EULEN SEGURIDAD S.A. con INSPECCION DEL TRABAJO - ICT LA nombre reservado
- Fecha
- 21 de septiembre de 2017
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 54212-2017, sentencia de 21 de septiembre de 2017
Resumen
Se acoge el recurso de protección de Eulen Seguridad S.A. y se deja sin efecto el ordinario que declaró inadmisible su reconsideración de multa, al haberse presentado dentro del plazo de 30 días hábiles que rige en sede administrativa.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.
Proveyendo escrito folio N°376345; téngase presente.
Vistos:
Primero: Que, Aníbal Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la Empresa Eulen Seguridad S.A., deduce recurso de Protección en contra del señor nombre reservado, don nombre reservado.
Señala que con fecha 19 de junio del año 2017, el Inspector Comunal del Trabajo, don nombre reservado, en el marco de una fiscalización realizada a la Empresa de Seguridad Eulen y en relación a la multa Nº 3388.17.14-1,2,3, notifica con fecha 4 de julio del presente año, el ordinario Nº 562, en virtud del cual comunica la decisión de no dar curso a la solicitud de reconsideración de multa por no haberla presentado, dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.
Agrega que la multa se originó por una fiscalización que constató el hecho de no pactar por escrito las horas extraordinarias laboradas de algunos trabajadores, no otorgar en su oportunidad descanso semanal compensatorio y no exhibir toda la documentación exigida que derivada de las relaciones de trabajo.
En virtud de lo anterior, la Inspección Comunal del Trabajo, procedió a cursar una multa ascendente a la suma de 40 UTM; 60 UTM y 20 IMM, equivalente a $8.070.620, señala que esta resolución de multa fue notificada a su representada y recibida en las oficinas de la empresa recurrente, con fecha 16 de mayo de 2017, en vista de lo anterior, y al no estar conforme con la multa cursada, el día 20 de junio, se procedió a presentar vía carta certificada, ante la Inspección Comunal del Trabajo un recurso de reconsideración.
Señala que el acto a través del cual el Inspector, ha declarado inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa por no haberla presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, resulta ilegal y arbitrario, vulnerándose de este modo dos garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, la del Nº2 la igualdad ante la ley del numera 3 inciso 1º, igual protección de la ley en el ejercicio de su derechos, lo anterior fundado en que el artículo 512 del Código del Trabajo, que regula los plazos para presentar la reconsideración administrativa, es un plazo de días hábiles, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, caso en el cual se encuentra la Inspección del Trabajo, y estos tienen una norma especial que los regula y que es la ley 19.880, la que deberá ser aplicada en forma supletoria conforme al artículo 1º de la señalada ley, y que en su artículo 25 prescribe al regular el computo de los plazos del procedimiento administrativo que estos son de días hábiles entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos.
Finalmente solicita se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la referida resolución, debiendo acoger la solicitud de reconsideración administrativa, todo lo anterior con expresa condenación en costas.
Segundo: Que informando la Inspección Comunal del Trabajo de La nombre reservado, solicita su integro rechazo, por cuanto carece en forma y fondo de los fundamentos que ameriten sea acogido.
Alega improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que en el presente caso, se ha interpuesto recurso de protección en contra de un Ordinario que declara extemporánea una solicitud de reconsideración de multa administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código de Trabajo, agrega que se está utilizando como un mero sustituto procesal el recurso de protección, señalando que este criterio es compartido por diversas sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, por lo que solicita que se declare derechamente la improcedencia del recurso.
En subsidio de lo ya señalado, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar al presente recurso de protección, indicando que con fecha 12 de mayo de 2017, el fiscalizador dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo de La nombre reservado, aplicó a la empresa recurrente la multa Nº 3388/17/14, la que fue notificada con fecha 16 de mayo de 2017, respecto de ella la recurrente solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 20 de junio de 2017, sin embargo dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentado dentro del plazo de 30 días corridos de notificada, es decir a más tardar el día 15 de junio de 2017.
Indica que el fundamento legal de la declaración de extemporaneidad, se encuentra en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, el que no señala si el plazo es de días corridos o hábiles, pero de la legislación vigente se colige que cuando el legislador quiso establecer plazos de días hábiles-en este procedimiento administrativo de reclamación de multa- lo expresó en términos formales y explícitos, lo que ciertamente no hizo tratándose de la norma del artículo 512, por cuanto éste plazo es precisamente de días corridos, lo que se desprende del vocablo “presentarse dentro del plazo de treinta días”
Señala que la regla general de plazos en materia laboral es que sean de días corridos, con la única excepción de aquellos establecidos en el Título I del Libro V referido a la Jurisdicción Laboral, o de otras disposiciones que así lo digan expresamente, agregando que la supletoriedad de la Ley 19.880, no se aplica en la especie, puesto que el tema del plazo en este procedimiento especial, se encuentra zanjado por el mismo Código del Trabajo.
Refiere que lo que busca el recurrente es que esta Corte resuelva un asunto de fondo (interpretación de la forma de computar los plazos para presentar una reconsideración) y no la cautela de los derechos constitucionales que dice conculcados, siendo el recurso improcedente en atención a la falta de requisitos para su interposición. Por lo expuesto, el acto no es arbitrario ni ilegal, fue dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Servicio por los artículos 511 y 512 del Código de Trabajo y razonado y argumentado conforme a derecho Indica que no existe afectación ni aun en grado de amenaza de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que la acción debe ser rechazada en todas sus partes Solicita tener por evacuado el informe y en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, con costas.
Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.
Cuarto: Que, ha de establecerse que lo discutido es si el plazo de treinta días para pedir la reconsideración en materia administrativa a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos o hábiles. Sobre el particular, y como ha señalado la Excma. Corte Suprema en asuntos similares, el referido término no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo "especial" como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general establecidas en el Código Civil. (Excma. Corte Suprema rol 23.603-2014).
Quinto: Que zanjado lo anterior, corresponde determinar si la reconsideración efectuada por la recurrente se verificó dentro de plazo. Con el mérito de los antecedentes esgrimidos por la actora, consta que la notificación de la infracción se efectuó el 16 de mayo del año en curso. y solicitud de reconsideración es en fecha 20 de junio de 2017, de lo que debe concluirse que la solicitud se dedujo dentro del plazo de 30 días hábiles, que prescribe el artículo 25 de la Ley N°19.880.
Sexto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado, desestimándose analizar la garantía del debido proceso por no estar protegida por el recurso de protección.
Séptimo: Que por lo expuesto tampoco prosperará la alegación del recurrido en orden a que esta no es la vía, pues el artículo 20 de la Carta Fundamental permite ejercer este arbitrio sin perjuicio de otros derechos.
Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por la empresa Eulen Seguridad S.A, dejándose sin efecto el acto administrativo Ordinario N° 562 de 3 de julio de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multa N°3388/2017/14-1-2-3, notificada con fecha 16 de mayo de 2017.
N°Protección-54212-2017.