nombre reservado con CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ATRACCIONES COMTERRA S.A.

7 Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que compareció doña nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de Comterra S.A., señalando que el día 02 de junio del presente año 2020, esto es, al día siguiente de entrada en vigencia la denominada “Ley Corta” Nº 21.232, que modificó, en parte, la Ley Nº 21.227, denominada “Ley de Protección al Empleo”, la señora nombre reservado habría tomado contacto telefónico con doña nombre reservado, solicitando se deje sin efecto la suspensión temporal de su contrato de trabajo, en atención a la nueva disposición legal (artículo 6 bis de la Ley Nº21.232), que prohíbe se apliquen las normas del Título I de la Ley Nº21.227 a las trabajadoras que se encuentren gozando de fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo.

Indica también que habría recibido un correo electrónico de fecha 11 de junio, en donde doña nombre reservado le indica que no puede ser factible dicha solicitud, atendido a que ella estaba suspendida conforme el artículo quinto de la Ley Nº 21.227, es decir, en virtud de la suscripción de un pacto de suspensión, desde el día 21 de abril de 2020, esto es, previo a la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.232, la que no tiene efecto retroactivo. Agrega que, a raíz de lo anterior, habría una doble vulneración a los derechos primero, cuando se le aplica la suspensión temporal de su contrato de trabajo, y luego cuando se le niega la posibilidad de dejar sin efecto el pacto suscrito.

Sostiene la recurrente, que no habría interés alguno de la recurrida en respetar los derechos laborales de la recurrente, indicando que la Ley Nº 21.227 y su aplicación son una facultad del empleador, y no una norma imperativa que deba sí o sí aplicársele a todos los trabajadores, pudiendo entonces no haberle aplicado la suspensión, pero igualmente lo hizo.

Además de lo anterior, refiere que, cuando entró en vigencia la Ley Nº21.227, efectivamente nada decía, para el Título I de dicha norma, respecto a la no aplicación de la misma a las mujeres que gozan del fuero establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, pero que sí lo decía respecto a lo señalado en el Título II, esto es, la reducción parcial de la jornada de trabajo. Ello habría sido el espíritu del legislador también, y que por ello la “Ley Corta” las agregó para el Título I de la mencionada Ley Nº21.227. Continúa señalando que la utilización del mecanismo dispuesto por el artículo quinto de la Ley Nº21.227, para las personas con fuero maternal, excede el ámbito de la legislación especial, ya que el espíritu de la ley dice relación con un mecanismo de protección general, no siendo prudente que se afecte la protección de la maternidad.

Culmina indicando que no podría no aplicársele las normas de la Ley Nº 21.227, toda vez que, si bien la ley no tiene efecto retroactivo, las normas son aplicables desde la fecha de entrada en vigencia, pudiendo perfectamente a partir de esa fecha dejarse sin efecto el pacto suscrito, pues no habría norma que prohíba hacerlo.

En cuanto al derecho vulnerado, se remite en cuanto a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a la propiedad, como garantías vulneradas.

Segundo: Que comparecieron don nombre reservado y don nombre reservado, ambos en representación, de la parte recurrida Construcciones, Movimientos de Tierra y Atracciones Comterra S.A., informando, y solicitan el rechazo del recurso de protección deducido en su contra. Fundan su petición, primero, en que la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado es extemporánea, ya que el supuesto acto ilegal y/o arbitrario consistente en haber suscrito el pacto de suspensión temporal de trabajo, dicho pacto se suscribió voluntaria y libremente el día 21 de abril de 2020 y la acción de protección se interpuso con fecha 18 de junio de 2020, es decir, extemporáneamente.

En segundo lugar, sostienen respecto de la suspensión laboral, que desde la dictación de la ya citada “Ley Corta”, no se debe al pacto suscrito con fecha 21 de abril de 2020, sino que se debe a un acto de autoridad. Agregan que la declaración o acto de autoridad (cuarentena), interrumpe la vigencia de los pactos suscritos anteriormente con los trabajadores al respecto, mas no los resuelve. En términos más precisos, la ley suspendió la aplicación de los pactos, ya que la suspensión laboral comenzó a operar de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, argumentan, esta no es la vía idónea para cuestionar la legalidad y validez de un pacto suscrito entre empleador y empleado. Fue la propia Ley Nº 21.227 la que estableció la suspensión de pleno derecho de los contratos de trabajo cuando exista declaración u orden de autoridad, cuestión que ocurre desde el día 5 de mayo del año en curso, fecha en que se ordenó cuarentena en casi la totalidad de la Región Metropolitana, incluyendo la comuna de Cerrillos, donde desempeña sus funciones la recurrente.

En otras palabras, la suspensión no sólo no se debe a un supuesto acto u omisión arbitrario y/o ilegal de su representada, sino que ni siquiera se debe a un acto de ella, sino a un acto de autoridad, razón por la cual la Corte se encontraría impedida material y jurídicamente de reestablecer el imperio del derecho. En efecto, dado que su representada no ha cometido un acto ilegal y/o arbitrario, pues: primero, la suspensión laboral originada en el pacto suscrito con su representada con fecha 21 de abril de 2020 no es -por cierto-, un acto ilegal o arbitrario; y, segundo, la suspensión que empezó a regir el 5 de mayo de 2020 se debió a un acto de autoridad obligatorio o necesario, por lo que su representada difícilmente pudo haber infringido las garantías constitucionales señaladas por la recurrente. Y así, de considerarse que hubo una afectación a las garantías constitucionales de la recurrente, esta fue producida por ley y no por un acto u omisión de su representada al respecto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción de naturaleza cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben ser adoptadas ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

De este modo, son requisitos indispensables para la procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, esto es, que se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado.

Cuarto: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, la misma la funda la recurrida en haberse suscrito el pacto de suspensión temporal de trabajo. El día 21 de abril de 2020 y la acción de protección se interpuso con fecha 18 de junio de 2020.

Al respecto, si bien lo anterior datado resulta efectivo, lo cierto es que los efectos de la suspensión, que es lo que se señala por el recurrente debe cesar, conforme al recurso deducido, se continúan produciendo, incluso hasta esta data, lo cual resulta bastante y suficiente para desestimar la petición de extemporaneidad.

Quinto: Que, en con el objeto de discernir adecuadamente lo peticionado en la presente acción de protección, resulta procedente analizar la norma pertinente de la Ley 21.227.

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 5º de la citada ley, dispone en su primer inciso: “Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente, podrán suscribir con el o los trabajadores a los que se hace referencia en el inciso primero del artículo 1, personalmente, o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se regirá por las normas del presente Título, sin perjuicio de las que se establecen en los siguientes incisos. Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento al que se refiere el inciso primero del artículo 1 y durante la vigencia establecida en el inciso segundo del artículo 16.”

Conforme a la norma antedicha, es evidente que la misma faculta a los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente por el estado de catástrofe declarado por calamidad pública, la posibilidad de suscribir con sus trabajadores un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se rige por las reglas que la misma ley dispone. Para lo anterior resulta necesaria la voluntad de ambas partes (empleador y trabajador), cuestión de hecho, que en la especie, es pacífico para recurrente y recurrida.

De lo anterior fluye naturalmente, que el acto impugnado por esta acción de protección se celebró de forma voluntaria por las partes y al amparo de la ley, no siendo posible en consecuencia, calificarlo de ilegal.

Sexto: Que, no es óbice para lo recién concluido, el hecho que, con posterioridad a la firma de los convenios de suspensión de contrato de trabajo celebrado entre las partes, y que se han impugnado por la presente acción de protección, la Ley Nº21.227, que les servía de base, resultara modificada.

En efecto, es un hecho que la Ley Nº 21.232, que entró en vigencia el día 1 de junio de 2020, prohibió la celebración del acuerdo de suspensión del contrato de trabajo a las trabajadoras que gocen de fuero maternal –como es el caso de la recurrente- al disponer el artículo 6 bis que: “No se aplicarán las normas del presente Título I a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo.” Así es del caso que esta última norma dispone que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora gozará de fuero laboral.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo que se viene exponiendo, es de toda evidencia que al momento de firmarse por la actora y la recurrida los convenios mediante los cuales suspendieron los efectos del contrato de trabajo que las une, lo hicieron bajo el imperio de la Ley Nº 21.227, tales acuerdos no se encontraban prohibidos, siendo una consecuencia ineludible de ello -como se dijo-, el que no es posible tacharlos de ilegales. Llegar a la conclusión contraria, esto es, declarar su ilegalidad sobreviniente, significaría otorgarle a la ley Nº21.232 que modificó la Nº21.227, un efecto de eficacia en el tiempo que la misma no ha previsto.

De lo recién expuesto, aparece que debe aplicarse entonces la regla general en estas materias, prevista en la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, conforme a ello, dictada una ley, esta rige para el futuro y no tiene efectos, ni puede regular situaciones jurídicas anteriores a su entrada en vigencia. Por demás, y aplicable al caso, precisamente, en relación a los contratos, este principio se encuentra expresamente establecido en el artículo 22 de la Ley citada, al disponer que “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.”

La no aplicación de la regla general antedicha, cada vez que con posterioridad a su celebración, se modifique por el legislador tal reglamentación, en el hecho permitiría el cuestionamiento y/o impugnación de convenciones y contratos válidamente otorgados, conforme a requisitos y formalidades establecidos en la ley bajo el imperio de la normativa vigente al momento de su celebración, lo que tiene consistencia lógica, atendido lo anotado precedentemente.

Octavo: Que, de lo que se viene exponiendo, resulta que no hay ilegalidad en el sustrato fáctico en que descansa el recurso de protección deducido, y tampoco comparece al mismo, arbitrariedad, desde que el quehacer cuestionado no nació del mero capricho de quien lo emite, sino que resulta por demás fundado y apegado a la normativa vigente, según se ha expresado precedentemente. Lo anterior, además conduce lógicamente a considerar, que en el caso subjudice, no se han vulnerado derechos constitucionales de la recurrente, y por ello, sólo cabe desechar al recurso de protección.

Noveno: Que, además de lo recién concluido, acontece que el conflicto que se ha traído a esta Corte, por la interposición de una acción de protección, es en verdad, uno que requiere de un juicio de lato conocimiento de naturaleza declarativa en sede laboral, ello con las garantías que un debido proceso otorga a las partes, como la de acreditar en la oportunidad y por los medios legales sus pretensiones, así como también el de impugnar la sentencia definitiva a través de los medios de impugnación que la ley contemple.

Atendido lo recién expuesto, además ocurre entonces, que la materia de la acción deducida excede los márgenes del ya citado artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que sólo tiene una naturaleza cautelar y de emergencia, lo cual obsta a la procedencia del recurso deducido.

Y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos por doña nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de Comterra S.A., sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro (S), Sr. Rafael Andrade Díaz.

Rol Protección 53.896-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y la Ministro (s) señora Blanca Rojas Arancibia. No firma y la Ministro (s) señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.