Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

A los folios 19 y 20: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por sí; su cónyuge, nombre reservado, por sí; y ambos en representación de su hijo menor de edad nombre reservado; interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta RA NUM000, de fecha 26 de enero de 2026, emanada de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, mediante la cual se dispuso la destinación del funcionario recurrente a la Brigada de Investigación Criminal de la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío, a contar del 28 de enero de 2026, estimando como vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se deje sin efecto la destinación contenida en la resolución recurrida.

Funda su recurso en que dicho acto administrativo resulta ilegal y arbitrario, argumentando que su cónyuge padece de "Quistes Aracnoidales" en la columna vertebral, habiendo sido sometida a cinco intervenciones quirúrgicas, lo que le genera un grado de discapacidad severa del 70%, manteniéndola postrada gran parte del tiempo y con dependencia de silla de ruedas. Sumado a ello, precisa que se encuentra en tratamiento activo por un cáncer de mama diagnosticado el año 2023. Señala que el recurrente es el cuidador principal de su cónyuge y de su hijo menor de edad, y que los tratamientos médicos, tanto neurológicos como oncológicos, se realizan íntegramente en la Región Metropolitana. Sostiene que la orden de traslado a la Región del Biobío produce un desarraigo familiar severo, impidiendo el cuidado de su esposa y afectando el interés superior de su hijo, omitiendo la institución ponderar estos antecedentes de salud y discapacidad explícitamente requeridos por el artículo 11 del Reglamento de Destinaciones de la PDI, la Ley N° 19.880 y diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que hace referencia.

Segundo: Que, evacuando informe doña nombre reservado

nombre reservado, en representación de la Policía de Investigaciones de Chile, expone que el presente recurso ha perdido oportunidad. Señala que el recurrente presentó un recurso de reconsideración en sede administrativa con fecha 5 de febrero de 2026. Con posterioridad, la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas dictó el 6 de marzo de 2026 la Resolución Exenta RA NUM001, la cual modifica la resolución original impugnada, estableciendo que la nueva destinación del Comisario nombre reservado será a la Brigada de Investigación Criminal La Pintana, emplazada en la Región Metropolitana.

Por lo anterior, argumenta que ha desaparecido cualquier vulneración a las garantías constitucionales alegadas, solicitando el rechazo de la acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción cautelar de naturaleza excepcional y de tramitación expedita, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, que importen una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales taxativamente enumerados en la referida norma.

Cuarto: Que, para que esta acción cautelar prospere, es presupuesto procesal ineludible la existencia actual de un acto u omisión, ilegal o arbitrario, que cause agravio a las garantías constitucionales del recurrente, de modo tal que la intervención de la magistratura resulte indispensable para adoptar las providencias necesarias tendientes a salvaguardar los derechos conculcados.

Quinto: Que, de los antecedentes que obran en el expediente, aparece nítidamente que el acto que motivó la interposición del presente recurso -esto es, la Resolución Exenta RA NUM000 que destinaba al recurrente a la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío- ha sido modificado por la propia autoridad administrativa durante la tramitación de esta causa.

En efecto, mediante la Resolución Exenta RA NUM001, de 6 de marzo de 2026, la Policía de Investigaciones de Chile dispuso finalmente la destinación del funcionario a la Brigada de Investigación Criminal La Pintana, jurisdicción perteneciente a la Región Metropolitana.

Sexto: Que, en el derecho procesal constitucional, impera la doctrina de la pérdida de oportunidad o carencia de objeto. Esta se configura cuando, estando pendiente la resolución del arbitrio, cesa la vulneración, amenaza o perturbación que le sirvió de fundamento, ya sea por el cambio de las circunstancias fácticas o, como ocurre en la especie, porque la propia autoridad recurrida ha enmendado o revocado el acto lesivo. Al haber reasignado al funcionario dentro de la misma región donde reside junto a su familia y donde su cónyuge recibe los tratamientos médicos vitales para el manejo de su discapacidad severa (70%) y su diagnóstico oncológico, el agravio denunciado ha desaparecido.

Séptimo: Que, cabe hacer presente que la rectificación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile se ajusta plenamente a los deberes que impone el ordenamiento jurídico, en especial el control de convencionalidad. El artículo 1° de la Constitución Política de la República impone al Estado el deber de proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, de conformidad con el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, obligan a los órganos de la Administración del Estado a adoptar decisiones razonables y proporcionales que resguarden la unidad familiar, el interés superior del niño y la asistencia debida a las personas en situación de discapacidad severa. Al dictar la resolución modificatoria, la recurrida ha dado íntegro cumplimiento a su propio Reglamento de Destinaciones consagrado en la Orden General N° 2.675, el cual exige ponderar los antecedentes de salud y discapacidad del grupo familiar.

Octavo: Que, al no existir actualmente medida cautelar alguna que esta Corte deba adoptar para restablecer el imperio del derecho - puesto que el acto lesivo ha sido corregido administrativamente de manera favorable a las pretensiones de los recurrentes-, la presente acción constitucional ha perdido su objeto y oportunidad, motivo por el cual no puede prosperar, debiendo ser rechazada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales y constitucionales citadas, y de conformidad, además, con lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5431-2026.