nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, diez de enero de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que los abogados Cristina Bravo Mella y Alfonso Vallejos Muñoz, con domicilio en domicilio reservado, interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su Alcalde, don Felipe Alessandri Vergara, domiciliados en domicilio reservado, con motivo de su ilegal negativa a restituir los dineros descontados a los funcionarios que indica en su presentación -17-, de la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, sin acatar el Dictamen N° 77.646, de 21 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República.

Según explican, los recurrentes son funcionarios del Municipio con cargos en los grados 9 y 10 del escalafón de funcionarios públicos.

Con la finalidad de equiparar las remuneraciones del sector público al sector municipal, en beneficio de los funcionarios municipales de planta y a contrata, la Ley N° 19.803, prorrogada por las leyes N° 20.008 y N° 20.198, contempla la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, regidos por la Ley N° 18.883, modificada por la Ley N° 20.723, la que incorpora en artículo 9º ter, que señala la forma en que deberán compararse las remuneraciones de los funcionarios municipales con las remuneraciones de los funcionarios públicos. La misma ley señala que para facilitar el trabajo de las municipalidades, el total de rentas que corresponden a los grados de la Escala Única de Sueldos deberán ser publicadas en el sitio electrónico institucional de la Contrataría General de la República, en los meses pertinentes, para cada uno de los porcentajes de cumplimiento de la asignación de modernización. En dicho procedimiento, el año 2016, se pagó de manera errónea la asignación a los recurrentes, en un monto menor, lo que la Contraloría reconoce en el Dictamen N° 77.646, de 21 de octubre de 2016, a consecuencia del error en la confección de las tablas, pero no ordena su corrección. En abril de 2017 la tabla de equivalencia se publica nuevamente con error, ajustándose a ella el municipio para el pago.

Al conocerse la tabla a aplicar para el año 2018 y percatarse del alza del bono, solicitan se ordene el saldo adeudado por concepto de diferencias, por los años 2016 y 2017, lo que el municipio rechaza de plano, por Memorandum N° 1847/2018, de 28 de junio de 2018, notificado el día siguiente, argumentando que el artículo 98 del Estatuto Administrativo para Empleados Municipales señala que el derecho al cobro de las asignaciones que establece su artículo 97, prescribe en el plazo de seis meses contados desde la fecha que se hiciere exigible.

En concepto de los recurrentes, tal interpretación resulta errada, pues los actos que provocan el error emanan de la Contraloría General de la República, y fue aprovechado por el municipio, es decir, cae dentro del ámbito del Derecho Público, por lo que existe prescripción de las acciones de cobro.

La prescripción, sostienen, en esta materia, es de dos años, atento lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, pues los montos descontados constituyen parte de sus remuneraciones. A la misma conclusión se arriba de acuerdo a lo que prescriben los artículos 2508 del Código Civil, 157 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 161 de la Ley N° 18.834, todo ello, en relación al artículo 9 ter inciso segundo, introducido por la Ley N° 20.723.

La ilegalidad y arbitrariedad del acto, indican, provoca una injustificada privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 °, 9° inciso final y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Terminan por solicitar que se acoja el recurso y se ordene el pago íntegro de las diferencias de las remuneraciones por los periodos 2016 y 2017.

Segundo: Que don nombre reservado, abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Santiago, en su representación, evacua el informe requerido solicitando el rechazo del recurso.

Como cuestión previa, señala que lo pretendido corresponde a una acción de cobro de pesos, materia que debe ser discutida en un juicio ordinario de lato conocimiento en sede civil, salvo que existiese un derecho indubitado, cuyo no es el caso. Sin perjuicio de ello, en los hechos, se está dando cumplimiento al pago de la asignación, en lo no prescrito, conforme al Dictamen N° 77.646, de la Contraloría General de la República.

En consecuencia, la verdadera controversia que motiva el libelo de protección dice relación con la aplicación de la prescripción extintiva establecida en la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y, vinculado a ello, la naturaleza jurídica de la Asignación de mejoramiento de la Gestión Municipal.

La Ley N° 20.723, de 2014, incorporó en la Ley N° 19.803 el artículo 9° ter, el que tuvo por objeto homologar la señalada asignación con aquella establecida para la administración pública, en la Ley N° 15.553, de 1998.

Para responder al pago retroactivo solicitado, señala el informe, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley N° 18.883, que señala: “El derecho a cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que se hiciera exigible”. Y considerando que la prescripción fue interrumpida mediante la presentación realizada en el mes de abril de 2018, solo es posible acceder al pago retroactivo de la cuota de la asignación pagada en diciembre de 2017, lo que efectivamente se hizo respecto de los funcionarios recurrentes. Asimismo, durante el mes de julio de 2018, fueron pagadas las cuotas correspondientes a los meses de mayo y julio del mismo año, ajustándose a la ley y al Dictamen N° 77.646.

Enseguida se sostiene que la decisión de la Municipalidad se encuentra ajustada a derecho porque ha sido adoptada de conformidad a las normas que el ordenamiento jurídico prevé sobre la materia reclamada y en cumplimiento de las obligaciones legales de la autoridad municipal.

Señala estar conteste en que existió un error en el aumento de la asignación basado en la equivalencia de los escalafones y grados entre la Escala Única de Sueldos y la Escala Municipal, error que significó que se realizara un pago menor, pero fue consecuencia de la publicación de las equivalencias y grados que efectuó la Contraloría General de la República, es decir, no imputable al Municipio, lo que fue corregido el año 2017. Sin embargo, para atender al pago retroactivo solicitado, debía atenderse a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 18.883, que señala: “El derecho a cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hiciere exigible”. Por su parte, el artículo 97 indica cuáles son las asignaciones que tienen derecho a percibir los funcionarios municipales, entre ellas, en su letra f), “otras asignaciones contempladas en leyes especiales”, siendo una de ellas precisamente la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Consecuencialmente solo pudo accederse al pago que no estuviere afecto a la prescripción de seis meses, lo que correspondía a la cuota de diciembre de 2017, criterio que el órgano contralor comparte en su Dictamen N° 70.910, de 2011.

En las condiciones expresadas afirma no haberse vulnerado la garantía constitucional que señala el recurso, pues el municipio ha actuado en ejercicio de sus facultades y atribuciones. En tal virtud, estaba impedido de pagar asignaciones anteriores a diciembre de 2017, porque estaban afectas a la prescripción especial estatutaria.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie, porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

En efecto, la naturaleza cautelar de la acción ejercida no tiene por finalidad resolver un conflicto de relevancia jurídica o declarar la existencia de un derecho, en la especie, resolver acerca de la naturaleza jurídica de la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal y el estatuto aplicable respecto de la prescripción de la acción para perseguir su cobro. De otra parte, el hecho del pago no procede a todo evento, sino que está sujeto a una serie de exigencias que deben demostrarse, entre ellas, el cumplimiento de las metas que tornen procedente la asignación, las que se hallan integradas por componentes individuales, colectivos e institucionales, lo que ciertamente es un asunto de lato conocimiento, toda vez que los hechos en que se fundamenta el recurso requieren ser conocidos con todas las garantías del debido proceso, donde tenga concreción el principio de la bilateralidad de la audiencia, la rendición de pruebas, la procedencia de recursos, etc.

Quinto: Que de lo dicho es posible advertir que la materia sobre la que versa el recurso no corresponde a una que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia, ya que la discusión de fondo que plantea se centra, a fin de cuentas, en la determinación de circunstancias fácticas previas, lo que no es posible de cautelar por esta vía que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que conforme a lo dicho, no concurre en la especie, razón suficiente para que el presente recurso deba ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por los abogados Cristian Bravo Mella y Alfonso Vallejos Muñoz.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Sra. Plaza.

Protección Rol N° 53.477-2018.-