nombre reservado con MINISTERIO DE HACIENDA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Comparece Cristián Alejandro Zenteno Cereceda, abogado, en representación de nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y recurre de protección en contra de la Tesorería General de La República, representada por doña nombre reservado, Tesorera General de la República, ambos domiciliados, en domicilio reservado y del Ministerio de Hacienda, representado por su ministro don Rodrigo Cerda Norambuena, por renovar para el año 2021 su contrata en condiciones diversas.

Refiere que su representada ingresó a prestar servicios para Tesorería el 11 de abril de 2016, en calidad de suplente, asumiendo la función de abogada en la Unidad Operativa de Cobro (UOC) de la Tesorería Provincial de San Fernando, que le fuera renovado hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. A contar del 1 de diciembre de 2016 es contratada por el Servicio bajo la modalidad “Contrata” asumiendo la función de abogado de la Tesorería Regional del Libertador Bernardo O´Higgins. Dicha asignación le fue prorrogada en las mismas condiciones para el período 2017, 2018, 2019 y 2020.

Señala que el 27 de noviembre del año 2020, mediante Resolución Exenta N° 3515- TG, su contrata es renovada por un lapso de tres meses, desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2021, en condiciones diversas a las cuales se la había contratado los años anteriores.

Explica que su representada interpuso en contra de dicha resolución recurso de reposición y en subsidio recurso jerárquico para ante el Ministerio de Hacienda con fecha 4 de diciembre 2020, que la Tesorería General de la República, rechazó el recurso de reposición, con los mismos argumentos de la resolución impugnada y, por su parte, el Ministerio de Hacienda, también rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto subsidiariamente, haciendo suyo los argumentos de la Tesorería.

Se recurre de protección en contra de la Resolución Exenta N°3515-TGR de 27 de noviembre de 2020, que fundamenta la decisión de renovar en condiciones diversas la contrata de la recurrente el desempeño funcionario de ésta, sustentada en las aptitudes personales del empleado, las que fueron calificadas como deficientes, argumentación que fue refrendada por la segunda de las recurridas, esto es el Ministerio de Hacienda, al resolver el Recurso Jerárquico.

Explica que el argumento de la resolución N°3515-TG, se funda en sus puntos 8º, 9º y 10º.

Enfatiza que le asistiría a su representada la legítima confianza de haber sido contratada para el período 2021 bajos las mismas condiciones anteriores, tal expectativa se habría visto frustrada por su deficiente desempeño funcionario, que se expresaría en sus procesos calificatorios tales como anotaciones de demérito, observaciones negativas consignadas en su hoja de vida y procesos evaluatorios anuales, cuestiones que habrían sido suficientemente fundamentadas en la resolución.

Haciéndose cargo del proceso calificatorio de la recurrente en cuanto al marco aplicable y las calificaciones obtenidas por la ésta en los años 2017 y 2018, adicionado que no fue calificada los años 2019 y 2020 por encontrase con licencia de maternidad y licencias médicas debidamente tramitadas, no obstante, haber sido objeto de “Informes de desempeño” de conformidad al artículo 4° y 14 del Reglamento Especial de Calificaciones del Personal del Servicio de Tesorería, que evalúan de muy buena manera su desempeño en el servicio, contrastando con el informe deficiente que según las recurridas justificaría la renovación de su contrata en circunstancias.

Señala que se presentaron observaciones y descargos a las Anotaciones de Demerito de 26 de abril de 2018, 20 de febrero de 2020, 30 de marzo de 2020 y 17 de agosto de 2020, y en cuanto a las Observaciones Negativas de fecha 10 de abril de 2019 y 2 de septiembre de 2019, formuladas e ingresadas a la hoja de vida de la funcionaria estando la actora con licencia médica, por lo que nunca pudieron ser impugnadas, toda vez que no fueron puestas en su conocimiento, por encontrarse en con licencia médica y sin acceso al sistema, por lo que del mérito de las anotaciones y observaciones resulta que, tanto por su contenido como por su cantidad no pueden ser representativas de conductas reiteradas, como pretenden las recurridas.

Afirma que, tales anotaciones corresponden a periodos en que la funcionaria, como señala la misma resolución no pudo ser calificada, “atendido que laboro por un tiempo menor a seis meses”, y en consecuencia no se cumple con el requisito establecido por el órgano contralor en su Dictamen 31.076 de diciembre 2019, por lo que de acuerdo a sus notas y coeficientes aplicados según el Reglamento Especial de Calificaciones del Personal del Servicio de Tesorerías, la habrían calificado en lista 1 de Distinción para el año 2019 y en lista 2 Buena, para el año 2020, ninguna de las cuales significa la salida de la funcionaria del servicio al tenor del artículo 50 del Estatuto Administrativo, como ha ocurrido en la especie con la funcionaria recurrente.

Sostiene que, salvo los dos primeros periodos de evaluación, correspondientes a abril 2016 a marzo 2017 y abril 2017 a marzo 2018, no ha existido un proceso de calificación legalmente tramitado que cumpla con la normativa vigente, adoleciendo estos de una serie de vicios de legalidad que les restan valor para ser usados como fundamento de resoluciones que por la vía de modificar la condiciones de una contrata, terminan por finiquitar los servicios de una funcionaria, como ocurre en la especie, sin fundamentos, en base a antecedentes aislados e inconexos, excluyendo aquellos que favorecían a la funcionaria, sin que mediara para tal determinación un proceso de calificación tramitado al tenor de la normativa vigente.

Concluye en consecuencia que la resolución exenta que decide renovar la contrata en condiciones diversas y en definitiva su no renovación, debe considerase ilegal y arbitraria porque, no se fundamenta ni se explica el razonamiento que lleva a la decisión adoptada y, en consecuencia, no cumple con los requisitos legales, no se acredita suficientemente la decisión, no se atiende el proceso de calificación y su Reglamento y no se desvirtúa en consecuencia, la confianza legítima que asistía a la funcionaria.

Finalmente tratándose de funcionarios a quienes asiste y ampara la confianza legítima, la terminación de su contrata debe verificarse o por un Sumario Administrativo o un proceso de calificación regular ya que asi como señala la Resolución Exenta 3615-TG, refrendada por la Exenta 42 del Ministerio de Hacienda, la funcionaria en su desempeño “denota una falta de conocimiento en su actuar y en la tramitación de los procesos de cobro que lleva a cabo, situación que es reiterada y que implica un alto riesgo para esa entidad.”, debió iniciarse un proceso administrativo de lato conocimiento, para determinar las posibles responsabilidades administrativas involucradas y una posible destitución, si fuera esta la sanción pertinente.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide declarar que las Resoluciones Exenta N°3515 de la Tesorería General de la República y Exenta N° 42 del Ministerio de Hacienda, son ilegales y arbitrarias, dejándolas sin efecto y ordenando la renovación de la contrata de la recurrente en los mismos términos de sus anteriores contratas, esto es por la anualidad respectiva, ordenando además el pago de todas las remuneraciones que le hubieren correspondido de haber continuado en el cargo por el período respectivo, con costas.

Segundo: Informando la recurrida Ministerio de Hacienda, alega en primer lugar, la improcedencia del recurso de protección en estas materias, en atención a la naturaleza de la acción, la cual fue establecida como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz, destinado a hacer frente a manifiestas violaciones o flagrantes atropellos de determinados derechos fundamentales, pero que no constituye una vía jurídica idónea para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica.

Señala que mediante la Resolución Exenta Nº 3515-TG de la Tesorería General de la República, dicha institución resolvió la renovación de la contrata de la actora, abogada de la Unidad Operativa de Cobro de la Tesorería Provincial de San Fernando, profesional, grado 13°, para el año 2021 por el término de 3 meses -desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021- por las razones que en dicho acto administrativo se detallan.

Posteriormente, en contra de la Resolución Exenta Nº 3515-TG, se interpuso un recurso de reposición y jerárquico en subsidio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880.

Refiere que, la Resolución Exenta Nº 3515-TG, contiene los fundamentos por los cuales se resolvió renovar la contrata de la recurrente en condiciones diversas, por un plazo de 3 meses, la que luego de indicar las funciones de los abogados de la Unidad Operativa de Cobro de la Tesorería General de la República y exponer el perfil de cargo requerido para desempeñar dichas funciones, señala en el considerando Nº 8 que: “la servidora antes mencionada presenta en general un deficiente desempeño en sus labores encomendadas, lo cual se advierte en el trabajo cotidiano”, lo que se encontraría acreditado en diferentes anotaciones de demérito y en las observaciones negativas que constan en su hoja de vida funcionarial, las cuales se individualizan en el considerando Nº 9 de la Resolución Exenta Nº 3515- TG.

Indica que, la Tesorería señala que la atora: “en el periodo evaluatorio que va desde el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, obtuvo una calificación de 64, mientras que en el periodo que va desde el 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 obtuvo una calificación de 60 (no siendo objeto de calificación en los periodos siguientes, atendido que laboró por un tiempo menor a 6 meses)”, lo que se ve reforzado con jurisprudencia del órgano competente en la materia, citando el dictamen Nº 6400, de 2018, de la Contraloría General de la República, y los Dictámenes Nº 31.076, de 2019, Nºs. 22.766 y 85.700, ambos de 2016, dado que el acto administrativo correspondiente señaló los fundamentos de hecho y derecho que motivaron dicha decisión.

Refiere que, el recurso de reposición y jerárquico en subsidio interpuesto por la actora, señala en síntesis que la Resolución Exenta Nº 3515-TG transgrediría el principio de confianza legítima que se habría generado a su favor, como consecuencia de las renovaciones sucesivas de su contrata desde el año 2016 al año 2019. Además, arguye que el deficiente desempeño que se le imputa no sería tal, fundado en situaciones referentes a su embarazo y que habría efectuado los esfuerzos requeridos para desempeñar sus funciones en el contexto del brote de COVID-19. Por último, señala que el período de tres meses para evaluar su rendimiento como lo indica el considerando Nº 14 de la Resolución Exenta Nº 3515-TG, sería insuficiente.

Sostiene que mediante Resolución Exenta Nº 272-TG, de 14 de enero de 2021 la Sra. Tesorera General de la República rechazó el recurso de reposición, señalando en síntesis que, el acto administrativo impugnado dio cumplimiento a las exigencias establecidas en los dictámenes Nºs. 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018, ambos de la Contraloría General de la República, y elevó el recurso jerárquico en subsidio para conocimiento y decisión del Ministro de Hacienda.

Respecto de la Resolución Exenta Nº 42, de la recurrida, analizó los antecedentes remitidos y es un acto administrativo que se encuentra debidamente motivado, en concordancia con lo dispuesto en el dictamen Nº 6.400, de 2 de marzo de 2018, ajustándose a los criterios para la renovación de contrata de funcionarios en condiciones diversas contenidos en los dictámenes Nºs. 85.700, de 2016, y 6400, de 2018, ambos de la Contraloría General de la República, al ser dicho acto administrativo debida y expresamente fundado, sin que la recurrente se haya hecho cargo de por qué los motivos concretos contenidos en la Resolución Exenta Nº 272-TG no serían, supuestamente, suficientes para tales efectos.

Afirma que la actuación del Ministerio en esta materia se enmarcó en las atribuciones consagradas legalmente en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880 y a lo dispuesto en el artículo 2º Nº 6 incisos 4 y 5 y en el artículo 5º literales a) y e), ambos del D.F.L. Nº 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, tanto en lo formal como en lo sustantivo, de manera tal que el reproche de ilegalidad resulta completamente desacreditado.

Refiere que la recurrente señala que la Resolución Exenta Nº 42 privaría, perturbaría y amenazaría el derecho constitucional garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, pero la recurrente está confundiendo el derecho a la estabilidad en el empleo con una supuesta prerrogativa de permanecer perpetuamente en él, lo que no es procedente en ningún caso y respecto a la supuesta vulneración de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 2 también debe desestimarse de plano, dado que la recurrente se limita meramente a enunciarla dentro de su recurso en términos muy genéricos, pero no demostró de manera concreta o en forma alguna la supuesta existencia de una diferencia o trato discriminatorio en relación a los otros funcionarios a contrata, ni como la recurrente no habría podido ejercer sus derechos en forma igualitaria ante los órganos de carácter jurisdiccional.

Tercero: Que comparece la Tesorería Regional de la República, evacuando el informe solicitado, reitera los antecedentes de hecho expuestos en el recurso, precisando que los argumentos expuestos en La Resolución Exenta BN°3515-TG, fueron evaluados por la jefatura superior, resolviéndose otorgar a la recurrente, renovación para el año 2021, sólo por un período de tres meses, desde el 01/01/2021 al 31/03/2021, la que fue notificada mediante carta certificada enviada al domicilio de la recurrente el 30 de noviembre de dicha anualidad.

Refiere en cuanto a la naturaleza y transitoriedad de los empleos a contrata, que se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 3° en relación al artículo 10 y 153 inciso primer, todos de la Ley N° 18.834, de los cuales se desprende que los empleos a contrata son esencialmente transitorios, por lo que, quienes los sirven, carecen de la estabilidad en el empleo propia de los funcionarios de carrera, motivo por el cual se infiere que le compete a la autoridad correspondiente determinar la procedencia de la prórroga de una contrata y su duración.

Sostiene, que el empleo a contrata tiene un carácter temporal y transitorio, encontrándose la autoridad superior del servicio facultada para poner término anticipado, no renovar el mismo o renovarlo en términos diversos a través de un acto administrativo fundado y debidamente notificado.

Añade que el acto administrativo recurrido se encuentra motivado, al señalarse las razones por las cuales la jefatura superior del servicio de Tesorerías determinó la renovación parcial de la contrata de la actora, haciendo presente las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 85.700 de 2016, actualizadas y complementadas en el Dictamen N° 6.400, de 2018.

Sobre el particular, en lo pertinente a la motivación y fundamentación del acto, la Resolución Exenta N° 3515-TG, debe estarse a lo expuesto en los considerandos 8 y siguientes, de cuya lectura aparece de manifiesto que la decisión de prorrogar parcialmente la contrata de la actora, se fundó en la deficiente evaluación de su desempeño, situación que fue plasmada en el informe elaborado por su jefatura para dichos fines, y a través del cual se emitió una opinión particular sobre su desempeño, citando lo señalado por la Contraloría General de la República, mediante dictamen N° 31.076, de 2 de diciembre de 2019.

Indica que la Resolución Exenta N° 3515-TG, se encuentra fundada, en síntesis, en el deficiente desempeño obtenido por la reclamante, en particular, teniendo en cuenta lo consignado en los considerandos 8°, 9° y 10° de dicho acto administrativo, en los cuales se expresa que en el período evaluatorio que va desde el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, obtuvo una calificación de 64, mientras que en el periodo que va desde el 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 obtuvo una calificación de 60 (no siendo objeto de calificación en los periodos siguientes), en la que precisamente en los subfactores rendimiento, calidad y conocimiento para el trabajo en los cuales obtuvo peor calificación (nota 5, de un máximo de 7 y mínimo de 3).

Añade, que en la evaluación efectuada por su jefatura directa a través del Informe de Evaluación de Desempeño por el periodo transcurrido entre el 1° de abril de 2019 y 28 de febrero de 2020, en que nuevamente obtuvo un desempeño definido como "regular" en los subfactores rendimiento, calidad y conocimiento para el trabajo, por lo que podemos deducir que se trata de un desempeño que se reiteró en el tiempo, y que por tanto, no corresponde a hechos aislados como pretender hacer ver la actora.

De esta forma, resulta claro que no ha existido por parte de Tesorería un acto ilegal y/o arbitrario, toda vez que la renovación parcial de la contrata de doña nombre reservado se ajusta a la normativa que regula la materia.

En cuanto al principio de confianza legítima, no tiene aplicación en este caso, citando doctrina e indicando los requisitos de procedencia de dicho principio, y el criterio seguido por Contraloría General de la República, no se presentarían en el caso de la actora, ya que resulta incomprensible que se entienda que una funcionaria que no cumplió adecuadamente con las exigencias del cargo, y que motivó una serie de anotaciones de demérito y observaciones relacionadas con su actuar, contaba con la legítima expectativa que sería renovada su contrata para un nuevo periodo en iguales condicione, por lo que no puede contar con una “legítima expectativa, razonable, basada en actos concretos y concluyentes por parte de la administración y persistentes en el tiempo”, de que su vínculo laboral sería renovado por el Servicio de Tesorerías para todo el año 2021, motivo por el cual la decisión de esta entidad constituye un acto administrativo motivado y fundado.

Señala que se cumplió con la normativa que regula la materia, y lo instruido por la Contraloría General de la República al renovar parcialmente el vínculo contractual de la actora para el año 2021, fundamentándose la misma conforme a lo establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, por lo que no existe ilegalidad, arbitrariedad ni desviación de poder alguno como sostiene la actora, sin perjuicio que al tenor de la decisión adoptada, pudiera existir algún grado de disconformidad o molestia por las razones que sirvieron de fundamentos y motivos para la resolución objetada, cuestión que en ningún caso puede entenderse como una supuesta falta de motivación del acto administrativo.

Sostiene que la resolución N° 3515-TG, constituye un acto administrativo motivado y fundado, acorde con lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 18.834, y a lo instruido por la Contraloría General de la República, en el aludido dictamen N° 85.700, de 2016.

En cuanto a las garantías constitucionales señaladas en el recurso, sostiene que no existe vulneración, puesto que el acto administrativo que resolvió prorrogar su contrata sólo hasta el 31 de marzo del año 2021, indica claramente los motivos que se tuvieron en cuenta para su dictación, no existiendo en ese acto ningún tipo de discriminación en su contra.

Añade que, en el caso que motiva el presente recurso de protección, no se vislumbra acto arbitrario o ilegal alguno en atención a que no ha existido una aplicación diferenciada de las normas aplicables que sea irracional, injusta, ilógica y sin fundamento sustentable.

Indica que respecto de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, los Tribunales Superiores han declarado que el nombramiento de un funcionario como titular de un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucre el dominio, por lo que si ni siquiera se reconoce la existencia de un derecho de dominio respecto de un cargo titular de planta, mucho menos puede predicarse aquél a propósito de una designación a contrata que por expreso mandato legal expira a más tardar el 31 de diciembre del año respectivo, citando Dictamen N° 28.911, de 2010 de la Contraloría General de la República.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, se rechace el recurso por cuanto Tesorería no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales de la recurrente.

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes, resulta que las recurridas no han cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de las resoluciones impugnadas se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que le llevó a renovar la contrata de la actora por tres meses, a contar del 1 de enero de 2021, los que sirvieron de sustento para desestimar la reposición interpuesta y el recurso jerárquico respectivo, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que la recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

Sexto: Que, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales para la recurrida a contar del mes de diciembre de 2016 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva hasta el 31 de marzo de 2021, al haberse renovado la contrata en el último periodo sólo por tres meses.

La decisión impugnada decidió renovar dicha contrata para el año 2021 sólo por tres meses, atendido los antecedentes tenidos en cuenta al momento de resolver, en el mes de noviembre de 2020, sobre la renovación de contratas y el periodo que ellas durarían.

Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para renovar una contrata por un periodo menor a un año, si estima, con argumentos fundados, que la misma no se debe extender más allá, como ha ocurrido en la especie.

A mayor abundamiento, en la especie el acto que decidió renovar la contrata por un periodo menor, está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

Séptimo: Que, por otra parte, en cuanto a la alegación referida a la vulneración del principio de confianza legítima, cabe consignar que, no obstante asistirle a la actora el resguardo que dicho principio le otorga, atendido el tiempo de duración de la contrata servida, ello no impide su renovación por un periodo menor, toda vez que se trata de un cargo que por su naturaleza es esencialmente transitorio.

Por otra parte, el principio citado obliga a la autoridad a dar termino a una contrata o, como en el caso de autos, renovarla por un periodo menor, mediante un acto fundado o motivado, requisito que como se ha dicho, aparece cumplido en las resoluciones impugnadas, en las que se señalaron diversos antecedentes de hecho que fundan la decisión.

Octavo: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, las decisiones impugnadas, no son ni ilegal ni arbitraria y se plasmaron en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

Noveno: Que, en todo caso, respecto de la garantía que se denuncia como infringida, esto es, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado, demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido.

Respecto de la supuesta vulneración de la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que ella no tiene sustento, desde que, como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia, el nombramiento de un funcionario como titular de un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucre el dominio, por lo que si ni siquiera se reconoce la existencia de un derecho de dominio respecto de un cargo titular de planta, mucho menos puede predicarse aquél a propósito de una designación a contrata que por expreso mandato legal expira a más tardar el 31 de diciembre del año respectivo, confundiendo la actora, el derecho a la estabilidad en el empleo con una supuesta prerrogativa de permanecer perpetuamente en él, lo que no es procedente en ningún caso.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida en estos autos en favor de doña nombre reservado, en contra de la Tesorería General de La República y del Ministerio de Hacienda.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N°5360-2021.