Protección contra Fiscalía Regional Metropolitana Oriente

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el Fiscal Regional (S) en el proceso investigativo don nombre reservado y el Fiscal Nacional del Ministerio Público, por haber incurrido en actuaciones arbitrarias e ilegales en la sustanciación del procedimiento disciplinario que terminó con la aplicación de la sanción de remoción de su cargo de Fiscal Adjunto, conforme Resolución IA FR-OR N° 43 de fecha 6 de octubre de 2022 y, asimismo, en contra de la resolución de su apelación, dictada por la Fiscalía Nacional FN/MP N° 1823 de fecha 14 de diciembre de 2022, que confirma la medida disciplinaria, lo que sostiene vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 inciso 5°, en relación a la igualdad ante la ley y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, artículo 19 N° 16 en relación a su derecho a la libre elección del trabajo y el artículo 19 N° 24 que reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, todos de la Constitución Política de la República.

Expuso antecedentes del procedimiento administrativo invocado y destaca que se formularon cargos correspondientes a que con fecha 5 de marzo de 2021, declaró ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, en la causa ROL V-5-2021, rindiendo información sumaria de testigo, bajo juramento, señalando que conocía en profundidad la situación familiar y patrimonial de la familia nombre reservado y en especial la situación económica de don nombre reservado, afirmando que poseía a la fecha una solvencia que le permitía realizar la donación de cuatro inmuebles objeto del procedimiento voluntario a sus dos hijas.

A consecuencia de los hechos antes descritos, refiere que en la causa Rol N° 575-2014, de la Primera Fiscalía Militar, Segundo Juzgado Militar de Santiago, se produjo que el embargo decretado no pudo ser inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y resultó inoficiosa una cautelar dictada a su respecto.

Expresa la resolución que, estas acciones fueron realizadas por doña nombre reservado y don nombre reservado, privilegiando sus intereses particulares, familiares y personales, por sobre la debida atención al grave riesgo que sus conductas implicaban para la eficacia del sistema de justicia criminal en relación al cumplimiento de las resoluciones judiciales, estimándose que los hechos eran constitutivos de infracciones a lo dispuesto en el artículo 37 N° 13 y 15 del Reglamento de personal para fiscales del Ministerio Público, norma que dispone que son deberes de los fiscales: N° 13 “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preminencia del interés público sobre el privado” y N° 15 “Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, mantener buenos antecedentes comerciales y actuar considerada y éticamente con sus jefes, pares y subalternos”. Del mismo modo, a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640, específicamente en su artículo 8°, norma que dispone que: “Los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público deberán observar el principio de probidad administrativa”. Finalmente, a lo preceptuado en los artículos 1° y 2° de Ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés N° 20.880, a saber, el primero de los signados preceptos: “Esta ley regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención y sanción de conflictos de interés”.

Precisa que notificados de sus cargos, ambos fiscales investigados evacuaron sus escritos de descargos por separado y mediante resolución IA FR-OR N° 43/2022 de fecha 6 de octubre de 2022 se resolvió aprobar la investigación administrativa N° 1/2022 y aplicar al recurrente don nombre reservado y a doña nombre reservado, la medida disciplinaria de remoción prevista en el artículo 49 letra e) de la Ley N° 19.640 y en el artículo 39 N° 5 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

Indica que, con fecha 26 de octubre de 2022, el Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público don Juan Agustín Meléndez Duplaquet, por resolución FN/MP N° 1469/2022 ordenó la reapertura de la investigación administrativa en comento, disponiendo la realización de las diligencias que se señalan en dicho acto administrativo.

Asevera que una vez realizadas las diligencias ordenadas por el Fiscal Nacional (S), el investigador don nombre reservado con fecha 17 de noviembre de 2022, remitió un informe complementario, dando cuenta de su realización, en virtud de lo dispuesto en la resolución FN/MP N° 1469/2022, recomendando nuevamente la aplicación respecto de ambos indagados de la medida disciplinaria de remoción.

Expresa que, con fecha 21 de noviembre de 2022, emitió la resolución IA FR-OR N° 53/2022, en virtud de la cual, se aprueba la investigación administrativa N° 01/2022 y se aplica a ambos investigados la medida disciplinaria de remoción.

Precisa que, en contra de la resolución aludida tanto don nombre reservado como doña nombre reservado, dedujeron recursos de reposición con apelación subsidiaria, mediante presentaciones de fecha 3 de diciembre de 2022. Afirma que, por resolución IA FR-OR N° 55/2022 de fecha 6 de diciembre de 2022, fueron rechazados ambos recursos de reposición y se concedieron los recursos de apelación subsidiarios de nombre reservado e nombre reservado, remitiendo los antecedentes al Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público.

Finalmente, puntualiza que por resolución FN/MP N° 1823/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, el Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público don Juan Agustín Meléndez Duplaquet resolvió rechazar los recursos de apelación subsidiarios interpuestos por los investigados nombre reservado e nombre reservado en contra de la resolución IA FR-OR N° 53/2022 de 21 de noviembre de 2022, confirmando respecto de ambos la imposición de la medida disciplinaria de remoción, contemplada en el artículo 49 letra e) de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público y en el artículo 39 N° 5 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

Alega que, la Fiscalía le ha atribuido responsabilidad en un hecho en que participó y que nunca ha desconocido ni ocultado, pero al cual se le ha dado de manera artificial una connotación e incidencia distinta, pues ninguna de las diligencias investigativas tuvieron por objeto indagar sobre su participación en los hechos investigados y que la realidad es que la investigación no tuvo por objeto determinar la existencia de infracciones funcionarias, sino que los ha sancionado con una medida disciplinaria -la más grave-, privándolos de su empleo y de la posibilidad de elegir libremente uno distinto al menos en el sector público durante cinco años, sin medios de prueba de respaldo.

Igualmente, manifiesta que este sumario en la realidad correspondió a la investigación de hechos de naturaleza civil o penal, y no administrativos, resultando sin embargo investigado y sancionado con un estándar de garantías inferior por tratarse “formalmente” de una investigación de carácter disciplinario.

Arguye que, la sanción de remoción infringe el principio de proporcionalidad, dando por acreditada de manera artificial la infracción al principio de probidad administrativa con la exclusiva finalidad de que dicha sanción pueda parecer como “ejemplificadora” a la luz pública y de este modo, mejorar la imagen de una institución que a juicio del instructor y la Fiscalía Regional, habría sido dañada.

Sostiene que se ha vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 5°, el que asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que se investigaron supuestos hechos de ocultamiento patrimonial, hechos constitutivos de delitos, que no corresponden a infracciones de deberes funcionarios, y que involucran de manera principal a un tercero.

En este contexto, alega que las pocas diligencias investigativas desarrolladas apuntan a investigar los actos referidos a un eventual desprendimiento de bienes por parte de don nombre reservado, de carácter doloso, pues a juicio del fiscal investigador, se habrían realizado con la finalidad de eludir el cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas a la investigación reservada seguida ante el 2° Juzgado Militar de Santiago, y que a la fecha de realización de estos actos, tales resoluciones eran inexistentes.

Expresa que, la investigación se enfocó en determinar si se realizaron actos simulados con el propósito de eludir el cumplimiento de resoluciones judiciales, lo que excede la competencia de una investigación administrativa y es propia de los órganos que ejercen jurisdicción, constituyéndose en una Comisión Especial.

Precisa que, su participación en la gestión voluntaria de insinuación no tuvo ninguna vinculación con el cargo de Fiscal del Ministerio Público del cual estaba investido en esa época, así como tampoco los demás hechos investigados dicen relación en modo alguno con dicha investidura, razón por la que sería imposible que su actuación hubiera tenido la aptitud de infringir la obligación de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, lo que fue desconocido tanto por el instructor como por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente al imponer la sanción de remoción, y por la Fiscalía Nacional al ratificarla, en base a una investigación que transgredió el derecho a un debido proceso.

En este escenario, alega que se infringen como elementos de dicha garantía el derecho a un juez o tribunal independiente e imparcial; derecho a la igualdad procesal de las partes y derecho a la defensa, en cuanto a incorporación de prueba y alteración del expediente administrativo; y proporcionalidad de la sanción impuesta.

Al efecto, afirma que, según consta en su hoja de vida, los dos investigados tienen una hoja de vida funcionaria impecable, lo que constituye una circunstancia atenuante muy calificada de la responsabilidad disciplinaria y que no fue considerada. En este mismo sentido, manifiesta que consta que esta constituye la primera sanción de la que ha sido objeto en toda su carrera funcionaria y ni siquiera había sido objeto de una investigación administrativa desde que ingresó a la institución en el año 2005 como abogado asistente y hasta antes de este sumario ya en calidad de Fiscal Adjunto.

Igualmente, expresa que conforme dictamen de la Contraloría, no existiendo infracción al deber de probidad, la exigencia de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo no dice relación con una infracción grave al principio de probidad administrativa. (Dictamen N° 44.908 de 2009).

Invoca, por otro lado, la afectación de su garantía a la libertad de trabajo, puesto que con la decisión de remoción no sólo se pone fin al vínculo estatutario que detentaba con el Ministerio Público, sino que también se le prohíbe, durante un mínimo de cinco años, volver a prestar funciones en la institución, con un requisito adicional al transcurso del tiempo, que corresponde además a la resolución del Fiscal Nacional que así lo autorice. Asimismo, indica que, queda impedido, además, por el mismo término de cinco años, de ejercer funciones en cualquier otra institución pública, pues el Estatuto Administrativo también establece dentro de sus requisitos para el ingreso a un cargo público no haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria.

Finalmente, invoca vulneración de su derecho constitucional del artículo 19 N° 24, correspondiente al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, en razón de que se afecta su derecho a la estabilidad en el empleo, en cuanto termina la carrera funcionaria que desarrolló por casi 18 años en el Ministerio Público, además de impedirlo de gozar de las remuneraciones asignadas al cargo que detentaba.

Conforme lo expuesto, pide se declare arbitraria e ilegal la resolución de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente que le aplica la sanción de remoción, dejando sin efecto el procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución de la Fiscalía Regional Oriente, disponiendo la reincorporación a sus funciones de Fiscal Adjunto de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con costas.

Segundo: Que, comparece doña nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, quien recurre igualmente de protección en contra del Ministerio Público representado por el Fiscal Nacional, con motivo de la dictación de la resolución FN/MP 1823/2022, como acto arbitrario e ilegal que importa una privación, perturbación y amenaza de sus derechos y garantías constitucionales.

Respecto a los cargos formulados, en particular, señala que, se tuvo por acreditado en el procedimiento administrativo que el accionar de los investigados tuvo por objeto la concreción de intereses particulares, familiares y personales de los investigados, que en el caso de doña nombre reservado implicó además un beneficio patrimonial relevante; en que el efecto que las acciones de los investigados tuvieron en la ejecución de resoluciones judiciales de aseguramiento de bienes era un evento probable y que necesariamente debieron representarse desde su experiencia profesional y rol público; y en que las consecuencias de descrédito institucional para el Ministerio Público han quedado en evidencias a partir de la recopilación de antecedentes de prensa contenidos en la carpeta investigativa.

En este contexto, alega vulneración de su derecho de igualdad ante la ley, materializada en la infracción a la presunción o principio de inocencia, por cuanto sin ser objeto siquiera de formalización en la investigación penal que se sigue por los mismos hechos, se desatiende total y absolutamente al derecho de su representada a ser tratada como inocente, so pretexto de argumentos legales, se la trata como si fuera culpable, aplicándole arbitrariamente la sanción más gravosa que contempla el ordenamiento, consistente en la remoción del cargo de fiscal adjunto que legalmente ostenta y le corresponde.

Señala que se infringe igualmente el principio de culpabilidad, en razón de que la sanción administrativa impuesta en la que se le atribuye que como consecuencia de aquel contrato de donación se frustró la acción de la justicia en la causa penal seguida en contra de su padre, toda vez que no pudo inscribirse el embargo decretado respecto de un inmueble y definitivamente, no se perseveró en la misma medida precautoria en relación con el otro bien raíz por la misma razón, esto es, porque ya se hallaba transferido.

Sostiene que el quid de la imputación no se encuentra en la suscripción del contrato de donación, sino que se centra en el efecto de aquélla, cual es, la sustracción del alcance de la justicia de los inmuebles donados, los que fueron o debían ser objeto de embargo. Así, lo reprochado a través de la sanción administrativa más grave y onerosa contemplada en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Funcionarios y Fiscales del Ministerio Público consistente en la Remoción del cargo. Indica que, no es haber recibido en donación dos propiedades de parte de su padre, acto de suyo lícito y, por cierto, no perseguible por el Derecho Administrativo Sancionador, sino que está donación se hubiera efectuado para eludir la acción de la justicia.

Cuestiona la existencia de dolo, en cuanto a contribuir en la actividad elusiva de las consecuencias judiciales de los actos supuestamente delictivos cometidos por su padre y que se encontraban siendo perseguidos en la causa penal donde se decretó o se pretendieron ordenar los respectivos embargos o a lo menos actuó con culpa, esto es, imprudente o negligentemente a la luz del resultado de sus actos.

Alega que, para el sentenciador administrativo no le es relevante el vínculo subjetivo que debe existir entre la conducta y el resultado de aquella conducta puesto que para él la acción sancionada no tiene justificación, sino que se reprocha por el efecto que le atribuye, esto es, la imposibilidad de embargar los inmuebles en una investigación penal seguida contra el padre de su representada.

Arguye que, por otro lado, el acto arbitrario incurre desigual tratamiento y valoración de la información periodística, puesto que a través de la dictación del acto ilegal y arbitrario que se impugna, fundan las imputaciones y la eventual responsabilidad administrativa derivada de las actuaciones imputadas principal, sino únicamente en información aparecida en diversos medios de comunicación social, atribuyendo a tales publicaciones periodísticas un valor de fidelidad con los hechos efectivamente acaecidos que contraviene el sentido común, atenta contra el principio de objetividad que ha de regir todas sus actuaciones y relativiza la vigencia y respeto al secreto del sumario que impera en la causa penal en que se investigan los hechos informados por tales medios.

Colige que se hacen diferencias arbitrarias en la consideración y valoración de la información periodística que circula en medios, valorándola y considerándola como prueba en el caso de su representada, desechándola en todos los otros casos en que el Ministerio Público y sus autoridades (también otros fiscales) se ha visto envuelto o que han afectado gravemente su imagen y prestigio.

Invoca, igualmente, una ilegal y arbitraria en la interpretación y aplicación de las circunstancias atenuantes que concurrirían y favorecerían a su representada. Lo anterior, por cuanto a pesar de lo anterior, en forma expresa la sentencia recurrida rechaza categóricamente siquiera ponderar la irreprochable conducta anterior de su representada que se sustenta no sólo en no haber sido jamás investigada, ni menos sancionada en procedimiento disciplinario alguno, según da cuenta los informes evacuados por la Contraloría Interna del Ministerio Público, sino en las excelentes calificaciones en las evaluaciones de desempeño anual que se adjuntaron al sumario.

Del mismo modo, alega que el sentenciador administrativo rechaza considerar la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos fundado en la exigencia arbitraria de imponer una “confesión” e incluso “arrepentimiento” de parte de su representada que significara reconocer que los inmuebles fueron recibidos para o con la intención de excluirlos de la persecución penal en contra de su padre.

Por otro lado, afirma vulnerada la igual protección de la ley a todas las personas en el ejercicio de sus derechos en relación con el debido proceso disciplinario.

Invoca afección de su libertad de trabajo y su protección y la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las Leyes, en razón de que desde el momento en que la Resolución FN/MP 1823/2022 dictada por el recurrido Fiscal Nacional ha determinado la remoción del cargo de fiscal adjunto e implica necesariamente como consecuencia la privación, perturbación y amenaza a los derechos y garantías en referencia, puesto que tal decisión constituye una discriminación que no se basa en su idoneidad personal, ni el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para admitir su mantención en la función y empleo público que ejerce, desatendiendo de manera absoluta a su decisión y voluntad expresa y manifiesta de permanecer en el ejercicio de dicho cargo y función.

Finaliza señalando que, se afecta su derecho de propiedad, toda vez que el acto administrativo recurrido desconoce la regularidad y legalidad del acto jurídico de donación en virtud del cual doña nombre reservado adquirió la propiedad de dos inmuebles ubicados en la comuna de Las Condes y consecuencialmente, afecta su libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, corporales e incorporales, al atribuirle, en tanto adquirente a título gratuito de tal bien, una intención y fines antijurídicos, específicamente, la voluntad de ayudar a su padre a desprenderse de su patrimonio para evadir los fines de la justicia, incurriendo directa y personalmente en la comisión del delito de lavado de activos y fundar en tales circunstancias la decisión de removerla del cargo de fiscal adjunto.

Conforme lo expuesto, solicita se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representada.

Tercero: Que comparece don nombre reservado, abogado, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, y Fiscal Regional (S) de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, quien pidió el rechazo del recurso, conforme los siguientes argumentos.

En primer lugar, alegó que el recurso se interpuso en contra de una resolución que no surtió efectos jurídicos y, asimismo, en forma extemporánea respecto de la resolución IA FR-OR N° 53/2022.

Refiere que emitió la resolución IA FR-OR N° 43/2022 de data 6 de octubre de 2022, que aprobó la investigación administrativa N° 01/2022 y aplicó la sanción de remoción a los dos fiscales investigados y, sin embargo, mientras el Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público estaba conociendo los recursos de apelación subsidiarios que presentaron los investigados en contra de dicha resolución, en uso de sus facultades contempladas en el artículo 45 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa para Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, dispuso por resolución FN/MP N° 1469, de fecha 26 de octubre de 2022 la reapertura de la investigación administrativa, ordenando la realización de siete diligencias.

Precisa que, lo que resolvió la máxima autoridad del servicio es retrotraer el proceso administrativo al estado de investigación, dejando en forma consecuencial sin efecto la mentada resolución IA FR-OR N° 43/2022, en cuya virtud se había aprobado la investigación administrativa y se impusieron las medidas disciplinarias recurridas por los investigados.

En el mismo sentido, agrega que, se trata de un acto administrativo diferente de la resolución anterior, de fechas distintas y con fundamentos diferentes. De hecho, entre la dictación de la resolución recurrida, la 43/2022 y la dictación de la resolución 53/2022 median todas las diligencias que realizó el investigador por orden del Fiscal Nacional (S), lo que reafirma que se trata de dos instrumentos diferentes.

Expresa que el abogado del actor de forma tardía, se percató de aquello y en un escrito separado con la suma “Se tenga presente” intenta subsanar la situación señalando que el recurso se dirige también en contra de la resolución N° 53/2022, lo que en su concepto es suficiente para sanear el vicio. Estima que el único objeto de tutela en el arbitrio es la resolución N° 43/2022, que fue dejada sin efecto, lo que convierte a la acción en intrascendente al menos en lo referente a los supuestos actos ilegales y arbitrarios atribuidos al suscrito.

Asimismo, alega que, si bien el libelo fue presentado dentro de plazo, precisamente el último día, el día 14 de enero de 2023, no ocurre lo mismo con la impugnación que se hace respecto de la resolución N° 53/2022. Ello por cuanto el escrito del actor en que solicita se tenga por interpuesto el recurso también contra la resolución citada fue presentado el día 17 de enero de 2023, es decir, tres días después de vencido el término contemplado en el Auto Acordado citado para estos fines.

Concluye solicitando que, debe declararse inadmisible este recurso de protección en contra de la resolución N° 53/2022, por haber sido interpuesto fuera de plazo, pudiendo únicamente haber pronunciamiento jurisdiccional -en lo que atañe a los actos del suscrito- respecto de la resolución N° 43/2022.

Por otro lado, funda su rechazo en razón de la inexistencia de actuaciones arbitrarias o ilegales que impliquen una privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales del recurrente, en cuanto se pretende la revisión del fondo del asunto, lo que escapa absolutamente a los fines de esta acción constitucional de protección.

Controvierte lo alegado por el recurrente en cuanto habría sido juzgado por una comisión especial, puesto que el artículo 45 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en conformidad al mandato del artículo 84 de la Constitución Política de la República, prescribe que los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley. Asimismo, el artículo 48 del citado cuerpo normativo dispone que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones se hará efectiva por la autoridad superior respectiva. Los artículos 49 al 51 de la ley citada, regulan las sanciones disciplinarias que se pueden imponer a los fiscales adjuntos y el procedimiento para hacer efectiva esta responsabilidad. Asimismo, en virtud de las facultades contenidas en el artículo 17 letra d) de la ley citada, el Fiscal Nacional dictó el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, norma que regula con mayor detalle los aspectos antes mencionados.

Concluye de lo anterior que, en el conocimiento de la investigación administrativa se ha observado estrictamente lo dispuesto en las normas constitucionales, legales y reglamentarias sobre responsabilidad administrativa de fiscales adjuntos, en lo tocante a las autoridades e instituciones que intervienen en las mismas. Por una parte, el Fiscal Regional (S) que ordenó la instrucción de la investigación y dispuso la medida disciplinaria respecto del señor nombre reservado, luego el investigador, quien tiene la calidad de fiscal adjunto y realizó las diligencias, formuló los cargos y emitió su informe y por último, el Fiscal Nacional (S), el que en uso de sus facultades reabrió la investigación y luego, conociendo de la apelación interpuesta por el actor en contra de la resolución del suscrito, confirmó la medida disciplinaria impuesta.

En cuanto a la sanción aplicada, invoca lo dispuesto en la resolución recurrida, toda vez que el deber de los fiscales de observar una conducta moralmente intachable se encuentra en la normativa, haciendo primar el interés público sobre el privado. En palabras del investigador: “Se hace difícil imaginar un caso más evidente de colisión entre un interés privado, manifestado en la participación de los investigados en el proceso judicial y contractual que derivó en la adquisición de dos bienes inmuebles por parte de nombre reservado, y un interés público expresado en el intento frustrado de asegurar los mismos bienes inmuebles mediante medidas cautelares, por una autoridad judicial en cumplimiento de la misma función que los investigados cumplen en razón de su cargo.

Asimismo, las conductas objeto de indagación se ejecutaron en el contexto del desarrollo de la vida privada de los fiscales nombre reservado e nombre reservado, lo que no quiere decir que tales actos no puedan ser objeto de escrutinio y eventual reproche en sede administrativa. Es un deber de los fiscales llevar una vida social acorde a la dignidad del cargo. Ciertamente, ello conlleva actuar conforme al principio de probidad en las actuaciones de la vida privada, de igual manera que en el ejercicio funcionarial”.

Arguye, por otro lado, que la fundamentación del recurso se sostiene en realidad en los principios o elementos que han sido reconocidos como constitutivos de un debido proceso, garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, y que no resultan procedentes, en cuanto dichos principios no gozan de la protección de esta acción constitucional.

Por lo expuesto, pide sea declarado inadmisible el presente arbitrio en lo que respecta a todos los supuestos actos ilegales y arbitrarios ejecutados por el recurrido y que afectarían la garantía fundamental del debido proceso, dado que dicha garantía no es objeto de protección o tutela a través de esta vía.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, solicita también el rechazo del recurso por carecer de fundamentos, al no existir actuaciones arbitrarias o ilegales en la sustanciación de la investigación administrativa en cuestión, haciendo presente que los cargos que le formularon dan cuenta de la comisión de conductas particularmente graves: fiscales del Ministerio Público ejecutan actos que ponen en riesgo la eficacia de resoluciones judiciales, lo que impide que un tribunal de la República, en un caso de gran importancia y alta connotación, pueda adscribir bienes raíces a las resultas de un proceso criminal, dado que tales actos permitieron que el procesado transfiriera tales activos a sus familiares directos.

Concluye que, quedó acreditado que en el caso en cuestión, el recurrente incurrió en graves faltas a la probidad, por lo que conforme el artículo 50 N° 2 de la Ley N° 19.640, en su inciso segundo, dispone expresamente que la remoción de un fiscal adjunto procederá cuando incurra en alguna de las siguientes circunstancias: 2) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobadas, norma reiterada en el artículo 41 N° 2 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, disposición que también señala que procede remover al fiscal que incurra en falta de probidad.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso, con ejemplar condenación en costas.

Cuarto: Que, finalmente, informó el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia Vásquez, quien expuso que la medida disciplinaria de remoción que se les aplicó a los ex Fiscales Adjuntos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, doña nombre reservado y don nombre reservado, fue consecuencia de haberse lesionado grave y severamente el principio de probidad administrativa, consagrado en nuestra Constitución Política de la República en su artículo 8 y en los artículos 8 y 50 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público y en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 20.880, normas jurídicas que establecen un verdadero estatuto de probidad para los Fiscales del Ministerio Público, a quienes por su alta investidura y la particular importancia de sus funciones, que consisten entre otras, en dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delitos y ejercer la acción penal pública, se les impone un especial deber de probidad, el que fue infraccionado de manera seria por los recurrentes, estando expresa e imperativamente ordenado en el artículo 50 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que la medida de remoción en el caso de un fiscal adjunto procederá cuando incurra en falta de probidad. Lo anterior, ya que en un contexto del público conocimiento de la existencia de investigaciones penales dirigidas por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, Sra. nombre reservado, por delitos de malversación de caudales públicos y otros (Ejército de Chile), que incluía aristas investigativas en las que se indagaba la participación de don nombre reservado, hecho también públicamente conocido, los citados ex fiscales adjuntos realizaron conductas a través de las cuales se terminó impidiendo que en la causa ROL 575-2014, de la Primera Fiscalía Militar, Segundo Juzgado Militar de Santiago, en cuaderno denominado "F-A", seguida por los delitos de Malversación de Caudales Públicos y otros (Ejército de Chile) por la referida Ministra en Visita Extraordinaria, se vieran frustradas medidas de aseguramiento patrimonial de don nombre reservado, particularmente en los bienes que fueron donados a su hija doña nombre reservado, y en que don nombre reservado, con fecha 05 de marzo de 2021, declaró ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, en la causa ROL V-5-2021, rindiendo información sumaria de testigo, bajo juramento, señalando que conocía en profundidad la situación familiar y patrimonial de la familia nombre reservado y en especial de la situación económica de don nombre reservado, afirmando, sin lugar a dudas, que poseía a la fecha una solvencia que le permitía realizar la donación de cuatro inmuebles objeto del procedimiento voluntario a sus dos hijas, de apellido nombre reservado.

Precisa que dichas conductas fueron realizadas por doña nombre reservado y don nombre reservado privilegiando sus intereses particulares, familiares y personales, por sobre la debida atención al grave riesgo que sus conductas implicaban para la eficacia del sistema de justicia criminal en relación con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ni al eventual compromiso que generaban a las funciones que desempeñaban en el Ministerio Público; vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa, que no sólo abarca sus actuaciones en el desempeño mismo del cargo dentro de la institución y durante la jornada de trabajo, sino que también se extienden a su comportamiento fuera de aquél, configurándose a partir del quebrantamiento de dicho principio responsabilidad administrativa de parte de éstos; cuyos principios, procedimiento, prueba, forma de valoración de ésta, medios de impugnación y sanciones son independientes de la responsabilidad penal que eventualmente pueda llegar a configurarse en la investigación penal que actualmente sigue respecto de los recurrentes la Fiscal Regional de Los Lagos, doña Carmen Gloria Wittwer Opitz.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción, en primer lugar, en razón de que se invoca la vulneración de una garantía que no se encuentra protegida por esta acción constitucional.

En subsidio de lo anterior, alega que el recurso debe ser rechazado por no existir actuación ilegal o arbitraria del Fiscal Nacional, por cuanto los recurrentes no han sido sancionados administrativamente por una Comisión Especial, y no ha existido una vulneración al artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Respecto a infracciones al debido proceso, refiere que la investigación administrativa que culminó con la sanción de remoción para los recurrentes, se desarrolló dando total cumplimiento a las normas que la regulan, donde los recurrentes conocieron los cargos, los antecedentes que los fundaban a través de sus solicitudes de copias de la carpeta de investigación administrativa, tuvieron oportunidad de efectuar los descargos, ofrecer prueba, requerir diligencias, deducir recurso de reposición ante el Fiscal Regional (S) Metropolitano Oriente de la decisión que dispuso la aplicación de la sanción de remoción para ambos, y formular recurso de apelación contra dicha resolución ante el Fiscal Nacional, dándose de esta forma cumplimiento a todos los disposiciones legales y reglamentarias que establecen las normas de procedimiento en materia de responsabilidad administrativa.

En relación con la proporcionalidad de la sanción, refiere que ésta se ajusta a derecho, por configurarse infracción al deber de probidad y que cuestionar la proporcionalidad de una sanción disciplinaria impuesta por el Fiscal Nacional como Jefe Superior del Ministerio Público, lo que implica desconocer una facultad que le es privativa en cuanto al mérito de la decisión adoptada que trae aparejada su potestad disciplinaria conferida por mandato constitucional, pretendiéndose por parte de los recurrentes que los tribunales superiores de justicia entren a conocer, valorar y ponderar antecedentes probatorios de un procedimiento administrativo disciplinario, para que de esa forma se concluya que la sanción disciplinaria que se les aplicó es desproporcionada.

Junto con afirmar que no existe vulneración de garantías, precisa finalmente que en un proceso disciplinario administrativo el estándar de prueba, la forma de rendir ésta, y los principios aplicables no son plenamente asimilables a los de un proceso penal.

En este contexto, arguye que se trata de una acción para constituir a los tribunales superiores de justicia en una nueva instancia que revise los fundamentos de la decisión que emana de la máxima autoridad del Ministerio Público, la prueba y se efectúe una nueva calificación jurídica de sus efectos, lo que implica desconocer, por parte de personas que ocupaban cargos relevantes en el Ministerio Público como Fiscales Adjuntos, que por disposición del artículo 91 de la Constitución Política de la República se radica en el Fiscal Nacional.

Concluye que, del mérito de los antecedentes reunidos en la investigación, se logró adquirir la convicción de que les cabía a los actores responsabilidad administrativa en los hechos y que la entidad de la falta o infracción era de tal gravedad que hacía necesario la aplicación de la máxima sanción administrativa que contempla el ordenamiento jurídico disciplinario del Ministerio Público.

Asevera que tal grado convicción lo alcanzó tanto el Fiscal Adjunto Jefe que se desempeñó como investigador administrativo, el Fiscal Regional (S) Metropolitano Oriente que resuelve en primera instancia, y el propio Fiscal Nacional(S) al conocer de la apelación, lo que da cuenta de la razonabilidad de la decisión adoptada en la investigación administrativa, por lo que no existe la supuesta arbitrariedad que se denuncia, cumpliendo la resolución con señalar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que explican la decisión.

En definitiva, finaliza, a través de estas acciones constitucionales se intenta cuestionar la decisión del Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público de ese entonces, don Juan Agustín Meléndez respecto de la valoración de la prueba reunida en la investigación administrativa, para sostener que, a juicio de los recurrentes, no quedaban acreditadas las conductas por las que fueron sancionados o que la entidad de la medida administrativa que se les aplicó debió ser distinta; pretendiendo en consecuencia los recurrentes instrumentalizar el recurso de protección para convertirlo en una instancia de apelación de una resolución administrativa, eludiendo el debate propio de este tipo de acciones, todo lo que hace que esta acción constitucional no constituya la vía idónea para las declaraciones y peticiones que persiguen, debiendo desestimarse, con costas.

Quinto: Como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo alegado por la autoridad recurrida, expresamente se indica como actos denunciados por los actores como motivo de la interposición de los respectivos recursos de protección, los siguientes:

a) En relación con el recurrente don nombre reservado, la aplicación de la sanción de remoción de su cargo de Fiscal Adjunto, conforme Resolución IA FR-OR N° 43 de fecha 6 de octubre de 2022 y; la apelación que al efecto fuere resuelta, materializada en Resolución FN/MP N° 1823 de la Fiscalía Nacional, de fecha 14 de diciembre de 2022, que confirma la signada medida disciplinaria.

b) En lo concerniente a la actora doña nombre reservado, en contra de la mentada resolución FN/MP 1823/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, que confirma la indicada medida disciplinaria adoptada en su contra.

En cuanto a la extemporaneidad:

Séptimo: Que, en lo relativo a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Octavo: Basta para rechazar la extemporaneidad reclamada, considerar que el acto recurrido corresponde a una supuesta acción, consistente en la remoción de los recurrentes en sus cargos de Fiscales Adjuntos del Ministerio Público, la que quedó a firme mediante el rechazo del recurso de apelación que al efecto se hubiere interpuesto respecto de la resolución N° 53 de fecha 22 de noviembre de 2022, esto mediante la N° 1823 de 14 de diciembre de 2022 -acto terminal-, notificándose dicha actuación –respectivamente- a ambos recurrentes con fecha 15 de diciembre de 2022 y 16 de diciembre de 2022 y dado que la acción constitucional fue entablada el 14 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023, aparece que el presente arbitrio fue presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Noveno: Que en primer término corresponde señalar que, los Fiscales Adjuntos y Regionales del Ministerio Público son funcionarios públicos, sujetos a un estatuto jurídico propio y especial, distinto al régimen aplicable a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y al estatuto que rige a los restantes funcionarios de la Administración del Estado. En este escenario y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.640, el personal del Ministerio Público está sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle, regulado expresamente en el Título III del referido cuerpo normativo -artículos 45 y siguientes-.

Es así como el artículo 51 establece normas de procedimiento para las investigaciones administrativas y su inciso quinto permite a los Fiscales Adjuntos apelar ante el Fiscal Nacional de las sanciones que les puedan aplicar en estos procedimientos sus superiores directos, esto es, los Fiscales Regionales.

Por su parte, el artículo 91 de la Constitución Política de la República establece: “El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.” De acuerdo con lo anterior, la ley orgánica, en su artículo 17 letra d) prescribe que: “Corresponderá al Fiscal Nacional: d) Dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiere la Constitución Política. En ejercicio de esta facultad, determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente.” En cumplimiento de lo anterior, el Fiscal Nacional ha dictado el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, cuya última versión modificada fue aprobada por resolución FN Nº 700 de 19 de mayo de 2020. En el referido reglamento se regulan los procedimientos, sus plazos y los derechos de los involucrados en las Investigaciones administrativas que se efectúen para efectos de determinar la responsabilidad administrativa que pudiere afectar a algún funcionario o Fiscal. En efecto, el Reglamento regula aquellas materias que no quedan establecidas en las normas legales citadas, entre ellas, la posibilidad de ampliar el plazo de las investigaciones, y especialmente los derechos de los investigados, tales como el de recusar al investigador o el acceso del investigado a los antecedentes de la investigación que, en el régimen del Ministerio Público, se le reconoce desde el inicio de la misma, sin tener que esperar a la formulación de cargos.

En este orden de ideas, el artículo 45 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en conformidad al mandato del artículo 84 de la Constitución Política de la República, prescribe que los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley. Asimismo, el artículo 48 del citado cuerpo normativo dispone que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones se hará efectiva por la autoridad superior respectiva. Los artículos 49 al 51 de la ley citada, regulan las sanciones disciplinarias que se pueden imponer a los fiscales adjuntos y el procedimiento para hacer efectiva esta responsabilidad. Asimismo, de igual forma, en virtud de las facultades contenidas en el artículo 17 letra d) de la ley citada, el Fiscal Nacional dictó el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, norma que regula con mayor detalle los aspectos antes mencionados.

Décimo: Que de acuerdo a la lectura del presente arbitrio constitucional se sostiene una supuesta afectación de los principios o elementos que han sido reconocidos como constitutivos de un debido proceso, garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental, especialmente referido a ser juzgado por una comisión especial.

Undécimo: Que, en primer término, corresponde advertir que el proceso disciplinario incoado en contra de los actores se ha llevado a cabo de conformidad a la normativa que establece el artículo 91 de la Constitución Política de la República en concordancia a lo dispuesto en los artículos 13, 17 letra d), 45 y siguientes de la Ley N° 19.640 y el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

Duodécimo: Que, en relación a lo antes consignado, conforme a lo establecido en el artículo 54 del reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios: “Los vicios o errores de procedimiento que incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados de la investigación administrativa, no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria”. Una disposición idéntica se encuentra en el Estatuto Administrativo, en las disposiciones que regulan la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, lo que evidencia cuál es el carácter que debe tener algún vicio de procedimiento para impugnar un procedimiento disciplinario en el derecho chileno. Pues bien, de acuerdo con la norma citada, la eventual existencia de un supuesto vicio o irregularidad -denunciada por el abogado recurrente en estrados-, sólo afectaría la legalidad de la resolución sancionatoria si los referidos vicios son de tal entidad que tengan una influencia decisiva en los resultados de la investigación, lo que en la especie no ha contextualizado.

Décimo tercero: Sin perjuicio de lo anterior, sólo a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantías que se citan como vulneradas, que la del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso cuarto, si bien invocado, no se configura, toda vez que conforme antes se expuso la autoridad que aplicó la medida era aquella contemplada por la normativa pertinente.

Es así que, el Fiscal Regional (S) que ordenó la instrucción de la investigación y dispuso la medida disciplinaria que en esta sede se impugna, realizó las respectivas diligencias, formuló los cargos y emitió su informe. Por último, el Fiscal Nacional (S) en uso de sus facultades reabrió la investigación y luego, conociendo de las apelaciones interpuestas por los actores en contra de la signada resolución, confirmó la medida disciplinaria impuesta.

En cuanto a la del numeral segundo de la misma norma, ésta requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

Décimo cuarto: Que, en otro orden de ideas, el recurso de protección no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las competentes autoridades del ente persecutor o revisar la ponderación o valoración de la prueba y la acreditación de los consecuentes presupuestos fácticos, a vía de configurar una nueva instancia que evalúe los fundamentos de la respectiva decisión y efectúe una nueva calificación jurídica de sus efectos.

En consecuencia, los recurrentes pretenden instrumentalizar el recurso de protección para convertirlo en una instancia de apelación de una resolución administrativa o de nulidad del mismo acto, eludiendo el debate propio de este tipo de acciones, todo lo que hace que este arbitrio constitucional no constituya la vía idónea para las declaraciones que persigue.

Décimo quinto: Que resulta conveniente señalar que, el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, las que pudieren o no ser compartidas por esta Corte. Por ello, entraña un planteamiento erróneo de los actores aquellos dirigidos a que por esta instancia jurisdiccional se revise la decisión a la que en definitiva se arribó, ello sobre la base de los hechos establecidos por la autoridad a cargo de aquella investigación, el mérito del dictamen evacuado al término de aquélla y, en suma, de los fundamentos de hecho determinados a la luz de los antecedentes reunidos, que motivaron la medida terminal adoptada.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar -como se postula en la especie- que por vía proteccional se controlen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades del recurrido, lo que pudiera ser dilucidado eventualmente, en un juicio de lato conocimiento.

Décimo sexto: Al respecto debe tenerse presente la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la materia, en causa Rol N° 7184- 2009, de 17 de noviembre de 2009, en que se resolvió: “Segundo: Que la medida adoptada por la autoridad recurrida tiene su fundamento en un sumario administrativo incoado en contra de la actora, en el cual ha tenido la oportunidad de defenderse y hacer valer sus argumentos, por lo que el actuar del recurrido no puede estimarse ilegal ya que se funda precisamente en las disposiciones legales que lo facultan para actuar de la manera como lo hizo, ni tampoco arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho del recurrido sino que por el contrario se basa en todo un procedimiento previo en que se investigó la conducta de la recurrente;

Tercero: Que en cuanto a la proporcionalidad o racionalidad de la medida adoptada, no corresponde que esta Corte proceda a calificarla en uno u otro sentido, por cuanto se transformaría de esta manera en una segunda instancia de las decisiones arribadas en un sumario administrativo, teniendo presente además que desde esa perspectiva la actora no cuenta con un derecho de carácter indubitado en cuanto a la calificación de la conducta que se le reprocha”.

De igual forma, la Corte Suprema, en causa Rol N° 11.803-2011, de 26 de enero de 2012, señaló: “Segundo: Que, en primer término, es necesario considerar que las críticas por haberse redactado los cargos en términos genéricos imposibilitando un adecuado ejercicio del derecho de defensa aparecen más bien referidas a una inobservancia de principios del debido proceso, no cautelado específicamente por medio del recurso de protección acorde con lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que enseguida es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo de la actora intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada”.

Décimo séptimo: Que en cuanto a los presupuestos fácticos tenidos por ciertos en sede administrativa con el estándar de convicción que rige a su respecto -el que claramente resulta ser distinto al contemplado en el artículo 340 del Código Procesal Penal- que habrían implicado tener como fundamento la decisión que en esta sede se reprocha, se indica que en un contexto del público conocimiento de la existencia de investigaciones penales dirigidas por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señora nombre reservado, por delitos de malversación de caudales públicos y otros (Ejército de Chile), que incluía aristas investigativas en las que se indagaba la participación de don nombre reservado, los recurrentes realizaron conductas a través de las cuales se terminó impidiendo que en la causa Rol N° 575-2014, de la Primera Fiscalía Militar, Segundo Juzgado Militar de Santiago, en cuaderno denominado "F-A", seguida por los delitos de Malversación de Caudales Públicos y otros (Ejército de Chile) por la referida Ministra en Visita Extraordinaria, se vieran frustradas medidas de aseguramiento patrimonial de don nombre reservado, particularmente en los bienes que fueron donados a su hija doña nombre reservado, y en que don nombre reservado, con fecha 05 de marzo de 2021, declaró ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, en la causa ROL V-5-2021, rindiendo información sumaria de testigo, bajo juramento, señalando que conocía en profundidad la situación familiar y patrimonial de la familia nombre reservado y en especial de la situación económica de don nombre reservado, afirmando, sin lugar a dudas, que poseía a la fecha una solvencia que le permitía realizar la donación de cuatro inmuebles objeto del procedimiento voluntario a sus dos hijas, de apellido nombre reservado.

Es así como la autoridad recurrida, coligió que dichas conductas fueron realizadas por doña nombre reservado y don nombre reservado privilegiando sus intereses particulares, familiares y personales, por sobre la debida atención al grave riesgo que sus conductas implicaban para la eficacia del sistema de justicia criminal en relación con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el eventual compromiso que generaban a las funciones que desempeñaban en el Ministerio Público.

Décimo octavo: Que, en este orden de ideas, en sede administrativa, la autoridad recurrida estimó que se encontraba acreditado que los recurrentes incurrieron en graves faltas a la probidad, consagrado en nuestra Constitución Política de la República en su artículo 8 y en los artículos 8 y 50 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público y en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 20.880. Es así que, conforme al artículo 50 N° 2 de la Ley N° 19.640, en su inciso segundo, dispone expresamente que la remoción de un fiscal adjunto procederá cuando incurra en alguna de las siguientes circunstancias: 2) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobadas, norma reiterada en el artículo 41 N° 2 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público”.

De esta forma, en sede administrativa se estimó que las referidas conductas vulneraron gravemente el principio de probidad administrativa, el que no sólo abarca sus actuaciones en el desempeño mismo del cargo dentro de la institución y durante la jornada de trabajo, sino que también se extiende a su comportamiento fuera de aquél, configurándose a partir del quebrantamiento de dicho principio de responsabilidad administrativa de parte de éstos; cuyos principios, procedimiento, prueba, forma de valoración de ésta, medios de impugnación y sanciones son independientes de la responsabilidad penal que eventualmente pueda llegar a configurarse en la investigación penal que actualmente sigue respecto de los recurrentes la Fiscal Regional de Los Lagos, doña Carmen Gloria Wittwer Opitz.

Décimo noveno: Que en cuanto al análisis de la legalidad de la resolución recurrida es dable indicar que, se encuentra inserta en ella, el deber de los fiscales de observar una conducta moralmente intachable, debiendo primar el interés público por sobre el privado. En palabras del investigador se indica que: “Se hace difícil imaginar un caso más evidente de colisión entre un interés privado, manifestado en la participación de los investigados en el proceso judicial y contractual que derivó en la adquisición de dos bienes inmuebles por parte de nombre reservado, y un interés público expresado en el intento frustrado de asegurar los mismos bienes inmuebles mediante medidas cautelares, por una autoridad judicial en cumplimiento de la misma función que los investigados cumplen en razón de su cargo.

Asimismo, las conductas objeto de indagación se ejecutaron en el contexto del desarrollo de la vida privada de los fiscales nombre reservado e nombre reservado, lo que no quiere decir que tales actos no puedan ser objeto de escrutinio y eventual reproche en sede administrativa. Es un deber de los fiscales llevar una vida social acorde a la dignidad del cargo. Ciertamente, ello conlleva actuar conforme al principio de probidad en las actuaciones de la vida privada, de igual manera que en el ejercicio funcionarial”.

Vigésimo: Que, a mayor abundamiento, corresponde aclarar que, lo que pudiere tenerse por cierto en sede administrativa y fundar -formalmente- la adopción de determinadas medidas, no implica sostener que dichos antecedentes permitieren alcanzar el grado de convicción que permitiere tener por cierta la comisión de un ilícito penal con la consecuente acreditación de una conducta típica, antijurídica y culpable que pudiere subyacer, en el que claramente rigen los principios de ultima ratio y la presunción de inocencia contemplada en el artículo 4 del Código Procesal Penal.

En efecto, a vía ejemplar y con el objeto de ilustrar lo asentado precedentemente, el artículo 256 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales dispone que: “No pueden ser jueces: N° 5°) Los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento”; situación que evidencia que a pesar de arribarse a una salida alternativa, en que claramente el imputado no ha admitido responsabilidad y no existe una sentencia condenatoria en su contra, que permitiere alterar la presunción de inocencia de que goza el encartado, igualmente en sede administrativa los alcances y efectos son imperativa y claramente otros.

Vigésimo primero: Que, por su parte, en relación con la proporcionalidad de la sanción, aquella se ajustó a derecho, por haber considerado la autoridad recurrida una infracción al deber de probidad, conforme a la facultad privativa en cuanto al mérito de la decisión adoptada que trae aparejada su potestad disciplinaria conferida por mandato constitucional, no siendo por tanto atendible que esta Corte analice por esta vía su mérito, dado que en dicho contexto se transformaría en una nueva instancia.

Vigésimo segundo: En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Vigésimo tercero: Así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que supone dirimir si se aplicó o no conforme a derecho la sanción administrativa aplicada a los actores para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

Vigésimo cuarto: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que se declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos de los recurrentes, es parecer de esta Corte que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que adopten medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Vigésimo quinto: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un arbitrario e ilegal por parte de la autoridad recurrida, derecho indubitado sobre lo pretendido por los actores, aunado además lo contemplado en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser necesariamente desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado y doña nombre reservado en contra de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el Fiscal Regional (S) en el proceso investigativo don nombre reservado y el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público.

Regístrese y archívese si no se apelare.

Rol N° 540- 2023 (acumulado Rol N° 559-2023)

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón y el Abogado Integrante señora Magaly Carolina Correa Farías.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.