NESTLE CHILE S.A con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que comparece don nombre reservado, abogado. En representación de NESTLE CHILE S.A., quien deduce acción de protección constitucional en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, representada por su Director don nombre reservado y de la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, representada por su Directora doña nombre reservado, por haber incurrido en el acto arbitrario e ilegal de propiciar excluir éstas a Nestlé Chile S.A., del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, lo que se materializó el 4 de julio del año en curso, afectando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 16º, 21º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto el acto por el cual la Dirección de Compras y Contratación Pública excluyó a Nestlé Chile S.A., del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, declarando que su representada está habilitada para contratar con los demás órganos de la administración del Estado en calidad de proveedor, procediendo a su reincorporación al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, con costas.

Expresa que en su condición de compañía productora y comercializadora de productos alimenticios (Area de nutrición) Nestlé Chile S.A., se encuentra inscrita en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas; participando activamente en el mercado de compras públicas ofreciendo dichos productos a los diversos órganos de la Administración del Estado, los que se materializan a través de las diversas modalidades de contratación establecidas por la Ley N° 19.886, especialmente licitaciones, muchas de las cuales poseen trascendencia nacional.

Indica que por sentencia de 7 de noviembre de 2016, dictada en los autos RIT N° T-722-2016, caratulados “nombre reservado con Nestlé Chile S.A.”, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Nestlé Chile S.A. fue condenada por infracción de derechos fundamentales, al declararse que el despido de nombre reservado fue vulneratorio de la garantía de la indemnidad, sentencia en la que se dispuso remitir copia de la misma, una vez ejecutoriada, a la Dirección del Trabajo de Santiago para su registro.

Señala que el 21 de noviembre de 2016 se certificó que tal sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, pero el Tribunal no remitió la copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo de Santiago para su registro, como estaba ordenado.

Expone que durante los años 2016, 2017 y 2018, la recurrente participó activamente y de manera normal en el mercado de compras públicas, formulando propuestas para diversos productos, las que fueron seleccionadas, aceptadas y adjudicadas.

Precisa que entre mayo de 2017 y julio de 2018 se adjudicó 13 licitaciones públicas.

Manifiesta que el 29 de junio de 2018, una funcionaria de la Dirección del Trabajo, mediante correo electrónico, hace presente al Administrativo Jefe del señalado Tribunal que no se le ha remitido la sentencia recaída en la Causa RIT T-722-2016; a lo que el, mismo día, se le remite la sentencia y su certificado de ejecutoria con el objeto de cumplir con el Art. 495, inciso final, del Código del Trabajo.

Agrega que el 9 de julio 2018, la recurrente recibió un correo electrónico de “Avisos de Mercado Público. cl”, por el cual se le notificaba que la oferta presentada en una licitación para el Hospital Gustavo Fricke, había sido descartada en el proceso de apertura electrónica de la misma, por encontrase inhábil en el estado de inscripción Chile Proveedores por registrar condenas por prácticas antisindicales y/o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Refiere que entre el 11 de noviembre de 2016, fecha de certificación de ejecutoria de la sentencia indicada, y el 3 de julio de 2018, fecha en la que se adjudicó el suministro de Productos Nutricionales para SEDILE, Servicio Nacional de Salud del Reloncaví, la recurrida participó de manera normal y en forma regular en el mercado de compras públicas; pero desde el 4 de julio de 2018, a raíz de la ilegal y arbitraria actuación de las recurridas fue excluida del registro Electrónico pertinente, inhabilitándola para contratar con los demás Organos de la Administración del Estado en calidad de proveedor.

La Dirección Del Trabajo debe desenvolverse y actuar dentro de la esfera de su competencia, para así cumplir con los Arts. 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de la República, lo que se traduce en este caso en la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y la interpretación de la misma, según el D.F.L. N° 2, de 30 de junio de 1967 (Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo) y Arts. 2° y 503 del Código del Trabajo; la que se complementa con los Arts. 294 Bis y 495, inciso final, de este último cuerpo legal, que se refieren a llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y que la copia de la sentencia se debe remitir a la Dirección del Trabajo para su registro.

Asentado lo anterior, refiere que no existe competencia general ni atribución especial para que una funcionaria de la Dirección del Trabajo requiera de un Tribunal Laboral, un año, siete meses y trece días, después que la sentencia quedare firme y ejecutoriada, requiera vía correo electrónico la remisión de copia de la misma y su certificado de ejecutoriada, y tampoco la remisión de la misma a la Dirección de Compras y Contratación Pública, más aún si se tiene en cuenta que la indicada sentencia, en ninguna de sus partes, ordena remitir una copia a la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Tratándose de La Dirección De Compras Y Contratación Pública, indica que su actuación también es ilegal, por cuanto, si bien es cierto la Ley N° 19.886, contempla la existencia de un registro electrónico oficial de contratista de la Administración a su cargo, debiendo incluirse todas las personas naturales y jurídicas que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. Inhabilitados que están indicados en el Reglamento de la antedicha Ley (Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que en su Art. 92 N° 7°, estatuye como causales de inhabilitación: N° 7°) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador y contempla como causal de eliminación del registro en el artículo 96 N° 3°, lo siguiente: “Cuando concurra de manera sobreviniente alguna de las causales establecidas en el Art. 92 del Reglamento”.

Lo anterior no justifica el actuar de la recurrida, no solo porque la sentencia que sirve de fundamento a la actuación fue comunicada de manera ilegal por la Dirección del Trabajo y porque en ninguna de sus partes ordena notificar o comunicar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, sino que especialmente, por la tardanza en la ejecución del acto administrativo “eliminación del registro”.

En efecto, si bien los plazos para la Administración no son fatales, existen algunos casos en que aquella excede en forma tan manifiesta e inexcusable los plazos para actuar, que pasa a incurrir, más que en un mero o simple retardo, en graves infracciones a principios esenciales de la función administrativa, como lo son la eficacia, eficiencia, celeridad e inexcusabilidad, los que están consagrados en la Ley N° 19.880 y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

De dicho retardo en el ejercicio de las potestades administrativas, resulta conculcado el derecho al “debido proceso”, en cuanto al derecho a obtener una resolución dictada en un plazo razonable.

En este contexto, el actuar de la recurrida, Dirección de Compras y Contratación Pública, al eliminar a la recurrente del registro electrónico oficial de contratistas de la administración de la dirección de compras públicas después de haber transcurrido un año, siete meses y trece días desde que la sentencia que la condenó por vulneración a la garantía de la indemnidad de uno de sus ex trabajadores quedó a firme, o dicho de otro modo, cuando faltan cuatro meses para cumplir dos años desde la misma fecha, y luego de haberle permitido participar normal y regularmente en procesos de compras públicas, es ilegal.

Afirma que en el ejercicio de potestades públicas discrecionales, como en este caso, la autoridad no solo está limitada por el Derecho sino que también por una serie de principios que restringen el margen de actuación, como una forma de evitar su que su actuar sea arbitrario, contrario a la razón.

Dentro de aquellos enuncia el de la razonabilidad (escoger la mejor solución posible); el de la proporcionalidad (debida relación entre los medios escogidos para alcanzar un fin y la medida que se adopte para ello); y el de la prudencia gubernativa (que sea lo más razonable, prudente, proporcionado e idóneo).

En el presente caso afirma que se ha violentado la prudencia gubernativa, ya que no puede estimarse que haya actuado conforme a la recta razón, toda vez que lo resuelto no es lo más razonable, prudente, proporcionado e idóneo, toda vez que, la funcionaria de la Dirección del Trabajo actuó con una finalidad diversa de aquella establecida por las normas de los artículos 294 bis y 495 inciso final del Código del Trabajo, persiguiendo con ello única y exclusivamente perjudicar a la recurrente. Claramente hubo un exceso de celo funcionario inadmisible. La Dirección de Compras y Contratación Pública al proceder a la eliminación de la recurrente del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, después de haber permitido durante 1 año, 7 meses y 13 días que Nestlé Chile S.A. participara normalmente en los procesos de compras públicas, a pesar de existir una condena por vulneración de derechos fundamentales. Actuaciones que además, determinan la ausencia de toda razonabilidad en la aplicación en la medida.

Asimismo, la eliminación aplicada del registro mencionado es desproporcionada, ya que no existe ninguna relación entre el medio escogido para alcanzar un fin y la medida que se adoptó para ello.

En efecto, por la condena laboral se dispuso el pago de unos 10 millones de pesos, pero se dispuso la eliminación del registro faltando cuatro meses para los dos años, con lo cual se genera una pérdida económica enorme.

Hace presente, finalmente, que la eliminación de los registros que reclama, no solo afecta a la empresa recurrente, sino que conculca los derechos constitucionales de todos y cada uno de los pacientes, que se ven beneficiados con los alimentos que ha suministrado durante años, los que inevitablemente se verán afectados.

En cuanto a las garantías constitucionales que señala como vulneradas, refiere que lo ha sido el legítimo ejercicio de la libertad de trabajo, en razón de que, ninguna actividad puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública.

En cuanto al Derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sostiene que solo puede ser limitada cuando su ejercicio es contrario a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, debiendo eso sí, respetar las normas legales que la actividad a desarrollar, sin que exista en este caso, ninguna situación limitativa del ejercicio del derecho vulnerado por la autoridad.

Por último, respecto al derecho de propiedad, indica que ha sido vulnerado por las actuaciones de los recurrentes lo que le irroga un enorme perjuicio patrimonial, toda vez que los contratos que están en ejecución por los años 2017 y 2018 implican un valor neto de más de mil millones de pesos; a lo que se debe sumar que los contratos de suministros adjudicados deben ejecutarse en plazos entre los 12 y 48 meses, por lo que incurrirá en mora en su cumplimiento, lo que generará incumplimiento y sanciones adicionales.

Previas las citas legales y las de la Carta Fundamental solicita, se deje sin efecto el acto por el cual la Dirección de Compras y Contratación Pública excluyó a Nestlé Chile S.A., del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, se declare que Nestlé Chile S.A. está habilitado para contratar con los demás órganos de la administración del Estado en calidad de proveedor, procediendo a su reincorporación al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, con costas.

2°.- Que don nombre reservado, abogado, por la recurrida, la Dirección del Trabajo, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del arbitrario con costas.

En primer lugar, afirma que los argumentos que expone el recurrente a su respecto no tienen asidero en la legislación nacional, por lo que no existe un acto ilegal y arbitrario, sino que simplemente se trata de la comunicación de una funcionaria de la Dirección ante la existencia de una sentencia condenatoria por vulneración de derechos fundamentales, funcionaria que es la Jefa de la Unidad de Defensa Judicial, Derechos Fundamentales y Coordinación Jurídica del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, que tiene entre sus funciones, conforme a la Resolución Exenta N° 2219 (09/09/2015) la comunicación directa con los tribunales para tratar, entre otras materias, la remisión de información que realizan los tribunales acerca de las empresas condenadas por incurrir en prácticas antisindicales o vulneratorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, lo que está regulado, asimismo, en los Arts. 294 Bis y 495, inciso final del Código del Trabajo, motivo por el cual, la comunicación entre la Dirección y los Tribunales es constante y permanente en el tiempo y no obedece a una actuación caprichosa, ilegal y arbitraria o por exceso de celo o falta de prudencia gubernativa, sino que es llevar a la práctica la exigencia del legislador a la Dirección del Trabajo, en torno al deber de mantener un registro de todas las empresas condenadas por prácticas antisindicales o desleales o vulneran los derechos fundamentales.

Explica que en las causas judiciales en que no ha sido parte su representada, como ocurre en el caso señalado por la recurrente, depende de la información que le otorgue el tribunal del trabajo respectivo para mantener actualizados sus registros.

En este caso, se tomó conocimiento del juicio al evacuar el traslado sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se sigue ante el Tribunal Constitucional (Rol N° 4.722-2018), que interpuso Nestlé Chile S.A. respecto del Art. 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, siendo la gestión judicial pendiente, una causa en la que se le condenó por prácticas antisindicales, actualmente ante la Corte Suprema que debe conocer de un recurso de unificación de jurisprudencia (N° 7.548-2018).

En dicho contexto, la Dirección del Trabajo constató la existencia de una sentencia condenatoria por vulneración de derechos fundamentales, que no estaba en los registros de la Dirección, por lo que se verificó la información con el Tribunal respectivo, preguntando por si se había remitido copia de la misma, a lo que se respondió que no se envió en su oportunidad, pero que aprovechaba la ocasión para hacerlo, dando cumplimiento al Art. 495, inciso final, del Código del Trabajo.

Manifiesta que la actuación de la Dirección está respaldada en la Circular N° 52 del 1° de junio de 2009 del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, que imparte instrucciones acerca del registro y remisión de datos de sentencias firmes sobre prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales; la que se dictó para facilitar la aplicación del Art. 4° de la Ley N° 19.886, la que contiene una regulación acerca de la vía de comunicación por medio del cual el abogado toma conocimiento del fallo condenatorio, indicándose que “cualquier de los abogados que tenga conocimiento por otras vías de la existencia de una sentencia condenatoria por práctica antisindical o vulneración de derechos fundamentales dictada en juicio en que no ha sido parte el Servicio, deberá efectuar de inmediato el registro y comunicación.

En cuanto al retardo de la llegada de la información a los registros de la DIRECON, asevera que dicha situación no es imputable a la Dirección del Trabajo, ya que una vez verificada la existencia de la sentencia, hizo envío inmediato de ésta para la actualización del Registro respectivo, ello obedeció al retardo del tribunal que no envió en su oportunidad el fallo condenatorio y su certificado de ejecutoriedad.

En cuanto a la comunicación que mantiene la Dirección del Trabajo con la Dirección de Compras y Contratación Pública, señalando que está regulada por el Acuerdo de Colaboración que suscribieron el 20 de enero de 2009, por el cual la primera acordó entregar toda la información relativa a las condenas por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador que tenga consignada en sus registros.

En definitiva refiere que la funcionaria Donaire Matamoros, actuó fielmente dando cumplimiento a la comunicación permanente que debe existir entre los organismos involucrados, sin que se pueda calificar su actuar como ilegal, arbitrario o motivado por el mero capricho, siendo obligatorio para la Dirección del Trabajo informar a la Dirección de Compras la existencias de tales sentencias.

Por lo tanto, no existe ninguna causa o fundamento fáctico y/o jurídico para recurrir de protección en contra de la Dirección del Trabajo, quien solo cumplió con su deber al momento de realizar la actuación que impugna la parte contraria.

En torno a los contratos celebrados por la empresa recurrente con la administración pública en condición de inhabilidad, ellos alcanzan a 232.

Indica que en los procesos de compra que culminaron con la contratación de la empresa recurrente, es posible observar que obviamente la recurrente debió presentarse como oferente, debiendo en cada oportunidad someterse a las bases técnicas y administrativas que preparó en cada caso la autoridad competente, en el que solicitan diversos antecedentes, dentro de los cuales se requiere una declaración jurada del representante de la empresa proponente, acerca de la inexistencia de sentencias ejecutoriadas que la hayan condenado en los últimos dos años por incurrir en prácticas antisindicales, desleales o vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores, de manera de garantizar la idoneidad del contratante en orden a acreditar que no exista una medida de inhabilidad en su contra, conforme al Art. 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886.

En ese orden de ideas, consta de los procesos de contratación que detalla en su informe, en los que participó la recurrente en forma posterior a la certificación de ejecutoriedad de la sentencia indicada, presenta en cada una de ellas la indicada declaración jurada (son 8 licitaciones). En todas ellas la empresa recurrente falta a la verdad, incurriendo en una ilegalidad, la que le permitió cumplir con los requisitos para ofertar y finalmente adjudicarse los contratos a pesar de la medida de inhabilidad que recaía y aún recae en su contra.

Así, todo el daño patrimonial que aduce en su recurso se origina de contratos acordados con su manifiesta conducta reñida con la buena fe contractual, incumpliendo con una regla de inhabilidad que debe considerarse que constituye una regla de orden público económico; situación de la cual no puede extraer un legítimo provecho.

Por todo lo anterior, afirma que el recurso de protección no puede prosperar, por cuanto no existe en la actualidad un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, ni tampoco se han dado razones o motivos para explicar el “cómo” los derechos constitucionales de que goza el recurrente han sido afectados en este caso, más allá del ejercicio de nombrarlos.

Asimismo, el recurso de protección es improcedente, no existe ni ha existido acto u omisión arbitrario o ilegal que implique privación, perturbación o amenaza de los derechos de la recurrente, ya que los efectos de la inhabilidad de contratación pública los establece el legislador.

Del mismo modo, el recurso carece de objeto, al no haber agravio que reparar o enmendar por esta vía sin que existan medidas para restablecer el imperio del derecho, el que en modo alguno se encuentra actualmente quebrantado.

En cuanto a las garantías que se dicen vulneradas, sostiene que no han sido afectadas, en particular, el protegido no ha explicado cómo se ha vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, desde que se trata una persona jurídica que sólo le asiste la facultad de contratación, pero no de trabajo.

En relación al numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, se trata de una limitación dispuesta por la Ley y no por la Dirección del Trabajo. El legislador ha limitado el derecho, sin afectar su esencia.

En cuanto al derecho de propiedad, la restricción está dispuesta por el legislador y además, el recurrente tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria, por lo que no se explica por qué postuló a las licitaciones a sabiendas de su inhabilidad.

3°.- Que la Dirección de Compras y Contratación Pública, evacuando el informe solicitado, pide el rechazo del recurso con costas.

Señala que el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, efectivamente con fecha 7 de noviembre de 2016, dictó sentencia condenatoria en contra de la recurrente por infracción de derechos fundamentales, al declararse que el despido de don nombre reservado fue vulneratorio de la garantía de la indemnidad, certificándose su ejecutoriedad el 21de noviembre de 2016. Sin embargo, por razones que desconoce, dicha situación fue informada solamente el 2 de julio de 2018 por la Dirección del Trabajo a la Dirección de Compra y Contratación Pública a través de su operador del Registro Nacional de Proveedores, la Cámara de Comercio de Santiago A.G., lo que se tradujo en la inhabilitación automática de la empresa Nestlé Chile S.A., en el Registro de Proveedores.

Explica que la Dirección de Compras y Contratación Pública y la Dirección del Trabajo suscribieron un convenio de colaboración con fecha 20 de enero de 2009, por el cual la Dirección del Trabajo entregaría la información pertinente.

Precisa que administra una plataforma (operada por la Cámara de Comercio de Santiago A.G.), que funciona en línea y de manera automatizada que se nutre, en este aspecto, de la información que regularmente le remite la Dirección del Trabajo, la que recepcionada se traduce en el cambio automático del estado del respectico proveedor, asignándole, como consecuencia de la condena informada el estatus de “inhábil”.

En el caso de la recurrida la información, como se señalara, fue recibida el 2 de julio de 2018, materializándose el señalado cambio de estatus con la misma fecha, vale decir, Inhábil, fecha en que se realizó a pesar de que la certificación de ejecutoriedad de la sentencia que configura la inhabilidad, fue realizada el 21 de noviembre de 2016.

Manifiesta que la actuación de la Dirección que representa no es ilegal ya que, en cuanto a la inhabilidad del artículo 4° de la Ley N° 19.886, que establece que quedan excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por … infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Inhabilidad respecto de la cual la Dirección no cumple rol alguno en relación a su aplicación y control, por cuanto es responsabilidad de cada entidad pública compradora el constatar si el respectivo proveedor ha incurrido con o en la señalada inhabilidad legal. Por lo que en la aplicación de esta norma, no existe conducta alguna que reprochar a la Dirección.

En relación a la inhabilidad del artículo 92 N° 7°, del Reglamento de la señalada ley, la que sí debe ser constatada y aplicada por la Dirección Chilecompra, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores, ya que establece una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores con prescindencia de la época en la cual la condena haya quedado ejecutoriada, la que incluso opera en forma sobreviniente (Art. 93).

La aplicación de dicha inhabilidad se encuentra dentro de la esfera de las atribuciones conferidas por la Ley N° 19.886 y para lo cual administra una plataforma que funciona en línea y de manera automatizada, que se nutre, en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, de la información que regularmente le remite la Dirección del Trabajo en razón del Convenio suscrito ya señalado.

Refiere que atendido el principio de juridicidad (Art. 6° y 7° de la Constitución Política de la República), se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, sin que le corresponda interpretar su sentido y alcance.

En definitiva, el cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Dirección del Trabajo, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal le corresponden a la Dirección informante, actuación que, por lo tanto, no puede calificarse de ilegal.

Afirma, que la actuación de la Dirección Chilecompra no es arbitraria ni carente de motivación ni ilegal, ya que se actuó conforme a lo dispuesto por la Ley que regula su actuar, haciendo presente además, que la inhabilidad es eminentemente transitoria, en este caso, dura dos años contados desde la fecha en que la sentencia se encuentra ejecutoriada, sin que dicha situación sea el ejercicio de una facultad discrecional, ni sea posible un ejercicio deliberativo por parte de la Dirección informante, sino que la sola constatación de la información originada en la fuente oficial, esto es, la Dirección del Trabajo, información que se incluye en una plataforma electrónica que funciona en forma automatizada y en línea.

Hace presente que la inhabilidad no se extingue o prescribe por haberse informado luego de un año de dictada la sentencia, sino que una vez recibida la información debe inmediatamente aplicar la inhabilidad en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que lo rige.

Sostiene, que en definitiva la Dirección informante al cambiar el estado del proveedor de “hábil” a “inhábil” en el Registro, no ha hecho más que ejercer sus facultades privativas que le han sido conferidas por la Ley N° 19.886 y por su reglamento (Aprobado por el Decreto N° 250 de 2004), razón por la cual su actuación no puede calificarse de ilegal ni arbitrario y, en consecuencia, el recurso de protección no es procedente.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, en relación a la libertad de trabajo, afirma que el cambio de estado a “inhábil” no vulnera dicha garantía, toda vez que solamente se ha dado cumplimiento a una obligación legal. En cuanto al derecho a la libertad económica, indica que la aplicación de dicha inhabilidad, de carácter transitoria, se relaciona con una regla de orden público económico, que constituye un límite al ejercicio de determinados derechos. Por último en relación al derecho de propiedad, a pesar que el recurrente no explica cómo se afecta este derecho, indica que la condición de habilidad o inhabilidad de un proveedor en el Registro de Proveedores, al estar condicionada al cumplimiento de los requisitos del artículo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886, es esencialmente transitoria e inmutable, por lo que no se traduce en situaciones jurídicas consolidadas y, menos aún, en derechos adquiridos que ingresen al patrimonio del recurrente, por lo que no puede entenderse que el cambio señalado afecta esta garantía constitucional.

4°.- Que para que proceda el recurso de protección , se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado , que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

5º.- Que de los antecedentes aportados por el recurrente, apreciados conforme a las normas pertinentes, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan algún acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del ejercicio legítimo de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

6º.- Que el actuar de las recurridas ha obedecido al cumplimiento de la legislación vigente. Así el artículo 294 bis del Código del Trabajo señala lo siguiente: “La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos”.

Que en el caso de autos, efectivamente de la comunicación de la sentencia condenatoria, la Dirección del Trabajo tuvo conocimiento de ella, bastante tiempo después de haber sido ésta dictada y ejecutoriada, no existiendo plazo para entregar la comunicación; por su parte, en lo que dice relación con la Dirección de Compra y Contratación Pública, el artículo 92 N° 7 del Reglamento de la Ley N° 19.886, entrega a la Dirección Chilecompra en su calidad de administrador del Registro de Proveedores el control de las inhabilidades respectivas por lo que las alegaciones de la recurrente, resultan inapropiadas al respecto, no pudiendo entonces, incurrir en ilegalidad o arbitrariedad las recurridas.

7°.- Que cabe tener presente respecto de la garantía, que se ha estimado como vulnerada por el recurrente, basada en el N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ha de inferirse que la recurrente estima conculcada la libertad de trabajo y su protección, cuyo ámbito tutelar se centra en la libertad de contratación, el derecho a una remuneración justa y la libertad de negociación colectiva, todo lo cual importa la existencia de una relación laboral entre la recurrente y las recurridas, lo que no ocurre en el caso de marras, por lo que la norma constitucional que sirve de fundamento a la acción cautelar no es aplicable al caso que nos ocupa.

8°.- Que en lo que dice relación con la vulneración al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral , al orden público o a la seguridad nacional , respetando las normas legales que la regulen, invocada por la recurrente, (artículo 19 N° 21), cabe tener presente que el derecho a desarrollar la actividad económica importa la facultad de su titular para elegir y definir, del modo más conveniente a su interés, la forma de ejecutar su giro empresarial, libertad que en el presente recurso no se ve menoscabada. Es más, ha podido desarrollar su actividad sin ninguna dificultad por todo el período, en el que conociendo de su situación, esto es, encontrándose inhabilitado para ello, ha desarrollado su actividad normalmente y la circunstancia de haber sido incorporado al Registro Electrónico Oficial de Contratistas, no le ha privado en ningún caso de desarrollar su actividad económica.

9°.- Que el derecho de propiedad que invoca como vulnerado el recurrente, tampoco se ha visto perturbado. La circunstancia de haber postulado a las licitaciones a que alude, a sabiendas de que se encontraba inhabilitado para ello, no ha podido otorgarle derecho de propiedad alguno sobre tales licitaciones obtenidas al margen de la ley.

10°.- Que con lo relacionado, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse comprobado su fundamento fáctico.

Y de acuerdo además con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido por don nombre reservado, en representación de Nestlé Chile S.A. en contra de la Dirección del Trabajo y de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Gloria Solís R.

Protección Nº 54.169-2018.- Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por la Ministro señora Marisol Rojas Moya, conformada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.