Protección contra Dirección de Compras y Contratación Pública

C.A. de Santiago Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 27 de abril de 2021, comparece don nombre reservado, ingeniero civil químico, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de la sociedad “Díaz, nombre reservado y Compañía limitada”, e interpone acción de protección en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por el acto arbitrario e ilegal consistente en excluirlo del registro para ser oferente y proveedora de bienes y servicios educacionales a organismos del Estado a través de la plataforma de Mercado Público, privándola de poder participar de procedimientos de contratación pública; estimando que con ello se vulneran las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2, 3, 5 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el recurso, se declare que el acto es ilegal y arbitrario y en definitiva, se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho; se ordene dejar sin efecto la inhabilidad y se proceda a reincorporar a la recurrente al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública, o el que haga sus veces, como un proveedor habilitado, con costas, en caso de oposición.

Expone que su representada se dedica a actividades de laboratorios clínicos, exámenes médicos y bancos de sangre y que en este contexto, se encuentra inscrito en Chileproveedores para contratar y licitar en mercado público, desde hace varios años.

Añade que en causa laboral T-1224-2019 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, la sociedad que representa fue condenada en procedimiento de tutela laboral por lesión de derechos fundamentales, ordenando la sentencia definitiva remitir copia de la misma únicamente a la Dirección del Trabajo para su debido registro. Sin embargo, a pesar de que no se dispuso que, una vez ejecutoriado el referido fallo, se remitiera copia a la Dirección de Compras y Contratación Pública, esta última hace extensivo los efectos de una sentencia que no se le ha ordenado cumplir jurisdiccionalmente. En efecto, dicha entidad, el 12 de abril de 2021, le notificó mediante carta certificada, que se dejaba sin efecto la inclusión en el registro, por el plazo de dos años, contados desde el pronunciamiento judicial en la causa RIT T-1224-2019 del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, en la que se acogió la denuncia interpuesta en su contra, por vulneración de derechos fundamentales.

Indica que es una sociedad que dedica el 90% de sus labores a licitaciones con el Estado y, de esta forma, provee a diversos organismos públicos y municipalidades, en el rubro en que se desarrollan, desde hace ya más de treinta años.

Explica que ya tenía adjudicadas otras licitaciones públicas y nunca había sido condenado, por lo que la entidad de la sanción se contrapone a estas circunstancias, planteando la inconstitucionalidad, ilegalidad y arbitrariedad de la inhabilitación, afectándose la proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso, derivado de la normativa aplicada, esto es, el artículo 4° de la Ley N° 19.886 y el artículo 92 del Decreto 250, Reglamento de la referida ley.

Añade que, siendo la Dirección de Compras y Contratación Pública, un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, la regulación de sus actos administrativos obedece -en primer término- a la Constitución Política, que en sus artículos 6 y 7 consagra el principio de juridicidad, en concordancia con el de legalidad, siendo procedente, al caso en cuestión, la aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575; en consecuencia, los actos de la Administración tienen la naturaleza jurídica de actos jurídicos administrativos y, por lo mismo, deben ser motivados para cumplir con la normativa legal aplicable y no ser tachados de arbitrarios, injustos y parciales y precisamente, los fundamentos que se consignen en los vistos de la resolución serán los que legitiman la decisión.

Asimismo, explica que el acto administrativo impugnado es arbitrario porque no existe motivo real que lo fundamente.

Indica que se conculca el derecho fundamental de igualdad ante la ley, porque se excluye, sin fundamento, del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, al no diferenciar situaciones jurídicas objetivamente distintas. Asimismo, no tuvo posibilidad de evacuar descargos, lo que implica vulnerar el principio de contradictoriedad establecido en artículo 11 de la Ley N°19.880.

Además, refiere que se vulnera el derecho fundamental de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y, en tal sentido, siempre se podrá reclamar o impugnar los actos que se consideren injustos al lesionar sus derechos fundamentales, máxime si éstos se imponen como un límite de actuar de la autoridad. Así lo reitera, por lo demás, la Ley N°18.575, (artículos. 2° y 9°). En el caso concreto, no se le dio opción o plazo para reclamar en contra del acto. En este punto, alega además que la sentencia definitiva quedó firme y ejecutoriada el 23 de febrero de 2021, siendo informada de la inhabilidad el 12 de abril de 2021, por lo cual no tiene certeza de la fecha desde que se debe computar el plazo de dos años, lo que claramente lo torna un acto del todo arbitrario y antojadizo.

Luego, refiere que se conculca el derecho fundamental al debido proceso, incluyendo la igualdad de armas y la bilateralidad de la audiencia, ya que se vulneraron las normas básicas del derecho a defensa.

Finalmente, estima vulnerado su derecho de propiedad, al impedirle continuar en funcionamiento, provocando despidos, y detrimento patrimonial que ponen en peligro su viabilidad y capacidad de cumplir con sus obligaciones.

Segundo: Que, al evacuar su informe, la recurrida solicitó, el rechazo de la acción. Manifestó que, en virtud del principio de juridicidad, contenido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su sentido y alcance. En definitiva, el cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal corresponden a la Dirección, no pudiendo, por ende, calificarse de ilegales.

En cuanto a la citada causal del artículo 92 N° 7, del referido Reglamento, expresa que no existe obligación del tribunal laboral de informar la condena a la Dirección ChileCompra. Entonces, para cumplir con su mandato y para el solo efecto de la comunicación de la sentencia condenatoria, ya sea por prácticas antisindicales como por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, se apoya en la información Dirección del Trabajo, organismo que, lleva un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador, y, en ambos casos, los tribunales deberán remitir copia de los fallos que emitan, para su registro. En consecuencia, existiendo la condena, cuestión que además afirma la propia recurrente y, además, habiendo sido ésta informada por la Dirección del Trabajo, no queda más que reflejar esta situación en el Registro de Proveedores.

Agrega que la inscripción de la recurrente se encuentra vigente, al no haber sido eliminada del Registro, toda vez que únicamente se ha procedido a un cambio del estado del actor, en el señalado Registro de Proveedores, de hábil a inhábil.

Lo anterior se explica debido a que la inhabilidad generada por la condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador dura dos años, desde que el respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado. Debe entenderse, por lo tanto, que ella es esencialmente transitoria, razón por lo cual se traduce en el cambio de estado del proveedor en el registro, pero no en su eliminación.

Por último, de la sola lectura del precepto reglamentario aplicado, no cabe sino entender que la inhabilidad para formar parte del registro se configura tras la certificación de estar ejecutoriada la sentencia condenatoria, en este caso, por infracción a los derechos fundamentales. En consecuencia, la condena en si misma configura la inhabilidad para inscribirse o mantenerse inscrito en el registro por el período de tiempo que la norma establece, de manera que no existió alguna actuación de su parte que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que, en primer término, para resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se debe tener presente que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal, requiriendo para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria; que dicho acto prive, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de La República asegura a todas las personas; que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y, finalmente, que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado.

Cuarto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la consignación de la inhabilidad de la recurrente en el Registro de Proveedores para contratar con los organismos del Estado, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y del artículo 92 N°7 del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Quinto: Que es un hecho reconocido por las partes que la recurrente fue condenada por sentencia ejecutoriada en la causa laboral T-1224-2019 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en procedimiento de tutela laboral, por lesión de derechos fundamentales.

Sexto: Que, sobre el particular, cabe señalar que las normas que rigen la materia son las siguientes:

a) Artículo 4 de la Ley N°19.886: “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”.

b) Artículo 92 N° 7 del Reglamento de la Ley N° 19.886: “Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”.

Séptimo: Que, sin perjuicio de las normas anteriormente indicadas, en la presente causa se declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 4º inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 19.886, en los autos Rol N° 11.547-21-INA del Excelentísimo Tribunal Constitucional, en tanto su aplicación contraviene las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, de los N° 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

En consecuencia el precepto legal mencionado es inaplicable en el caso concreto en cuanto dispone que: “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”.

Octavo: Que, de esta forma, aun considerando que se declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley N° 19.886 que establece la prohibición de contratación con la Administración y la exclusión de quienes hayan sido condenados por, entre otros, infracción a los derechos fundamentales del trabajador, como es el caso, y no respecto de la norma que ordena y obliga a la Dirección de Compras y Contratación Pública a realizar la exclusión de quienes se encuentren en dicho supuesto del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración que se encuentra a su cuidado, esto es, el artículo 92 N°7 del Reglamento de la Ley N°19.886; lo cierto es que, dada la sentencia del Tribunal Constitucional citada, dicha actuación de la recurrida ha perdido su causa y sustento jurídico, por lo que deviene, en consecuencia, en ilegal y arbitraria, motivo por el cual no corresponde sino, acoger la presente acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en representación de la sociedad Díaz, nombre reservado y Compañía Limitada, en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y se ordena a ésta dejar sin efecto la inhabilidad referida y proceder a reincorporar a la sociedad recurrente al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública, o el que haga sus veces, como un Proveedor habilitado.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-5348-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, e integrada, además, por la ministra señora Carolina Brengi Zunino y por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo.