ASOCIACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD con INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

SEQ CHAPTER \h \r 1Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la Asociación de Funcionarios Públicos del Instituto Nacional de la Juventud, representada por su presidente don nombre reservado ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección de conformidad a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a favor de su asociado nombre reservado, en contra del Instituto Nacional de la Juventud, en adelante INJUV, representada por su Director Nacional don Nicolás Preuss Herrera, por actos arbitrarios e ilegales tanto respecto a la Institución que representa, como respecto de nombre reservado, por quien en definitiva se recurre, consistente en prácticas antisindicales y discriminatorias de sus asociados y no asociados, coartando la libertad de asociación, realizando diversas acciones indebidas, entre ellas, el término anticipado de las contratas, entre otros, de nombre reservado, conculcando de esta forma sus derechos fundamentales pre existentes e indubitados que se encuentran garantizados por la Carta Fundamental, derecho a sindicarse, igualdad ante la ley y derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en relación al artículo 583 del Código Civil, solicitando se acoja el presente recurso y se restablezca el imperio del derecho, adoptando como medida concreta, que se deje sin efecto el contenido y la notificación de la Resolución Afecta N° 92 de 10 de junio, y se ordene al INJUV pagar las remuneraciones correspondientes.

En cuanto a los hechos, expone que la Dirección Nacional del INJUV ha realizado prácticas antisindicales y discriminatorias con sus asociados y no asociados, toda vez que ha coartado en la práctica la afiliación a su Asociación realizando acciones indebidas que expone.

Con fecha 7 de mayo del presente en reunión sostenida con la Subdirectora del Servicio doña nombre reservado, hizo entrega de una nómina de 15 funcionarios respecto de los cuales se iniciaría el proceso de desvinculación, quienes serían notificados personalmente o telefónicamente de ello por sus jefaturas. Hace presente que 15 funcionarios equivalen al 10% del total de funcionarios de dicha Asociación, ante lo cual se opusieron, Dentro de los afectados por el acto ilegal y arbitrario de poner término anticipado a su contrata de manera injustificada y arbitraria, se encontraba su asociado nombre reservado , contrata administrativa grado 9, lo cual se materializó mediante la Resolución Afecta N° 56 de 7 de mayo del presente de esa Dirección. Anteriormente su contrata había sido prorrogada mediante Resolución Exenta N° 2843/2013, la cual fue tomada de razón por la Contraloría General de la República. Hace presente que el funcionario ingresó a prestar servicios como profesional de apoyo en el Departamento de Coordinación Programática, lo cual fue aprobado mediante Resolución Afecta N° 130 de 24 de diciembre de 2014 (sic).

Como fundamento de la citada Resolución, se señalan razones de buen servicio atendidos los principios de eficiencia y eficacia del propio servicio por lo que se pone término a los servicios en el cargo a contrata administrativa grado N°9 de la E.U.S. del INJUV, toda vez que se ha considerado que los servicios prestados, ya no resultan necesarios para el Servicio.

Agrega que a partir del 7 de mayo, quien ejercía de hecho como Jefa del Departamento de Coordinación Programática del Servicio doña nombre reservado, informó al señor nombre reservado que por decisión de la jefatura, se ponía término a su contrata, sin entregar mayores detalles. Como Asociación insistieron en consultar los motivos de ello, los cuales hasta la fecha no les han sido comunicados. Con posterioridad a dicha comunicación, se le solicitó al funcionario desvinculado que indicara cuáles eran sus funciones para que otra persona las asumiera, siendo en la especie reemplazado por nombre reservado. Agrega que se le indicó que debía tomar sus vacaciones, ocupar sus días de permiso administrativo y que esperara la total tramitación del cese de contratas por parte de la Contraloría General de la República, lo que claramente vulnera los derechos funcionarios, ya que en la práctica se le quitaron todas las funciones que hasta la fecha realizaba. Con posterioridad a ello, nombre reservado sufrió un grave cuadro de estrés laboral como consecuencia de los malos tratos recibidos de su jefatura directa y la Dirección General del Servicio. Su derecho a servir como funcionario público se ha visto conculcado por un acto ilegal y arbitrario del Director Nacional Nicolás Preuss.

Expone que la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos radica en que tal decisión no puede adoptarse de la manera como se ha hecho, ni menos notificada por quien no tiene la calidad de jefe directo, sin fundamentos claros.

Esta seguidilla de ilegalidades se vio reflejada en el hecho que el día 7 de mayo de 2014, fecha en que se firmó la resolución que ponía término a su contrata- Nicolás Preuss se encontraba en comisión de servicios en Ciudad de México, malamente estando en el exterior podía firmar una resolución afecta. El mismo Director Nacional desconoce la orgánica interna, puesto que el artículo 6° de la Ley 19.042 que crea dicho Servicio, dispone que será el subdirector quien subrogará al Director Nacional cuando por vacancia, ausencia u otro impedimento, se encuentre imposibilitado de desempeñar el cargo. En la especie es un aparente acto administrativo. Continúa señalando que, consciente de su ilegalidad, el Director Nacional del INJUV, procedió a retirar de tramitación desde la Contraloría General de la República la mencionada Resolución afecta N° 56 de 7 de mayo, no obstante ello, y manifestando su afán persecutorio respecto de nombre reservado, procedió a suscribir la Resolución Afecta N° 92 de 10 de junio del presente, la cual es una réplica exacta de la anteriormente referida y retirada, esto es, pone término a su contrata de manera ilegal e injustificada.

En cuanto al Derecho, señala que la citada Resolución afecta N° 92 de 10 de junio materia de este recurso, es ilegal, y en todo caso, arbitraria por cuanto en ella se ejerce una potestad discrecional que la ley no ha otorgado, con lo que infringe el inciso 2° del artículo 7° de la Constitución Política de la República, norma angular del Derecho Público. Agrega que si se estimare que dicha potestad tiene el carácter de discrecional, en todo caso, las resoluciones son ilegales y arbitrarias, por cuanto la decisión en ellas contenidas no tienen fundamento, ni legal, ni en los hechos, sino que más bien fueron emitidas con sesgos discriminatorios, toda vez que se dirigen en contra de su asociado nombre reservado, con el fin último de quitar el quórum mínimo necesario establecido en la Ley 19.296 en su artículo N° 13 y así disminuir en forma abrupta y terminante el número de empleados públicos asociados, con el objetivo de eliminar la Asociación, siendo sus motivaciones de índole político.

Destaca que conforme al Principio de Legalidad, los órganos de la Administración del Estado, están subordinados al imperio de la Ley, por lo que ninguna actuación suya puede considerarse jurídicamente válida si no está dentro de los marcos del ordenamiento jurídico. En el caso de marras, resulta evidente que don Nicolás Preuss se ha excedido en sus prerrogativas como Director Nacional del INJUV.

Como elemento común de la Resolución afecta N° 92, señala que ésta omitió que las prorrogas de las contratas efectuadas por medio de resolución exenta N° 2843 de 2013, se efectuó por un plazo que no podía exceder del 31 de diciembre de 2014, sin la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”. Es por ello que impugnan las resoluciones, dado que el Director Nacional, supone que las prórrogas de la contrata de nombre reservado fue efectuada con la fórmula en cuestión y que podía ponerle término el momento que estimare conveniente, sin mayor fundamentación. Dicha conducta refleja desconocimiento respecto del contenido de la resolución N° 2843 de 31 de diciembre de 2013 que prorrogó las respectivas contratas. Destaca nuevamente la omisión ya aludida, y agrega que dicha resolución no cuenta con los presupuestos de hecho, y el fin perseguido por la misma no es la que el legislador otorgó a la Administración, por ende, la interpretación dada es errónea.

Expone que no existe motivación en el acto administrativo impugnado, contrariando con ello el artículo 8° de la Carta Fundamental, y además, el artículo 11 de la Ley 19.880 que obliga a expresar los hechos y fundamentos de derecho en aquellos actos que afecten los derechos de particulares. En igual sentido, el artículo 10 del Estatuto Administrativo, siendo la motivación relevante pues da certeza y veracidad al acto para quien se ve afectado y aducir razones en su defensa.

Cita Jurisprudencia en apoyo de su tesis y sostiene que al haber asumido sus funciones el Director Nacional sólo el 12 de abril de 2014, no ha podido recabar información objetiva de los antecedentes, fundamentos u otros, para una adecuada calificación del trabajo de sus asociados. La decisión de desvinculación además de arbitraria es discriminatoria, pues se ha asignado tales funciones a otros funcionarios, sin que se haya procedido a la desvinculación definitiva de los recurrentes. Agrega que después de que nombre reservado retornara de su licencia médica, fue destinado a “rendiciones”, muy diverso de las funciones que antes desempeñaba. Expone que en la especie se ha dado el vicio de desviación del fin, toda vez que la autoridad, haciendo abstracción de los principios de probidad, transparencia y legalidad que deben inspirar su conducta, emite un acto administrativo que está adecuado, aparentemente, al derecho, pero su fin último no es aquel que el legislador consideró para el actuar de la Administración, cual es dar una señal en contra de esa Asociación de Funcionarios e inhibir nuevas afiliaciones , toda vez que cualquier participación en la misma implicaría una posible desvinculación, siendo el fin último del Director Nacional , obtener la disolución de dicha Asociación.

Concluye señalando que el acto recurrido es arbitrario, fundado en un mero capricho del Director Nacional, antojadizo y dependiente de su sola voluntad, infundado y autoritario, solicitando como única medida conducente a restablecer el imperio del derecho, dejar sin efecto el contenido y la notificación de la Resolución Afecta N° 92 de 10 de junio de 2014, se ordene al INJUV pagar las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre el día que dejó de prestar servicios para el recurrido y la fecha, de ser procedente, en la esta Iltma. Corte acoja la presente acción, con costas, peticiones concretas que solicita de esta Corte.

SEGUNDO: Que, en su informe evacuado a fojas 30 don nombre reservado, Administrador Público, Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, expone que por medio de Resolución Afecta N° 56 de 7 de mayo de 2014 del INJUV, se determinó poner término a los servicios del funcionario nombre reservado, contrata administrativa, grado 9 EUS, ya que se consideró, entre otros argumentos, que los servicios prestados ya no resultaban necesarios para el servicio. La aludida resolución presentaba errores formales toda vez que fue firmada por su persona el día 6 de mayo del presente, sin embargo, fue fechada en la oficina de partes de dicho Servicio con fecha 7 de mayo, por un error administrativo. Al percatarse de tal hecho, esta resolución ya se encontraba en Contraloría General de la República a objeto de ser tomada de razón y con la finalidad de subsanar este error, se solicitó su retiro mediante oficio N° 406/2014 de 10 de junio del presente del INJUV.

Una vez retirada la solicitud, se procedió por medio del oficio N° 407/2014 a ingresar a Contraloría General de la República la Resolución Afecta N° 92-2014 de dicho organismo, la que pone término a los servicios del funcionario nombre reservado.

Respecto a las supuestas prácticas antisindicales y discriminatorias en contra de la Asociación recurrente, las niega rotundamente, toda vez que desconoce la identidad de los miembros que la conforman, muestra de ello es que con fecha 5 de junio, con la finalidad de gestionar los descuentos por planilla a que hace alusión los artículos 43 y 46 de la Ley 19.296, se solicitó un listado de sus miembros, mediante oficio N° 321/2014, toda vez que dicha Asociación se formó recién con fecha 26 de diciembre de 2013, siendo respondido tal oficio sólo por la AFINJUV, y no por la ASOFINJUV, recurrente de autos, por lo que mal podría tener conocimiento de que el funcionario desvinculado formaba parte de la misma a la fecha de los hechos.

En cuanto a la falta de fundamento que esgrime la recurrente, expone que la resolución que se pretende impugnar así como la nueva señalada por el recurrido, sí posee fundamento legal y técnico. Tal como se señalara en los fundamentos de derecho del presente informe, dado que si se pretende llevar a cabo un buen servicio hacia la ciudadanía, se debe necesariamente sostener que quienes lo ejecuten lo realicen adecuadamente y de esta manera, el fundamento de la decisión adoptada no tiene más finalidad que los mencionados principios, así como el bien común, todo aquello materializado en la potestad reglada establecida en el artículo 5° letra e) de la Ley 19.042 que crea el INJUV. Sobre el particular, señala que la doctrina especializada ha sostenido que “la causa o motivo se puede definir como la razón que justifica cada acto administrativo emanado de la administración pública (Bermúdez Soto Jorge, Derecho Administrativo General, 3° edición Ed. Abeledo Perrot, Santiago 2011). Para el caso de marras, la razón que justifica los actos administrativos que se pretenden impugnar, encuentran su ser en la decena de considerandos que desconoce el recurrente.

Respecto de la ilegalidad y arbitrariedad de las Resoluciones Afectas N° 56/2014 del INJUV, señala que si bien la Resolución Exenta N° 2843 de esa Dirección Nacional , procedió a la prórroga de la contrata administrativa del funcionario en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2014, sin mencionar la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, ésta prórroga no puede obviar que las resolución prorrogada si contaba con dicha expresión, por lo tanto, la expresión aludida sigue vigente una vez que se procede a su prórroga. Aduce que la omisión aludida no puede ser óbice para proceder a poner término a la contrata administrativa. Hace mención a la Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República la cual, materializada en el Dictamen N° 27.290 que en lo pertinente señala que siempre que del acto administrativo que contiene la prórroga aparezca claramente que esa medida ha sido adoptada en los mismos términos fijados en la contratación primitiva- esto es- que el cargo del funcionario esté asimilado a igual planta y corresponda a idéntico grado que el de la contrata original y sus prórrogas-. , debe entenderse que tal estipulación rige también respecto de la prórroga, incluso cuando se ha omitido tal formula, toda vez que la contratación mantiene su estado original mientras no se deje expresa constancia de que se ha modificado alguna de sus condiciones. De ello colige que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” se encuentra inserta en la resolución afecta prorrogada por la Resolución Exenta N° 2834/2013, la cual constituye la contrata primitiva, resultando aplicable la mencionada expresión a las prorrogas sucesivas, toda vez que la resolución de prórroga, no constituye un acto novatorio del acto administrativo originario, sino que conserva su calidad, es decir, una mera prórroga. A mayor abundamiento y siendo el acto administrativo una manifestación de voluntad de la administración realizada en el ejercicio de una potestad pública, conforme el artículo 3° de la Ley 19.880 de Bases Generales de los Procedimientos Administrativos, la voluntad manifestada en el acto de prórroga no ha sido otro que realizar una extensión de la contrata conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, y no un acto de modificación de la contrata originaria, la cual conserva la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”.

Alude a que el funcionario público desvinculado, ya no presta labores para dicho Instituto, toda vez que la Resolución que pone término a la contrata de don nombre reservado, ha sido tomada de razón por la Contraloría General de la República.

En cuanto al Derecho, señala en su letra a) que el acto cuenta con fundamentos por lo que no puede ser catalogado de arbitrario, y encontrándose en el artículo 5° letra e) de la Ley 19.042 el Director Nacional facultado para poner término a los funcionarios del Instituto, de acuerdo a las normas del Estatuto Administrativo que prescribe en la letra c) del artículo 3° que los cargos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución, por otra, en el inciso primero del artículo 10 del mismo texto legal, dispone que dichos empleos durarán como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de eventuales prórrogas. De lo expuesto, colige que las plazas a contrata, son esencialmente transitorias y, además, que la ley ha establecido de forma expresa para dichos cargos un período máximo, autorizando de este modo a la autoridad para establecer un plazo inferior, como ocurre a modo de ejemplo, mediante el empleo de la citada fórmula. Esta transitoriedad de los servicios tiene su fundamento en que la primacía de todo órgano público, es prestar un buen servicio, y para ello debe contar con los mejores funcionarios o el número adecuado de ellos, para cumplir las finalidades que la propia Ley le asigna. El INJUV, como el resto de los órganos de la administración del Estado, deben estar al servicio de la persona, promoviendo el bien común, y para ello debe observar los principios de eficiencia y eficacia (artículo 10 inciso final Ley 18.575). Estos propios principios, son los motivos para las actuaciones del servicio, ya que deben buscar dicha eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones encomendadas por su Ley Orgánica. Distingue doctrinariamente en los actos administrativos, elementos objetivos, causales, finalistas y formales y dentro del primero de los nombrados, uno jurídico y uno fáctico, citando Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, concluye que no puede existir arbitrariedad en los actos de los Órganos del Estado, ya que están debidamente motivados por razones de buen servicio y dado que los funcionarios a contrata son cargos esencialmente transitorios, se faculta al Jefe Superior del Servicio a ponerles término. En mérito de lo expuesto, estima que el acto cuenta con los fundamentos necesarios para poner término a la contrata del recurrente, no siendo por ende arbitrario.

Agrega que el acto dictado, esto es la resolución Afecta N° 92, fue tomada razón por la Contraloría General de la República. En el mismo sentido el artículo 31 de la Ley 18.575 otorga a los Jefes Superiores de Servicios, facultades generales de dirección y administración en relación al organismo respectivo, quien podrá designar y remover al personal de planta y a contrata. Es más, el artículo 5 letra e) de la Ley 19.042, otorga al Director Nacional la facultad de poner término a los servicios de sus funcionarios, por lo que el acto no podría ser ilegal, ya que es una facultad con que cuentan el Director Nacional en función de desarrollar un buen servicio.

En lo que dice relación a la terminación anticipada de la contrata del recurrente, señala que ello no implica una vulneración de la normativa vigente, precisamente por lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo ya aludido, y en lo que dice relación con la propiedad del cargo, señala que conforme lo dispone la letra c) del artículo 3° de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, los cargos a contrata son aquellos de carácter transitorio, consecuentemente a su respecto, no existe derecho de propiedad alguno vulnerado. Es por ello que la Resolución Afecta N° 92 no puede ser considerada ilegal, ya que fue dictada conforme a las facultades que la misma ley otorga a su Director, conforme a derecho, y fue tomada de razón por la Contraloría General de la República, órgano encargado del control de la legalidad de los actos de los servicios públicos que forman parte de la Administración del Estado.

Por todo lo antes expuesto, solicita tener por evacuado el informe solicitado y en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho señalados, rechazar en definitiva el Recurso de Protección interpuesto, dado que no existe en la actuación de la Autoridad vulneración de derechos ni se ha efectuado una acción arbitraria o ilegal en contra del recurrente, encontrándose su actuación enmarcada en la legalidad administrativa, y ratificada por la Contraloría General de la República.

TERCERO; Que, para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, el que ha sido objeto de perturbación o privación del legítimo ejercicio de dicho derecho, siendo indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado, sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho.

CUARTO: Que, para acreditar los fundamentos de la decisión adoptada, la parte recurrida ha acompañado a su informe, los siguientes documentos:

a) a fojas 24 Resolución Exenta N° 2834 de 31 de diciembre de 2013 del INJUV que prorroga contratas a personas que indica, entre ellas en el N° 7, a nombre reservado, profesional grado 9. En el mismo documento en su numeral 6 se consigna que mediante memorándum N° 703 de 17 de diciembre de 2013 de la Dirección Nacional, se instruyó la prórroga de las contratas para el año 2014, a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y/o mientras sean necesarios sus servicios. En su numeral 8 se señala que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la Ley, salvo que hubiere sido propuesta su prórroga con 30 días de anticipación a lo menos, según el artículo 10 de la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo, o se señale un plazo diverso en la presente resolución.

b) A fojas 27 se adjuntó Resolución Afecta N° 092 de 10 de junio de 2014, el que en su considerando 2° consigna que “entre las funciones encomendadas, le corresponde al Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.042 “designar y poner término a los servicios de los funcionarios del INJUV, de acuerdo con el Estatuto Administrativo”.

c) En su considerando 4°, de la resolución aludida, se refiere la facultad contenida en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, en tanto establece la transitoriedad de los empleos a contrata, siendo su tope máximo el 31 de diciembre del año respectivo, en los términos ya explicitados en lo expositivo.

d) En su numeral 5° analiza las formas de poner término al empleo a contrata, refiriéndose a la frase “mientras sean necesarios sus servicios”. Lo anterior en estrecha relación con la naturaleza esencialmente transitoria de tales empleos.

e) A su turno el considerando 6° e invocando dictámenes de la Contraloría General de la República, reconociendo la validez de la clausula mencionada en el considerando que precede, la cual reconoce como fundamento legal el Estatuto Administrativo.

f) Luego en el ordinal 7°, consigna que el recurrente mediante Resolución Afecta N° 130 de 24 de diciembre de 2013 fue contratado en el cargo de contrata administrativa grado 9 EUS, desde el 1° de noviembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013 y/o mientras sus servicios sean necesarios. Esta contratación fue prorrogada mediante la Resolución 2843 en el cargo de contrata administrativa grado 9, hasta el 31 de diciembre de 2014, sin mencionarse la expresión “mientras sean necesarios sus servicios.

g) Desde las consideraciones 9 a 11°, aborda las razones en virtud de las cuales en el caso específico, resulta procedente el término de la contrata del recurrente, no obstante la omisión aludida. Explicita que, en concreto, se ha considerado por esa Dirección Nacional, en atención a razones de buen servicio y atendido los principios de eficiencia y eficacia del propio Servicio, poner término a la referida contrata toda vez que se ha considerado que los servicios prestados ya no resultan necesarios para el Servicio.

QUINTO: Que, según se dijo, para que la acción cautelar de protección prospere, constituye requisito indispensable de la misma, la existencia de un acto ilegal- esto es- contrario a la ley, según la definición contenida en el artículo 1° del Código Civil, - o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- que provoque algunas de las situaciones y afecten a uno o más de las garantías constitucionales protegidas. Sólo en caso de darse algunas de las dos exigencias mencionadas, que no son copulativas, según surge de la redacción del precepto constitucional que la consagra, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas, ya que de otro modo dicha tarea resulta estéril. En cuanto al concepto de arbitrariedad, las Cortes han ido desarrollando un concepto de arbitrariedad como requisito del recurso de protección, así recurriendo al Diccionario de la Real Academia Española, se establece que el concepto es definido como aquel acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho, entonces, para que exista arbitrariedad, debe haber carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea, una actuación carente de fundamentación.

SEXTO: Dicho lo anterior, resulta que de los antecedentes tenidos a la vista y a los cuales se ha hecho mención en la consideración que precede, no resulta factible atribuir ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de la recurrida, ni es posible estimar vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, de propiedad, ni de igualdad ante la ley, pues, se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 18.834 en su letra c) sobre Estatuto Administrativo, y artículo 10 del mismo texto legal, en cuanto su designación “a contrata” en la Administración Pública, se verificó inicialmente precisamente bajo la clausula “mientras sean necesarios sus servicios, siendo dicho cargo de carácter eminentemente transitorio, con una duración máxima, hasta el 31 de diciembre de cada año, lo que evidentemente era conocido por el recurrente, como asimismo la posibilidad de su prórroga, como de hecho ocurrió, pero también encontrándose facultada para anticipar dicho término, propio de la precariedad de dicha calidad de empleo, supeditada a las necesidades de su empleadora circunstancia no desconocida por el recurrente. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad sobre el empleo, esta no es tal, sino que sólo existe un derecho a la función pública y la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, no contempla una supuesta propiedad del empleo o función asegurándose sólo la admisión a dicha ocupación y se encuentra contemplado en el N° 17 del citado artículo 24, que se limita, como se dijo, sólo a la admisión a tales ocupaciones, cuando se cumplen los requisitos para ello, pero no abarca a la permanencia en tales funciones o empleos, no encontrándose amparado por el recurso de protección en análisis, conforme la enumeración que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental .

Lo anterior, no se ve alterado por la circunstancia de haberse omitido en la resolución que prorroga la contratación del recurrente la frase “mientras sean necesarios sus servicios”, toda vez que la prorroga ha de entenderse como una continuación de la contratación inicial, que sí contenía dicha referencia, resultando en tal contexto la citada prorroga una manifestación de voluntad en orden a la continuación de la prestación de servicios, en las mismas condiciones del contrato original del cual emana, conservando el mismo cargo administrativo con idénticas remuneraciones asociadas, esto es grado 9 de la EUS, por lo que la omisión referida en nada altera la esencia o naturaleza del empleo a contrata y su precariedad inherente a ella toda vez que como máximo dura hasta el 31 de diciembre de cada año, de lo que se colige naturalmente que si aquella fecha es su máxima extensión, puede la autoridad, a contrario censu, por razones que debe explicitar, poner término anticipado a dichos servicios, no advirtiéndose en la especie la ilegalidad ni arbitrariedad denunciadas.

En atención a lo expuesto por el recurrente a fojas 51en cuanto aclara en favor de quien se recurre de protección, se omitirá pronunciamiento en lo que concierne a la Asociación de Funcionarios Públicos del INJUD y las garantías que a su respecto se habían denunciado como vulnerados, por resultar ello inoficioso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 6, en contra de la Instituto Nacional de la Juventud, representada por su Director Nacional don Nicolás Preuss Herrera.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra suplente señora Toro.

Protección Nº 53.784-2014.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por la Ministra suplente señora Viviana Toro Ojeda y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.