nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

A los folios 14 y 15; a todo, téngase presente.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Comparece don Jorge Correa Fuentes, abogado, en favor de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber procedido a efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente relativos a un crédito social que se encontraba en mora por más de diez años, sin notificación ni gestión judicial alguna. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, así como el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, ambos garantizados por la Constitución Política de la República, solicitando en consecuencia se ordene la restitución de las sumas descontadas, se disponga el cese de tales actos y se adopten las medidas conducentes al restablecimiento del imperio del derecho.

Expone que contrajo un crédito social con la recurrida cuyo incumplimiento data de más de una década, sin que en todo ese tiempo la Caja ejerciera cobro judicial o extrajudicial alguno. No obstante ello, en el mes de marzo de 2025, y de manera sorpresiva, la recurrida procedió a reactivar dichos descuentos, los cuales se reflejaron en la liquidación de sueldo del mes de febrero del mismo año. Añade que tal proceder resulta absolutamente arbitrario, al no haberse efectuado notificación previa ni iniciado acciones legales pertinentes, lo que le ha impedido ejercer defensa y cuestionar la validez o exigibilidad de la supuesta deuda.

Manifiesta que la conducta de la recurrida importa un ejercicio abusivo de las facultades que la ley otorga a las Cajas de Compensación, pues tales beneficios están previstos para un cobro oportuno y no para reactivar unilateralmente, tras un extenso lapso de inactividad, una obligación que se encuentra, además, prescrita. En este sentido, enfatiza que se le ha privado de su derecho a la defensa y se ha afectado gravemente su patrimonio, al descontarse de manera automática parte de sus remuneraciones, que constituyen el fruto legítimo de su trabajo.

Señala que el acto cuestionado vulnera el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, que asegura la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Expone que el accionar de la Caja lo coloca en una situación desventajosa frente a cualquier otro deudor civil, a quienes necesariamente debe demandarse ante tribunales ordinarios para obtener el pago de un crédito. Sostiene que la omisión de la vía judicial constituye una discriminación carente de sustento legal.

Invoca la conculcación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental. Argumenta que la decisión de la recurrida importa una privación ilegítima de sus remuneraciones, las cuales forman parte de su patrimonio y se encuentran amparadas por la garantía constitucional mencionada.

Precisa que el actuar de la recurrida ha transgredido los derechos fundamentales del recurrente, en particular: i) la igualdad ante la ley y la igual protección de los derechos en un proceso judicial, al impedirle defenderse en sede jurisdiccional frente al eventual cobro de la deuda; y ii) el derecho de propiedad, al privarlo arbitrariamente de parte de sus remuneraciones mediante descuentos carentes de sustento legal.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene: el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas de sus remuneraciones, con intereses y reajustes legales; que la recurrida y cualquier tercero, en particular el empleador actual o futuro del recurrente, se abstengan de efectuar descuentos de sus haberes por este concepto; y se le condene en costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar su informe, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita expresamente el rechazo del recurso de protección, fundando en que el recurrente mantiene un crédito social moroso con dicha entidad, identificado con el número 137-000169290, por un monto original de $958.277, pagadero en 24 cuotas, de las cuales solo se habrían enterado cuatro. En base a ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, la Caja informó de la deuda al empleador del actor, nombre reservado Morales SpA, solicitando el descuento respectivo en sus remuneraciones.

Destaca lo prescrito por el artículo 22 inciso primero de la Ley N°18.833, que ordena a los empleadores deducir de las remuneraciones las sumas adeudadas por concepto de créditos sociales y remesarlas a la Caja acreedora, asimilando su cobro al régimen de las cotizaciones previsionales. Cita, en concordancia, el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978 y el artículo 22 de la Ley N°17.322, que imponen a los empleadores la obligación de enterar los descuentos efectuados a los trabajadores, así como el artículo 58 del Código del Trabajo, que contempla entre los descuentos obligatorios aquellos destinados al cumplimiento de obligaciones con instituciones de previsión.

Asimismo, menciona las normas del Código Civil, particularmente los artículos 1.545 y 1.546, que consagran la fuerza obligatoria de los contratos y su ejecución de buena fe, así como el artículo 1.567, que señala los modos de extinguir las obligaciones. Precisa que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, de modo que, no habiéndolo hecho el recurrente ni existiendo fallo que así lo disponga, las deudas mantienen plena vigencia y exigibilidad.

En definitiva, concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario en la conducta de la Caja, desde que los descuentos obedecen a una normativa vigente y obligatoria, cuyo objeto es asegurar el pago de créditos sociales, en resguardo del interés colectivo de los afiliados. De este modo, a su entender, no se han vulnerado las garantías del actor, sino que, por el contrario, se ha obrado conforme a derecho y en armonía con el orden público económico.

Por todo lo anterior, la recurrida solicita que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes, con costas, por carecer de fundamento fáctico y jurídico suficiente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente está constituido por la realización de descuentos efectuados a su remuneración, derivados de la contratación de un mutuo o crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley N°18.833.

QUINTO: Que, sobre el particular, la recurrida reconoce haber realizado descuentos y que estos se sustentarían en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 22 de la ley N°18.883.

En este mismo sentido, no se encuentra discutido que la deuda que originan el aludido descuento data de más de 10 años de antigüedad.

SEXTO: Que, en este escenario, el ejercicio de la prerrogativa en comento resultaba improcedente, considerando el lapso de tiempo que alcanzó a transcurrir desde la época de la mora en el pago de la obligación, hasta la fecha del reinicio de los descuentos, por lo que la actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, deviene en arbitrario.

SÉPTIMO: Que, conforme lo razonado, corresponde que se otorgue la protección al actor, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

OCTAVO: Que, de esta manera, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sólo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de efectuar nuevos descuentos en la remuneración del trabajador recurrente y se dispone que dicha institución deberá hacer devolución al actor de los montos indebidamente descontados a partir del reinicio de las deducciones anotadas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-5437-2025.