del Director Regional de Valparaíso del Instituto de Seguridad Laboral.

Cada parte pagará sus costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 5439-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

No firma la Abogado Integrante señora Herrera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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