nombre reservado con SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

Santiago, cinco de marzo de dos mi quince.

A fojas 79: como se pide, a su costa.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 2 de estos autos, doña nombre reservado, médico cirujano, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, médico cirujano, domiciliada en domicilio reservado, ambas actuando en representación de los señores: nombre reservado, chileno, médico cirujano domiciliado en domicilio reservado, Calama y de don nombre reservado, médico cirujano chileno, domiciliado en domicilio reservado, han recurrido de protección contra la Subsecretaría, representada por don nombre reservado, médico, subsecretario de Redes Asistenciales, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana pidiendo se ordene –a la recurrida, a quién ahora individualiza como Superintendencia de Redes Asistenciales- enmendar por injusto y desigual el concurso público contenido en la Resolución Exenta N°751 de 2014, costas;

SEGUNDO: Que fundamentando la acción cautelar intentada, las recurrentes señalan lo siguiente: a) que con fecha 8 de agosto de 2014 se dictó la resolución exenta N° 751 que aprobó las bases del proceso de selección para acceder a los cupos del Programa de Especialización año 2015 para médicos cirujanos con desempeño en la atención primaria de salud; b) que la resolución recién mencionada establece en su artículo 5 que los postulantes contratados de conformidad al artículo 9 de la ley N°19.664, se incorporarán a los programas de especialización en calidad de becarios;; c) que, por su parte, el artículo 11 del documento en estudio, establece los requisitos para postular al concurso, restringiendo, sin justificación alguna, la posibilidad de postulación a los funcionarios municipales y a los contratados directamente por los Directores cuando existan necesidades del Servicio.

TERCERO Que, de esta manera, al parecer de la recurrente, el proceder de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que “priva, perturba o amenaza” garantías que la constitución reconoce a todas las personas, en particular, el que contempla el numeral 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO:

Que, informando la recurrida a fs.55 expresa, en primer lugar, que el recurso interpuesto es improcedente y debe ser rechazado en su totalidad, por exceder las materias que deben ser conocidas en una acción cautelar como es un recurso de protección. En segundo lugar el recurrido solicita el rechazo es esta acción constitucional por carecer de fundamentos por lo cual no cumple con los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que en la especie no existe un derecho indubitado que faculte a la recurrente para recurrir. De igual manera sostiene el recurrido que en el presente caso no existen actos u omisiones de su parte que se puedan calificar de arbitrarias o ilegales y menos que pudieren provocar perturbación o amenaza de los derechos garantidos por la Constitución.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, a juicio de esta Corte, para resolver el asunto sometido a su conocimiento y decisión, se debe determinar, en primer término, la procedencia del recurso de protección interpuesto, para luego, si fuera del caso, analizar el acto denunciado como ilegal o arbitrario y determinar si éste afecta las garantías constitucionales de la recurrente.

SEPTIMO:

Que, en relación a la procedencia de la acción intentada se debe considerar lo siguiente:

El recurso de protección –como es unánimemente aceptado- requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos. Entre ellos, -la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; -que dicho acto viole, perturbe, conculque o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y, finalmente, -que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado. Tan solo en este último caso se le puede reconocer al que acciona de protección, legitimidad activa.

OCTAVO:

Que, analizando los referidos requisitos en un orden inverso al recién señalado, esto es, estudiando en primer lugar la legitimación activa, cabe tener presente que el derecho comparado la ha definido señalando: “el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quién ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta” (Tribunal Constitucional de España, STC52/2007).

Que, por su parte La Excma. Corte Suprema de Chile ha sostenido sobre el particular: “la voz interés utilizada en esa disposición, (se está refiriendo al artículo 292 del Código del Trabajo), porque si bien la norma otorga legitimación activa a cualquier interesado, no por eso cualquier persona puede accionar en esta materia, ya que se precisa de interés y el interés procesal es el móvil del actor y debe ser actual, no basta con que sea futuro o eventual; directo, o sea, particular de quien lo ejerce y legítimo, es decir, lícito”. El mismo fallo agrega que la acción de autos no es popular... (24 de marzo de 2009, rol 196-09).

De la misma manera, el máximo tribunal ha resuelto: “Aun cuando se puede recurrir de protección por sí o por otro a su nombre, es requisito básico para que la acción sea acogida que quien, o para quien se pide protección, sea un sujeto específico "afectado" en el ejercicio legítimo de su derecho, que es el legitimado para accionar, aunque otro deduzca la acción por él, por cuanto no se trata de una acción popular, desde que el imperio del derecho que hay que restituir es el que ha sido alterado por el menoscabo que sufre en su derecho el afectado con el agravio, mediante un interés personal, concreto y actualmente comprometido. (19 de marzo de 1997, rol 4658-96)

NOVENO:

Que, planteado lo anterior resulta útil para el análisis que se viene desarrollando, establecer ciertos antecedentes fácticos que rodean el presente recurso de protección:

En primer lugar, es dable tener presente que tanto recurrente como recurrido, limitan su confrontación a la interpretación de la ley que rige la materia. La recurrente para sostener que el acto es ilegal hace una propia interpretación de la Ley N° 19.664 y, por su parte, hace lo suyo sobre el particular.

Que analizado el conflicto, se aprecia, sin lugar a dudas, que en la especie se está frente a una controversia de carácter jurídico administrativo, imposible de ser resuelta en un recurso de Protección DECIMO:

Que, compartiendo estos sentenciadores las opiniones transcritas del Tribunal Constitucional de España y de la Excma. Corte Suprema de Chile, en relación a la legitimación activa, se observa en la especie que el recurrente no tiene “una relación unívoca” con “el objeto de la pretensión..., debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real”.

UNDECIMO: Que, atendido lo expuesto en el considerando anterior, se observa, desde ya, que su alegado derecho constitucional amenazado, conculcado o perturbado, no se encuentra indubitado.

DUODECIMO:

Que, de esta manera, se comprueba también que el recurrente en el caso de autos no tiene un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real como lo exige la doctrina y la jurisprudencia para la procedencia del recurso de protección.

DECIMO TERCERO: Que, en tales circunstancias, la acción cautelar interpuesta por doña nombre reservado y doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, y de don nombre reservado, no puede prosperar.

Por lo expuesto, resulta que, sin perjuicio que la recurrente no ha aportado antecedentes que formen convicción suficiente para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también, a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en lo principal de fojas 1.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Cruchaga.

Protección Nº53.946-2014.

No firma la Ministra suplente señora Toro, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por la Ministra suplente señora Viviana Toro Ojeda y el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a cinco de marzo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.