nombre reservado con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por doña nombre reservado, Ingeniera Civil Industrial, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías contenidas en los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se deje sin efecto la publicación de la deuda prescrita asociada a su rol único tributario y se tomen las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos, con costas del recurso.

Funda su pretensión cautelar señalando que tomó conocimiento que a la fecha en la Cuenta Única Tributara asociada a su rol único tributario, sigue apareciendo publicada una deuda prescrita que se hizo exigible hace más de 14 años y respecto de la cual no existe ningún proceso judicial vigente que permita a la recurrida mantener la información en sus registros.

Señala que en su época, la recurrida ejerció acciones de cobro y opuso excepciones como en derecho correspondía y finalmente se declaró abandonado. Agrega que al tomar conocimiento de esta situación, dirigió una presentación de fecha 28 de junio de 2018 a la recurrida, para que eliminara de sus registros esta deuda, puesto que a la fecha no existe ningún proceso pendiente en su contra, por lo que la acción de cobro y la obligación se encuentran latamente prescritas, siendo contestada el 2 de julio pasado en la que se le comunicó que: “El artículo 201 del Código Tributario establece los plazos en los cuales prescribe la acción del Fisco, para perseguir el pago de los impuestos, intereses sanciones y demás recargos establecidos por ley.

La excepción de prescripción que establece el Título V Libro III del Código Tributario, puede interponerse en el proceso de cobro de obligaciones tributarias de dinero, en los plazos que la referida normativa señala, es decir dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de requerimiento de pago practicado conforme al artículo 171. En los casos en que el requerimiento se practique personalmente o por cédula el plazo se contara desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo.

Atendido lo señalado, a la fecha no hay constancia de que Ud. haya interpuesto excepción de prescripción alguna, menos de que esta se hubiere acogido y correspondiere a realizar descargo de la deuda.

Por consiguiente, se niega lugar a su solicitud por improcedente”.

Precisa que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, toda vez que la obligación que mantienen publicada corresponde a un dato personal, que ha sido publicado sin el consentimiento del titular y, además, se trata de un dato caduco altamente prescrito, por lo que correspondía su eliminación. Sin embargo, a pesar del tiempo trascurrido la única opción que le queda es demandar a la Tesorería por la prescripción o esperar ser demandado para oponer excepciones, lo que se vuelve arbitrario, por cuanto la publicación de la deuda prescrita podría estar largos años más provocándome un grave perjuicio.

Cita el artículo 18, inciso primero de la Ley N° 19.628 y señala que la mantención de la deuda en la Cuenta Única Tributara asociada a su rol único tributario, vulnera sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 24° y 4° del artículo 19° de la Constitución Política. En relación al numeral 4, señala que dicha norma ha sido vulnerada al mantener publicada en sus registros una deuda que se encuentra latamente prescrita. Del mismo modo se vulnera el numeral 24, por cuanto la publicación de sus datos personales se ha hecho con expresa vulneración de la Ley 19.628.- Cita, al efecto, sentencias de la Excma. Corte Suprema en causas roles Nº 4454-06, 6.499-06 y 2450-07.

nombre reservado: Que en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó copia simple de la comunicación enviada por la recurrida.

Tercero: Que, evacua su informe don nombre reservado, abogado, por la Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso intentado, con costas, sobre la base de los siguientes antecedentes.

En primer término alega la extemporaneidad de la acción interpuesta, fundado en que el recurrente esgrime como acto arbitrario o ilegal la publicación de la deuda asociada a su rol único tributario, deuda que no se ha publicado, sino que de acuerdo a su competencia legal sólo ha registrado en la cuenta única tributaria del recurrente.

En ese sentido, indica que la acción deducida es extemporánea dado que el registro de la deuda del recurrente en el sistema de cuenta única tributaria se originó al remitir el Servicio de Impuestos Internos los giros que daban cuenta de sus obligaciones con el Fisco, lo que sucedió entre los años 1981 y 1984, según da cuenta certificado de deuda que acompaña.

Agrega que con el objeto de abrirse un término para recurrir de protección, el recurrente pretende computar el plazo de 30 días desde la respuesta negativa dada por Tesorería a una solicitud de prescripción administrativa, respuesta que recibió el 2 de julio pasado, en circunstancias que tomó conocimiento cierto del hecho en que se funda el recurso en los años indicados.

Luego, alega que el recurso es inadmisible por no ser la vía idónea, dado que no concurre respecto de estos hechos un derecho indubitado o no disputado, y además existen otras vías para reclamar de ellos.

Precisa que el recurso es inadmisible, ya que el legislador estableció en el artículo 16 de la Ley N°19.628 un procedimiento para solicitar judicialmente, la rectificación, eliminación, complementación o reserva de registros o bases de datos -públicos o privados- en los cuales están incluidos datos personales, que se conoce como Habeas Data, y que tiene por objeto exigir que determinados datos sean corregidos, bloqueados, cancelados, cuando el tratamiento que se hace de ellos ha sido indebido. Y la ley entrega la competencia de esta acción al Juez Civil de Turno correspondiente del domicilio del responsable del banco de datos de que se trate.

Añade que el registro de la deuda fiscal del recurrente obedece a una función legal del Servicio de Tesorerías, establecida en el Decreto Ley N° 1263, que regula la Administración financiera del Estado y en su Estatuto Orgánico y de conformidad a lo anterior, no puede acogerse por esta vía la reclamación del recurrente, por cuanto, frente al acto que impugna, no le cabe otra alternativa que reclamar ante el órgano jurisdiccional correspondiente por los medios procesales que la ley le franquea, no resultando procedente que el recurso de protección sustituya la actividad jurisdiccional del Juez naturalmente competente.

Advierte que la pretensión del recurrente es infundada, en la medida que no busca a través de ella, amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que se declare por esta Corte que tiene derecho a que no se publiquen y que deben eliminarse de los registros de Tesorería las deudas que mantiene con el Fisco de Chile, conflicto jurídico del todo ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de autos y en clara contraposición a las normas tributarias.

Cita, al efecto, sentencias de la Excma. Corte Suprema dictadas en las causas roles N° 3476-2006 y N° 13.325-2014.

Adiciona que el recurso es improcedente, también, en razón de que la alegación de prescripción es una materia de lato conocimiento. Señala que el recurrente funda su acción en el hecho que las obligaciones tributarias que adeuda se encontrarían prescritas, lo que no es verídico por cuanto no existe sentencia judicial que haya declarado ese modo de extinguir obligaciones y de conformidad al artículo 2.493 del Código Civil, para que opere la prescripción es necesario que el deudor la alegue y que sea declarada judicialmente. Así, sólo una vez declarada la prescripción, la obligación civil se transforma en natural, no pudiendo desde ese momento exigirse compulsivamente, alegación que debe plantearse en un juicio de lato conocimiento no siendo el recurso de protección la vía para formular esa petición.

En cuanto al abandono del procedimiento que la recurrente someramente alude en su presentación, expone que a la luz del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, no se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero estas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

En cuanto al fondo, alega que la Tesorería no ha publicitado las deudas del recurrente, toda vez que dicho Servicio no mantiene convenios de intercambio de información con empresas dedicadas al tratamiento de datos personales y el recurrente confunde la competencia legal que detenta Tesorería para mantener un sistema de cuenta única tributaria en el cual se registran las deudas de los contribuyentes con la publicación de las mismas.

Explica que el inciso primero del artículo 30 del Decreto Ley N°1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, dispone que la función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, lo que guarda concordancia con el artículo 1° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene su Estatuto Orgánico.

Agrega que el artículo 31 del decreto ley citado, prescribe que el Servicio mediante el sistema de cuenta única tributaria, registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas. De lo expuesto aparece que la Tesorería tiene competencia para registrar en la cuenta única tributaria los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público que hayan sido ordenados por los respectivos organismos giradores, facultándosela para que proceda a la recaudación y cobro de los impuestos y créditos fiscales, por lo que ha cumplido con su función de registro de los giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos al recurrente, no implicando de manera alguna que este registro de deudas se divulgue a terceros por cuanto sólo tiene acceso a esta información el contribuyente.

Previene que la cuenta única tributaria contiene información afecta al artículo 35 del Código Tributario, que regula la obligación de reserva y secreto tributario, norma de quórum calificado de conformidad a lo establecido en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.285, aplicable a los funcionarios del Servicio de Tesorerías de acuerdo a lo establecido en los artículos 102 y 168 del citado código y artículo 61 letra h) del Estatuto Administrativo y, por tanto, afecta a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5, en relación con el artículo 1° transitorio de la ley 20.285.

Cita los artículos 7°, 9º y 20 de la ley N°19.628 señalando que el almacenamiento de datos personales efectuado por la Tesorería General de la República, se encuentra sujeto a las limitaciones que contempla dicha Ley, siendo improcedente la divulgación o publicidad de estos datos para fines diversos al señalado.

Finalmente, explica que el registro de las deudas del recurrente en la cuenta única tributaria no se encuentra afecto a la aplicación de las normas sobre datos caducos de la Ley Nº19.628, ya que en el caso de autos, concurre la excepción legal contemplada en el artículo 15 inciso segundo, que preceptúa que no podrá solicitarse la cancelación de datos personales almacenados por mandato legal, situación en que se encuentra el registro de las obligaciones de los contribuyentes en el sistema de cuenta única tributaria de la Tesorería General de la República.

En cuanto a la aseveración respecto a que las obligaciones adeudadas serían datos caducos, reitera que para que opere la prescripción es un requisito básico que ella sea judicialmente declarada, materia que corresponde a un juicio declarativo de lato conocimiento, el cual no ha impetrado el recurrente, por lo que tampoco procede en esta instancia pronunciarse al respecto y que para la mantención del registro de su deuda tributaria no es necesario el consentimiento del deudor, como se ha señalado en el párrafo anterior.

Concluye que la recurrida ha actuado dentro de su competencia, no pudiendo pretenderse que la mantención de los registros de la deuda del recurrente en el sistema de cuenta única tributaria, constituya un acto ilegal, pues esta facultad se encuentra expresamente establecida en nuestra legislación.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó certificado de deuda tributaria del recurrente.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, conviene precisar que el acto que se reprocha como conculcatorio de las garantías constitucionales denunciadas lo constituye la “publicación” de una deuda supuestamente prescrita que se hizo exigible hace más de 14 años y respecto de la cual no existe proceso vigente, como se señala en el libelo. Esta aseveración, lejos de estar respaldada por documentación alguna que dé cuenta de la declaración de prescripción de la deuda contenida en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, lo cierto es que las fechas de incorporación a dicho registro corresponde, desde el 30 de abril de 1981 hasta el 30 de abril de 1984 y que corresponden a los vencimientos de las obligaciones insolutas.

Por lo anterior, la petición efectuada por el recurrente, en orden a que se le eliminen de la cuenta única tributaria las obligaciones adeudadas, aun por su antigüedad, no puede constituir un nuevo plazo para los efectos de impetrar la acción constitucional intentada, máxime cuando no existe ningún otro antecedente que dé cuenta de la extinción de dichas deudas y permita a esta Corte considerar como cierto el plazo para el ejercicio de la presente acción.

Séptimo: Que, sin perjuicio de la evidente extemporaneidad del arbitrio intentado, conviene resaltar que la obligación tributaria adeudada subsistirá como una verdadera obligación natural, sólo una vez que la prescripción sea declarada por un Juez competente. Y como fundamento de esta aseveración, se ha señalado por parte de la doctrina que: “a) Para aprovecharse de la prescripción el art. 2493 exige su alegación, más aún, se agrega, en el juicio ejecutivo debe oponerse dentro de un lapso fatal, de modo que si no se opone ahí, el juez debe continuar con la ejecución. b) En cuanto a los términos del art. 2514, se replica que hay que entenderlo armonizado con el 2493, citado, que exige su alegación. c) Por último, si el deudor paga antes de que se declare la prescripción, más que confundirse el pago de una obligación natural con la renuncia de la prescripción, lo que ocurre es, exacta y simplemente, una renuncia a la prescripción, conforme al art. 2494. Y aquí se añade una observación que nos parece decisiva y termina inclinándonos por esta solución: si el deudor en esta época paga parcialmente no hay duda que se ha renunciado a la prescripción (de toda la obligación), por lo que es igualmente claro que el acreedor mantiene su acción para cobrar el saldo; esto demuestra que la obligación permanece como civil” (PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel, Obligaciones. Teoría General y clasificaciones. La resolución por incumplimiento, Editorial Jurídica de Chile, reimp. agosto 2013, Santiago, p. 162).

En consecuencia, no existiendo constancia o prueba alguna de que se haya declarado judicialmente la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el Certificado de Deuda del contribuyente recurrente, el arbitrio intentado no puede tampoco prosperar, desde que el actor no cuenta con un derecho que pueda ser calificado como de carácter indubitado y que permita a esta Corte, restablecer el imperio del derecho quebrantado, en caso de mantenerse deudas que hubieren sido efectivamente declaradas prescritas.

El sólo hecho de haberse declarado abandonado un procedimiento judicial -cuestión que a esta Corte tampoco le consta-, no es un instituto jurídico que permita establecer la prescripción de las obligaciones perseguidas en dicho procedimiento. Es por ello que el ejecutado o deudor, debe instar por obtener dicha declaración de prescripción en un procedimiento idóneo y no por la presente vía cautelar.

Octavo: Que, de acuerdo a lo razonado, conviene precisar que al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, la tutela prevista en dicho precepto se concede a quien por actos u omisiones arbitrarias, sufra privación, perturbación o amenaza “en el legítimo ejercicio” de alguno de los derechos previstos específicamente en la misma norma.

De esta manera, atendido a que la autoridad administrativa a cargo de la mantención de la cuenta única tributaria es el Servicio de Tesorerías, conforme lo dispone el artículo 31 del D.L. Nº1263, base de datos que en caso alguno es de carácter público, sino que se encuentra amparado por la reserva y secreto tributario como lo proscribe el artículo 35 del Código Tributario,; y al no existir una sentencia judicial que haya declarado la prescripción extintiva de las deudas consignadas en la referida cuenta única tributaria del recurrente, es que no existe conculcación alguna a las garantías constitucionales denunciadas, ya que respecto del numeral 4, en caso alguno se ha publicado o dado a conocer la deuda que el recurrente mantiene con el Fisco de Chile y mientras no exista una sentencia judicial que extinga dichas deudas, su inserción obedece, precisamente, al mandato legal que se le ha impuesto a la Tesorería General de la República.

Tampoco podría verse conculcado el derecho de propiedad, desde que la obligación tributaria todavía pervive por la inoperancia del propio recurrente, quien lejos de ejercer las acciones judiciales idóneas, pretende por la vía cautelar del presente arbitrio, soslayar un juicio de lato conocimiento que tenga por virtud declarar la prescripción extintiva de las obligaciones adeudadas, que es el camino que el constituyente ha previsto para este tipo de controversias.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Zepeda Arancibia, quien fue del parecer de acoger el arbitrio intentado sobre la base de las siguientes consideraciones:

1° Que, en la especie, no se puede obviar que las deudas que se encuentran contenidas en la Cuenta Única Tributaria son de una data superior a 34 años, siendo inadmisible que dichos datos todavía se encuentren amparados por el ordenamiento jurídico y sean objeto de una publicación en un registro que no da cuenta de la existencia de una obligación que le confiera al Servicio de Tesorerías una acción de cobro válida o cualquier otra de similar o diversa naturaleza. Refuerza esta idea el hecho que ni siquiera ha sido informado por la recurrida la existencia de un juicio vigente, en cumplimiento a las propias instrucciones que se auto imparte dicho Servicio Público, a propósito de las declaraciones de abandono del procedimiento, en materia judicial, en cuya virtud debe iniciar de manera inmediata el Abogado a cargo de la cobranza, un nuevo proceso ejecutivo de cobro, pudiendo el ejecutado oponer la excepción respectiva y ser descargada la deuda de la Cuenta Única Tributaria.

2° Que, en consecuencia, se colige de forma inequívoca que en este caso se infringe, en relación a los datos del recurrente en esa cuenta, la garantía contenida en el numeral 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que consagra “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, pues, es un ataque ilegal y arbitrario considerarlo como un deudor vigente, después de más de tres décadas, desde la época del vencimiento de los impuestos que habrían sido adeudados Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección- 53.768-2018.