nombre reservado con BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S. A.

C.A. de Santiago Santiago, uno de febrero de dos mil veintitrés.

A los folios N° 23, 24 y 25: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, comparece don nombre reservado, habilitado en derecho, en favor de nombre reservado, accionando de protección contra de BNP PARIBAS CARDIF Seguros Generales S.A. por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de Siniestro N°536253 debido a que el asegurado nombre reservado (Q.E.P.D.) según ficha entregada se registra haber sufrido un ACV anterior a la fecha de contratación de la póliza, lo que estima vulnera las garantías contenidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que el asegurado era su cónyuge, quien contrató un seguro con la recurrida el 30 de marzo de 2020, con cobertura de “enfermedades graves”, aceptando todas las condiciones legales establecidas por la aseguradora. Asegura que a la fecha de la firma de la póliza cumplió con todos los requisitos de asegurabilidad, y durante la vigencia del contrato cumplió con el pago de la póliza. Agrega que don nombre reservado fallece por un paro cardiorrespiratorio.

Expone que la recurrida se negó a pagar el siniestro identificado con el N°536253, amparándose en el artículo 4 de las Condiciones Generales de la póliza, referido a las exclusiones, y que señala: h) Situaciones o enfermedades preexistentes, entendiéndose por tales las definidas en el artículo 3° de estas Condiciones Generales. Para los efectos de la aplicación de esta exclusión, al momento de la contratación la Compañía Aseguradora deberá consultar al Asegurable acerca de todas aquellas situaciones o enfermedades preexistentes que pueden importar una limitación o exclusión de cobertura. En el certificado de cobertura se establecerán las restricciones y limitaciones de la cobertura en virtud de la declaración de salud efectuada por el Asegurable, quien deberá entregar su consentimiento a las mismas mediante declaración especial firmada por él, la cual formará parte integrante de la Póliza (...). En ese sentido, y en razón de lo anteriormente señalado, afirmó que el señor nombre reservado (Q.E.P.D), no declaro ninguna enfermedad al momento de contratar póliza N°220031390.”

Argumenta que lo indicado por la aseguradora en cuanto a una supuesta “preexistencia”, es del todo erróneo, pues no se acredita que haya existido tal condición y que además nunca se le solicitó algún documento o antecedente médico que lo acreditara.

Alega que, de conformidad al artículo 591 del Código de Comercio “Solo podrán considerarse preexistentes aquellas enfermedades, dolencias o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata a su favor”. De ello se desprende que la preexistencia se configura cuando existe un diagnóstico médico fidedigno que determine con certeza la preexistencia de la enfermedad; que ésta aparece directamente relacionada con las afecciones por las que se pide extender la cobertura, y, además, que el asegurado y la aseguradora eventualmente tenga cabal conocimiento del pronóstico antes de la firma del contrato. Por ello, estima que no es posible determinar que al momento de realizar su declaración fuera exigible al asegurado proporcionar una información de la que carecía en los términos en que la ley lo dispone, de tal manera que semejante falencia no puede servir a la aseguradora como excusa para negarse a bonificar.

Estima que se han conculcado su derecho a la integridad psíquica, atendido que además del dolor de la pérdida de su cónyuge se le expone a esta situación de forma ilegal y arbitraria, además también se ve perturbado su derecho de propiedad, debido a que al tener la calidad de asegurada le correspondía recibir todas las bonificaciones y coberturas pertinentes.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dar cobertura al siniestro 536253, otorgándole el pago correspondiente a la recurrente, con costas.

Acompaña a su recurso la póliza del seguro, el rechazo del siniestro denunciado N°536253, certificado de defunción y certificado de matrimonio.

2°) Que se evacua el informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer lugar que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, atendido que el caso versa sobre la discrepancia entre el asegurado y su compañía de seguros, respecto del contrato de seguros celebrado y su aplicación, materia que se encuentra regulada por leyes especiales que entregan competencia para conocer de los conflictos generados entre ellas y sus asegurados a la Comisión para el Mercado Financiero, o bien, a jueces árbitros arbitradores o la Justicia Ordinaria según la cuantía de la disputa, frente a los cuales se interpone toda acción destinada a dirimir sobre la aplicación o interpretación de una póliza de seguros, de sus condiciones generales o particulares, sobre cualquier indemnización u obligación que soliciten las partes. Conforme a lo anterior el objeto de la acción escapa de la naturaleza cautelar de la presente acción.

Como segundo punto, advierte la inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria. Asegura que la recurrida ha actuado en estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley que regula el mercado de seguros.

Se refiere al siniestro y al proceso de liquidación, indicando que en el caso en estudio, se constató que en la solicitud de incorporación del año 2020 el asegurado declara no tener enfermedades preexistentes, sin embargo durante el proceso de liquidación, se constataron antecedentes médicos en los que consta que tuvo un Accidente Vascular Encefálico (AVE) en 2015 y que sufría de hipertensión.

Niega que exista vulneración a los derechos constitucionales de la recurrente, y agrega que tampoco existe un derecho indubitado que sea pueda ser objeto de tutela por medio de esta vía, por lo que pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

4°) Que esta acción es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que “la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable”.

De esta manera, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

5°) Que en el presente caso, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas, ya que subyace en ellas una cuestión de fondo necesaria de debatir y probar, distinta a la que el constituyente tuvo en cuenta al incorporar esta acción cautelar.

6°) Que en efecto la recurrente sostiene tener derecho a que la recurrida le otorgue la cobertura al siniestro consistente en el fallecimiento del cónyuge de la recurrente, quien contrató un seguro de vida con la recurrida.

La recurrida niega tal derecho por cuanto asegura que el asegurado no declaró al momento de suscribir el contrato que sufrió un Accidente Vascular Encefálico (AVE) en el año 2015 y que sufría de hipertensión, lo que cual constituye una causal de exclusión según las condiciones del contrato.

7°) Que es evidente entonces que se está en presencia de un conflicto o controversia propia de un juicio de lato conocimiento, en que las partes puedan debatir acerca de los alcances del contrato de seguro, el estudio de sus cláusulas de cobertura y exclusión y fundamentalmente presentar y controvertir probanzas acerca de las causas del fallecimiento y la gravitación de una eventual pre existencia.

8°) Que no se trata entonces de una acción cautelar y de emergencia sobre la base de derechos indubitados, que ameriten el examen y decisión que se pretende a riesgo de vulnerar otros derechos protegidos en relación con el proceso.

En consecuencia y visto lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el presentado en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-53605-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala, integrada por el Ministro señora Elsa Barrientos Guerrero, el Ministro (S) señora Lidia Poza Matus y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuede.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, uno de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

� PINOCHET C., Francisco (Santiago, 2020) “El Recurso de Protección. Estudio Profundizado” (Ediciones Jurídicas)

� HENRÍQUEZ V., Myriam (Santiago, 2020) “Acción de Protección” (Ediciones DER)